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Medio centenar de nombramientos del CPGJ, bajo la lupa del Tribunal Supremo
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Medio centenar de nombramientos del CPGJ, bajo la lupa del Tribunal Supremo
Administrador 05.08.19 21:26
Medio centenar de nombramientos del CPGJ, bajo la lupa del Tribunal Supremo
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Nati Villanueva Madrid Actualizado:05/08/2019 01:58h[/size]
Las treinta y ocho convocatorias y nombramientos de cargos judiciales que ha llevado a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde quevenció su mandato, el pasado diciembre, están bajo la lupa del Tribunal Supremo. Dos de las tres principales asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia (JjpD), han decidido recurrirlas ante la Sala Tercera del Alto Tribunal al cuestionar que un Consejo en funciones pueda seguir tomando decisiones de este calado.
Las asociaciones consideran que el órgano de gobierno de los jueces no respeta la reciente modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del cual esos nombramientos deben hacerse conforme a los criterios de mérito, experiencia y capacidad. Los acuerdos recurridos afectan a importantes órganos judiciales, tales como las presidencias de la Audiencia Nacional (para quien ha sido reelegido José Ramón Alonso por unanimidad), varias salas de tribunales superiores de justicia (TSJ) en distintas comunidades autónomas o una decena de audiencias provinciales, entre otros.
Antes de acudir a la vía judicial, algunos de esos nombramientos ya fueron recurridos ante el propio CGPJ, y, como apuntan desde Francisco de Vitoria, no por rencillas entre las asociaciones en una lucha por «colocar a los suyos», sino por el «interés general por un sistema de nombramientos más justo, objetivo e imparcial», dice su presidente, Raimundo Prado.
De hecho, uno de los nombramientos cuestionados por esta asociación es el de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, que finalmente recayó en la magistrada María José Hernández (AJFV) tras la polémica por el supuesto trato discriminatorio que la propia afectada denunció haber sufrido por parte de un miembro de la Comisión Permanente del CGPJ durante su entrevista para el cargo. En esa entrevista, que –como las demás, conforme a la ley de transparencia del Consejo– se pudo presenciar en directo desde el salón de actos del Consejo, el vocal Mario Macías cuestionó que Hernández hiciera valer su condición de mujer como mérito para lograr el puesto.
«Este CGPJ no está convocando ni decidiendo como marca la ley, con independencia de que beneficien o no a nuestros asociados, porque aquí lo importante no es el quién, sino el cómo y el qué». A juicio de Prado, el CGPJ «sigue actuando como un club de golf en el que los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer».
El mismo día en que las dos asociaciones judiciales llevaban al Supremo 22 de estos nombramientos, el Pleno del CGPJ aprobaba otras 16 nuevas convocatorias para cubrir las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Navarra; tres salas de los de Galicia y Cataluña; las de las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Segovia, Tarragona y Vizcaya; y las plazas de magistrados en tres salas del Tribunal Supremo, además de la presidencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal, que actualmente ocupa Manuel Marchena, presidente y ponente de la sentencia del «procés».
Los recurrentes, que también llevarán al Supremo estas convocatorias, denuncian que varias de esas plazas se han convocado antes incluso de que expire el mandato en cuestión, lo que atribuyen a un especial interés del actual CGPJ en dejar colocada «a su gente» antes de que se produzca la renovación del órgano. Esto evidencia, insisten, que el Consejo «se empeña en ignorar que se cambió la ley para que el sistema de nombramientos de la Justicia española sea totalmente objetivo, lo cual evitaría interpretaciones subjetivas y garantizaría que siempre se elija a los mejores candidatos para puestos tan importantes de un servicio público tan fundamental».
Sin embargo, fuentes del órgano recuerdan que todos los nombramientos del actual CGPJ se han llevado a cabo con un «respeto escrupuloso» a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostienen, además, que hay candidatos que han sido proclamados con la unanimidad o con mayorías muy holgadas del Pleno, sin que en la votación en cuestión haya habido una división en bloque de los vocales en función de sus distintas sensibilidades.
Defienden que todos los nombramientos se han hecho conforme al mérito y capacidad de los candidatos y también el hecho de que el órgano no haya paralizado su actividad como consecuencia de su no renovación. Al respecto apuntan que el único límite que la ley impone a un CGPJ en funciones es la de la elección de su presidente, que tiene que llevar a cabo el Consejo entrante (570.2 de la LOPJ).
https://www.abc.es/espana/abci-medio-centenar-nombramientos-cpgj-bajo-lupa-tribunal-supremo-201908050158_noticia.html
Dos asociaciones judiciales creen que el órgano en funciones incumple la ley en la elección de cargos
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Nati Villanueva Madrid Actualizado:05/08/2019 01:58h[/size]- Solo seis de cada mil jueces investigados son suspendidos
- Las Cortes se enfrentan al reto de «dignificar» el CGPJ tras el fiasco de 2018
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Las treinta y ocho convocatorias y nombramientos de cargos judiciales que ha llevado a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde quevenció su mandato, el pasado diciembre, están bajo la lupa del Tribunal Supremo. Dos de las tres principales asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia (JjpD), han decidido recurrirlas ante la Sala Tercera del Alto Tribunal al cuestionar que un Consejo en funciones pueda seguir tomando decisiones de este calado.
Las asociaciones consideran que el órgano de gobierno de los jueces no respeta la reciente modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del cual esos nombramientos deben hacerse conforme a los criterios de mérito, experiencia y capacidad. Los acuerdos recurridos afectan a importantes órganos judiciales, tales como las presidencias de la Audiencia Nacional (para quien ha sido reelegido José Ramón Alonso por unanimidad), varias salas de tribunales superiores de justicia (TSJ) en distintas comunidades autónomas o una decena de audiencias provinciales, entre otros.
Antes de acudir a la vía judicial, algunos de esos nombramientos ya fueron recurridos ante el propio CGPJ, y, como apuntan desde Francisco de Vitoria, no por rencillas entre las asociaciones en una lucha por «colocar a los suyos», sino por el «interés general por un sistema de nombramientos más justo, objetivo e imparcial», dice su presidente, Raimundo Prado.
Entrevistas en directo
De hecho, uno de los nombramientos cuestionados por esta asociación es el de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, que finalmente recayó en la magistrada María José Hernández (AJFV) tras la polémica por el supuesto trato discriminatorio que la propia afectada denunció haber sufrido por parte de un miembro de la Comisión Permanente del CGPJ durante su entrevista para el cargo. En esa entrevista, que –como las demás, conforme a la ley de transparencia del Consejo– se pudo presenciar en directo desde el salón de actos del Consejo, el vocal Mario Macías cuestionó que Hernández hiciera valer su condición de mujer como mérito para lograr el puesto.
«Este CGPJ no está convocando ni decidiendo como marca la ley, con independencia de que beneficien o no a nuestros asociados, porque aquí lo importante no es el quién, sino el cómo y el qué». A juicio de Prado, el CGPJ «sigue actuando como un club de golf en el que los cargos se reparten por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer».
El mismo día en que las dos asociaciones judiciales llevaban al Supremo 22 de estos nombramientos, el Pleno del CGPJ aprobaba otras 16 nuevas convocatorias para cubrir las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Navarra; tres salas de los de Galicia y Cataluña; las de las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Segovia, Tarragona y Vizcaya; y las plazas de magistrados en tres salas del Tribunal Supremo, además de la presidencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal, que actualmente ocupa Manuel Marchena, presidente y ponente de la sentencia del «procés».
Los recurrentes, que también llevarán al Supremo estas convocatorias, denuncian que varias de esas plazas se han convocado antes incluso de que expire el mandato en cuestión, lo que atribuyen a un especial interés del actual CGPJ en dejar colocada «a su gente» antes de que se produzca la renovación del órgano. Esto evidencia, insisten, que el Consejo «se empeña en ignorar que se cambió la ley para que el sistema de nombramientos de la Justicia española sea totalmente objetivo, lo cual evitaría interpretaciones subjetivas y garantizaría que siempre se elija a los mejores candidatos para puestos tan importantes de un servicio público tan fundamental».
Respeto a la ley
Sin embargo, fuentes del órgano recuerdan que todos los nombramientos del actual CGPJ se han llevado a cabo con un «respeto escrupuloso» a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostienen, además, que hay candidatos que han sido proclamados con la unanimidad o con mayorías muy holgadas del Pleno, sin que en la votación en cuestión haya habido una división en bloque de los vocales en función de sus distintas sensibilidades.
Defienden que todos los nombramientos se han hecho conforme al mérito y capacidad de los candidatos y también el hecho de que el órgano no haya paralizado su actividad como consecuencia de su no renovación. Al respecto apuntan que el único límite que la ley impone a un CGPJ en funciones es la de la elección de su presidente, que tiene que llevar a cabo el Consejo entrante (570.2 de la LOPJ).
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