María Amparo Casar: 'Mochada', opacidad y discrecionalidad

Skorpio 25.11.13 0:27

María Amparo Casar: 'Mochada', opacidad y discrecionalidad

Es difícil comprender el escándalo que se ha suscitado a raíz de los reportajes respecto al reparto de recursos entre los diputados y la discrecionalidad con la que los pueden gastar. Pareciera un suceso extraordinario cuando es un asunto cotidiano.

Lo cierto es que todos los días nos levantamos con un nuevo escándalo reseñado o destapado por los medios.

En cada uno de esos escándalos se reconoce alguno de los muchos delitos tipificados para los funcionarios públicos: fraude, tráfico de influencias, nepotismo, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad entre otros.

El ruiderío dura uno, dos tres días, a lo sumo una semana. Acto seguido pasamos al siguiente escándalo. Pero con lo que nunca nos levantamos es con una lista de denuncias, de expedientes abiertos ya sea por la Secretaría de la Función Pública o por la Procuraduría General de Justicia y mucho menos con una lista de los funcionarios sancionados.

¿Por qué?, porque esos funcionarios presuntamente responsables nunca fueron siquiera investigados.
En el caso del Congreso la opacidad y los márgenes de discrecionalidad en el gasto de las bancadas, de los órganos directivos y de las comisiones ha sido ampliamente documentado. En el caso de la negociación del presupuesto y su ejercicio sucede lo mismo.

Con todo y los avances registrados, seguir la ruta del dinero es una tarea de titanes. Ya no digamos para el ciudadano común y corriente, sino también para el experto, resulta imposible conocer cuántos recursos se van para qué actividades, quién los debe ejercer y quién debe reportar los resultados de su ejercicio.

Al Congreso se le restan 500 millones de pesos pero se le dan como fondo de compensación por otro lado. A los gobernadores se les aumentan sus aportaciones pero no se les pide mayor rendición de cuentas y seguimos esperando la homologación en la presentación de las cuentas públicas estatales.

Se otorga un Fondo de Capitalidad al DF y se aumenta el Fondo Metropolitano pero el destino de sus recursos y las reglas de operación se dejan para más adelante. El Ramo 23 es el que más aumento tuvo pero no sabemos que esconde esa partida que todo lo engloba. A lo largo del ejercicio presupuestal se aumentan y modifican las partidas y nunca sabemos su nuevo destino.

En este contexto no se entiende que los 10 millones de pesos otorgados a cada uno de los 500 diputados para atender las demandas de su electorado, la permisividad para gastarlos o la posibilidad de redirigirlos a otros distritos (en donde obviamente no están sus votantes) nos haya sorprendido.

Tampoco debería causar sorpresa el “moche” o la existencia de gestores para que los recursos sean liberados por Hacienda. Estas prácticas creadas por los gobiernos del PRI y utilizadas con criterios políticos (disciplinar, premiar o castigar a los gobernadores, alcaldes y funcionarios locales) pasaron intactas a los gobiernos panistas y perduran en el nuevo gobierno.

Al final, tocará a la Auditoría Superior de la Federación hacer la revisión de la Cuenta Pública y nos informará con retraso y como todos los años de las irregularidades en el gasto, del incumplimiento de los programas y de la necesidad de apretar controles y cerrar ventanas de oportunidad para la corrupción.

Al final nada pasará.

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Por María Amparo Casar @ADNPolitico
Noviembre 21, 2013

María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Excélsior; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.

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