En los próximos años el presupuesto anual conjunto de la Sedena y la Semar debe ser el triple del de 2018.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas demandan incrementar su presupuesto año con año hasta llegar al 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Hoy los recursos con los que cuentan representan el 0.49 por ciento de ese indicador. Además, también señalan necesario incrementar en 47 mil 782 el número de efectivos. Tal crecimiento es independiente de la nueva Fuerza que desea crear el flamante presidente Andrés Manuel López Obrador: la Guardia Nacional.

En el Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexicano, del cual Contralínea posee copia, se plantea que “para lograr el desarrollo necesario de las capacidades de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el presupuesto tendría que ir incrementándose gradualmente hasta alcanzar el 1.5 por ciento del PIB”.

En este año que está por concluir, las Fuerzas Armadas erogan conjuntamente más de 112 mil 328 millones de pesos. El monto de los recursos financieros que, consideran, se les debe asignar, sería de 337 mil millones de pesos.

Con respecto de los recursos humanos, hoy el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana poseen una fuerza conjunta de 270 mil 314 efectivos. Demandan incrementar el número de elementos hasta sumar 318 mil 906 soldados y marinos.

Elaborado por las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), el documento fija en 2030 la meta para alcanzar “los objetivos planeados de desarrollo para garantizar la efectiva seguridad nacional del Estado mexicano ante cualquier amenaza o riesgo”.

Argumenta que con el presupuesto actual les resulta imposible proteger los “vastos recursos naturales, gandes extensiones de territorio, zonas marinas, plataforma continental y espacio aéreo” de México. Además, contrasta el hecho de que el país es la décimo tercera economía del mundo y la segunda latinoamericana, con el de ocupar los últimos lugares en gasto militar: el 162 de 171 países y el penúltimo a nivel latinoamericano.

El Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexicano es un informe de la situación en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto entrega las Fuerzas Armadas al de Andrés Manuel López Obrador. Aunque no es un documento clasificado formalmente, es de circulación “confidencial”.

Está integrado por cuatro títulos (“El Estado mexicano”; “Ámbitos de operación para la defensa”; “Visión estratégica”, y “Las Fuerzas Armadas Mexicanas) y 16 capítulos, el último dedicado a la “Proyección y desarrollo”, en el que se abordan las necesidades de modernización y restructuración. Fue elaborado bajo la supervisión directa de los anteriores titulares de la Sedena y la Semar (Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sáenz, respectivamente).

La Sedena y la Semar reconocen que es necesaria una restructuración de las Fuerzas Armadas. De hecho demandan ajustes para lograr “mayores niveles de eficiencia” y analizan ya un “modelo de desarrollo que adopta la orgánica de un Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, de cual dependen los componentes armados y que permiten la articulación y el mejor método de empleo del aparato militar”. Es decir, van por una interoperabilidad entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea bajo un mando unificado.

La modernización de las Fuerzas Armadas Permanentes tiene como objetivo el año 2030, cuando se hayan alcanzado de manera “gradual y constante” las capacidades suficientes para defender a la nación de las amenazas y riesgos.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), señala que, en efecto, el gasto de México en sus instituciones de defensa nacional se ha rezagado.

El especialista en seguridad nacional y también maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) explica que, más que gasto, la asignación de recursos a las Fuerzas Armadas debe verse “como una inversión en defensa nacional que también genera desarrollo tecnológico e investigación científica”.

Sin embargo, considera “difícil” que Andrés Manuel López Obrador autorice un incremento sustancial al presupuesto de los militares mexicanos. “Siempre ha sido un tema de debate económico, una disyuntiva de las políticas económicas de los países: invertir en comida o en armamento; los presupuestos son limitados y hay prioridades”.

La Fuerza terrestre incrementará el número de elementos en alrededor de 22 mil 900. Organizada y administrada por la Sedena, hoy cuenta con 203 mil 166 efectivos y plantea llegar a contar con  226 mil 45 “mediante la admisión a planteles militares y el reclutamiento de manera permanente”, y con la consigna de que las unidades mantengan “como mínimo” un 97 por ciento de operatividad.

La Sedena señala que el Ejército Mexicano debe llegar a tal número de elementos con el “fin de poder enfrentar y diluir las amenazas, riesgos y desafíos al Estado mexicano y cumplir con la capacidad estratégica requerida de crear, reorganizar y mantener a [sus] diversos organismos”.

En materia de organización, la meta es contar con presencia en todo el territorio nacional “que apoye el desarrollo nacional” y que esté fortalecido “axiológicamente”, es decir, en valores claros. Que la fuerza terrestre esté organizada, equipada y adiestrada adecuadamente. Y que cuente con una comandancia y cuerpos de Ejército polivalentes, móviles, flexibles y con poder de fuego que constituyan los elementos fundamentales de maniobra “y las grandes unidades de excelencia para desarrollar la doctrina de defensa, que sean autosuficientes operativa y logísticamente”.

Y que, también en cuanto a la organización, cuente con “unidades especializadas para confrontar con éxito una amenaza tradicional”, es decir, una intervención militar extranjera. Además, para coadyuvar a diluir las amenazas emergentes, riesgos y desafíos.

Con respecto del material con el que debe contar el Ejército Mexicano de aquí a 2030, el documento señala que debe ser de dos tipos. El primero, destinado a las funciones de “mantener el estado de derecho en el territorio nacional”, es decir, cumplir con las funciones de preservar la seguridad interior. El segundo, el empleado para “garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación” o, en otras palabras, cumplir con la misión de la defensa exterior.

Para ello, las unidades de maniobra, de apoyo al combate y de apoyo de servicios contarán por fin con todo el material requerido para cumplir sus funciones. Pero también se proveerá de “material moderno” a las unidades de ciberseguridad y ciberdefensa y las de reacción para emergencias químicas, biológicas y radiológicas y las fuerzas de apoyo en casos de desastres.

También están contemplados hospitales militares de alta especialidad para cada región y zona militar “con capacidad para desplegar hospitales quirúrgicos móviles y de convalecencia”.

Además, contará con instalaciones para operar las unidades del arma de aviación militar del Ejército (no de la Fuerza Aérea). Y “fortalecer y consolidar el sistema logístico mediante la construcción de instalaciones para el abastecimiento y evacuación, mantenimiento y recuperación de materiales”.

Durante el saludo oficial de la Fuerzas Armadas al comandante supremo, el presidente de la República, el titular de la Sedena, general de división Luis Cresencio Sandoval González, dijo: “Ante diversos retos y desafíos, los soldados de la República nos encontramos con el ánimo renovado para coadyuvar con la ciudadanía y el gobierno al logro de una significativa transformación”.

En su discurso, pronunciado el pasado 2 de diciembre, asumió que los militares: “Tenemos la obligación de atender, además de la defensa de la nación y la seguridad interior, la importante estrategia en materia de seguridad pública ha emprendido el actual gobierno”.

Más adelante, señaló: “La transformación ha iniciado. Nos motiva a darlo todo por nuestro país, porque estamos seguros que juntos todos los mexicanos haremos historia por el bien de México”.

Organizada y administrada por la Semar, la Fuerza del mar tiene como meta, en materia de recursos humanos, llegar al número de 72 mil 506 efectivos. Hoy cuenta con 54 mil 686 elementos. Es decir, piensa incrementar la marinería en 17 mil 820 integrantes.

De los 72 mil 506 efectivos, 47 mil 498 serán operativos y 25 mil 8 estarán cargo de servicios técnicos, logísticos y administrativos.

Cuatro metas tendrá la Armada en materia de organización por cumplir en los próximos 12 años. La primera es contar con una estructura estratégica y operativa a lo largo de las islas y litorales nacionales “con personal, material, infraestructura y servicios acordes con la misión y atribuciones asignadas”. Tal organización debe considerar las características y necesidades propias de las Fuerzas Navales (del Pacífico y del Golfo) y las siete regiones navales.

La segunda meta es contar con un Servicio de Búsqueda y Rescate con estaciones en cada Región y Zona Naval y en los puertos de mayor afluencia turística. La tercera, el establecimiento de Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar) en cada uno de los principales puertos del país, “con personal, infraestructura y servicios para el ejercicio de la autoridad marítima y portuaria”.

Finalmente, en esta materia, la Semar busca concretar “una organización administrativa y logística acorde con las necesidades de las unidades operativas y mandos navales”.

En cuanto al material necesario “para el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas y costas mexicanas, así como para la defensa marítima del Estado”, la Armada de México busca hacerse de cinco tipos de  equipamientos.

El primero está integrado por: buques tipo patrulla oceánica, costera y ribereña con capacidad suficiente para la vigilancia, interdicción de actividades ilícitas, control efectivo del mar en las zonas de interés nacional, transporte, remolque, prevención y control de la contaminación marina, y de búsqueda y rescate; así como aeronaves de ala fija y rotativa con capacidades de vigilancia marítima, reconocimiento costero, transporte, apoyo aéreo cercano y electrónico, y búsqueda y rescate; y  también de ala fija y rotativa con capacidades de vigilancia marítima, reconocimiento costero, transporte, apoyo aéreo cercano y electrónico, y búsqueda y rescate.

Un segundo tipo de material con el que se propone contar es: equipo y armamento orgánico y especial de unidades de infantería de marina a nivel brigada, batallón y compañías independientes; sistemas de vigilancia por radar y monitoreos de señales; equipos de inspección no intrusiva para los Cumar; y equipamiento para cuarteles generales, las instalaciones logísticas, los hospitales y las escuelas.

El tercer tipo de materiales que demanda la Semar para la Armada de México está constituido por: buques de guerra, submarinos y aeronaves; armamento y equipo orgánicos de unidades de infantería de marina con capacidad suficiente para la guerra de superficie, aérea, submarina, antisuperficie, antiaérea, antisubmarina, electrónica, anfibia; minado, contraminado, así como control naval de tráfico marítimo.

Con respecto de la infraestructura, la modernización –dice el documento– es necesaria “para el mantenimiento del estado de derecho en las zonas marinas y costas mexicanas, así como para la defensa marítima del Estado”.

La Armada demanda infraestructura portuaria para flotillas de buques patrulla oceánica, flotillas de buques de patrulla costera e interceptoras; infraestructura de hangares y centros de mantenimiento para las bases y estaciones aeronavales, y “una industria naval con astilleros modernos con la capacidad de construir buques de guerra, patrulla y auxiliares”.

También en materia de infraestructura plantea contar con instalaciones en los mandos navales para unidades de infantería de marina a nivel brigada o batallón (según corresponda), con infraestructura de alojamientos y áreas de adiestramiento a nivel de unidad; instalaciones para estaciones navales en la Frontera Sur y a lo largo de los litorales, así como infraestructura de sanidad naval acorde con la demanda de servicios del personal y derechohabientes.

Asimismo, los militares del mar plantean contar ya en 2030 con instalaciones portuarias, hangares y pistas aéreas para las Fuerzas Navales, así como estaciones navales para la defensa en profundidad del Pacífico y del Golfo de México.

“Habremos de trabajar sin descanso por ser una Marina de vanguardia”, dijo el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, durante la salutación de López Obrador a las Fuerzas Armadas el pasado 2 de diciembre.

En su discurso, el ingeniero geógrafo e ingeniero mecánico naval, así como maestro en seguridad nacional, señaló al presidente de la República que la Marina está “dispuesta a derrumbar mentalidades rígidas”. Enseguida le dijo que era necesario velar “por nuestras tripulaciones porque también son pueblo y necesitan mucho de esta nación. Y, como usted bien lo ha dicho, nadie puede quedar relegado ni excluido de este cambio que habrá de ser de beneficio social y nacional. Y quizá, quizá, ahí radique la verdadera transformación de nuestras Fuerzas Armadas”.

Ojeda Durán prosiguió: “Sabemos que hacia delante existen retos importantes que requieren de nuestras mejores capacidades, de nuestras mejores intenciones, pero principalmente de una unión sin precedentes”.

Hoy los militares del aire suman 12 mil 462. Para 2030 su número debe ascender a 19 mil 555. Es decir, deben integrarse 7 mil 83 más. El incremento es necesario, señala el Libro Blanco, “a fin de proteger la integridad, independencia y soberanía del espacio aéreo mexicano, manteniendo el estado de derecho y observancia de la ley por medio de vuelos de vigilancia y control”.

La Fuerza Aérea es organizada y administrada por la Sedena. Para 2030 debe contar con una organización que le permita mejorar sus capacidades:

“La defensa y protección del espacio aéreo mexicano requiere de un compuesto orgánico que incorpore tecnología de punta, recursos humanos técnicamente preparados con una estructura que conforme la defensa del espacio aéreo con componentes a nivel Ala, en un esfuerzo integral con las Fuerzas Navales y los cuerpos de Ejército desplegados en el territorio nacional, que constituyan en elementos de acción de poder del Estado y contribuyan en el mantenimiento del estado de derecho, preservación de la paz y consecución de los Objetivos Nacionales.”

Con respecto del material con el que debe contar la Fuerza Aérea en los próximos años, el documento dice que se trata de “recursos integrales y complementarios tanto aerotransportados como desplegados en tierra, cubriendo la totalidad del espacio aéreo para lograr un control efectivo” del mismo. Además, “se actualizará la artillería antiaérea y armamento aéreo”.

Finalmente, acerca de la infraestructura el Libro Blanco señala que para la defensa, vigilancia y control del espacio aéreo mexicano, se modernizarán las pistas aéreas y se actualizará y renovará “el material asignado a los Cuerpos de Rescate y Extinción de Incendios en la totalidad de bases y estaciones aéreas”.

En el documento también se enuncian y explican los criterios estratégicos de la política nacional defensa con la que recibieron las Fuerzas Armadas a López Obrador: disuasión, prevención, proyección, protección, salvaguarda y medio ambiente.

“De estos criterios, los primeros cuatro se encuentran vinculados con la defensa, mientras que los dos últimos atienden aspectos del orden social, tema que adquiere mayor importancia en la actualidad.”

El Libro Blanco de Defensa Nacional del Estado Mexicano señala que estos criterios también “están ceñidos” a los principios normativos de la política exterior.

La disuasión consiste en persuadir –sin emplear la fuerza– a un posible agresor que recibirá un daño mayor en caso de querer dañar al Estado mexicano. Esto “se logra demostrando  la voluntad política de emplear el Poder Nacional, así como la capacidad con que se cuenta para infligirle ese mayor daño”.

Por su parte, el criterio de la prevención está constituido por el análisis permanente de los posibles escenarios nacionales e internacionales con los objetivos de anticipar posibles impactos en la seguridad y defensa de la nación y contar con “un alto grado de certidumbre para prever y decidir respecto a la ocurrencia de un escenario”.

Con respecto de la proyección, se trata de “la capacidad del Estado mexicano para respaldar su política exterior y manifestar su Poder Nacional, ya sea en ayuda humanitaria, en la prevención de un evento, en respuesta a una amenaza o para esgrimir dicha capacidad como factor de disuasión”.

El criterio estratégico de la salvaguarda consiste en la capacidad de enfrentar las amenazas, riesgos y desafíos al estado de derecho. Tiene como objetivo proporcionar seguridad y mantener el orden público, “a fin de que la población pueda ejercer sus derechos y desarrollar sus actividades con plena libertad”.

Finalmente, el sexto criterio, el del medio ambiente, el dirigir la capacidad del Estado mexicano, con sus elementos disponibles, para asegurar el mantenimiento del equilibrio ambiental. En el documento se reconoce que este criterio ocupa hoy “un lugar predominante en la agenda internacional” y es uno de los principales factores de la seguridad mundial.

El Libro Blanco reconoce que existen “temas importantes aún pendientes” que no están considerados en los seis criterios estratégicos, pero éstos “pretenden asegurar el desarrollo de las capacidades para responder a las amenazas, riesgos y desafíos a la seguridad y defensa que pueda enfrentar el país”.

Durante el saludo de López Obrador a las Fuerzas Armadas, el presidente de la República les reconoció a la Sedena y a la Semar ser instituciones fundamentales del Sistema Político Mexicano. Les dijo que son indispensables para garantizar la seguridad nacional, la defensa de nuestro territorio y la seguridad interior.

“Y espero que pronto estas dos importantes instituciones nos apoyen para garantizar en el país la paz y la tranquilidad atendiendo funciones de seguridad pública.”

Pero les dijo a soldados y marinos que viene una reforma para el Estado mexicano, las instituciones y las Fuerzas Armadas. “Tenemos que ajustarnos a los nuevos tiempos. La renovación es importante, indispensable”.

Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), considera que “el equipo de López Obrador está en un periodo de adaptación, de prueba y error y del diseño de las nuevas instituciones”. El académico se pronuncia por “darle un voto de confianza”, pero señala como necesario “estar pendientes desde la sociedad, la academia, el periodismo de lo que se está haciendo”.

El documento también ser refiere a la participación de soldados y marinos en asuntos que no son de defensa y seguridad nacionales. “A las Fuerzas Armadas, además de defender la soberanía, integridad e independencia de la nación contra agresores externos, les son asignadas las tareas de velar por la seguridad y el orden interior para mantener el estado de derecho”.

Los militares mexicanos participan en labores de seguridad interior y pública desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico. La estrategia de López Obrador es generar una nueva Fuerza militar, la Guardia Nacional, para enfrentar a la delincuencia organizada y regresar a los cuarteles a las otras Tres Fuerzas Armadas Permanentes que hoy realizan funciones de policía.

En el documento se asienta: “En el ejercicio de estas funciones [mantener el estado de derecho] las Fuerzas Armadas no actúan en operaciones de guerra contra enemigo agresor extranjero, sino en actividades para prevenir actos antisociales o contra el Estado, llevados a cabo por personas o grupos transgresores de la ley cuya actuación delictiva cae dentro de los previsto por las leyes del fuero común y federal”.

Se agrega que, hasta el momento, las Fuerzas Armadas actúan en coadyuvancia de las autoridades responsables de la seguridad pública, para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias; disminuyendo así, los factores de riesgo para alejar a la sociedad de los efectos y consecuencias de las actividades de la delincuencia organizada”.