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México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
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México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
rip 07.12.18 18:17
El Estado mexicano está en peligro, según un documento secreto elaborado conjuntamente por las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Seis “amenazas”, siete “riesgos” y 11 “desafíos”
Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
octubre 22, 2018 at 9:27 am
AUTOR: REDACCIÓN
El Estado mexicano está en peligro, según un documento secreto elaborado conjuntamente por las Fuerzas Armadas Mexicanas. Seis “amenazas”, siete “riesgos” y 11 “desafíos” es lo que más preocupa a los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). Los titulares de las dos dependencias militares estampan sus firmas al final de un legajo de 60 páginas, antes de los anexos: el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda (matrícula 6416991) y el almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz (matrícula S-6605839).
Seis “amenazas”, siete “riesgos” y 11 “desafíos”
Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
octubre 22, 2018 at 9:27 am
AUTOR: REDACCIÓN
El Estado mexicano está en peligro, según un documento secreto elaborado conjuntamente por las Fuerzas Armadas Mexicanas. Seis “amenazas”, siete “riesgos” y 11 “desafíos” es lo que más preocupa a los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). Los titulares de las dos dependencias militares estampan sus firmas al final de un legajo de 60 páginas, antes de los anexos: el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda (matrícula 6416991) y el almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz (matrícula S-6605839).
Contralínea tuvo acceso al Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, considerado por las autoridades militares como “secreto”, el más alto nivel de los documentos clasificados, por encima de aquellos con el sello de “cerrado”, “restringido” y, aún, “confidencial”.
Actualizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Plan Militar destaca entre las amenazas una intervención militar extranjera (ejecutada o provocada por Estados Unidos); de entre los riesgos, la “migración a gran escala”, y de los desafíos, “la dependencia tecnológica del extranjero para el sector defensa”.
No sólo es un diagnóstico. También, una estrategia que evalúa las capacidades militares para defender y asegurar la permanencia del Estado mexicano. Las tres Fuerzas Armadas Permanentes (el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, organizadas y administradas por la Sedena; y la Armada de México, organizada y administrada por la Semar) se coordinan y delimitan sus campos de acción para enfrentar los “antagonismos” que acechan a México. Además, refleja las precariedades militares para hacerles frente: falta de equipo; deterioro de instalaciones militares; déficit de tropas, armamento y presupuesto, y una legislación inadecuada.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se define a sí mismo como el “documento militar reservado que establece las estrategias para la articulación, el desarrollo y el empleo de las capacidades de las Fuerzas Armadas, a fin de responder efectiva y coordinadamente contra amenazas, riesgos y desafíos que se opongan a la consecución y/o mantenimiento de los intereses y objetivos de defensa”.
La actual versión data del 30 de julio de 2013, cuando luego de 5 meses concluyeron los trabajos intersecretariales Sedena-Semar, ordenados por el presidente Enrique Peña Nieto para restructurarlo. La anterior versión databa de 2004. A decir de la Sedena –en respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea en 2013–, “el documento se encuentra resguardado en una caja fuerte, cuyo acceso está restringido a determinados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
En este año que está por concluir, las Fuerzas Armadas erogan conjuntamente más de 112 mil 328 millones de pesos. Es el último del sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Y cuando la llegada de un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha desatado un debate sobre el tipo de Fuerzas Armadas que requiere el país, Contralínea presenta un reportaje seriado basado en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
En cinco partes, la investigación dará cuenta de qué protegen los militares a los mexicanos y del porqué, como señala el propio documento, las Fuerzas Armadas Mexicanas son “fuertes para la seguridad interior, pero vulnerables en la defensa exterior”.
[PRESENTACIÓN]
- Parte 1: Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad de México
- Parte 2: México, al borde el colapso
- Parte 3: Derechos humanos, el mayor “desafío” de las Fuerzas Armadas
- Parte 4: Fuerzas Armadas, incapaces para defender a la nación
- Parte 5: Fuerzas Armadas: fracasa modernización
Contralínea 614 / del 29 de Octubre al 04 de Noviembre 2018
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Fecha de inscripción : 01/03/2009
Re: México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
rip 07.12.18 18:25
UTOR: JOSÉ REYEZ Y ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA
Primera parte
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento secreto elaborado por la Sedena y la Semar, desnuda la fragilidad del Estado mexicano ante seis amenazas –la intervención militar extranjera, la primera de ellas– y reconoce la incapacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentarlas
Primera parte
Seis amenazas al Estado mexicano observan las Fuerzas Armadas en un documento secreto del más alto nivel de clasificación: una intervención militar extranjera; el empleo de armas de destrucción masiva; el terrorismo; la delincuencia organizada trasnacional; los grupos antisistémicos armados, y los ataques cibernéticos.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, diagnóstico que sintetiza las principales amenazas, riesgos y desafíos al Estado mexicano, así como las capacidades militares para hacerles frente, coloca a la intervención militar extranjera en primer lugar de las amenazas, según las propias Fuerzas Armadas Mexicanas.
El mismo documento explica que tal peligro recibe la principal atención no porque sea inminente, sino porque el escenario internacional es cada vez más complicado y las capacidades de reacción militar del país son muy limitadas. Por ello, las Fuerzas Armadas llaman a construir fortificaciones que eventualmente puedan servir de sedes alternas de gobierno y de coordinación para la defensa de la nación.
Contralínea posee copia del documento secreto elaborado durante el sexenio que está por concluir. Está firmado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Francisco Soberón Sáenz.
Además, el escrito cuenta con la aprobación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Se definen las amenazas al Estado como “antagonismos intencionales generados por el poder de otro Estado o agentes no estatales, mediante acciones violentas en los campos político y militar que ponen en peligro la seguridad interior y la defensa exterior”. De las seis amenazas, una la define como “tradicional” y las otras cinco como “emergentes”.
Invasión extranjera: Estados Unidos al acecho
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto alerta al titular del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de concretarse una “amenaza tradicional”, a la que describe como una “intervención militar extranjera”. Aunque dice que puede ser ejecutada por “alguna” nación, inmediatamente se refiere a Estados Unidos, ya sea porque esta potencia ejecute una intervención directamente o la provoque.
“El hecho de que una nación poderosa como los Estados Unidos de América se perciba amenazada en sus intereses desde nuestro país, ésta podría emprender acciones diplomáticas y económicas e incluso llegar a efectuar una intervención militar”, señala textualmente el documento.
Además, “alguna potencia extranjera podría emplear el territorio nacional como avenida de aproximación para atacar a Estados Unidos, convirtiendo a México en teatro de guerra o, bien, podría considerar que hay condiciones para declararlo como un Estado fallido, realizando una intervención militar para proteger sus intereses”.
Una vez que el magnate Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos inició de inmediato una campaña política contra México. Fuentes militares consultadas por Contralíneaseñalan que hoy esta amenaza es mayor no sólo por la postura del actual titular del Poder Ejecutivo estadunidense hacia los mexicanos, sino también por los problemas que está provocando a nivel mundial.
La conflictividad de Estados Unidos, señala el documento, también “se traduce en la posibilidad de que otro país pueda emplear territorio mexicano como plataforma para afectar al país del norte”.
Consultado sobre las posibilidades de que México sea susceptible de una intervención extranjera, Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), explica que en caso de que alguna potencia buscara invadir Estados Unidos, el primer paso sería invadir México.
“El Comando Norte de Estados Unidos, dentro de sus planes y agenda, considera a México como una parte muy importante para su seguridad. Sin embargo, somos la parte más vulnerable, lo cual obliga a combatir las amenazas asimétricas regionales y fortalecer el sistema de justicia”, subraya el académico.
González Arroyo agrega que “no podemos cerrar los ojos a que pueda haber una invasión, no hacia México, pero sí como puerta de entrada de otros países al territorio norteamericano”.
Para el general brigadier y quien fuera preso político en cárceles militares, José Francisco Gallardo Rodríguez, México tiene una posición geopolítica importante pero, al mismo tiempo, “muy vulnerable” frente a la hegemonía global de Estados Unidos, que cuenta con un ejército de 2 millones de efectivos, tecnología secreta y que necesita recursos de México.
Consultado sobre una eventual agresión militar de Estados Unidos a México, el también doctor en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que esta posibilidad está siempre presente entre las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Otro documento al que Contralínea ha tenido acceso, y es de carácter “confidencial”, incluso señala de qué manera deben actuar las Fuerzas Armadas ante tal agresión. El Manual de Operaciones en Campaña, editado por la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena, señala que ante la superioridad del enemigo y la imposibilidad de enfrentarlo abiertamente en el terreno, “el Ejército se transformaría en una guerra de guerrillas”.
Sin embargo, a este respecto, Gallardo Rodríguez explica que la principal característica de la guerra de guerrillas es el apoyo del pueblo, donde los combatientes se mimetizan o camuflan entre la población, obtienen insumos y abastecimientos. Así que esta táctica no tendría éxito en caso de invasión, debido al desgaste de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos en las que se han visto involucradas y las represiones que han ejecutado. El Ejército “tiene como enemigo al pueblo por su política de seguridad interior”.
El exmilitar contradice al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que el país tuviera amenazas y, en algún momento, planteó la posibilidad de disolver al Ejército.
“Le dije al presidente electo que eso no es posible: hay 40 países que no tienen Ejército, pero son protectorados de otras naciones. Y México no puede ni es un protectorado, ya perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos ya nos ha invadido.”
Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), señala que México sí puede ser objeto de una intervención militar, pero no por parte de Estados Unidos: “Como nunca, la seguridad nacional de México se encuentra apalancada con la seguridad y defensa de Estados Unidos y Canadá”, subraya.
El también maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) explica que “la hipótesis de agresión entre México y Estados Unidos se eliminó desde la Segunda Guerra Mundial; más bien, México tiene que cooperar con Estados Unidos, el cual se ha visto obligado a reconocer que las amenazas son regionales [y no sólo nacionales]”.
Experto en seguridad nacional, seguridad regional y geopolítica, Rodríguez Sánchez de Lara reconoce que México ha importado la agenda de seguridad de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Y ahora que se adelantó el conflicto comercial entre Estados Unidos y China –previsto por el Consejo de Inteligencia estadunidense para 2030, cuando las capacidades militares y económicas del país asiático rebasarían a Estados Unidos–, México no puede negar que sus intereses están directamente relacionados con su geografía.
“Por eso los enemigos de Estados Unidos son potencialmente también nuestros; no sólo en el ámbito comercial, sino en el de seguridad y el ciberespacio”. Señala que, incluso, con el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se ve impedido legalmente para ampliar sus niveles de cooperación de seguridad y defensa con potencias emergentes como Rusia y China.
Ante la amenaza real de una intervención militar de Estados Unidos o provocada por este país, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala como una necesidad a mediano plazo, “edificar instalaciones fortificadas que resistan los efectos de una posible guerra para el establecimiento de sedes alternas de gobierno y mando de la defensa nacional, que cuente con sistemas de comunicaciones y enlace, que permitan llevar a cabo oportunamente la toma de decisiones en la capacidad de respuesta del Estado ante una intervención extranjera”.
Terrorismo y armas de destrucción masiva: territorio amenazado
De la misma geopolítica de México y su relación con Estados Unidos, se derivan otros riesgos: el que se cometan actos terroristas en territorio nacional y se utilicen armas de destrucción masiva.
En dicho Plan Militar se advierte de “graves repercusiones para México, derivadas del conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte”. Tal disputa escaló hasta el punto de desbordarse con el uso de armas de destrucción masiva y desatar una guerra nuclear entre ambas naciones.
“Se ha observado el desenvolvimiento de Corea del Norte como amenaza hacia los Estados Unidos de América [y] de que pueda utilizar armas de destrucción masiva”. Agrega el documento: “[…] de ser así, podría afectar a parte de nuestro territorio, ya sea por la presencia de lluvia ácida o bien por la internación de un virus o incluso hasta por acciones terroristas”.
Añade que este tipo de acciones, perpetradas por un Estado u otras organizaciones terroristas que pudieran emplear el territorio nacional para realizar ataques contra la infraestructura mexicana o de Estados Unidos, “podría provocar una intervención militar estadunidense con afectaciones graves a la infraestructura y economía del país […] creando psicosis en la población y en el Poder Nacional, y tendría como consecuencia una parálisis del país [y un escenario de] terrorismo”.
Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en estudios sobre América Latina por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia, señala que los atentados del 11 de septiembre de 2001 catapultaron el tema del terrorismo y la protección de Estados Unidos como los principales temas de una agenda de seguridad regional.
“El perímetro de seguridad de América del Norte pasó del Río Bravo al Suchiate [es decir, de la Frontera Sur de Estados Unidos a la Frontera Sur de México], mediante un trabajo importante de contrainteligencia para evitar la infiltración de terroristas por México”. Tal política se profundizó durante el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo en el de Enrique Peña Nieto. Una condición preponderante fue la de “contener la migración centroamericana”, explica el especialista.
Humberto González Arroyo, experto en seguridad nacional por el INAP, coincide en que el uso de armas de destrucción masiva es una amenaza latente para el país, igual que el uso de drones con fines de ataques terroristas y tráfico de drogas, que ya son utilizados por el crimen organizado con estos propósitos.
“El ingenio de los grupos delincuenciales es vasto; por eso el fenómeno es asimétrico y hay muchos Estados que no cuentan con infraestructura tecnológica ni capacidad de fuerza para poder reaccionar frente a ellos. Hay una combinación de delincuencia organizada y amenazas asimétricas que requieren atención de los gobiernos”, explica.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea como estrategia de defensa a corto plazo ante el empleo de armas de destrucción masiva, fortalecer la seguridad y protección de aduanas, puertos y aeropuertos, para evitar su ingreso al país, mediante la implementación de un modelo de control interinstitucional, con tecnología de inspección no intrusiva y expedita. Las Fuerzas Armadas destacan la participación que deben asumir otras instancias federales: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Con respecto del combate al terrorismo, en el documento la Sedena y la Semar aconsejan crear unidades organizadas, equipadas y adiestradas para identificar y neutralizar grupos terroristas. Para ello demandan la participación del propio SNSP y del Instituto Nacional de Migración (INM). Además, señalan la necesidad de crear una estructura de vigilancia y control en la geografía nacional, con la misión de identificar y evitar el asentamiento de grupos terroristas en territorio mexicano.
Además, a largo plazo, las Fuerzas Armadas plantean “utilizar los órganos de inteligencia nacional bajo la coordinación de un ente, para articular acciones de inteligencia nacional tendientes a identificar y restringir el tránsito ilegal de inmigrantes no identificados y de elementos integrantes de organizaciones delictivas que sean susceptibles de realizar actos terroristas”. Estos órganos estarían coordinados “por un órgano de inteligencia nacional”.
Grupos antisistémicos armados, el eterno “enemigo interno”
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que en México, como en diferentes partes del mundo, se están generando diversos “Grupos Antisistémicos”, cuyo objetivo es desestabilizar a los Estados, “situación que debe ser cuidadosamente tratada ya que, en caso de escalar, podría dar origen a la pérdida de gobernabilidad y gobernanza, y considerar a México como un Estado débil o fallido”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, sociólogo, historiador y economista que se ha especializado en el estudio de movimientos antisistémicos en América Latina, considera que los objetivos que persiguen estos grupos no representan un riesgo para el país, sino “una esperanza”.
Consultado sobre la “amenaza” que podrían significar los movimientos antisistémicos para México, lejos de la visión militarista, el doctor por la UNAM y por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, define:
“Son movimientos que están en contra del sistema capitalista injusto, basado en la explotación económica, la discriminación social, el despotismo político, el secuestro del Estado por parte de una pequeña minoría, por lo que plantean destruir el capitalismo y construir una sociedad más justa”, explica.
El concepto de antisistémico –prosigue el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)– es cercano al del movimiento anticapitalista en México que representa el neozapatismo y otros movimientos, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Menciona también a la lucha actual de la Tribu Yaqui en Sonora, los indígenas de Veracruz y del Estado de México, y los movimientos campesinos que luchan por iniciativas promovidas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“El EZLN es un movimiento nacional e internacional de grupos antisistémicos que no representan un riesgo para el país, sino que frente a la crisis económica y degradación de su clase política en su conjunto, incluyendo a todos los partidos: PAN [Acción Nacional], PRI [Revolucionario Institucional], PRD (de la Revolución Democrática], Morena [Movimiento Regeneración Nacional], y frente a todas las formas de discriminación y desigualdad, representan la única esperanza de una transformación pacífica e inteligente del país.”
Reconoce que el EZLN es una guerrilla, pero es la “más pacífica del mundo” y su movimiento es civil y pacífico.
Acepta que hay otros grupos antistémicos armados, pero son eso: grupos y no movimientos. Considera que, por su reducido tamaño, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) no pueden ser considerados realmente movimientos antisistémicos. No cuentan con “una base social extensa, organizada, con actividad pública sostenida”.
Del anarquismo, señala que se trata de una tradición intelectual seria; aunque hoy se hace mal uso del término porque con facilidad e ignorancia se le califica de “anarquista” a cualquier hecho o grupo.
Emilio Vizarretea, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, dice que los grupos armados antisistémicos como el EPR, el ERPI y EZLN son una realidad en el país y operan en algunos estados con reivindicaciones similares, pero diferentes métodos de lucha frente al gobierno.
Ejemplifica que en Guerrero, donde hay mayor actividad del ERPI y el EPR, “hubo un proceso de aprendizaje para las Fuerzas Armadas cuando el Ejército combatió a Lucio Cabañas; y adquirió experiencia y capacidad de reproducirla, mientras que los guerrilleros no tenían esa experiencia ni cuadros, ni formación ni dónde capacitase para la lucha, a diferencia del EZLN que si tiene un proyecto político-militar”.
Acepta que también hoy los grupos armados han aprendido. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez sostuvieron una confrontación directa con las Fuerzas Armadas, motivados más por las injusticias que vivían que por un proyecto de Estado. “Y se volvieron presa fácil, a diferencia del EPR y el ERPI, que no han podido ser exterminados”, señala el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
“Dan batalla porque la población los protege en la sierra de Guerrero, incluso en Acapulco, y eso les permite en ocasiones generarse puestos, lo cual no puede hacer el EZLN, porque ya están identificados los territorios donde opera; son resultado de las ventajas de logística, de contrainteligencia y territorio que aprendieron”, explica Vizarretea.
En ese sentido, el maestro en seguridad nacional Humberto González Arroyo, anota que los grupos armados seguirán siendo monitoreados por el Estado y el nuevo gobierno tiene que trabajar en el desarme, llegar a una conciliación política, sobre todo en estados del país donde las autodefensas se basan en sus propias leyes.
En efecto, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que para el combate a los grupos antisistémicos armados se debe hacer uso de un órgano de inteligencia nacional centralizado, que esté bajo la dirección de un organismo rector.
Los militares plantean en el documento identificar y dar seguimiento a las actividades de grupos armados en el país, “con la finalidad de tomar acciones preventivas para desarticular esta amenaza a la seguridad nacional”.
En el corto plazo, demandan coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, para identificar áreas susceptibles de ser utilizadas por grupos antisistémicos, y “negar la penetración ideológica y el surgimiento de intereses por parte de dichos grupos”, con estrategias de protección y programas especiales, “para prevenir su impacto en la integridad y permanencia del Estado”.
Además, desplegar fuerzas de tarea conjuntas de la Sedena y la Semar para identificar, definir y dar seguimiento a brotes de manifestaciones de grupos armados en territorio nacional.
Más que cárteles y narcotráfico
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto resalta la situación incontrolable que impera en el país, debido a las actividades de la delincuencia organizada trasnacional y su estela de muertos, desaparecidos, desplazados y heridos.
De acuerdo con el documento, las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen claro “que los cárteles de la droga mantienen vínculos con sus análogos en otras latitudes y que, con el afán de mantener las rutas de tráfico de armas, personas, drogas y precursores químicos, [realizan] además otras actividades ilícitas que atentan contra la estabilidad del Estado, con la consecuente afectación a la imagen internacional”.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se señala que el narcotráfico es la actividad ilícita más lucrativa que realiza la delincuencia organizada trasnacional, que incluye la producción, la tenencia, el tráfico y el narcomenudeo de enervantes. Sin embargo, se agrega que estas organizaciones han proliferado en otras actividades delincuenciales como la trata de personas, el secuestro y la extorsión.
Para ejecutar estas actividades, los criminales “actúan con violencia y uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, es común que la delincuencia organizada trasnacional emplee personal nacional y extranjero, principalmente migrantes”.
El general brigadier Francisco Gallardo señala que toda la política antidrogas llevada a cabo por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha sido errónea. No debería considerarse un asunto ni de seguridad nacional ni de seguridad interior. Para este doctor las drogas son materia de seguridad pública y, sobre todo, de salud pública.
Argumenta que el narcotráfico se convierte en amenaza a la seguridad nacional y el Estado cuando los flujos de dinero que genera sirven para financiar campañas electorales, infiltrar a las estructuras electorales, municipales y estatales.
“En ese momento el narcotráfico se convierte en amenaza a la seguridad nacional porque ataca la estructura y sobrevivencia del Estado mexicano, que es el fundamento de la seguridad nacional que tiene que ver con el desarrollo y permanencia del Estado”, destaca el general Gallardo.
Humberto González Arroyo, diplomado en seguridad nacional, democracia y derechos humanos por la Universidad Iberoamericana, explica que el crimen organizado y las bandas son amenazas asimétricas que deben ser combatidas de manera específica.
Plantea necesario atender las amenazas asimétricas no tradicionales como el lavado de dinero, la ciberseguridad, la seguridad ambiental, la inmigración, la gobernabilidad, las relaciones cívico-militares. “Necesitamos un país que esté más de la mano con las Fuerzas Armadas y que trabaje en estrategias de inteligencia y contrainteligencia de manera obligatoria en el contexto en que estamos viviendo”.
Por ejemplo, dice, “hoy hay guerras asimétricas que para efectos del Estado y de seguridad nacional, el crimen organizado tiene más armas y poder contra las instituciones en el ámbito de seguridad pública”.
Explica que no es sólo el narcotráfico, sino la trata de personas, el cobro de piso (extorsión), la piratería. “Es un fenómeno que, combinado, para el Estado es muy complicado de enfrentar”.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto demanda la creación de “una metodología de seguimiento en los diferentes niveles de ejercicio de mando de la administración pública y los Poderes de la Unión, para identificar, abatir y evitar actos de corrupción, que contribuyan a las acciones contra la delincuencia organizada”.
Ataques cibernéticos y electromagnéticos, la guerra electrónica
El documento elaborado por la Sedena y la Semar alerta también de “otra amenaza emergente que se vislumbra”. Está constituida, asienta el diagnóstico, por los “Ataques Cibernéticos”. Éstos pueden ser “ya sea en forma esporádica, intermitente o continua contra la infraestructura crítica y las tecnologías de la información y comunicaciones de instituciones estatales, empresas o centros generadores de servicios y/o riqueza para el desarrollo nacional”.
Las Fuerzas Armadas atribuyen los ataques cibernéticos a un Estado o, bien, a criminales o terroristas con intereses particulares; “en principio, tienen un impacto mediático y afectan negativamente al poder nacional”.
Si México no está preparado para enfrentar combates en tierra, mar y aire, menos lo está en la cuarta dimensión: el espacio cibernético. Los ciberataques y la ciberdelincuencia son amenazas asimétricas que pueden parar hidroeléctricas, hospitales, causar problemas a una planta nuclear o atacar al sistema bancario, subraya Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el INAP.
“A pesar de que la Unidad de Inteligencia Naval, la Policía Federal, en combinación con la policía científica, cuentan con centros de emergencia y respuesta tecnológica para interceptar ciberataques desde su origen y desarrollo, no están al ciento por ciento de su capacidad, requieren inversión, así como los centros de fusión de inteligencia para contrarrestar este tipo de ataques”, indica el académico.
Explica que los robos de identidad, por la simetría y las nuevas modalidades tanto para la seguridad nacional como la seguridad pública, obligan a todos los organismos de inteligencia y de protección de Estado a estar en alerta máxima, contar con recursos y equipos sofisticados para enfrentar amenazas cibernéticas.
En este terreno, dice, la ciberdelincuencia ha afectado a empresas privadas y a personas con robos de identidad, fraudes bancarios, clonación de tarjetas, transferencias ilícitas de dinero, ocasionando pérdidas millonarias. La administración pública, aunque hay más control en protección de datos, prevención de amenazas y detección de ataques, no ha estado exenta de ataques de grupos internacionales de la delincuencia organizada.
Durante el Foro Ejecutivo Ciberseguridad en el sector financiero, realizado el 26 de septiembre pasado, el director de la empresa Telmex, Héctor Slim Seade (hijo del magnate Carlos Slim), reveló que millones de mexicanos fueron afectados durante 2017 por el cibercrimen, con pérdidas por más de 7 mil millones de dólares. Se quejó que desde el gobierno “hace falta un articulador de políticas públicas que generen ciberseguridad”.
En el mismo foro, el director de Tecnologías de la Información del Banco de México, Octavio Berges, aseguró que sólo una institución financiera sufre alrededor de 85 ciberataques al año en promedio.
El nuevo tratado comercial, que incluye la ciberseguridad –dice por su parte el especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara–, ya implica ingresar en la órbita de la defensa del ciberespacio en términos económicos, militares y de seguridad con Estados Unidos. “Se ha confirmado con certeza que México ha sido atacado por un grupo de Corea del Norte”.
Sugiere que es fundamental invertir en ciberseguridad y ciberdefensa, a las que considera las mayores vulnerabilidades del país, “como lo demuestra el ataque reciente a Citibanamex y otros bancos”.
Rodríguez Sánchez de Lara sostiene que si bien hay capacidad de respuesta contra este fenómeno delictivo, propone que académicos, empresarios y públicos diversos tienen la necesidad de establecer una agencia nacional de ciberseguridad que pueda coordinarse con las políticas en la materia del Estado mexicano.
Su planteamiento coincide con el del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto: “crear en el corto plazo Sistemas de Seguridad Cibernética y Electromagnética para protección de las instituciones del Estado, mediante inversión en investigación y desarrollo e implementación de herramientas de seguridad y guerra electrónica”.
José Réyez / Zósimo Camacho (Primera de cinco partes)
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Fecha de inscripción : 01/03/2009
Re: México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
rip 07.12.18 18:28
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA Y JOSÉ REYEZ
Segunda parte
Desastres sociales, instituciones que no funcionan, indefensión ante terremotos y huracanes, criminalización de migrantes “no deseados”, vulnerabilidad de fronteras, ingobernabilidad. Se trata de algunos de los “riesgos” de desintegración del país y de los que dan cuenta las Fuerzas Armadas en un documento “secreto”
Segunda parte
La migración a gran escala; los desastres naturales, ambientales, sanitarios y antropogénicos; la situación geoestratégica; la ausencia de alianzas en aspectos de defensa; la pérdida de gobernabilidad y gobernanza; la vulnerabilidad en las fronteras, y los conflictos regionales son los riesgos a la supervivencia del Estado Mexicano que observan las Fuerzas Armadas en el vigente Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
El documento –del cual Contralínea posee copia– define a los riesgos como condiciones externas o internas generadas por “situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener el carácter de amenaza pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional”.
Los siete riesgos se suman a las seis amenazas (Contralínea 614) [Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad de México] que de manera precaria las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Estado en su conjunto le hacen frente. En el documento, clasificado por los militares con el mayor nivel de reserva, se describen los riesgos y se señalan las estrategias para atenderlos que emplearán las milicias del país: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto está firmado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena) y el almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz (Semar). Sin proponérselo, es un diagnóstico del México que entrega el presidente Enrique Peña Nieto, de extracción priísta, al electo Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Expertos en cada uno de los riesgos señalados por las Fuerzas Armadas consultados por Contralínea señalan la magnitud de los problemas, pero también advierten de deficiencias en el análisis castrense y apuntan que la militarización de esos fenómenos sólo los ha agravado.
Migración a gran escala y vulnerabilidad en las fronteras
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto prevé en el futuro inmediato mexicano una “migración a gran escala” de dos tipos. La primera, constituida por “movimientos migratorios hacia Estados Unidos de América”. La segunda, de carácter interior, de población “que abandone el campo hacia las grandes urbes en busca de mejores condiciones de vida”.
En realidad, ambos fenómenos migratorios ya ocurren y prácticamente no se atienden. Se reacciona según necesidades coyunturales y se reduce a criminalizar a quienes se desplazan.
La movilidad y la migración no son un “problema de seguridad” sino un asunto de justicia social, ataja la doctora en geografía por la Universidad de Londres Ailsa Margaret Anne Winton. La especialista en estudios de migración y procesos transfronterizos lamenta que el enfoque que predomine sea el de la securitización de las fronteras ante la movilidad de personas señaladas como “no deseadas”.
Investigadora adscrita al Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), explica que cuando se considera que la migración es un asunto de seguridad nacional, la política pública resulta bastante simple: “No queremos que la persona se mueva; y si se mueve, pues que regrese. Detenemos a la persona y criminalizamos que se mueva. Todo esto, cuando el problema va mucho más allá”.
Ailsa Winton –con líneas de investigación en geografías de desigualdad y marginación, y desplazamiento por violencia– expone que la migración como la que en estos momentos atraviesa México rumbo a Estados Unidos es producto “de un sistema que genera desprotección, precarización”.
En entrevista con Contralínea, explica que a los contextos de vulnerabilidad se suma otro elemento que provoca que las personas migren con urgencia: la desprotección de la población ante la violencia criminal, como la del narcotráfico, las pandillas o, incluso, la originada por actores estatales. Este fenómeno no es privativo de los países de América Central: poblaciones enteras de México se tienen que desplazar por esta situación.
Por ello, Ailsa Winton –cuyo artículo científico más reciente se titula Precarious Mobility in Central America and Southern Mexico: Crises and the Struggle to Survive (Movilidad precaria en Centroamérica y el sur de México: las crisis y la lucha por sobrevivir, publicado por la Universidad de Oxford)– señala como una condición ineludible repensar el fenómeno de la migración.
Es complicado, advierte. Cuando las personas que están en situación irregular en México están, al mismo tiempo, en una situación de huida, lo que tenemos enfrente es una migración forzada. “Las personas vienen de por sí en condiciones muy precarias. Nos son migraciones tradicionales, planeadas. Son movimientos realmente para salvar la vida”.
Y México no está entendiendo qué es lo que está sucediendo, considera. Sus autoridades no muestran interés alguno en atender la seguridad humana de las personas migrantes. “La realidad de cómo se maneja la situación en la frontera sigue siendo de detención, de contención”.
Lamenta que México no cumpla sus propias leyes ni los acuerdos internacionales que ha signado. “Sobre el derecho de las personas que llegan a México para solicitar refugio, la realidad es que la gran mayoría está siendo deportada”.
Observa que entre más represión ejercen las autoridades mexicanas contra la migración, más riesgo corren los migrantes de caer en las manos de grupos del crimen organizado.
La investigadora descarta que el número de migrantes que ingresan a México con rumbo a Estados Unidos se haya incrementado durante los últimos años. Observa que es difícil obtener una cifra porque se trata de movimientos clandestinos.
Pero esta migración “no es algo nuevo, algo que de ayer a hoy empezara a ocurrir; las cifras no se han disparado”. Lo que ha cambiado es la política mexicana: se ha incrementado la persecución, la detención y la deportación.
Ailsa Winton propone dejar de ver el asunto como un tema de seguridad nacional y asumirlo como un asunto de seguridad humana. “Lo primero es cumplir con nuestros deberes internacionales de protección a las personas; cumplir la ley. Así que no se debe devolver a las personas que requieren protección. Después debe hacerse un esfuerzo en programas que son integrales, regionales y locales para generar protección y bienestar” para todos: originarios y migrantes.
Los riesgos fronterizos que observa el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto están determinados por “la porosidad de la Frontera Sur y la falta de control en la Frontera Norte”. A ello se suma “la deficiente capacidad de vigilancia de las fronteras marítimas, lo cual es aprovechada por la migración ilegal, la delincuencia organizada y las organizaciones terroristas, entre otras actividades delictivas”.
Desastres sociales, no “naturales”
Las Fuerzas Armadas Mexicanas señalan puntualmente un vacío ante los desastres naturales: “Aunque existe un Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se carece de un Sistema de Defensa Civil que involucre a la población en su autoayuda”.
En dicho Plan Milita destacan que, por su situación geográfica, el país “se ve afectado por diversos desastres naturales tanto en el área occidental como en la oriental”. Se refiere a los “fenómenos hidrometeorológicos como: huracanes, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, que de un momento a otro podrían manifestarse y causar gran afectación a la población”.
El documento agrega que precisamente estos fenómenos “son atendidos fundamentalmente con las capacidades de las Fuerzas Armadas”. Advierte que esta atención no será suficiente. Se requiere de la creación del Sistema de Defensa Civil mencionado, pues “si estos desastres naturales se combinan con desastres sanitarios y otros factores como el descontento social o la falta de capacidad del Estado para dar respuesta expedita a la emergencia, grupos de presión pueden aprovechar esta situación para desestabilizar el país”.
Agrega que una situación como la descrita tendría como consecuencia inmediata “minar la voluntad de actuar de la ciudadanía y comprometer excesivos recursos del Estado, los cual debilitaría aún más la capacidad de defensa”.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Daniel Rodríguez Velázquez señala que lo primero que se tiene que aclarar es que no debe hablarse de “desastres naturales” ni sanitarios ni antropogénicos. El especialista en políticas públicas para la prevención de desastres y en cambio climático señala que se debe hablar de “desastres sociales”.
Lo que esconde el término “desastres naturales” es la responsabilidad de las autoridades y otros actores sociales. Se dice “desastres naturales” para “conferirle a la naturaleza la responsabilidad misma de generar daños”.
Este yerro de origen, de tratar el asunto bajo la óptica de la seguridad nacional, dio como resultado que se creara el Sistema Nacional de Protección Civil con una doctrina militar.
Señala que la óptica militar con que se han abordado los fenómenos ha propiciado que se les vea como si fueran una “amenaza externa”. Y así, se piensa que este tipo de desastres “no tienen que ver con decisiones políticas, procesos económicos, deterioro ambiental y problemas sociales”.
Rodríguez Velázquez, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil, señala que haber involucrado a las Fuerzas Armadas “en la atención de este tipo de situaciones bajo la justificación de la seguridad nacional” sólo tiene un significado: “control y contención social”.
Coordinador del libro Políticas públicas y desastres (México, 2008, Instituto Mora/Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres), el también maestro en urbanismo cuestiona que se haya considerado que lo concerniente a la protección civil sea parte de la seguridad nacional. “Se inserta esta ideología de control”, señala.
En entrevista con Contralínea, detalla que, en realidad, todos estos desastres son sociales. Hay fenómenos potenciadores o que incrementan los daños y que pueden ser de origen natural o antropogénico. Pero, insiste, los desastres son sociales. Y generalmente tienen responsables, que se ocultan bajo estas ópticas militares y de seguridad nacional. “Así resulta que no hay responsables, pues fue ‘la naturaleza’ la que hizo los daños”. Ejemplifica con los terremotos de septiembre de 2017.
“El desastre no fue el sismo. Fue la corrupción inmobiliaria; la falta de regulación y planeación urbana; la negligencia institucional, que a la fecha sigue. Naturaliza los problemas para que nos vayamos con la finta del ‘desastre natural’. Hay que tener mucho cuidado. Decir ‘desastre natural’ forma parte de una ideología que permite que haya evasión de responsabilidades.”
Abunda en que bajo esta óptica se les adjudican los daños a los huracanes, cuando estos fenómenos hidrometeorológicos solamente van a evidenciar las condiciones de vulnerabilidad que existen.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que para atender el riesgo de los “desastres naturales, sanitarios y antropogénicos”, las Fuerzas Armadas seguirán coadyuvando con el Sinaproc mediante “acciones conjuntas”. Lo anterior, con el “objeto de mitigar los daños y efectos ocasionados por desastres que repercuten en la población, por los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo”.
En el documento estratégico militar se señala que, ante este tipo de riesgo, las Fuerzas Armadas deben “llevar a cabo el equipamiento y adiestramiento conjunto de [sus] unidades, dependencias e instalaciones”. Sólo así podrán “consolidar una reacción inmediata y eficiente”.
Además, los militares mexicanos promoverán la creación de un “Sistema de Defensa Civil para involucrar a la sociedad como un elemento activo en su autoayuda en casos de desastre y emergencias”.
En esta materia, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto no limita la acción de las Fuerzas Armadas Mexicanas al interior de las fronteras del país:
“En caso de que otro país amigo sufra daños por desastres naturales, por orden del Ejecutivo federal y previa autorización del Senado de la República, las Fuerzas Armadas participarán en operaciones de ayuda humanitaria, siempre y cuando [los países “amigos”] soliciten auxilio a la comunidad internacional y al Estado mexicano, estableciendo puentes aéreos y marítimos, así como realizar actividades de apoyo y labor social.”
El doctor Daniel Rodríguez Velázquez señala que es momento de considerar a la seguridad nacional en un sentido más amplio. Reprueba que se lleve a la protección civil a términos militaristas pero no se asuma que la seguridad nacional estaría estrechamente relacionada con el desarrollo de la población, las condiciones de vida digna, la participación de la sociedad en la toma de decisiones democráticas. “Ni siquiera la alimentación es considerada un asunto de seguridad nacional en México”.
Situación geoestratégica
La situación geopolítica del país es de dos tipos. Señala el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que, por un lado, incluso podría considerarse “una de las ventajas comparativas de la nación”. Explica: en un mundo globalizado y de intensos intercambios comercialices, la posición geográfica de México le posibilita generar recursos financieros “con movilidad” en una de las regiones más dinámicas del mundo.
Esta misma ventaja se traduce en “la posibilidad” de que otro país pretenda emplear el territorio mexicano para afectar o atacar a Estados Unidos. A esta condición se le llama en el documento “avenida de aproximación”.
Para hacer frente a la compleja situación geoestratégica de México, en principio el Plan Militar se propone “inhibir la posibilidad de emplear a México como plataforma para afectar a un tercer país”. Tal propósito se logrará “mediante el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Militar, la potenciación de las capacidades de las Fuerzas Armadas y un despliegue disuasivo en el territorio nacional”.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que México tiene atado su destino al de Estados Unidos.
Posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), explica que es un asunto de geografía: de manera natural “estamos atando lazos en las compras militares, adquisición de tecnología estratégica y telecomunicaciones al mercado de Estados Unidos. México no puede salirse de su vecindad ni mudar su domicilio a otro continente”.
Profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y, entre otras instituciones, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en entrevista con Contralínea considera que tales lazos se reforzarán ante la disputa de Estados Unidos con China. Por ello, es importante que la diplomacia mexicana tenga la habilidad de “no importar las amenazas y conflictos de ese país”. Además, también es del interés de Estados Unidos que México mantenga buenas relaciones con otros países para no ser vulnerable.
Conflictos regionales
De esta manera, muchos de los principales conflictos que padece México son de carácter trasnacional y son compartidos con los países de América del Norte y de América Central.
José Francisco Gallardo Rodríguez, doctor en administración púbica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y general brigadier del Ejército Mexicano, enlista algunos de estos conflictos regionales: el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la debilidad de los Estados.
El Plan Militar abunda en que, para atender este riesgo, es necesario “modernizar los sistemas de armamento de las Fuerzas Armadas, adquiriendo tecnología que permita contar con una fuerza disuasiva que inhiba cualquier tipo de intención de otros Estados para utilizar el territorio nacional como plataforma hacia un tercer país, con la intención de dañarlo y que, como consecuencia, afecte la infraestructura estratégica nacional”.
Además, es imperioso “modernizar y complementar el sistema de vigilancia y control aéreo, transformándolo en un sistema conjunto con radares de vigilancia aérea, marítima y terrestre, que permita la identificación de cualquier tipo de antagonismo en el territorio nacional y en las áreas en las cuales se ejerce jurisdicción y derechos de soberanía conforme al derecho internacional, contra la infraestructura de producción estratégica, que ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo del país”.
Posdoctorado en estudios latinoamericanos por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y preso político entre 1993 y 2002, Gallardo Rodríguez señala que el fracaso de los Estados ante estas amenazas y riesgos asimétricos se explica porque se están combatiendo “con los mismos criterios que se utilizaron en la Guerra Fría, con los mismos sistemas de inteligencia, formas y maniobras tácticas de entonces”.
Las nuevas amenazas asimétricas, señala en entrevista con Contralínea, deben atacarse desde el punto de vista del contexto. Ejemplifica con la corrupción: “No se acabará atacando a la policía corrupta, sino a las fuentes y el origen de la corrupción, es decir, a las estructuras de poder de la administración pública, de seguridad y de gobierno”.
Ausencia de alianzas en aspectos de defensa
Las Fuerzas Armadas Mexicanas destacan que “es clara la ausencia de alianzas [de México] en aspectos de defensa”. Explican que esta situación es resultado de “la vocación pacifista de la política exterior mexicana”. Consideran que esta situación “provoca aislacionismo en aspectos de defensa y limita la capacidad de ser disuasivos”.
En el documento clasificado como “secreto”, se establece que ante el riesgo identificado como “ausencia de alianzas en aspectos de defensa”, las Fuerzas Armadas promoverán “una política exterior que incluya una agenda activa en asuntos de seguridad y defensa a nivel regional”.
A este respecto, agregan que buscarán participar “en foros internacionales, ejercicios combinados, intercambios en materia de capacitación y reorientando las actividades de los agregados militares en el extranjero” (sic).
El especialista en Fuerzas Armadas y en seguridad nacional Guillermo Garduño Valero explica que la doctrina de la Defensa Nacional se estructura poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en 1937 se pasa de Secretaría de Guerra y Marina a Secretaría de la Defensa Nacional.
El doctor en Sociología por la UNAM y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) apunta que se trata de un cambio ideológico importante: la directriz es la defensa de la nación.
“Esta idea va a acompañada de una ideología de corte nacionalista. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de alianzas se define a partir de lo que sería la lucha Este-Oeste. Este conflicto durará hasta 1991. Se desecha la ‘amenaza comunista’ y se cancela la posibilidad de que el socialismo predominara en el mundo y comienza a restructurarse el orden internacional.”
Lo que a continuación ocurrió no fue lo que deseaban los estadunidenses: una paz octavianadonde Estados Unidos regiría al mundo. Lo que vino fue la alianza que constituyó la Unión Europea, y la emergencia de China como potencia comercial y militar. Hoy el mundo es multipolar.
Conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales, Garduño Valero señala que México quedó dentro del Comando Norte de Estados Unidos. La potencia vecina coloca al territorio mexicano como parte de su proyección internacional más inmediata.
“Visto así, la idea de los nacionalismos ya no se justifica y la exigencia misma está dada por la necesidad de alianzas de carácter militar. Estas alianzas surgen en cuatro terrenos de primera importancia: de carácter tecnológico-militar, pues la tecnología militar ha evolucionado como nunca antes la historia humana; de restructura organizativa, pues los ejércitos actuales se reducen en tamaño pero aumentan eficacia; de estrategia, pues los acuerdos comerciales van a la par y de la mano de las alianzas militares; y de factores de energía, ya que han entrado en declive el uso hidrocarburos y en menos de 10 años tendremos todas las energías alternas y serán éstas las que movilicen a las tropas.”
Guillermo Garduño Valero advierte en entrevista con Contralínea que “cualquier planteamiento donde México se quede rezagado en esta materia de alianzas, automáticamente estará corriendo el riesgo de la desintegración, porque otras fuerzas en el escenario internacional comenzarían a disputarse nuestro territorio.”
Pérdida de gobernabilidad y gobernanza
Las Fuerzas Armadas observan en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que la falta de servicios elementales, o la precariedad de éstos, posibilitan que grupos de la delincuencia organizada trasnacional y “grupos con intereses desafectos al estado de derecho” coopten a poblaciones.
El resultado de esta situación es una pérdida de gobernabilidad y gobernanza. Explica este riesgo como consecuencia de “la complejidad multicultural propia de las distintas regiones del país” y de la “insuficiencia del Estado para atender cada elemento cultural en toda su dimensión social”. La combinación de estos dos elementos provoca que “la dinámica intercultural se aleje de los intereses propios de la sociedad mexicana”.
El politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez Medina señala que Enrique Peña Nieto deja un México en una situación de ingobernabilidad y con déficit de gobernanza.
Doctor en estudios políticos y sociales con orientación en ciencia política por la UNAM, Ramírez Medina explica que la gobernabilidad está vinculada al concepto de legitimidad, estabilidad, control de los conflictos y la negociación interna. La gobernanza, a la administración interna que busca eficiencia: lograr objetivos independientemente de la aceptación o no de la población; busca establecer un orden que permita hacer más con menos.
En este sexenio, considera, lo que se buscó solamente fue la gobernanza, sin éxito. De la gobernabilidad, ni el intento se hizo. El sexenio que finaliza estuvo marcada en esta materia por el llamado Pacto por México: la realización de tres reformas “estructurales” (la laboral, la energética y la educativa).
“Se buscaban determinados resultados y alcanzar ciertos objetivos medibles, sin entender la circunstancia en que se encontraban esos ámbitos. Con respecto de la reforma educativa, se pensaba que se trataba solamente de un asunto de ‘capacitación’ de los maestros sin considerar el entorno y el medio. Lo mismo con el sector energético: se piensa que sólo es petróleo, cuando es energía estratégica en todas sus variantes y su generación. Y en la reforma laboral, ahora se pretende que el trabajador se jubile a sí mismo y que el sindicato sea el capataz o el jefe de obra porque es el que va marcando los tiempos, los ritmos y las cargas laborales.”
Profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en entrevista con Contralínea enlista los problemas de gobernabilidad que hoy padece el país: “Déficit de confianza: dejamos de confiar en los poderes legalmente establecidos, tanto nivel local, estatal o federal; crisis de confianza en las instituciones; falta de credibilidad: las personas no vislumbran que se corregirán los desaciertos y que se mejorará su calidad de vida, y la falta de justicia: más allá de inseguridad es la impunidad la que ha enseñoreado al crimen organizado durante los últimos 15 años.
Valeriano Ramírez destaca que “de no revertirse esta falta de gobernabilidad estaremos ante un colapso de la nación, una ruptura interna”. Si el nuevo gobierno no logra revertir la inmovilidad social, seguirán creciendo las fuerzas alternas; y puede ocurrir que de manera generalizada ya no sea el gobierno o el Estado el que controle las cuestiones internas sino que sean los grupos alternos: el crimen organizado, los grupos de presión; o, incluso, a los grupos de tensión: los armados, la guerrilla.
Zósimo Camacho/José Réyez
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Re: México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
rip 07.12.18 18:29
AUTOR: JOSÉ REYEZ Y ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA
Tlatlaya, Ayoztinapa, El Palmarito, Nuevo Laredo… los militares –soldados y marinos– suman en este sexenio más masacres a la lista interminable de hechos violatorios a los derechos humanos en que se han visto involucrados. El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, sin autocrítica alguna, dice que respetar las garantías individuales es uno de los 11 desafíos que enfrenta México
Tercera parte
Once “desafíos” al Estado mexicano observan las Fuerzas Armadas en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto. Se trata de situaciones delicadas, detectadas en los “escenarios para la seguridad interior y defensa exterior” que podrían constituirse en “riesgos” (Contralínea 615) o, peor aún, en “amenazas” (Contralínea 614) a la sobrevivencia de México.
Los desafíos señalados en el documento “secreto”, del que Contralínea posee copia, incluyen las violaciones a los derechos humanos, las fallas estructurales del sistema político mexicano, las vulnerabilidades económicas y las de carácter “geográfico” o natural. Pero también aquellos que son responsabilidad de la población: se deteriora aceleradamente la identidad nacional y se desvanecen los rasgos culturales que cohesionan a los mexicanos.
Los 11 desafíos que obstaculizan la salvaguarda, seguridad y permanencia del Estado mexicano son: la situación geopolítica; la dependencia tecnológica del extranjero para el sector defensa; la inobservancia de los derechos humanos; el sector educativo rezagado; la falta de oportunidades para el desarrollo humano; la deficiente identidad nacional; la falta de inversión en defensa; el deterioro del tejido social; el crecimiento económico limitado; la desconfianza mutua entre Estados, y el deficiente sistema de procuración de justicia.
Tales desafíos, sumados a las amenazas y riesgos a la seguridad interna y externa de México, confirman el diagnóstico de las Fuerzas Armadas: el Estado mexicano enfrenta un panorama adverso para asegurar su permanencia.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto –firmado por los actuales titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón Sáenz– se define al “desafío” como “evento que, sin constituir amenaza o riesgo a la seguridad interior y a la defensa exterior, afecta negativa y directamente al poder nacional y hace necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas”.
Situación geopolítica compleja
La geopolítica es una de las condiciones que más preocupa a las Fuerzas Armadas. Incluye esta variable tanto en las amenazas como en los riesgos y en los desafíos. La vecindad con Estados Unidos y la competencia cada vez más intensa entre potencias podría provocar que se atentara contra la soberanía mexicana.
De acuerdo con el documento, las posibilidades de agresión externa son de tres tipos. La primera podría ser una agresión directa de Estados Unidos al considerar que su propia seguridad o intereses están en riesgo. La segunda, de alguna potencia de otra región que busque dañar a Estados Unidos a través de México. Y la tercera que tanto Estados Unidos como otras potencias tomen el territorio mexicano como escenario de guerra.
El especialista en Fuerzas Armas y seguridad nacional Guillermo Garduño Valero señala que “definitivamente México es un escenario de guerra, en términos de intereses, entre las potencias mundiales”. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh explica que como las potencias no pueden declararse la guerra directamente entre ellas, se enfrentan en los países periféricos.
“Es inviable el uso de armas nucleares. Ese tipo de guerra acabaría con todo y con todos. Las guerras entonces se tienen que dar en los países periféricos. Ahí es donde las potencias se confrontan. Nosotros tenemos que pensar entonces cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es absolutamente endeble.”
El conferencista en el Colegio de Defensa Nacional (CDN) de la Sedena y en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) señala que la primera hipótesis de guerra, es decir, cuál sería el enemigo a vencer desde un punto de vista militar, sería Estados Unidos. Es un asunto histórico: “De ellos hemos recibido el mayor número de agravios”.
Sin embargo, explica Garduño Valero, esta posibilidad está casi cancelada “dada la asimetría existente” entre las Fuerzas Armadas de ambos países.
Para atender el desafío que implica la situación geopolítica, la Sedena y la Semar proponen en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto “modernizar los sistemas de armamento de las Fuerzas Armadas Mexicanas”. El objetivo es que con la adquisición de tecnología de punta se cuente “con una fuerza disuasiva que inhiba cualquier tipo de intención de otros Estados para utilizar al territorio nacional como plataforma hacia un tercer país, con la intención de dañarlo y que como consecuencia afecte la infraestructura estratégica nacional”.
También señala que es necesario “modernizar y complementar el sistema de vigilancia y control aéreo”. Los militares mexicanos encuentran necesario construir “un sistema conjunto con radares de vigilancia aérea, marítima y terrestre que permita la identificación de cualquier tipo de antagonismo en el territorio nacional y en las áreas en las cuales se ejerce jurisdicción y derechos de soberanía conforme al derecho internacional, contra la infraestructura de producción estratégica que ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo del país”.
Dependencia tecnológica militar del extranjero
Las Fuerzas Armadas señalan en el Plan Militar que es urgente que México dé pasos firmes en revertir la dependencia que padece el país en materia de tecnología militar.
“Se denota un marcado rezago científico y tecnológico en México” que provoca una “dependencia del extranjero para el sector defensa”. Por ello, en el documento se establece como una necesidad “efectuar acciones contundentes para reducir esta brecha tecnológica, a fin de alcanzar una situación que permita contrarrestar este tipo de desafíos y estar en igualdad de circunstancias con países desarrollados tecnológicamente”.
El doctor Guillermo Garduño señala que, en efecto, el armamento con que cuenta México es muy pobre. El fusil FX05 Xihuacóatl es la única patente realmente de importancia, usada como armamento de carácter ligero por el Ejército Mexicano.
“Es el arma oficial [de las Fuerzas Armadas]. Es una patente de la ingeniería militar de México. Prácticamente la única relevante”, señala el especialista. Explica que los militares mexicanos también construyen tanquetas adaptadas y cuentan con una fábrica de herramientas y cartuchos acondicionada para atender las necesidades de reparación de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire.
En el documento se ordena reducir tal dependencia tecnológica en materia militar y articular las necesidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas con la industria nacional. Lo anterior pretende logarse “mediante el fortalecimiento tecnológico de defensa, la integración de capacidades del mercado nacional, infraestructura estatal, de las instituciones educativas y de la iniciativa privada”. Así, según el documento, se podrá conseguir “un nivel de autosuficiencia que permita el sostenimiento de las capacidades militares”.
Lo cierto es que el problema no puede solucionarse ni en el mediano plazo. El doctor Guillermo Garduño explica que “el problema es estructural, no se puede suprimir y viene desde la época de la Revolución. Definitivamente no tenemos la capacidad para lograr la autonomía en armamento para las Fuerzas Armadas”.
Y las dificultades no sólo son internas. El también catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana explica que hay candados externos que hacen muy difícil que México produzca más armas o diversifique sus compras. “Las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales impedirían que México se convierta en un país armado”.
Por su parte, el general Francisco Gallardo Rodríguez considera que México sí debe diversificar sus compras de armamento para romper la dependencia de Estados Unidos “sin pedirle permiso”.
El general señala que esta dependencia también provoca otra vulnerabilidad. Hay que ajustar el sistema de armamento militar a la orografía del país. Ejemplifica con la concentración de unidades blindadas en la Ciudad de México, cuando donde operan son en las planicies, como las del Norte de la República.
Inobservancia derechos humanos
Las Fuerzas Armadas Mexicanas reconocen que para ellas los derechos humanos siguen siendo un “desafío”. Asientan en el documento su intención de respetarlos.
“El Estado mexicano se empeña en la tarea de procurar el bienestar y la seguridad que los mexicanos merecen, actuando con toda la fuerza del Estado en la persecución del delito”. Y apunta que estas “acciones no pueden alejarse de los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y garantías individuales que [son] los pilares fundamentales en que se sustenta la democracia y el bienestar social”.
Sin embargo, lejos de avanzar en este rubro señalado en Plan Militar, durante el sexenio que termina se aprobó una Ley de Seguridad Interior que propicia la violación de derechos humanos por parte de los militares.
A decir del antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el legado de Enrique Peña Nieto es la Ley de Seguridad Interior, “que le da carta de naturalización a una militarización que atenta contra los derechos humanos de la población”.
Y Guerrero, explica el premiado nacional e internacionalmente por defender los derechos humanos, es un ejemplo claro de lo que ha significado la militarización “desde la guerra cruenta de la década de 1960, donde nunca se hizo justicia y las familias siguen buscando a sus padres y hermanos desaparecidos”.
Señala el caso de Rosendo Radilla, donde a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano no ha dado con el paradero de Rosendo ni mucho menos ha investigado a los responsables: elementos del Ejército Mexicano.
Si en verdad las Fuerzas Armadas intentaron cumplir con los derechos humanos, como señala el documento, fracasaron. El Plan data del 30 de julio de 2013, pero 11 meses después efectivos del Ejército Mexicano cometían una de las masacres recientes más importantes: la de Tlatlaya.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Luego los militares se verían involucrados –al menos por omisión– en un hecho que cimbró a México y el mundo: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 policías municipales e integrantes de la delincuencia atacaron a los estudiantes en Iguala, Guerrero. Además de los 43 desaparecidos, se cuentan por estos hechos nueve personas fallecidas y 27 heridos.
En Palmarito Tochoapan, Puebla, el Ejército Mexicano ejecutó extrajudicialmente a un supuesto delincuente y sembró pruebas a cadáveres de inocentes, también concluyó una investigación de la CNDH. Los hechos ocurrieron la noche del 3 de mayo de 2017. El Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en otras violaciones graves, como el atropellamiento deliberado de dos civiles.
Además, la Armada de México ha tenido que someter a investigación a 257 marinos (tres capitanes, 24 oficiales y 230 clases y marinería) por la desaparición forzada de 56 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto los militares se proponen “evitar que el personal de las Fuerzas Armadas, durante sus acciones en el territorio nacional, violen los derechos humanos. Dicen que para lograr este objetivo se instrumentan ya “acciones de capacitación, concienciación y el uso de reglas para uso de la fuerza comunes”. Agregan que para ello cuentan con el apoyo de la CNDH y de las comisiones estatales de derechos humanos.
Cuando los militares dicen que actúan en apego a la protección de los derechos humanos “es una declaración para consumo mediático; dista mucho que su conducta esté centrada en el respeto a los derechos humanos”, dice el defensor Abel Barrera. Los militares mexicanos están entrenados, explica el director de Tlachinollan, “para ver a las personas como enemigos, a los ciudadanos como adversarios; siempre como un peligro, nunca como aliados; siempre como de quienes hay que desconfiar”.
Los militares cierran el sexenio en materia de derechos humanos “con un portazo a las víctimas de la violencia, un portazo al reclamo de verdad y justicia”, señala Abel Barrera, premiado por Amnistía Internacional y el Centro JFK, entre otras organizaciones internacionales.
Sector educativo rezagado
Las deficiencias educativas de la población son consideradas también por las Fuerzas Armas como un desafío que atenta contra la nación. No sólo porque limita el desarrollo nacional sino porque no se difunden valores “nacionales” que de cohesión y fortalezcan el sentido de pertenencia entre los mexicanos.
Por ello, los militares señalan que están dispuestos a “coadyuvar con el Sistema Educativo Nacional mediante la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de labor social, llevando educación y cultura a la población que habita en lugares inaccesibles de la geografía mexicana y contribuyendo a su vez con la enseñanza cívica de valores patrios”.
Falta de oportunidades para el desarrollo humano
La falta de movilización social, la pobreza y la imposibilidad de millones de mexicanos para mejorar su situación económica y social son consideradas en conjunto un riesgo para la estabilidad del país.
Para el general Francisco Gallardo Rodríguez el caos que enfrenta México es responsabilidad directa de un Estado que abdicó en la defensa de la nación; un gobierno que se corrompió y colapsó; un Congreso complaciente e inoperante, y una clase política empeñada e entregar el país a los intereses del gran capital internacional.
“El resultado: un sistema de opresión en el que la sociedad está inerme y temerosa”, subraya el también doctor en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Las capacidades de las Fuerzas Armadas también podrían ser empleadas –a decir del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto– para atender este riego.
La Sedena y la Semar se proponen “realizar acciones conjuntas de labor social de las Fuerzas Armadas, capacitando y produciendo empleos ocupacionales que propicien los espacios para el desarrollo humano, con prioridad en las comunidades marginadas del país, para fortalecer las acciones del gobierno que tengan como fin el desarrollo pleno de la sociedad”.
Deficiente identidad nacional
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto advierte que el narcotráfico no sólo es un negocio ilegal e ilícito sumamente violento. Además de los asesinatos, desapariciones y desplazamientos que provoca, también genera daños de tipo sicosocial.
“Este fenómeno [el narcotráfico] ha atraído a jóvenes y adultos que han caído en la falta de compromiso, conduciéndose con apatía y carencia de valores”. El documento agrega que estas personas, “influenciadas por culturas extrañas, sectas o de otra índole, resultan en la deficiencia de la identidad nacional”.
Para enfrentar este desafío, las secretarías militares del país se proponen “promover la identidad nacional, que sirva de sostén permanente en las diversas acciones que se realicen para concretar las aspiraciones y los objetivos nacionales”.
Para ello, las Fuerzas Armadas buscan involucrarse más en el Sistema Educativo Nacional para impartir educación cívica y plantean “una reingeniería del Sistema Militar Nacional que logre forjar en cada ciudadano un mexicano identificado con su patria”.
Además, los militares se proponen “coadyuvar con actividades de labor social en las acciones realizadas por los tres órdenes de gobierno, con objeto de fortalecer el sentimiento de la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios, en donde la participación de las Fuerzas Armadas sea relevante, con el desarrollo de operaciones conjuntas y acciones sociales tendientes a revertir [la deficiente identidad nacional], conservando la estabilidad social”.
Falta de inversión en defensa nacional
En dicho Plan Militar las Fuerzas Armadas consideran que el presupuesto que reciben no se corresponde con el tamaño del país y de sus recursos.
“Actualmente se reconoce a México por sus vastos recursos naturales, grandes extensiones de territorio, zonas marítimas, plataforma continental y espacio aéreo, y por el papel que juega en el entorno económico, que lo ubica en el décimo tercer lugar internacional y segundo lugar a nivel regional latinoamericano. No obstante, su presupuesto de defensa se ha mantenido en el 0.49 por ciento del producto interno bruto, lo que lo coloca en el lugar 162 de 171 países en el mundo, y en el penúltimo lugar latinoamericano de 19 países.”
El documento señala como una “incongruencia” la relación entre el presupuesto militar y “la magnitud de lo que se tiene que proteger”. A decir del texto clasificado como “secreto”, ésta es la causa de que México tenga “unas Fuerzas Armadas fuertes para la seguridad interior pero vulnerables en la defensa exterior”.
Garduño Valero está de acuerdo en que “es escaso lo que se está gastando para la cantidad de factores en los que hay que hacer intervención; y no poseemos una estructura de defensa importante”. Lo paradójico es que “tampoco tenemos un Ejército modesto”.
Para el general Gallardo “tenemos un Ejército cargado de dinero: el presupuesto de Defensa Nacional subió 120 por ciento desde que Felipe Calderón [en diciembre de 2006] declaró la guerra contra el narcotráfico; y eso no sirvió para nada”.
Concluye el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que “la falta de inversión en defensa limita las capacidades del país, toda vez que se carece de un presupuesto militar que permita el desarrollo de las Fuerzas Armadas así como de un fondo permanente para ser empleado en un escenario catastrófico”.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), señala que el destino de compras militares, adquisición de tecnología estratégica y telecomunicaciones está atado al mercado de Estados Unidos.
Destaca que, en efecto, México es de los países que menos dinero invierte en asuntos de defensa. El también maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala que el país invierte menos del 1 por ciento del producto interno bruto.
“Es un tema que se debe abordar como una inversión en defensa nacional: en desarrollo tecnológico para la defensa de las instituciones, lo cual se traduce en investigación científica para promover la economía nacional”, señala Rodríguez Sánchez Lara. Agrega que con éxito esta política ya ha ocurrido en Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil.
Deterioro del tejido social
Además, observa el documento, otra causa del deterioro del tejido social es la incapacidad del Estado para cubrir todas las regiones del país: “La geografía mexicana, caracterizada por grandes contrastes de difícil acceso trae consigo que las poblaciones alejadas de la infraestructura de telecomunicaciones caigan en deterioro de tejido social”. En el Plan Militar se señala que lo anterior es resultado de “las carencias en servicios de salud y bienestar elementales”.
Crecimiento económico limitado
Según el documento elaborado por las tres Fuerzas Armadas Permanentes (el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México), la precaria situación económica es resultado también de la delincuencia.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto argumenta: “La multiculturalidad propia de las distintas regiones del país se hace manifiesta ante la insuficiencia del Estado para atender cada elemento cultural en toda su dimensión social. Consecuentemente, la dinámica intercultural se aleja de los intereses propios de la sociedad mexicana y produce condiciones que son empleadas por la delincuencia organizada trasnacional, cuya actividad genera un crecimiento económico limitado en las partes más alejadas de la geografía nacional”.
Desconfianza mutua entre Estados
El escenario internacional es de observancia fundamental para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Advierten que la generación de conflictos entre las naciones puede derivar en una agresión al país.
Por ello, señalan que en los foros internacionales México debe “propiciar el claro entendimiento de la relación entre las naciones, manifestando las medidas de confianza mutua que inhiban conflictos y malos entendidos en el ámbito internacional”.
Señala que esta agenda mexicana en el concierto internacional debe actualizarse. También, México debe hacer esfuerzos por “evitar que se generen actividades que atenten contra el objetivo fundamental de entendimiento entre las naciones”.
Deficiente sistema de impartición de justicia
El Plan Militar de Defensa Nacional reconoce que la inseguridad “gobierna áreas geográficas aisladas de México”. Esta situación conlleva un ambiente de deficiente procuración de justicia”. Además, señalan las Fuerzas Armadas al “sistema policial” por su “pérdida de credibilidad.
Todo ello “produce una cultura de no denuncia y de impunidad” y genera también “espacios propicios para la realización de actividades ilícitas que afectan negativamente al Estado”.
Para el general Francisco Gallardo Rodríguez el sistema de justicia que hay en México es cómplice de violaciones a la Constitución y los derechos humanos. En entrevista con Contralínea, señala que lo anterior se demuestra con la violación sistemática a los derechos humanos que se vive en el país: los asesinatos impunes se cuentan por cientos de miles (más de 200 mil en una década, según la Federación Internacional de los Derechos Humanos); las personas desaparecidas por decenas de miles (más de 37 mil según los datos más recientes del Registro Nacional a cargo de la Secretaría de Gobernación); y los 325 mil desplazados contabilizados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
“Una crisis humanitaria de gran envergadura nunca antes vista en la historia del país”, resume Gallardo Rodríguez.
José Réyez / Zósimo Camacho
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Re: México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
rip 07.12.18 18:31
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA Y JOSÉ REYEZ
Las Fuerzas Armadas Mexicanas son fuertes para la “seguridad interna”, pero incapaces de defender al país de una agresión. El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto reconoce que los mexicanos están indefensos por cielo, mar y tierra, a pesar del constante aumento del presupuesto militar
Cuarta de cinco partes
Las capacidades de las Fuerzas Armadas Mexicanas apenas alcanzan para reprimir protestas, sofocar insurrecciones y contener precariamente a la delincuencia organizada. La gloria que el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana pueden alcanzar no es la de la defensa de la patria sino la de combatir a activistas, guerrilleros y delincuentes domésticos en las calles citadinas o brechas rurales del propio territorio nacional.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto desnuda a unas Fuerzas Armadas diseñadas y organizadas para afianzar al grupo en el poder, disuadir y destruir a todo aquello que internamente lo rete, pero incapaces de defender a la nación.
Organización inadecuada; falta de actualización de doctrina y adiestramiento; carencia de materiales y recursos humanos básicos; obsolescencia de equipos; incapacidad para coordinar operaciones de guerra… es la realidad que aceptan las Fuerzas Armadas Mexicanas en el documento secreto, elaborado por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), al que Contralínea ha tenido acceso.
Todo, cuando en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto cuentan con un presupuesto autorizado, de manera conjunta, por 112 mil 328 millones de pesos, el 35 por ciento más, en términos nominales, del de 2013, cuando recibieron 82 mil 675 millones. Descontando la inflación, en términos reales, el aumento presupuestal para las Fuerzas Armadas ha sido del 17 por ciento.
La crisis es estructural. El propio despliegue –basado en regiones y zonas militares, navales y áreas– parece más el de un ejército de ocupación y contención que el de uno de defensa. El documento reconoce que la disposición de las Fuerzas en el territorio nacional responde más a factores “políticos” que a necesidades de defensa nacional.
Consultado sobre las capacidades de las milicias mexicanas, el especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional Guillermo Garduño Valero explica que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea nunca contaron con un proyecto serio de desarrollo.
Conferencista en el Colegio de Defensa Nacional de la Sedena y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Semar –entre otros centros de seguridad y defensa nacionales–, Garduño Valero explica que las Fuerzas Armadas Mexicanas “quedaron replegadas a la voluntad del Poder Ejecutivo, que las emplea como un factor de coerción sobre la sociedad y los movimientos sociales, y también como una forma de control sobre los gobiernos de los estados”.
El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh juzga que “México no posee una estructura de defensa importante”. Señala que “para la cantidad de factores en los que tienen que intervenir las Fuerzas Armadas, es muy escaso lo que se está gastando”. La paradoja es que “no poseemos tampoco un Ejército modesto”.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado por la Cámara de Diputados federal, se destina para este año un monto de 81 mil 21 millones 903 mil 813 pesos para la Sedena (que organiza y administra al Ejército y a la Fuerza Aérea) y de 31 mil 305 millones 775 mil 196 pesos para la Semar (a cargo de la organización y administración de la Armada).
“Necesitamos un Ejército ligero y no uno cargado de dinero”, señala el general José Francisco Gallardo Rodríguez. El también doctor en administración pública por la UNAM señala que es urgente una reforma a las Fuerzas Armadas “porque el presupuesto de defensa no sirve para nada: ha subido 120 por ciento desde que Calderón declaró la guerra (2006)”.
Preso político en cárceles militares (1993-2002) por proponer un defensor de derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas, explica que, ante el fracaso de las milicias mexicanas, se debe revisar el presupuesto que se destina a la compra de material de guerra.
Y es que, considera, México debe contar con unas Fuerzas Armadas sui géneris por estar frente a la potencia militar más importante del mundo. Lo cierto es que actualmente “el día que Estados Unidos se quiera meter [a territorio mexicano], se mete”.
En conjunto, las tres Fuerzas Armadas suman 270 mil 314 efectivos. Todas carecen de un sistema de interoperabilidad, es decir, un sistema que les permita actuar coordinadamente. Por lo tanto, no tienen la capacidad de actuar de manera conjunta en un escenario de guerra. Además, no cuentan con los recursos humanos capacitados suficientes y la mayoría de los sistemas básicos de defensa están inoperantes.
En lo que también coinciden es que sí tienen capacidades para mantener a raya a los movimientos sociales y guerrilleros y pueden enfrentar al narcotráfico, aunque no vencerlo.
En suma, la milicia de tierra está desplegada para contener a la población; la del mar no cuenta con buques armados; la del aire, tiene modestos seis aviones de combate con fuego para 2 días.
Ejército: en tierra, despliegue represivo
Señala el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que el Ejército Mexicano “en tiempo de paz” puede desarrollar su ejercicio de mando: lo comandantes se empeñan en la supervisión, la concepción, la planeación y la dirección de las operaciones militares.
Sin embargo, reconoce el documento, tanto el material con el que se cuenta como el adiestramiento son insuficientes para las operaciones en campaña. Apunta que ambos aspectos deben ser actualizados y fortalecidos hacia la conducción de operaciones de combate, “apoyados en una sólida doctrina que se actualice constantemente, toda vez que se considera que el Ejército es fuerte respecto a las seguridad interior pero vulnerable para defensa exterior”.
Incluso en la organización actual del Ejército se carece de componentes militares que hagan posible las operaciones castrenses para la defensa exterior. El documento agrega que la ausencia de interoperabilidad también es resultado de la falta de “recursos humanos aptos y acordes con los requerimientos de las actividades militares”.
Acepta el Plan Militar que la organización del Ejército, basada en Regiones y Zonas Militares, sólo atiende “a las necesidades de orden interno y se basa en los factores de índole político y económico, dejando de lado las necesidades operativas militares que pudieran requerirse en caso de un conflicto armado”.
Lo mismo ocurre en materia de inteligencia militar. La constitucional Fuerza Armada Permanente más numerosa del país reconoce en el documento secreto que todo su sistema de inteligencia está “orientado al ámbito de la seguridad interior y el narcotráfico”.
Por esta condición, la organización, las técnicas y los procedimientos para la producción de inteligencia estratégica, operacional táctica y para las operaciones de campaña “deben incrementarse y mantenerse desarrollando a la par de lo que nuestro país representa en el entorno internacional”.
Además, el Ejército “se encuentra limitado en tanques, artillería y vehículos artillados en comparación con la mayoría de los países sudamericanos”.
El Ejército cuenta con 203 mil 166 elementos. De ellos, 104 mil 647 son personal de arma; 80 mil 574 constituyen el personal de los servicios técnicos, y 17 mil 974 suman los de los servicios administrativos y generales, señala el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
El documento apunta que “dicho personal está distribuido orgánicamente por los organismos de las diferentes jurisdicciones de los mandos territoriales, y cada cual desempeña funciones acordes con su especialidad”.
Además, los efectivos cuentan con armamento individual (pistolas, carabinas, fusiles y escopetas), colectivo (ametralladoras, morteros y lanzacohetes) y de acompañamiento (cañones, lanzacohetes y morteros de pequeño calibre) y armas de apoyo terrestre (obuseros y morteros).
El Plan Militar también señala que “para cumplir con sus misiones”, el Ejército Mexicano cuenta con un parque vehicular de 18 mil 405 unidades de diferentes características: 12 mil 944 administrativos, 3 mil 966 de enlace y reconocimiento, 1 mil 264 blindados de reconocimiento y 165 embarcaciones ligeras. También cuenta con un sistema ferroviario con 118 unidades, entre coches, plataformas, furgones y otros.
En cuanto a la infraestructura, el Ejército cuenta con un Cuartel General Superior, en donde se encuentra el Alto Mando y su Estado Mayor, y Cuarteles Generales en las 12 Regiones Militares, 46 Zonas Militares y en un Cuerpo de Ejército.
“Estos Cuarteles Generales se encuentran en campos militares que se ubican atendiendo a la división política del país, en donde cada campo militar alberga unidades, dependencias e instalaciones.”
La inteligencia del Ejército Mexicano se articula en un Sistema de Inteligencia Militar con cuatro niveles. En el primer nivel se encuentra la Subjefatura de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que define los objetivos estratégicos y líneas de acción a implementar para dirigir la búsqueda de información orientada a la obtención de productos de inteligencia, que puedan ser explotados en beneficio de las misiones constitucionales y orgánicas, así como las interinstitucionales”.
Señala el documento que las funciones del segundo nivel “son similares” a las del primer nivel, pero desarrolladas en las Regiones. El tercer nivel es el correspondiente a las Zonas. Y el cuarto nivel a “las guarniciones militares con sus Grupos de Análisis de Orden Interno y a las Unidades tipo Corporación con sus Pelotones de Información”.
Con respecto de investigación aplicada, el Ejército Mexicano cuenta con el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea (CIDEFA). Su misión es “realizar investigación en las ciencias militares, tecnológicas y biomédicas”.
De este Centro, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto dice que “podrá garantizar, conjuntar, priorizar, coordinar y controlar los proyectos de investigación que se conciban; en este contexto, existen diversos organismos de investigación y desarrollo, creados con un fin de investigación específico, pero coordinados por el CIDEFA”.
El documento destaca de estos organismos las Direcciones Generales de Industria Militar, de Fábrica de Vestuario y Equipo, de Informática, de Transmisiones, de Sanidad y de Ingenieros.
En materia de interoperabilidad, el Ejército emplea medios de radiocomunicación con la Fuerza Aérea bajo un mando unificado. Además, ambas Fuerzas cuentan con medios tácticos logísticos y administrativos para interoperar “de manera limitada, debido a las características del equipo”.
“Las unidades del Ejército y la Armada, con miras a incrementar la interoperabilidad, han realizado pruebas de radiocomunicación con equipos de radio todo terreno y equipos de radio Falcón I y II, para facilitar la coordinación y las comunicaciones. Con ello se pretende establecer un procedimiento. Este aspecto requiere ser fortalecido mediante un adiestramiento conjunto que permita determinar las capacidades y, por ende, las necesidades reales.”
Además, en el documento se informa que, en materia de interoperabilidad, el Ejército Mexicano ha iniciado un programa para unificar “paulatinamente” el armamento individual de sus unidades, “así como el vestuario y equipo que emplea el personal, con lo que se busca aprovechar los aspectos logísticos”.
Con respecto de la doctrina, el Ejército señala que sus bases están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos, decretos, disposiciones, manuales y circulares, “donde se concretan la experiencia tanto propia como de diversos ejércitos”. Y por esto último, “adquiere validez universal”.
Además, “cuenta con diversos textos en donde se establecen los postulados medulares de la doctrina militar vigente”. Sin embargo, reconoce que “se carece de una doctrina conjunta que establezca información básica respecto a normas de doctrina y procedimientos para el ejercicio del mando en todos los niveles, en operaciones conjuntas”.
Con respecto de la organización, la del Ejército Mexicano está basada en el sistema terciario con cinco tipos de unidades e instalaciones de servicio.
Las unidades de maniobra son 106 Batallones de Infantería, 25 Regimientos de Caballería Motorizada; 25 Compañías de Infantería No Encuadradas; nueve Regimientos Blindados de Reconocimiento; ocho Regimientos Mecanizados; tres Batallones de Fusileros Paracaidistas; 11 Batallones de Fuerzas Especiales; cuatro Grupos de Reacción de Fuerzas Especiales y cinco Grupos Anfibios de Fuerza Especiales.
De las unidades apoyo por el fuego, nueve son Regimientos de Artillería de 105 milímetros (artillería ligera); siete son Grupos de Morteros de 81 milímetros; ocho, Grupos de Cañones de 106 milímetros (artillería antitanque), y uno, Batallón de Honores del Cuerpo de Guardias Presidenciales.
Las unidades de apoyo al combate son: tres Batallones de Ingenieros de Combate; cuatro Compañías de Ingenieros de Combate, y tres Batallones de Construcción.
De las unidades de seguridad, 10 son Batallones de Policía Militar; tres, Batallones de Operaciones Especiales de Policía Militar; dos, Compañías de Policía Militar; uno, Grupo de Caballería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, y 26, Cuerpos de Defensas Rurales.
Y las unidades e instalaciones de servicio con las que cuenta el Ejército Mexicano son: un Batallón de Parque de Ingenieros; una Compañía de Ingenieros de Servicios; siete Batallones de Materiales de Guerra; dos Batallones de Transmisiones; un Batallón Logístico de Transmisiones; 12 Compañías de Transmisiones; dos Batallones de Comunicaciones Especiales; un Regimiento de Transporte; cuatro Batallones de Transporte, y un taller de reparación de vehículos.
Otras instalaciones del Ejército Mexicano son las del Hospital Central Militar, el Hospital Central de Especialidades de la Mujer y Neonatología; la Unidad de Especialidades Médicas; la Unidad de Especialidades Odontológicas; 18 hospitales de región; 17 hospitales militares de zona; un Hospital del Estado Mayor; seis unidades médicas de consulta externa; siete Compañías de Intendencia; una Sección de Intendencia No Encuadrada; un Centro de Producción Canina, y 12 Compañías Regionales de Mantenimiento.
Armada: mar mexicano, sin capacidad de respuesta
La Armada de México cuenta con 54 mil 686 efectivos. De ellos, 12 mil 556 operan en las áreas metropolitanas; 21 mil 390 en el Golfo de México y Mar Caribe, y 20 mil 740 en el Océano Pacífico.
El adiestramiento que reciben inicia con un Curso de Capacitación de Reclutas de la Armada de México. Posteriormente realizan cinco niveles de adiestramiento, a los que siguen otros cursos de capacitación, formación profesional y posgrado. “Se considera que el personal se encuentra adecuadamente capacitado y adiestrado para la misión y atribuciones que se tienen asignadas”.
También “se cuenta con un sistema de doctrina naval, estructurado en manuales correspondientes a los niveles estratégico, operacional y táctico. Estos manuales, en conjunto con las leyes, reglamentos y directivas, constituyen el marco doctrinario de la Armada de México, al cual se sujeta todo el personal naval”.
Las capacidades de la Armada de México, señala el documento, alcanzan para cumplir “adecuadamente [con] las atribuciones del mantenimiento al estado de derecho en la mar, cumplir los compromisos internacionales de búsqueda y rescate, ayuda a la población civil en casos y zonas de desastre, ayuda humanitaria internacional y prevención de la contaminación marina, dragando de mantenimiento a las instalaciones portuarias de la Semar; ejercicio de la autoridad marítima y portuaria en materia de protección, así como proporcionar apoyo a otras dependencias con responsabilidad en el ámbito marítimo”.
Y, sin ambages, la Armada de México concluye: “Sin embargo no se cuenta con la capacidad suficiente para la defensa marítima del Estado ante una intervención militar extranjera”.
La mayoría de las embarcaciones no están armadas. Agrega que México se ha quedado rezagado con respecto de países “como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que cuentan con buques de guerra operativos y capacidad submarina”.
La tarea fundamental de la Armada de México, explica el documento, es “conducir la defensa marítima del Estado”. Para ello cuenta con dos Fuerzas Navales: la del Pacífico y la del Golfo de México. La segunda tarea es la de “mantener el estado de derecho en la mar”, por lo que ha establecido siete Regiones Navales que agrupan 13 Zonas y 14 Sectores Navales.
En cuanto a unidades de superficie, la Armada de México cuenta con 12 buques de guerra: seis fragatas, dos destructores, dos buques de guerra anfibia, y dos patrullas misileras.
Además, cuenta 95 buques auxiliares. Son 12 remolcadores, 17 dragas, 11 de investigación oceanográfica, 40 de búsqueda y rescate, dos multipropósito, dos de apoyo logístico, uno de transporte y 15 de apoyo a los mandos navales.
También cuenta con embarcaciones menores para servicios diversos, con un porcentaje de operatividad de 70 por ciento aproximadamente.
Con respecto del armamento con el que cuentan los buques de guerra, se trata de sistemas de armas antibuque, antiaéreos y antisubmarinos. El documento señala que “los sistemas antimisiles se encuentran limitados en sus capacidades por falta de misiles y por su antigüedad; en la misma situación se encuentran los sistemas lanzatorpedos”.
Al parecer estas “carencias” se buscaron solventar con la compra de alrededor de 30 misiles y seis torpedos por casi 2 mil millones de pesos. El hecho se conoció por un documento que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos a principios de año.
Además, según el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, los buques de guerra de la Armada cuentan con detección de superficie, aérea y de guerra electrónica. “En cuanto a la detección submarina, se encuentran limitados por contar con sonares fuera de servicio. El resto de los buques cuenta únicamente con sistemas de detección de superficie y de navegación”.
La Armada cuenta también con una flota aeronaval integrada por 53 aeronaves de ala fija y 55 de ala móvil. Las 108 son de diverso tipo: de búsqueda, vigilancia, reconocimiento, transporte y, entre otros, adiestramiento. También, los militares del mar cuentan también con dos sistemas de vehículos aéreos no tripulados (drones): el VANT táctico y el “mini VANT”.
“Las aeronaves que desarrollan operaciones de reconocimiento tienen la capacidad para ser artillados con ametralladoras y tubos lanzacohetes”. Además, algunos helicópteros “cuentan con afustes para instalar ametralladoras de distintos calibres”.
Las aeronaves de vigilancia, conocidas como patrullas marítimas, cuentan con capacidades de detección de superficie, mediante radar y cámara con sistemas de imágenes térmicas de visión nocturna (de la marca estadunidense Flir). “El resto de la unidades carecen de sistemas de detección”.
Con respecto de la Infantería de Marina, la Armada cuenta con vehículos de transporte de tropa; blindados anfibios; blindados de reconocimiento, y vehículos ligeros de transporte y reconocimiento.
El armamento utilizado por la Infantería de Marina está constituido por las armas portátiles orgánicas calibre 5.56 milímetros, ametralladoras de 7.62 y 12.7 milímetros, lanzagranadas de 40 milímetros, morteros de 60 y 81 milímetros, obuseros de 105 milímetros y sistemas de artillería antiaérea de 40 y 20 milímetros.
En materia de infraestructura, el documento destaca que la Armada cuenta con el Cuartel General del Alto Mando, con diversas instalaciones adscritas al mismo. Entre ellas se encuentran la sede del Alto Mando, establecimientos logísticos, el Hospital Naval de Alta Especialidad, clínicas de salud, una base aeronaval, el Centro de Estudios Superiores Navales, la Escuela Médico Naval e instalaciones para una Brigada de Infantería de Marina.
Además, las siete Regiones Navales cuentan con infraestructura de muelles; escuelas; hospitales; astilleros y centros de reparación de unidades; instalaciones para unidades de Infantería de Marina, y bases y estaciones aeronavales.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto dice que los astilleros de la Semar tienen la capacidad de construir unidades navales de superficie de diferentes tipos, “con lo cual contribuye al fortalecimiento del desarrollo nacional mediante la generación de empleos, evita la dependencia extranjera y mejora la tecnología de construcción propia”.
Con respecto de las capacidades de inteligencia, el documento señala: “El Sistema de Inteligencia Naval (SIN) lo encabeza la Unidad de Inteligencia Naval, que conduce inteligencia estratégica, operacional y táctica”. Este sistema se integra con la participación de las Secciones Segundas del Estado Mayor General y de los Mando Navales, “para lo cual se cuenta con diversos medios de inteligencia humana, de imágenes y electrónica”.
En materia de investigación aplicada, la Armada de México cuenta con el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es el recinto en el que se llevan a cabo “proyectos para optimizar la operación y mejora de las capacidades tácticas de las unidades operativas”.
En el documento se destaca que este instituto “opera con un presupuesto limitado asignado a la Dirección General de Investigación y Desarrollo, de la que depende orgánicamente”. También cuenta con el fondo sectorial Semar-Conacyt (Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología) “para proyectos de investigación y desarrollo, aprovechando las capacidades de las universidades y centros de investigación nacionales”.
La interoperabilidad de la Armada, según el documento, está acotada. Esta Fuerza Armada reporta que “se cuenta con los medios y doctrina para interoperar de manera independiente entre buques, unidades de Infantería de Marina y unidades aeronavales”. Sin embargo, “en la mayoría de los casos está limitada a radiocomunicaciones”.
Lo que sí destaca entre las capacidades de interoperabilidad es un Sistema de Mando y Control, “en donde se puede dar seguimiento a las operaciones casi en tiempo real, tanto en el Estado Mayor General de la Armada como en los Mando Navales”.
Finalmente, en materia de organización, las dos Fuerzas Navales se organizan cada una en: Mando y Estado Mayor, Flotillas de Destructores y de Buques Auxiliares, Fuerzas de Reacción Anfibia y Escuadrones Aeronavales.
Las regiones navales se organizan en: Mando y Estado Mayor, Flotillas y Escuadrillas de Buques; Brigadas y Batallones de Infantería de Marina, Bases, Estaciones, Escuadrones Aeronavales y Unidades de Búsqueda y Rescate.
Fuerza Aérea: Fuego para sólo 2 días
La Fuerza Aérea Mexicana está integrada por 12 mil 462 efectivos. De ellos, 6 mil 394 son pilotos y personal de los servicios técnicos; 1 mil 648 son paracaidistas, y 4 mil 420 son de los servicios comunes.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se establece sin ambages que tal cantidad de recursos humanos resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la institución. Señala que se carece de “las tripulaciones de vuelo necesarias, en una relación de dos tripulaciones por cabina; por consiguiente, las diferentes especialidades demandan un incremento de este personal y el dedicado al apoyo y a los servicios”.
En síntesis, la Fuerza Aérea Mexican, señala el Plan Militar, sólo puede cumplir de manera parcial con sus misiones asignadas. Es capaz de:
“Hacer frente a una amenaza tradicional [agresión externa] de manera limitada […] efectuar una parcial defensa del espacio aéreo mexicano, por la [escasa] disponibilidad de aeronaves y sistemas de vigilancia (radares) y por la insuficiente aviación de combate; y se dispone de 2 días de fuego para las aeronaves susceptibles de ser artilladas (64 aviones y 50 helicópteros) que representan el 28.42 por ciento del total de las aeronaves”.
También la Fuerza Aérea puede seguir llevando a cabo operaciones contra el narcotráfico: búsqueda, identificación, destrucción y erradicación de sembradíos de marihuana y amapola; localización y destrucción de laboratorios clandestinos donde se elaborar productos sicotrópicos; y apoyo a las fuerzas federales, estatales y municipales “contra la delincuencia organizada a través de la búsqueda, identificación, seguimiento, transporte, infiltración y exfiltración de las fuerzas de reacción”. Asimismo, puede auxiliar a la población en casos de desastre.
Pero “existe escasez del recurso humano para el cumplimiento de las misiones asignadas a la Fuerza Aérea, sobre todo de personal especialista; no se dispone de tripulaciones de vuelo suficientes según los requerimientos especificados para cada tipo de aeronave”.
México no cuenta con aeronaves militares modernas. “Únicamente se dispone de un escuadrón de aviones de combate F-5, con únicamente seis operativos […].
“Se puede aseverar que México se encuentra en desventaja en este tipo de aviación. Aunque se cuenta con otro tipo de aeronaves que pueden ser artilladas, bajo esta configuración no adquieren la clasificación de aviación de combate, debido a que cuentan con menores características para enfrentar alguna amenaza proveniente del exterior.”
Las Fuerza encargada de defender los cielos mexicanos cuenta con 217 aeronaves de ala fija y 131 de ala rotativa, que hacen un total de 348. También cuenta con radares, sistemas aéreos no tripulados (drones), vehículos y armamentos.
Señala que este material, “aun y cuando presenta algunas limitantes como son los años de servicio, puede actuar con eficacia para el cumplimiento de las necesidades de operación de orden interno. Sin embargo, este material resulta insuficiente y obsoleto para hacer frente a una intervención militar extranjera”.
En el documento se asienta que incluso la infraestructura necesita ser actualizada y acondicionada en su totalidad. Señala que bases, estaciones, escuadrones, escalones de mantenimiento, depósitos deben adaptarse a nuevas tecnologías incorporadas a las aeronaves. “Asimismo, es necesario remozar las instalaciones que cuentan con más de 30 años de servicio, a fin de asegurar su óptimo empleo y hacer que cumplan con sus propósitos fundamentales de operación y/o apoyo según corresponda”.
En materia de inteligencia, las actividades de la Fuerza Aérea se orientan a “la definición del orden de batalla aéreo”. Para ello, integra las capacidades de los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y de la Dirección General de Aviación Civil, ambas instancias dependientes de la civil Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“También se lleva un seguimiento de las capacidades de las Fuerzas Aéreas de la región [se entiende, América del Norte y América Central] y elabora estudios comparativos para determinar su relativa fuerza de combate. Asimismo, coopera con el Ejército para llevar a cabo operaciones de inteligencia electrónica y de imagen, mediante el empleo de equipos especiales a bordo de las aeronaves.”
Sobre las capacidades en materia de investigación y desarrollo, la Fuerza Aérea Mexicana reconoce en el documento que “en la actualidad se cuenta con una limitada cantidad” de ingenieros en aeronáutica. Con los que se cuenta, se desarrollan proyectos de investigación en aeronáutica. Señala que los ingenieros han sido capaces de diseñar artefactos, equipos y sistemas “que han sido de gran utilidad para la institución”.
Con respecto de la interoperabilidad, entendida como “la adecuada coordinación y enlace” entre las aeronaves y otros organismos durante operaciones militares, la Fuerza Aérea Mexicana dispone de equipos de comunicación de muy alta frecuencia (VHF), “mismo que resulta demasiado limitado para establecer enlace con el Centro de Operaciones Aéreas para el intercambio de información”.
Tampoco es posible la comunicación aire-tierra con las fuerzas terrestres y con los coordinadores aéreos y controladores aéreos adelantados, “por lo que se dificulta establecer la coordinación que demanda la misión”.
Con respecto de la interoperabilidad en el uso de armamento y equipo con el Ejército, señala que es limitada; “pero va en aumento para eficientar las misiones realizadas de manera conjunta”.
Sobre el adiestramiento que reciben los integrantes de la Fuerza Aérea, el documento señala que se cubre con los requerimientos necesarios para cumplir las misiones. Pero “existe la necesidad de mantener al personal adiestrado de acuerdo con las nuevas técnicas y tecnologías que surgen y que vayan acordes con nuestra doctrina”.
En cuanto a la organización, la Fuerza Aérea Mexicana está encabezada por una Comandancia y su Estado Mayor, “quien la auxilia para el control, administración y operación de sus organismos”. Está constituida por cuatro regiones aéreas, 18 Bases Aéreas, nueve Estaciones Aéreas y 10 Bases de Operaciones Aéreas.
Además, las Grandes Unidades Superiores corresponden al Ala de Reconocimiento y Transporte y al Ala de Combate. Por su parte, las Grandes Unidades Elementales se integran por cinco Grupos Aéreos, un Grupo de Detección y Control y 25 Escuadrones Aéreos como unidades tipo corporación.
Y se cuenta con los planteles educativos: el Colegio del Aire, las Escuelas Militares de la Fuerza Aérea y los Centros de Adiestramiento.
El documento señala que es necesario evaluar y reorganizar la Fuerza Aérea. En específico, “algunas unidades, a fin de hacerlas eficientes”. Además, “aun y cuando se tienen organismos en todo el territorio, existe la necesidad de dotar y organizar unidades aéreas en la porción Este-Noreste del país, con el propósito de tener presencia en el área y crear una fuerza disuasiva”.
Milicias para contener a la población
Consultado sobre las amenazas y riesgos a la defensa nacional y las capacidades para enfrentarlas, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara señala que es necesario fortalecer a las Fuerzas Armadas.
Experto en asuntos de seguridad nacional, el posgraduado en institutos de seguridad nacional de Francia, Estados Unidos y Alemania señala que el presupuesto destinado a la defensa nacional debe verse como una inversión: “estamos hablando de la defensa de las instituciones”.
Para el general Gallardo Rodríguez la reforma a las Fuerzas Armadas es urgente. La actual estructura y organización –a decir del militar, defensor de derechos humanos y posdoctorado por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica– hicieron posible hechos como los de 2 de octubre de 1968; la guerra sucia con crímenes de lesa humanidad contra comunidades de Guerrero, y las masacres contra civiles en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.
El doctor Guillermo Garduño Valero explica que las modestas capacidades de las Fuerzas Armadas Mexicanas no son suficientes para enfrentar a la delincuencia organizada.
“El narcotráfico ha demostrado en distintos escenarios de guerra que posee mejor armamento que las propias Fuerzas Armadas, lo cual es inadmisible”. Explica que la “guerra” contra el narcotráfico también es un asunto político. “Es falso que el narco no tenga objetivos políticos. Toda guerra los tiene”.
Catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, Garduño Valero evalúa que las Fuerzas Armadas Mexicanas son incapaces de sostener un conflicto de carácter regional, es decir, con sus vecinos latinoamericanos. Las capacidades de hoy son resultado de un modelo militar pensado para proteger a los gobernantes del siglo pasado. Hoy ha hecho crisis porque ya no puede garantizar la seguridad interna.
“Las Fuerzas Amadas quedaron siempre como un factor para dirimir los conflictos internos, como un Ejército doméstico. Entonces, reprimir movimientos sociales no requería de mayor gloria. Pero enfrentarse con grupos armados, con armas de grueso calibre, con elementos que puedan tener incluso tanto barcos como aviones, pues es otra cosa totalmente diferente.”
Dos intereses de defensa justifican el Plan Militar
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), tutela formalmente dos “intereses de defensa”. Cada interés cuenta con sus propios “objetivos de defensa”.El primer interés de defensa plasmado en el documento clasificado como “secreto” es: “La consecución de una condición estable de paz y seguridad interna, que garantice la actuación de las instituciones democráticas del país”.A este interés corresponden cinco objetivos de defensa: “garantizar el orden constitucional; robustecer los mecanismos de cooperación interinstitucional en la prevención y lucha contra las amenazas, riesgos y desafíos; fortalecer los mecanismos de transmisión de la identidad nacional potenciando la cultura de defensa y apego a la patria; impulsar la coordinación interinstitucional para el establecimiento de la legislación que sustente la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno y externo; promover la justicia social y el desarrollo nacional; e impulsar el desarrollo tecnológico del país, disminuyendo la dependencia del exterior”.El segundo interés de defensa que se busca preservar es: “La consecución de seguridad que permita la existencia y desarrollo de la nación ante amenazas provenientes de otros Estados y otros actores externos e internos”.Los cuatro objetivos de defensa que le atañen son: “salvaguardar la soberanía, la independencia e integridad de la nación; salvaguardar la infraestructura vital de tecnología de la información y comunicaciones del país; fomentar una economía de defensa en los sectores productivos del país; y proyectar en el ámbito internacional el compromiso de la sociedad con la defensa del país”.
Zósimo Camacho y José Réyez / Cuarta de cinco partes
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Re: México: Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
rip 07.12.18 18:32
AUTOR: JOSÉ REYEZ Y ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA
Quinta parte y última
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se quedó en un listado de carencias y buenos deseos. Al final del sexenio, las Fuerzas Armadas no pudieron cumplir con los lineamientos del documento y se hundieron más en su crisis, incluso, de identidad
Quinta parte y última
Las Fuerzas Armadas Mexicanas fracasaron en el intento de aplicar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento de carácter secreto al que Contralínea tuvo acceso. Luego de 2 sexenios de “guerra” contra el narcotráfico y de ampliaciones a su presupuesto, pocas glorias pueden contar las milicias de tierra, mar y aire. En cambio, el desgaste al que han sido sometidas ha causado estragos que no pudieron solventarse con la estrategia fechada el 30 de julio de 2013.
Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, no se cumplió con uno solo de los propósitos básicos establecidos en el escrito firmado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz, respectivamente.
No se alcanzaron los objetivos de integrar y homologar sistemas conjuntos de inteligencia y de logística militar; de comunicaciones de mando y control, y de crear un Estado Mayor de Operaciones entre las tres Fuerzas Armadas Permanentes, para “mantener el estado de derecho y apoyar a la población en casos de desastre y emergencia”.
La coordinación entre el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea que establece el Plan Militar “no funcionó porque la Sedena y la Semar no comparten información de operativos ni del ámbito civil, lo cual demuestra que no sirvió el sistema de inteligencia militar y que se utilizó sólo para sus propias metas e intereses”, advierte Martín Barrón Cruz, experto en seguridad pública, seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
El doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señala: “Lo ideal sería que ambos sistemas de inteligencia funcionaran, pero no es así. Quizás en áreas menos visibles y mediáticas estén funcionando, pero en el combate al crimen organizado, por ejemplo, no funciona”, subraya. “La realidad es que no trabajaron de manera conjunta la Sedena ni la Semar”.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea “articular un Sistema de Inteligencia Militar Conjunto mediante el establecimiento de mecanismos que garanticen el flujo continuo y expedito de información para generar confianza mutua entre los órganos de inteligencia, que permita la determinación conjunta de las amenazas, riesgos y desafíos del país y elaborar una Agenda de Riesgos Miliares, nacionales e internacionales”.
Una vez creado el sistema de inteligencia conjunto –señala el documento secreto–, las Fuerzas Armadas se proponen crear una Escuela de Inteligencia Conjunta a mediano plazo, para generar una doctrina homogénea entre ambas instituciones armadas; así como establecer organismos de inteligencia que atiendan aspectos relacionados con los campos del poder nacional (político, económico, social y militar).
Barrón Cruz, investigador adscrito al Inacipe, indica que para que el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto funcione tiene que haber condiciones para ello. Por ejemplo, dice, el plan de Peña Nieto establece promulgar la Ley de Seguridad Interior; pero nadie, hasta el segundo semestre de 2017, se propuso impulsarla, y luego fue aprobada abruptamente por el Congreso de la Unión, para finalmente ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 15 de noviembre.
En el capítulo sobre “Capacidad Estratégica Conjunta”, el Plan Militar plantea que las Fuerzas Armadas integrarán sus capacidades presentes y potenciales para constituir un solo esfuerzo en operaciones marítimas, terrestres y aéreas, mediante líneas de acción a corto, mediano y largo plazos, pero “sin intervenir en las atribuciones de los Estados Mayores de cada Fuerza Armada”.
Resalta la creación de un Sistema de Inteligencia Conjunto, “capaz de apoyar operaciones militares para la seguridad interior y defensa exterior; [contar con] tecnología de punta que mejore la búsqueda de información, y una Escuela de Inteligencia Conjunta, que capacite al personal en aspectos propios, así como en asuntos de comunicación social, propaganda, contrapropaganda y asuntos civiles”.
Además, un sistema de investigación y desarrollo en el ámbito de defensa para proyectos de armas, pertrechos, navegación, propulsión, sensores, construcción naval y aeronáutica; investigación científica en ciencia militar, oceanografía, hidrografía, meteorología, cartografía y geología, que genere productos especializados para el apoyo a las operaciones militares.
También, integrar la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la conectividad confiable, segura y oportuna entre las unidades operativas y tácticas, mediante la inversión en sistemas de radiocomunicaciones, satelitales, terrestres y sistemas criptográficos.
Las aspiraciones de desarrollo del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto para cada Fuerza Armada son vastas. La Armada requiere, por ejemplo, desde consolidar la organización de las Regiones Navales para contar con una zona por estado costero, hasta “consolidar la preparación de las fuerzas navales para escalar su organización en caso de amenaza de intervención militar extranjera”.
También, equipo y armamento orgánico y especial de unidades de Inteligencia Militar a nivel de brigada, de batallón y de compañías independientes; sistemas de vigilancia por radar y monitoreo de señales; equipos de inspección no intrusiva para los Centros Unificados para la Protección Marítima y Portuaria (Cumar); equipamiento para cuarteles generales, instalaciones logísticas, hospitales y escuelas.
Sin embargo, a más de 1 década de la “guerra” contra el narcotráfico, el Plan Militar propone “realizar estudios para la instalación de sistemas de vigilancia por radar y guerra electrónica en ambos litorales del país”.
El documento secreto, aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sugiere adquirir dos aeronaves de ala rotativa, armamento para siete brigadas, 13 batallones, 14 compañías independientes y nueve compañías de seguridad a instalaciones navales de Inteligencia Militar, vehículos blindados de reconocimiento ligero para cinco agrupamientos de seguridad a instalaciones estratégicas, dos fragatas con capacidad antisuperficie, antiaérea y antisubmarina; 25 aeronaves de ala fija y 40 de ala rotativa.
Las propuestas contenidas en el Plan militar se cumplieron parcialmente. Fracasó la creación de una escuela de inteligencia conjunta. La compra de equipo y modernización de instalaciones para responder al narcotráfico fue parcial. La generación de una industria naval-militar distó mucho de la realidad, asegura Martín Barrón, catedrático del Inacipe.
“Peña Nieto concedió a las Fuerzas Armadas sólo una pequeña parte de lo que pidieron los militares en el Plan secreto; sin embargo, el mandatario continuó la campaña mediática a favor de las Fuerzas Armadas, iniciada por su antecesor Felipe Calderón, por su heroísmo, capacidad profesional y servicio a la patria.”
Condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y citaciones al valor heroico, al mérito militar, el mérito especial, al mérito técnico, y sobre todo “al mérito en la campaña contra el narcotráfico”, perseverancia excepcional, distinción naval y por servicios distinguidos, halagos, premios, promociones, ascensos, aumentos de sueldos, ostentación de equipo en desfiles conmemorativos. Mientras, la sociedad quedó inerme frente a la delincuencia organizada en amplias regiones del país.
“La constante y machacosa exaltación propagandística oficial de las Fuerzas Armadas no tuvo su correlato en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, cuyos grupos se multiplicaron en más de 300 que operan en el territorio nacional”, advierte el general y doctor en administración pública José Francisco Gallardo Rodríguez. Quien fuera preso político en cárceles militares entre 1993 y 2002, señala que en esta publicidad y propaganda a favor de las Fuerzas Armadas se incluyeron las acciones de apoyo a la población en casos de desastres.
Gallardo Rodríguez dice que no debe perderse de vista que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al ámbito civil del Estado. No se requiere que los militares se involucren más en temas civiles. Por el contrario, de lo que se trata es de desmilitarizar a la sociedad y los espacios públicos usurpados históricamente por el cuerpo militar.
“En una democracia, a los militares les está prohibido por ley participar en asuntos que son de exclusiva competencia de autoridades civiles: concebir y operar la política de defensa, deliberar en asuntos públicos, aplicar la ley, perseguir el delito, combatir al narcotráfico y al crimen organizado, entrometerse en la seguridad pública y los procesos electorales”, enfatiza.
Al fracaso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada se suma la incertidumbre que les depara en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de convertir gran parte de ellas en una Guardia Nacional, sujeta a una nueva regulación de las operaciones armadas que realizan, contenidas en la nueva legislación que discute el Congreso de la Unión.
Pliego petitorio para la guerra
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto proponía al presidente Peña Nieto la necesidad de contar a corto plazo con una Fuerza Armada terrestre, con una Comandancia y tres Cuerpos del Ejército móviles, flexibles y con poder de fuego, que constituyan elementos fundamentales de maniobra para desarrollar la doctrina de defensa, así como unidades especializadas para confrontar una amenaza tradicional (es decir, intervención militar extranjera) y diluir amenazas, riesgos y desafíos.
En el ramillete de propuestas, la milicia plantea además constituir una unidad de ciberseguridad y ciberdefensa y una unidad para emergencias químicas biológicas y radiológicas (QBR), y crear tres compañías de aviación del Ejército. Además, adquirir lanzacohetes, ametralladoras y misiles antiaéreos; sistemas de localización de blancos para artillería, y vehículos blindados de reconocimiento de mando y control.
“Adquirir obuseros de artillería, cañones y sistemas de misiles antitanque, radares para artillería antiaérea, equipos de guerra electrónica”. En este punto, el documento resalta que debe legislarse para que estos materiales sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En materia de infraestructura, el Plan Militar sugiere construir cuarteles, laboratorios especializados, trenes de transporte, almacenes logísticos y hangares, parques de maquinaria y herramientas; centros de adiestramiento nacional y regionales.
Destaca construir sedes alternas de gobierno y mando, con sistemas de comunicaciones y enlace material que permitan la dirección nacional de la defensa del país, “para contar en todo momento con capacidad de toma de decisiones para enfrentar una crisis”.
Para la organización de la Fuerza Aérea, el documento requiere de tecnología de punta, recursos humanos técnicamente preparados, con una estructura que conforme la defensa del espacio aéreo con cinco componentes a nivel ala, en un esfuerzo integral con las fuerzas navales del Golfo y Pacífico y los tres cuerpos del Ejército desplegados en territorio nacional, que constituyan elementos de acción del poder del Estado y contribuyan en el mantenimiento del estado de derecho.
Para cumplir con este objetivo, el documento señala que se requieren 85 aeronaves de ala rotativa para misiones de transporte de tropa y de carga, operaciones especiales, escolta, reconocimiento armado, enlace, apoyo por el fuego y en apoyo al Plan DN III; 72 aeronaves de ala fija para operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo, reconocimiento, adiestramiento y ambulancia aérea.
A mediano plazo, instalar un Centro de Mando y Control que remplace al actual (denominado SIVA) y adquirir dos centros de mando adicionales; uno para Chihuahua y otro para Santa Lucía, Estado de México.
Finalmente, en recursos humanos el Plan para defender la independencia y soberanía del espacio aéreo, requiere incrementar la admisión en planteles militares y reclutamiento en los organismos de la Fuerza Aérea, y contar con 19 mil 555 elementos para 2030, considerando un mínimo del 97 por ciento en personal y capacidad operativa de pilotos y especialistas, y servicios comunes.
El documento concluye: “el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto como instrumento de planeación estratégica orienta los objetivos de defensa con una visión 2030 y propone el desarrollo armónico de las Fuerzas Armadas, acorde con el papel que México juega en la región, persigue el inconfundible propósito de defender la integridad, independencia y soberanía nacionales para el presente y futuro de los mexicanos”.
Finalizado el diagnóstico, estampan sus firmas al calce, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda (matrícula 6416991) y por la Secretaría de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (matrícula S-6605839).
El doctor Martín Barrón Cruz indica que la agenda militar secreta está vinculada con problemas de seguridad nacional de temas internos –como la delincuencia organizada– y externos –como la relación con Estados Unidos. Por ello, desde la visión militar, se piensa que un cártel pretende desestabilizar o derrocar al gobierno, lo cual es erróneo.
“Lo que pretende el cártel es que los gobernantes lo dejen operar, que haya un gobierno consolidado que opere para sus intereses en función del dinero, no les preocupa la corrupción ni la ideología, ni quien gobierne, sino el dinero”, enfatiza.
La visión militarista de cómo se enfoca el narcotráfico y la delincuencia organizada es como si estuvieran ante una narcoguerrilla y narcoterrorismo, “lo cual no es así, porque ambos fenómenos no son los objetivos de los traficantes de drogas, sino temas de contrainteligencia, la cual funciona si se cuenta con información de inteligencia”, acota el catedrático del Inacipe.
Indica que la contrainteligencia es también combatir el lavado de dinero. Subraya la paradoja de que México cuente con todos los instrumentos legales u técnicos para ello, pero no hay casos concretos de combate. El programa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República está bien armado pero no funciona en la práctica, y si no se ataca la fuente del dinero persistirá el problema.
Con respecto de la propuesta de modificar la legislación militar, señala que tal intención viene de administraciones pasadas, y ya hay jurisprudencia. “El problema son los desplantes de López Obrador contra las Fuerzas Armadas: cambiarlos de militares a guardia nacional, eliminar el Estado Mayor Presidencial… así no funciona”, critica el especialista.
Explica que, de acuerdo con la Constitución, el Plan DN-III es para apoyar a la población en casos de desastres, la seguridad interna y el orden compete a la guardia nacional; la seguridad externa le toca al Ejército y la seguridad pública a la policía, “pero como no hay guardia nacional se le dio la tarea a las Fuerzas Armadas, “que no han dado resultados”, acota.
De acuerdo con el maestro en seguridad nacional Jesús de Miguel Sebastián, coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor de la Armada de México, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de orden público y seguridad ciudadana debe ser considerada como una excepcionalidad, y en consecuencia regularla como tal. “Éstas tienen unos cometidos mucho más amplios relacionados con la defensa nacional y que requieren disponer de unas capacidades y una preparación específicas para ello”, apunta.
Aclara que caer en el error de especializar a los ejércitos en un instrumento de seguridad pública no solamente es desnaturalizarlos, sino poner en grave riesgo la seguridad y defensa nacionales.
“Si nos referimos al caso de México en el umbral de un nuevo cambio de administración, cabe añadir una nueva reflexión: reducir la lucha contra el fenómeno del crimen organizado al empleo de las Fuerzas Armadas es una estrategia ineficaz, cuando no negativa”, alerta.
Se debe construir a la mayor brevedad un sistema policial que les permita recuperar el espacio de la seguridad pública y de esta manera diferenciar claramente las agendas de las seguridad interior y la pública, considera Jesús de Miguel Sebastián, experto en seguridad y defensa.
El también catedrático del Colegio de Defensa Nacional indica que la seguridad nacional desborda hoy el ámbito ofensivo-defensivo y va más allá de su dimensión militar; a la vez, que la seguridad interior se ve afectada por fenómenos y situaciones que superan el ámbito territorial nacional.
“El hecho que la seguridad haya estado tradicionalmente asociada a los riesgos le confiere un carácter de incertidumbre por cuanto éstos tienen una naturaleza y un origen variable y por ende, resulta imposible garantizar la seguridad plena, lo que lleva a determinar el grado de inseguridad permisible y el nivel de vulnerabilidad que se puede aceptar”, señala.
“Proteger el Estado ha dejado de ser el único objeto a preservar: la persona ha ido adquiriendo un valor central, por cuanto muchos de los fenómenos que afectan a la seguridad como la migración, el terrorismo, el crimen organizado, los efectos del cambio climático o incluso las nuevas guerras tienen a las personas como sus principales víctimas”, explica el académico.
Indica que los riesgos ya no se diferencian de manera clara entre internos o externos, para establecer la diferencia entre la seguridad y la defensa. “Nos tenemos que fundamentar más bien en el gradiente entre probabilidad e impacto, que nos permita definir el nivel de la amenaza sobre la seguridad y garantizar así la resiliencia”.
Al considerar las respuestas y los medios, Jesús de Miguel, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM), precisa que éstos desbordan el tradicional ámbito militar y, en su caso, el policial que ha caracterizado a la seguridad. Se requiere por ello encontrar soluciones mucho más integrales que incluyan a los diferentes elementos del Estado y de la sociedad.
Para Humberto González Arroyo, experto en temas de seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, la Policía Federal, la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “están activos a la espera de reorganizarse para enfrentar amenazas asimétricas a la seguridad nacional”.
El académico espera que el nuevo gobierno de López Obrador “tenga claro el concepto de seguridad nacional y los servicios de inteligencia para que pueda mejorarlos, pues no se puede concebir un Estado sin ellos”. La perspectiva en el periodo de López Obrador es que, “con asesores y operadores adecuados, se pueda tener un buen aparato de inteligencia de Estado”, subraya.
Añade que se tiene que transparentar la Agenda Nacional de Riesgos con reservas, para no vulnerar la seguridad nacional con el crimen organizado o agentes de otros países, pero aclara que hay muchas actividades donde tiene cabida la transparencia y tiene obligación el gobierno de publicarlas.
González Arroyo destaca que si bien el equipo de López Obrador está en un periodo de adaptación, de prueba y error y de diseño de las nuevas instituciones, debe tener claro que la seguridad nacional nada tiene que ver con la seguridad pública, y que no se puede concebir un Estado sin servicios de inteligencia, para estar preparados ante riesgos y amenazas.
José Réyez/Zósimo Camacho / Quinta parte y última
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