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Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
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Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 08.07.12 18:42
Me atrevo a iniciar este post donde trataré de escribir los pasajes
cotidianos de mi pais con un toque de harte, desde luego no soy artista,
pero soy uno más de los ciudadanos que estamos hartos de la corrupción
que impera en México, y como dicen los rancheros de mi país. . . . .
¡Han de disculpar!
Nota de referencia: https://exiliadosdeextremodu.forosactivos.net/t1598-cardenas-palomino-protector-del-narco-en-el-aeropuerto-del-df#4528
1.- Los tres corruptos compadres
Genaro, Facundo y Luis
Se ponen de manifiesto
Ya se supo su desliz
Ya se acaba su gobierno.
A menos que el copetón
Los ratifique en su puesto
Se les llegó la ocasion
Pues les toca su mastuerzo.
Siempre fué cosa sabida
Los tres compadres malditos
Llegaron a proteger
A los amos del delito.
Aquellos que lo dudaban
Ahi les dejo la ocasión
De que sepan de una vez
Que su tiempo se acabó.
El catador de los pinos
Ya come sus chilaquiles
Chicharrón en salsa verde
Pa´bajarselos un wisky.
Ni modo, mis tres muñecos
Todo acaba en este mundo
Yo me voy de este pais
Ustedes ya son difuntos.
Para que cartel trabajan
O son muy independientes
De seguro a su patrón
Ya se le pelan los dientes
Vuela vuela palomita
Sal de los pinos ya pronta
Pues llego la nueva reina
Del pais. . .la muy gaviota.
Cazador de Duendes
Zapopan, 08/Jul/12
cotidianos de mi pais con un toque de harte, desde luego no soy artista,
pero soy uno más de los ciudadanos que estamos hartos de la corrupción
que impera en México, y como dicen los rancheros de mi país. . . . .
¡Han de disculpar!
Nota de referencia: https://exiliadosdeextremodu.forosactivos.net/t1598-cardenas-palomino-protector-del-narco-en-el-aeropuerto-del-df#4528
1.- Los tres corruptos compadres
Genaro, Facundo y Luis
Se ponen de manifiesto
Ya se supo su desliz
Ya se acaba su gobierno.
A menos que el copetón
Los ratifique en su puesto
Se les llegó la ocasion
Pues les toca su mastuerzo.
Siempre fué cosa sabida
Los tres compadres malditos
Llegaron a proteger
A los amos del delito.
Aquellos que lo dudaban
Ahi les dejo la ocasión
De que sepan de una vez
Que su tiempo se acabó.
El catador de los pinos
Ya come sus chilaquiles
Chicharrón en salsa verde
Pa´bajarselos un wisky.
Ni modo, mis tres muñecos
Todo acaba en este mundo
Yo me voy de este pais
Ustedes ya son difuntos.
Para que cartel trabajan
O son muy independientes
De seguro a su patrón
Ya se le pelan los dientes
Vuela vuela palomita
Sal de los pinos ya pronta
Pues llego la nueva reina
Del pais. . .la muy gaviota.
Cazador de Duendes
Zapopan, 08/Jul/12
Última edición por Cazador de Duendes el 10.03.13 22:27, editado 15 veces
Cazador de Duendes- Cantidad de envíos : 632
Fecha de inscripción : 29/04/2012
Localización : Entre lo sublime y lo ridiculo
Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 08.07.12 22:07
2.- El precio de denunciar
Amigos, colegas, familiares y abogados rodean a la periodista Sanjuana Martínez Montemayor tras ser liberada
Es jueves 5 de julio y son las 8 de la mañana. Mis hijos, de nueve y 11 años, saltan a mi cama y piden desayunar entre besos y apapachos. Están de vacaciones. Les he prometido que iremos a un restaurante. Nos preparamos para salir y nos encaminamos a la puerta.
De pronto, Vicky, mi asistente, aparece con el rostro pálido y me dice al oído:
Hay muchos policías afuera, los acabo de ver por la ventana. Están entrando a la casa.
Me asomo por la ventana del jardín y efectivamente hay tres policías encapuchados con armas largas.
Voy al pasillo y veo a otros tantos y más gente en la puerta de la cochera. Están subiéndose y han entrado también a la terraza.
Empiezan a golpear con fuerza la puerta principal.
¿Quién es?, les digo. ¿Qué quieren?
Me contesta una mujer:
Abra la puerta. Somos del juzgado 15 oral familiar. Traemos un instructivo.
Es el juzgado donde casualmente cayeron mis dos asuntos familiares por convivencia y alimentos en mi largo proceso de divorcio.
Le pido a Vicky que se lleve a los niños. Están aterrorizados. Lloran. Me meto al vestidor y le llamo a mi abogada Queeney Rose Osorio Fernández y me dice que no abra.
Hablo con Consuelo Morales, directora de Ciudadanos de Derechos Humanos (Cadhac):
Los policías han rodeado mi casa.
¿Qué hiciste?, me pregunta.
Ayer denuncié por corrupción a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León.
Y me contesta:
Claro. Te van a detener.
¿Pero por qué?... Yo no he hecho nada”.
Ella contesta:
Esta es una reacción a tu acción. No te preocupes. Mando a la abogada.
En ese momento escucho ruidos en la terraza. Han reventado los candados y están intentando romper las cerraduras de las puertas de acero.
No las pueden tirar. Le llamo a mi colega, el periodista César Valdez, uno de los compañeros que un día antes me acompañaron ante el Consejo de la Judicatura para presentar la denuncia contra la juez.
En ese momento escucho que entran a la casa. Quieren romper la puerta de mi habitación a patadas:
No rompan la puerta, les grito.
Abro y veo a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija, titular del juzgado 15 oral en materia familiar. Está acompañada de policías encapuchados con armas largas con uniforme de Fuerza Civil, la policía estatal de Nuevo León.
Su secretaria, Ana Cristina Sepúlveda Martínez, que en su momento me solicitó dinero para agilizar mi expediente, la acompaña.
También están otros dos secretarios de su juzgado, uno de ellos lleva una cámara de video y está grabando la acción.
Les grito:
¿Cómo se atreven a entrar a mi casa? ¿Con qué derecho? ¿Dónde está la orden de cateo, de detención? Usted, es una juez corrupta. Ayer la denuncié ante el Consejo de la Judicatura. Es una protectora de agresores. Reincidente. Usted ya fue denunciada ante la ONU. Ustedes dos son unas corruptas”.
La juez dice con tono de enfado:
Señora, está detenida por una falta administrativa. ¿Dónde están sus hijos? Nos los vamos a llevar.
Antes de que me detengan, alcanzo a decirle:
Está bien, lléveme, pero a mis hijos nadie se los lleva. No los toquen.
Me sacan de mi casa policías con armas largas.
De pronto veo a lo lejos a mi ex marido Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España y ex director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, conferencista y especialista en violencia de género. Tiene una sonrisa de satisfacción.
¿Qué está haciendo aquí?, pienso. ¿Cómo es posible?
Lo denuncié por violencia familiar ante la agencia de Justicia Familiar de la procuraduría y el Copavide (Centro de Orientación, Protección y Apoyo a las Víctimas del Delito). De hecho, el Ministerio Público autorizó una orden de restricción.
Se supone que no debe acercarse a nosotros, es un hombre violento. Está acompañado por sus abogados del despacho de Manuel Alí Jezzini Martínez, ex director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y ahora defensor de narcos del cártel de Sinaloa, entre otros ilustres clientes.
La mujer policía que me conduce a la calle me hace daño en el brazo.
Al salir, veo que va llegando María del Mar Álvarez, amiga y abogada de derechos humanos de Cadhac. Ella fue secuestrada por la misma juez cuando era directora de Alternativas Pacíficas.
Veo que hay ocho o 10 vehículos, incluidas patrullas de San Pedro Garza García. Me suben a una camioneta de Fuerza Civil. Hay dos policías encapuchados custodiándome en la caja de la pick up. Y dos más dentro.
Me dicen que me van a llevar a la cárcel de San Pedro Garza García porque allí me corresponde.
Le hablo a Alicia Leal, presidente de Alternativas Pacíficas: Alicia, me llevan arrestada. Es la misma juez. Ella me tranquiliza: Es una venganza. Ahorita me muevo con los abogados. Le llamo a mi querida Carmen Lira, directora de La Jornada:
“¿Qué pasó, mi hijita? Escucho su voz amorosa como siempre. Me quiebro. Lloro por primera vez.
Le digo:
“Carmen, me han detenido. Me tienen en una patrulla de Fuerza Civil. Hay un fuerte operativo en mi casa. Ayer denuncié a la juez… mis hijos, Carmen, mis hijos...”
Me alcanza a decir que no me preocupe, cuando me quitan el teléfono: Está usted incomunicada.
De pronto, un policía dice:
Vámonos. Hay que llevar el paquete. Dice una clave con un número que no entiendo. Hablan en lenguaje cifrado. Me sacan del municipio de San Pedro Garza García. No me llevan a donde dijeron. Me alarmo. Pregunto y no me contestan. Volteo para atrás y veo que César Valdez nos sigue. Detienen la camioneta y otro vehículo del operativo se detiene.
Otro hombre al que le dicen comandante pregunta:
¿De quién chingados es esa camioneta blanca que nos sigue?...
Es mi amigo, le digo.
“Pues a chingar a su madre. Que se vaya o lo detenemos por halconeo.”
Aceleran. Nos perdemos. Me pasean. Así duramos un rato. Estoy en San Nicolás de los Garza. Conozco todas las prisiones de Nuevo León. Las he visitado para hacer reportajes, entrevistas… No identifico el camino. Finalmente veo que es la cárcel de El Alamey.
El hombre de la recepción no me quiere recibir:
No la puedo ingresar porque el oficio no dice que tenga que estar detenida.
El comandante de Fuerza Civil llama a la juez aparentemente a un celular. Han estado todo el tiempo en comunicación. Le dicta lo que debe decir y se van por el documento corregido.
Me ingresan a la cárcel una hora después.
Las celdas están medio llenas.
Pregunto qué tipo de detenidos tienen:
“robo, violencia, violación…”
La custodio me revisa, el médico me examina. Un funcionario de la prisión me dice: Su detención está hecha con maña. Cualquier falta administrativa tiene fianza de 2 mil pesos. La juez quiere que esté arrestada 36 horas.
Veo a mi amiga Ximena Peredo y a María del Mar.
Me dicen que los niños están bien:
Se los iban a llevar al DIF capullos, pero le argumenté cuestiones legales y no lo permitimos.
Respiro profundo. Lloro. Las abrazo. Me cuentan que mi caso está en los medios, que hay mucha confusión.
Cuatro visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aparecen por la puerta. Preocupada por mi situación la presidenta Minerva Martínez los envió. Me preguntan si quiero interponer una denuncia. Les digo que sí.
El médico toma fotos de un moretón. El siquiatra me aplica el test del Protocolo de Estambul y determina:
Tiene usted un severo estrés postraumático.
Le contesto:
Eso ya lo sé. Dígame cómo me lo curo. Nos reímos.
El director de la prisión, Pedro Ibarra, se porta muy amable. Me deja en una diminuta celda donde hay un viejo lavabo descompuesto y un inodoro pestilente, con una cama de piedra. En el piso hay un hoyo por donde entran y salen cucarachas. Las horas que pasé en esa celda las dejo para otro relato.
Por la cárcel aparecieron muchos amigos y familiares. Aquello era una romería y me decían que había muchos colegas y amigos fuera que no les permitían entrar, que mis queridos compañeros de La Jornada estaban apoyándome, que mi querida amiga Lydia Cacho estaba removiendo Roma con Santiago para ayudarme, que Carmen Aristegui había llamado, al igual que mis compañeros de SinEmbargo.mx. Mis amigos Pedro Cámara, Joaquín Hurtado y su esposa, Rosa, Abel Quiroga, Denisse Alamillo e Indira Kempis y tantos otros no se separaban, junto a mis hermanos Sonia, Gloria y Alejandro… Todos estaban muy preocupados.
Un amigo que trabaja en el gobierno de Nuevo León llegó y me dijo sin ambages: Estás aquí por orden de la juez, que está apoyada por Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, lo cual quiere decir, que hay línea del gobernador Rodrigo Medina para que te arrestaran de esa forma y te dejen aquí las 36 horas. Te quieren dar un escarmiento.
Al final del día, llegaron la presidenta de la CEDH, Minerva Martínez, y su segundo visitador, el abogado de derechos humanos y amigo Sergio Méndez Silva. Me tranquilizaron y me comentaron que habían abierto un expediente de queja por mi detención, que incluye entre violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de expresión con motivo de mi trabajo periodístico, uso excesivo de la fuerza pública, detención ilegal y arbitraria y ejercicio indebido de la función pública, entre otros delitos.
Viví una noche espantosa, rica en términos narrativos, pero dura desde el punto de vista humano. A las 4:30 de la mañana es el pase de lista. Me llevan al comedor. Hay 12 celdas con 70 o 100 detenidos. Luego me permitieron contestar una llamada. Era mi amiga Cristina Sada. Me solté llorando: “Te vamos a sacar, hermana.
No debiste haber pasado la noche allí. Esto tiene línea del gobierno del PRI y es por tu trabajo periodístico. He contratado al mejor despacho de abogados (Betancourt y Asociados). Me han prometido que te sacarán inmediatamente. Te quiero, te amamos… Eres una luchadora. Aguanta”. Seis horas después Julio César Franco Ávalos, juez tercero de distrito en materias civil y de trabajo en el Estado, me concedió la suspensión inmediata al arresto.
Salgo a la calle, veo a mi familia, amigos, colegas, abogados… Los abrazo aliviada y agradecida. Y pienso en los miles de mexicanos que, como yo, sufren todos los días la vulneración de sus derechos, víctimas de nuestro sistema judicial corrupto.
Sanjuana Martínez: contra la arbitrariedad diaria.
Amigos, colegas, familiares y abogados rodean a la periodista Sanjuana Martínez Montemayor tras ser liberada
Es jueves 5 de julio y son las 8 de la mañana. Mis hijos, de nueve y 11 años, saltan a mi cama y piden desayunar entre besos y apapachos. Están de vacaciones. Les he prometido que iremos a un restaurante. Nos preparamos para salir y nos encaminamos a la puerta.
De pronto, Vicky, mi asistente, aparece con el rostro pálido y me dice al oído:
Hay muchos policías afuera, los acabo de ver por la ventana. Están entrando a la casa.
Me asomo por la ventana del jardín y efectivamente hay tres policías encapuchados con armas largas.
Voy al pasillo y veo a otros tantos y más gente en la puerta de la cochera. Están subiéndose y han entrado también a la terraza.
Empiezan a golpear con fuerza la puerta principal.
¿Quién es?, les digo. ¿Qué quieren?
Me contesta una mujer:
Abra la puerta. Somos del juzgado 15 oral familiar. Traemos un instructivo.
Es el juzgado donde casualmente cayeron mis dos asuntos familiares por convivencia y alimentos en mi largo proceso de divorcio.
Le pido a Vicky que se lleve a los niños. Están aterrorizados. Lloran. Me meto al vestidor y le llamo a mi abogada Queeney Rose Osorio Fernández y me dice que no abra.
Hablo con Consuelo Morales, directora de Ciudadanos de Derechos Humanos (Cadhac):
Los policías han rodeado mi casa.
¿Qué hiciste?, me pregunta.
Ayer denuncié por corrupción a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León.
Y me contesta:
Claro. Te van a detener.
¿Pero por qué?... Yo no he hecho nada”.
Ella contesta:
Esta es una reacción a tu acción. No te preocupes. Mando a la abogada.
En ese momento escucho ruidos en la terraza. Han reventado los candados y están intentando romper las cerraduras de las puertas de acero.
No las pueden tirar. Le llamo a mi colega, el periodista César Valdez, uno de los compañeros que un día antes me acompañaron ante el Consejo de la Judicatura para presentar la denuncia contra la juez.
En ese momento escucho que entran a la casa. Quieren romper la puerta de mi habitación a patadas:
No rompan la puerta, les grito.
Abro y veo a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija, titular del juzgado 15 oral en materia familiar. Está acompañada de policías encapuchados con armas largas con uniforme de Fuerza Civil, la policía estatal de Nuevo León.
Su secretaria, Ana Cristina Sepúlveda Martínez, que en su momento me solicitó dinero para agilizar mi expediente, la acompaña.
También están otros dos secretarios de su juzgado, uno de ellos lleva una cámara de video y está grabando la acción.
Les grito:
¿Cómo se atreven a entrar a mi casa? ¿Con qué derecho? ¿Dónde está la orden de cateo, de detención? Usted, es una juez corrupta. Ayer la denuncié ante el Consejo de la Judicatura. Es una protectora de agresores. Reincidente. Usted ya fue denunciada ante la ONU. Ustedes dos son unas corruptas”.
La juez dice con tono de enfado:
Señora, está detenida por una falta administrativa. ¿Dónde están sus hijos? Nos los vamos a llevar.
Antes de que me detengan, alcanzo a decirle:
Está bien, lléveme, pero a mis hijos nadie se los lleva. No los toquen.
Me sacan de mi casa policías con armas largas.
De pronto veo a lo lejos a mi ex marido Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España y ex director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, conferencista y especialista en violencia de género. Tiene una sonrisa de satisfacción.
¿Qué está haciendo aquí?, pienso. ¿Cómo es posible?
Lo denuncié por violencia familiar ante la agencia de Justicia Familiar de la procuraduría y el Copavide (Centro de Orientación, Protección y Apoyo a las Víctimas del Delito). De hecho, el Ministerio Público autorizó una orden de restricción.
Se supone que no debe acercarse a nosotros, es un hombre violento. Está acompañado por sus abogados del despacho de Manuel Alí Jezzini Martínez, ex director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y ahora defensor de narcos del cártel de Sinaloa, entre otros ilustres clientes.
La mujer policía que me conduce a la calle me hace daño en el brazo.
Al salir, veo que va llegando María del Mar Álvarez, amiga y abogada de derechos humanos de Cadhac. Ella fue secuestrada por la misma juez cuando era directora de Alternativas Pacíficas.
Veo que hay ocho o 10 vehículos, incluidas patrullas de San Pedro Garza García. Me suben a una camioneta de Fuerza Civil. Hay dos policías encapuchados custodiándome en la caja de la pick up. Y dos más dentro.
Me dicen que me van a llevar a la cárcel de San Pedro Garza García porque allí me corresponde.
Le hablo a Alicia Leal, presidente de Alternativas Pacíficas: Alicia, me llevan arrestada. Es la misma juez. Ella me tranquiliza: Es una venganza. Ahorita me muevo con los abogados. Le llamo a mi querida Carmen Lira, directora de La Jornada:
“¿Qué pasó, mi hijita? Escucho su voz amorosa como siempre. Me quiebro. Lloro por primera vez.
Le digo:
“Carmen, me han detenido. Me tienen en una patrulla de Fuerza Civil. Hay un fuerte operativo en mi casa. Ayer denuncié a la juez… mis hijos, Carmen, mis hijos...”
Me alcanza a decir que no me preocupe, cuando me quitan el teléfono: Está usted incomunicada.
De pronto, un policía dice:
Vámonos. Hay que llevar el paquete. Dice una clave con un número que no entiendo. Hablan en lenguaje cifrado. Me sacan del municipio de San Pedro Garza García. No me llevan a donde dijeron. Me alarmo. Pregunto y no me contestan. Volteo para atrás y veo que César Valdez nos sigue. Detienen la camioneta y otro vehículo del operativo se detiene.
Otro hombre al que le dicen comandante pregunta:
¿De quién chingados es esa camioneta blanca que nos sigue?...
Es mi amigo, le digo.
“Pues a chingar a su madre. Que se vaya o lo detenemos por halconeo.”
Aceleran. Nos perdemos. Me pasean. Así duramos un rato. Estoy en San Nicolás de los Garza. Conozco todas las prisiones de Nuevo León. Las he visitado para hacer reportajes, entrevistas… No identifico el camino. Finalmente veo que es la cárcel de El Alamey.
El hombre de la recepción no me quiere recibir:
No la puedo ingresar porque el oficio no dice que tenga que estar detenida.
El comandante de Fuerza Civil llama a la juez aparentemente a un celular. Han estado todo el tiempo en comunicación. Le dicta lo que debe decir y se van por el documento corregido.
Me ingresan a la cárcel una hora después.
Las celdas están medio llenas.
Pregunto qué tipo de detenidos tienen:
“robo, violencia, violación…”
La custodio me revisa, el médico me examina. Un funcionario de la prisión me dice: Su detención está hecha con maña. Cualquier falta administrativa tiene fianza de 2 mil pesos. La juez quiere que esté arrestada 36 horas.
Veo a mi amiga Ximena Peredo y a María del Mar.
Me dicen que los niños están bien:
Se los iban a llevar al DIF capullos, pero le argumenté cuestiones legales y no lo permitimos.
Respiro profundo. Lloro. Las abrazo. Me cuentan que mi caso está en los medios, que hay mucha confusión.
Cuatro visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aparecen por la puerta. Preocupada por mi situación la presidenta Minerva Martínez los envió. Me preguntan si quiero interponer una denuncia. Les digo que sí.
El médico toma fotos de un moretón. El siquiatra me aplica el test del Protocolo de Estambul y determina:
Tiene usted un severo estrés postraumático.
Le contesto:
Eso ya lo sé. Dígame cómo me lo curo. Nos reímos.
El director de la prisión, Pedro Ibarra, se porta muy amable. Me deja en una diminuta celda donde hay un viejo lavabo descompuesto y un inodoro pestilente, con una cama de piedra. En el piso hay un hoyo por donde entran y salen cucarachas. Las horas que pasé en esa celda las dejo para otro relato.
Por la cárcel aparecieron muchos amigos y familiares. Aquello era una romería y me decían que había muchos colegas y amigos fuera que no les permitían entrar, que mis queridos compañeros de La Jornada estaban apoyándome, que mi querida amiga Lydia Cacho estaba removiendo Roma con Santiago para ayudarme, que Carmen Aristegui había llamado, al igual que mis compañeros de SinEmbargo.mx. Mis amigos Pedro Cámara, Joaquín Hurtado y su esposa, Rosa, Abel Quiroga, Denisse Alamillo e Indira Kempis y tantos otros no se separaban, junto a mis hermanos Sonia, Gloria y Alejandro… Todos estaban muy preocupados.
Un amigo que trabaja en el gobierno de Nuevo León llegó y me dijo sin ambages: Estás aquí por orden de la juez, que está apoyada por Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, lo cual quiere decir, que hay línea del gobernador Rodrigo Medina para que te arrestaran de esa forma y te dejen aquí las 36 horas. Te quieren dar un escarmiento.
Al final del día, llegaron la presidenta de la CEDH, Minerva Martínez, y su segundo visitador, el abogado de derechos humanos y amigo Sergio Méndez Silva. Me tranquilizaron y me comentaron que habían abierto un expediente de queja por mi detención, que incluye entre violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de expresión con motivo de mi trabajo periodístico, uso excesivo de la fuerza pública, detención ilegal y arbitraria y ejercicio indebido de la función pública, entre otros delitos.
Viví una noche espantosa, rica en términos narrativos, pero dura desde el punto de vista humano. A las 4:30 de la mañana es el pase de lista. Me llevan al comedor. Hay 12 celdas con 70 o 100 detenidos. Luego me permitieron contestar una llamada. Era mi amiga Cristina Sada. Me solté llorando: “Te vamos a sacar, hermana.
No debiste haber pasado la noche allí. Esto tiene línea del gobierno del PRI y es por tu trabajo periodístico. He contratado al mejor despacho de abogados (Betancourt y Asociados). Me han prometido que te sacarán inmediatamente. Te quiero, te amamos… Eres una luchadora. Aguanta”. Seis horas después Julio César Franco Ávalos, juez tercero de distrito en materias civil y de trabajo en el Estado, me concedió la suspensión inmediata al arresto.
Salgo a la calle, veo a mi familia, amigos, colegas, abogados… Los abrazo aliviada y agradecida. Y pienso en los miles de mexicanos que, como yo, sufren todos los días la vulneración de sus derechos, víctimas de nuestro sistema judicial corrupto.
Sanjuana Martínez: contra la arbitrariedad diaria.
Cazador de Duendes- Cantidad de envíos : 632
Fecha de inscripción : 29/04/2012
Localización : Entre lo sublime y lo ridiculo
Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 09.07.12 2:34
3.- Traigo a mis niños baleados ¿por qué nos quieren matar?
Guasave.- Con el llanto de impotencia, de dolor, de coraje, Elda Lizbeth Beltrán reclama a gritos cómo es posible que los policías no se dieran cuenta de que se trataba de unos niños.
"Ni auxilio le dieron los desgraciados, ni un hijo de su ching.. me ayudó".
Todavía con el terror, de la pesadilla, de ver como los amiguitos de sus hijos estaban ensangrentados, esta madre de familia señala que cuando ella vió que las patrullas dieron la vuelta y casi se volteaban le dijo a su hijo que se orillara, para darle campo a los policías, pero jamás se imaginó que las balas serían para ellos.
La van recibió primero los disparos de costado y luego en el centro de la puerta de atrás por donde penetró en el cuerpo sano de quienes buscan el bien con el deporte y con el estudio.
El hijo de Elda fue valiente, no se amedrentó, incluso después del atentado narró con fortaleza cómo los atacaron quienes se suponen son los encargados del orden.
En los alrededores, la gente aun miraba con enojo la escena, de una impunidad que viene desde el gobierno.
Guasave.- Con el llanto de impotencia, de dolor, de coraje, Elda Lizbeth Beltrán reclama a gritos cómo es posible que los policías no se dieran cuenta de que se trataba de unos niños.
"Ni auxilio le dieron los desgraciados, ni un hijo de su ching.. me ayudó".
Todavía con el terror, de la pesadilla, de ver como los amiguitos de sus hijos estaban ensangrentados, esta madre de familia señala que cuando ella vió que las patrullas dieron la vuelta y casi se volteaban le dijo a su hijo que se orillara, para darle campo a los policías, pero jamás se imaginó que las balas serían para ellos.
La van recibió primero los disparos de costado y luego en el centro de la puerta de atrás por donde penetró en el cuerpo sano de quienes buscan el bien con el deporte y con el estudio.
El hijo de Elda fue valiente, no se amedrentó, incluso después del atentado narró con fortaleza cómo los atacaron quienes se suponen son los encargados del orden.
En los alrededores, la gente aun miraba con enojo la escena, de una impunidad que viene desde el gobierno.
Cazador de Duendes- Cantidad de envíos : 632
Fecha de inscripción : 29/04/2012
Localización : Entre lo sublime y lo ridiculo
Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 09.07.12 17:02
4.- ¡¡¡Vendiste mi futuro y no te pertenecía!!!
Cazador de Duendes- Cantidad de envíos : 632
Fecha de inscripción : 29/04/2012
Localización : Entre lo sublime y lo ridiculo
Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 10.07.12 19:46
5.- IFE y los Millones . . . . . de votos del Reconteo
Cazador de Duendes- Cantidad de envíos : 632
Fecha de inscripción : 29/04/2012
Localización : Entre lo sublime y lo ridiculo
Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 26.07.12 18:55
6.- Policías federales, soldados del cártel del Golfo
Una compleja y estructurada organización de policías federales –supuestamente conformada por 32 elementos que brindan protección al cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico, Tamaulipas– no pudo ser desmantelada por el gobierno federal, a pesar de los múltiples testimonios de testigos protegidos que revelaron a las autoridades su intrincada forma de operar. El Ministerio Público federal acredita la supuesta responsabilidad a sólo dos de ellos
De un total de 32 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) adscritos al sector 124 en Tampico, Tamaulipas, acusados de tener vínculos con el cártel del Golfo, únicamente dos fueron declarados formalmente presos por delitos contra la salud y tráfico de indocumentados, revela el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Centro Federalde Readaptación Social 1 Altiplano.
Los agentes federales Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada operaban para el cártel del Golfo, cuya estructura fue creada por Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con diversos testimonios de testigos protegidos, contenidos en la causa penal 1/2008-III.
Los presuntos cómplices del crimen organizado fueron detenidos conforme la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/070/2007, consignada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Casillas Escobar y Velázquez Estrada, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido Halcón, eran sobornados por Eduardo Rodolfo Soriano Gómez, exmiembro de la PFP y uno de los principales operadores de Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, entonces jefe de escoltas de Osiel Cárdenas Guillén, del destacamento de Tampico, a cuyos miembros “les pagaban diversas cantidades de dinero, a fin de que les hicieran llegar a los elementos del destacamento las instrucciones de trabajo y el dinero por medio de los responsables de turno”.
El compromiso –prosigue Halcón– es que no debían molestar a los indocumentados, ya que el pollerocon clave 82*, también conocido comoRafael, el de la plaza de Tampico, les pagaba derecho de piso a Los Zetas. Éstos, a su vez, se comprometían a que los policías federales preventivos, División Caminos, no detuvieran a los vehículos cargados con indocumentados. Incluso, una persona de la organización les llamaba a los encargados de turno para avisarles que dejaran pasar ciertos vehículos. Por cada indocumentado recibían 1 mil 100 pesos.
El testigo protegido Halcón manifestó ante el juez de la causa estar dispuesto a colaborar en la investigación de la organización criminal del cártel del Golfo, concretamente de la célula que opera en Tampico, en donde “elementos de la Policía Federal Preventiva trabajan para Los Zetas, y controlan la ‘plaza’ encabezados por el JC, quien tiene bajo su mando a Rodolfo Gómez Soriano”. Éste era el contacto de los responsables de turno de la comandancia local, a saber: “El inspector Juan César Casillas Escobar; subinspector Francisco Durán Juárez; subinspector Roberto Velásquez Estrada; oficial Alberto Montesillas Dueñas; oficial Marco Antonio Ochoa Contreras, y el oficial Luis Rodolfo Valdez Rendón”.
Enseguida, el testigo da a conocer la lista de los 34 elementos del destacamento que supuestamente estaban bajo las órdenes del JC, a través de Soriano, y que –a decir del testigo protegido– recibían diversas cantidades de dinero por brindar protección al cártel del Golfo. Ellos son Luis Mario Candiani Simón, Moisés Carrera Santos, Juan Manuel Carmona Victoria, Luis Alberto Carmona Villalvazo, José Rosario Delgado Coronado, Marco Antonio Cano Salinas, Ernesto de León Treviño, Rafael Fernández Olvera, Francisco Durán Juárez, Roberto Velázquez Estrada, Vicente Eduardo Martín Anda Ortega, Alberto Montesillos Dueñas, Javier Ortiz Álvarez, Jorge San Gabriel Gómez.
Así como Ramón Gabriel Serna Sánchez, Aníbal Carrillo Avelar, Juan de Dios Carbajal Carbajal, Sergio Carrillo Delfín, Juan José Cano Flores, Joel Omar Carmona Guerrero, Roberto Camargo González, Germán Alberto Castro Jaime, José Roque Campos López, Ricardo Iván Campos López, Lázaro Camarillo Macías, Giovanni Carrillo Ochoa, José Ángel Camacho Pérez, Alberto Carmona Rodríguez y Juan Manuel Carmona Rodríguez.
Todos, afirma Halcón, debían evitar inquietar a los indocumentados. Los sobres con el dinero que repartían eran recogidos por Giovanni Carrillo Ochoa y Lázaro Camarillo Macías. Con respecto de las actividades de narcotráfico de Los Zetas: “Recibíamos instrucciones de los responsables en turno de no detener vehículos que nos parecieran sospechosos u ostentosos, con vidrios polarizados, sin placas de circulación o con placas sobrepuestas, lo cual variaba pues a veces utilizaban vehículos viejos”.
El objetivo era que no se molestara a Los Zetas, pues de lo contrario éstos amedrentaban al personal de la PFP. Por su participación, cada elemento policiaco recibía entre 5 mil y 10 mil pesos cada mes.
El capitán Durán Juárez –uno de los responsables de turno– daba aviso a Soriano cada vez que se realizaban operativos y rondines en la ciudad. La clave era “Quiúbole, ya andamos aquí en la ciudad”. Otra clave del capitán Durán para que no se descubriera de qué se estaba hablando era “¡Carajo!, estamos patrullando la ciudad”.
Así, asegura, “en los operativos y retenes que se encontraban instalados en las entradas de la ciudad, debíamos de avisar en qué lugar estábamos; si se detenía a gente con droga, dinero o armas, y llamar a la gente de LosZetas para saber si eran de su grupo o no. Si no era de su gente, ellos pagaban por la droga, las armas y los detenidos. Ésa era la instrucción”.
La autoridad no pudo demostrar la culpabilidad de 30 policías, quienes fueron declarados inocentes.
Durante el interrogatorio del que fue objeto por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Halcónreconoce uno a uno a los 32 elementos, que en un legajo de fotografías le fueron presentados, como los agentes que recibían dinero de Los Zetas.
Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada también fueron señalados por Chacaltianguis,un testigo protegido de la PGR, como colaboradores del cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico que controlaba el exjefe del cuerpo de seguridad de Osiel Cárdenas –extraditado a Estados Unidos en enero de 2007–, y Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, que permitían el paso de vehículos con indocumentados a cambio de 9 mil pesos mensuales para los oficiales y 5 mil a los suboficiales. Los choferes de los vehículos solamente tenían que decir en los retenes que eran de “La Compañía” de Los Zetas.
“Reconozco a quienes reciben dinero de Los Zetas o ‘La Compañía’, para ayudar al transporte de enervantes, y de sujetos que se dedican al tráfico de indocumentados,polleros, para dejar que pasen los vehículos sin mediar revisión. Ellos son Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada”, afirma Chacaltianguis ante la representación social.
En su declaración del 2 de junio de 2007 –en pleno auge del cártel del Golfo y Los Zetas–, el testigo refiere cómo trasladaban a los indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos –hoy son secuestrados y en su caso reclutados o asesinados– a cambio de pagar a la “comunidad” el derecho de piso para evitar que fueran remitidos a las autoridades de migración.
Otro testigo, Eduardo, señala que trabajó como escolta y chofer de Juan Carlos de la Cruz Reyna, en la “plaza” de Tampico. Ahí, como miembro del cártel del Golfo, conoció a Julio César Escobedo China, alias el 90, quien se encargaba de pagar la nómina al personal y a las autoridades, entre ellos a los policías, para que les brindaran protección.
“Escobedo China dependía directamente de Juan Carlos de la Cruz Reyna, quien, además de coleccionar plumas Mont Blanc, tenía muy buena relación con el agente de la Policía Federal de Caminos, Eduardo Soriano Gómez, quien operaba a través de Gerardo O Segundo, clave 49, quien se encargaba de salir a carretera para arreglar todos los cruces y centros de revisión, así como todo lo relacionado con el transporte de la droga.”
El expediente, que forma parte del proceso derivado del Operativo Conjunto Tamaulipas desarrollado por fuerzas policiacas federales, el Ejército y la policía del estado, contiene el testimonio del resto de los efectivos de la PFP, al frente de los cuales estaba el comandante Ernesto de León Treviño. Todos se declararon inocentes de los cargos que les imputaban los testigos protegidos de la PGR.
En su declaración ministerial del 25 de octubre de 2007, Roberto Velázquez Estrada aseguró desconocer a la gente que estuviera relacionada con el cártel del Golfo y Los Zetas. Negó tener vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas, así como con Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC.
Juan César Casillas Escobar también rechazó los ilícitos que se le imputan y refiere que lo expresado por el testigo Halcón es falso, ya que él se encontraba en Ecatepec, Estado de México, en un curso del Instituto de Capacitación Policial de la PGR, entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2007.
Una compleja y estructurada organización de policías federales –supuestamente conformada por 32 elementos que brindan protección al cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico, Tamaulipas– no pudo ser desmantelada por el gobierno federal, a pesar de los múltiples testimonios de testigos protegidos que revelaron a las autoridades su intrincada forma de operar. El Ministerio Público federal acredita la supuesta responsabilidad a sólo dos de ellos
Los agentes federales Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada operaban para el cártel del Golfo, cuya estructura fue creada por Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con diversos testimonios de testigos protegidos, contenidos en la causa penal 1/2008-III.
Los presuntos cómplices del crimen organizado fueron detenidos conforme la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/070/2007, consignada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Casillas Escobar y Velázquez Estrada, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido Halcón, eran sobornados por Eduardo Rodolfo Soriano Gómez, exmiembro de la PFP y uno de los principales operadores de Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, entonces jefe de escoltas de Osiel Cárdenas Guillén, del destacamento de Tampico, a cuyos miembros “les pagaban diversas cantidades de dinero, a fin de que les hicieran llegar a los elementos del destacamento las instrucciones de trabajo y el dinero por medio de los responsables de turno”.
El compromiso –prosigue Halcón– es que no debían molestar a los indocumentados, ya que el pollerocon clave 82*, también conocido comoRafael, el de la plaza de Tampico, les pagaba derecho de piso a Los Zetas. Éstos, a su vez, se comprometían a que los policías federales preventivos, División Caminos, no detuvieran a los vehículos cargados con indocumentados. Incluso, una persona de la organización les llamaba a los encargados de turno para avisarles que dejaran pasar ciertos vehículos. Por cada indocumentado recibían 1 mil 100 pesos.
Enseguida, el testigo da a conocer la lista de los 34 elementos del destacamento que supuestamente estaban bajo las órdenes del JC, a través de Soriano, y que –a decir del testigo protegido– recibían diversas cantidades de dinero por brindar protección al cártel del Golfo. Ellos son Luis Mario Candiani Simón, Moisés Carrera Santos, Juan Manuel Carmona Victoria, Luis Alberto Carmona Villalvazo, José Rosario Delgado Coronado, Marco Antonio Cano Salinas, Ernesto de León Treviño, Rafael Fernández Olvera, Francisco Durán Juárez, Roberto Velázquez Estrada, Vicente Eduardo Martín Anda Ortega, Alberto Montesillos Dueñas, Javier Ortiz Álvarez, Jorge San Gabriel Gómez.
Así como Ramón Gabriel Serna Sánchez, Aníbal Carrillo Avelar, Juan de Dios Carbajal Carbajal, Sergio Carrillo Delfín, Juan José Cano Flores, Joel Omar Carmona Guerrero, Roberto Camargo González, Germán Alberto Castro Jaime, José Roque Campos López, Ricardo Iván Campos López, Lázaro Camarillo Macías, Giovanni Carrillo Ochoa, José Ángel Camacho Pérez, Alberto Carmona Rodríguez y Juan Manuel Carmona Rodríguez.
Todos, afirma Halcón, debían evitar inquietar a los indocumentados. Los sobres con el dinero que repartían eran recogidos por Giovanni Carrillo Ochoa y Lázaro Camarillo Macías. Con respecto de las actividades de narcotráfico de Los Zetas: “Recibíamos instrucciones de los responsables en turno de no detener vehículos que nos parecieran sospechosos u ostentosos, con vidrios polarizados, sin placas de circulación o con placas sobrepuestas, lo cual variaba pues a veces utilizaban vehículos viejos”.
El objetivo era que no se molestara a Los Zetas, pues de lo contrario éstos amedrentaban al personal de la PFP. Por su participación, cada elemento policiaco recibía entre 5 mil y 10 mil pesos cada mes.
El capitán Durán Juárez –uno de los responsables de turno– daba aviso a Soriano cada vez que se realizaban operativos y rondines en la ciudad. La clave era “Quiúbole, ya andamos aquí en la ciudad”. Otra clave del capitán Durán para que no se descubriera de qué se estaba hablando era “¡Carajo!, estamos patrullando la ciudad”.
Así, asegura, “en los operativos y retenes que se encontraban instalados en las entradas de la ciudad, debíamos de avisar en qué lugar estábamos; si se detenía a gente con droga, dinero o armas, y llamar a la gente de LosZetas para saber si eran de su grupo o no. Si no era de su gente, ellos pagaban por la droga, las armas y los detenidos. Ésa era la instrucción”.
La autoridad no pudo demostrar la culpabilidad de 30 policías, quienes fueron declarados inocentes.
Durante el interrogatorio del que fue objeto por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Halcónreconoce uno a uno a los 32 elementos, que en un legajo de fotografías le fueron presentados, como los agentes que recibían dinero de Los Zetas.
Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada también fueron señalados por Chacaltianguis,un testigo protegido de la PGR, como colaboradores del cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico que controlaba el exjefe del cuerpo de seguridad de Osiel Cárdenas –extraditado a Estados Unidos en enero de 2007–, y Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, que permitían el paso de vehículos con indocumentados a cambio de 9 mil pesos mensuales para los oficiales y 5 mil a los suboficiales. Los choferes de los vehículos solamente tenían que decir en los retenes que eran de “La Compañía” de Los Zetas.“Reconozco a quienes reciben dinero de Los Zetas o ‘La Compañía’, para ayudar al transporte de enervantes, y de sujetos que se dedican al tráfico de indocumentados,polleros, para dejar que pasen los vehículos sin mediar revisión. Ellos son Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada”, afirma Chacaltianguis ante la representación social.
En su declaración del 2 de junio de 2007 –en pleno auge del cártel del Golfo y Los Zetas–, el testigo refiere cómo trasladaban a los indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos –hoy son secuestrados y en su caso reclutados o asesinados– a cambio de pagar a la “comunidad” el derecho de piso para evitar que fueran remitidos a las autoridades de migración.
Otro testigo, Eduardo, señala que trabajó como escolta y chofer de Juan Carlos de la Cruz Reyna, en la “plaza” de Tampico. Ahí, como miembro del cártel del Golfo, conoció a Julio César Escobedo China, alias el 90, quien se encargaba de pagar la nómina al personal y a las autoridades, entre ellos a los policías, para que les brindaran protección.
“Escobedo China dependía directamente de Juan Carlos de la Cruz Reyna, quien, además de coleccionar plumas Mont Blanc, tenía muy buena relación con el agente de la Policía Federal de Caminos, Eduardo Soriano Gómez, quien operaba a través de Gerardo O Segundo, clave 49, quien se encargaba de salir a carretera para arreglar todos los cruces y centros de revisión, así como todo lo relacionado con el transporte de la droga.”
El expediente, que forma parte del proceso derivado del Operativo Conjunto Tamaulipas desarrollado por fuerzas policiacas federales, el Ejército y la policía del estado, contiene el testimonio del resto de los efectivos de la PFP, al frente de los cuales estaba el comandante Ernesto de León Treviño. Todos se declararon inocentes de los cargos que les imputaban los testigos protegidos de la PGR.
En su declaración ministerial del 25 de octubre de 2007, Roberto Velázquez Estrada aseguró desconocer a la gente que estuviera relacionada con el cártel del Golfo y Los Zetas. Negó tener vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas, así como con Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC.
Juan César Casillas Escobar también rechazó los ilícitos que se le imputan y refiere que lo expresado por el testigo Halcón es falso, ya que él se encontraba en Ecatepec, Estado de México, en un curso del Instituto de Capacitación Policial de la PGR, entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2007.
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 16.08.12 17:22
7.- El poder en México se hereda:
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 24.08.12 4:27
8.- En este sexenio, 87 desapariciones forzadas en Michoacán
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 21.10.12 1:59
9.- Golpean a reportero por ser testigo de brutalidad policiaca
El dizque llamado “Gobierno de la Gente” prácticamente ha sido represor de algunos comunicadores que han tocado asuntos propios de violaciones a los derechos humanos, tal y como ocurriera con el reportero de El Sol de Nayarit.
Los hechos
20:30 horas: El reportero circulaba a bordo de un Volkswagen por el boulevard Luis Donaldo Colosio de poniente a oriente, al pasar por donde se encuentran las vías del ferrocarril por la calle Guadalajara, observó que tres bestias uniformadas de la Estatal Preventiva golpeaban salvajemente a un ciudadano, por lo que indignado, este reportero les gritó a los energúmenos policías …!Méndigos abusivos! Y eso fue suficiente para que se iniciara una persecución contra el comunicador.
A altura de la colonia Tierra y Libertad, lo interceptaron y como los de su calaña, pistolas en mano hicieron que el reportero saliera de la unidad y apenas había cerrado la puerta cuando uno de esos bestias le propina un golpe en el rostro con la mano extendida al tiempo que gritaba ….”Que dijiste pendejo, si lo golpeamos o no, a ti que te importa…. No es trabajo tuyo, ….”
Otro de esos bestias le arrebata el celular al reportero para revisar que no haya tomado alguna foto o video de lo que habían hecho, luego este último esposa al reportero y de inmediato a puntapiés lo suben a la unidad policíaca.
Ya arriba, solicita le permitan comunicarse con el SubProcurador de Justicia Edgar Veytia, a lo uno de esos bestias señala que no tenía derecho alguno de molestar al funcionario y, como se menciona ya esposado, le propina otro golpe en el rostro.
Lógico que el reportero les lanzó una serie de improperios, pero a cambio recibió algunas patadas por lo que se optó por callarse.
Minutos después fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, en donde, tras identificarse como reportero, las agresiones verbales no pararon.
Minutos después, el SubProcurador de Justicia Edgar Veytia, al saber del asunto, ordenó que fuera liberado de inmediato, sin embargo, queda el asunto del ciudadano golpeado, quién era, porqué era golpeado estando en el suelo y todavía, este reportero que conoce del hecho, fue salvajemente golpeado por estos bestias uniformados pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En las próximas horas se presentará oficialmente queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, toda vez que estos agentes amenazaron al reportero que si publicaba algo o mencionara algo contra ellos, ya tenían su domicilio, por lo que desde estos momentos se hace responsable de cualquier agresión al reportero o a su familia, al encargado de la Estatal Preventiva y a sus bestias uniformadas.
(Con información de El Sol de Nayarit)
Los hechos
20:30 horas: El reportero circulaba a bordo de un Volkswagen por el boulevard Luis Donaldo Colosio de poniente a oriente, al pasar por donde se encuentran las vías del ferrocarril por la calle Guadalajara, observó que tres bestias uniformadas de la Estatal Preventiva golpeaban salvajemente a un ciudadano, por lo que indignado, este reportero les gritó a los energúmenos policías …!Méndigos abusivos! Y eso fue suficiente para que se iniciara una persecución contra el comunicador.
A altura de la colonia Tierra y Libertad, lo interceptaron y como los de su calaña, pistolas en mano hicieron que el reportero saliera de la unidad y apenas había cerrado la puerta cuando uno de esos bestias le propina un golpe en el rostro con la mano extendida al tiempo que gritaba ….”Que dijiste pendejo, si lo golpeamos o no, a ti que te importa…. No es trabajo tuyo, ….”
Otro de esos bestias le arrebata el celular al reportero para revisar que no haya tomado alguna foto o video de lo que habían hecho, luego este último esposa al reportero y de inmediato a puntapiés lo suben a la unidad policíaca.
Ya arriba, solicita le permitan comunicarse con el SubProcurador de Justicia Edgar Veytia, a lo uno de esos bestias señala que no tenía derecho alguno de molestar al funcionario y, como se menciona ya esposado, le propina otro golpe en el rostro.
Lógico que el reportero les lanzó una serie de improperios, pero a cambio recibió algunas patadas por lo que se optó por callarse.
Minutos después fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, en donde, tras identificarse como reportero, las agresiones verbales no pararon.
Minutos después, el SubProcurador de Justicia Edgar Veytia, al saber del asunto, ordenó que fuera liberado de inmediato, sin embargo, queda el asunto del ciudadano golpeado, quién era, porqué era golpeado estando en el suelo y todavía, este reportero que conoce del hecho, fue salvajemente golpeado por estos bestias uniformados pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En las próximas horas se presentará oficialmente queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, toda vez que estos agentes amenazaron al reportero que si publicaba algo o mencionara algo contra ellos, ya tenían su domicilio, por lo que desde estos momentos se hace responsable de cualquier agresión al reportero o a su familia, al encargado de la Estatal Preventiva y a sus bestias uniformadas.
(Con información de El Sol de Nayarit)
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 27.10.12 4:36
10.- Senadora 'echa pasión' durante discusión de reforma laboral
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 15.11.12 19:26
11.- El misterio del testigo protegido
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 13.12.12 1:42
12.- “El Chapo”, eventual aliado de Peña Nieto
El Chapo Guzmán
La estadunidense Sylvia Longmire, fundadora de una consultora especializada en el análisis de la violencia delincuencial en México, lo dice de manera tajante: el presidente Enrique Peña Nieto “no puede cambiar mucho la estrategia contra el narcotráfico seguida por Calderón”. Su razonamiento es el siguiente: el priista tendrá que definir la participación de los militares, pero no se puede permitir cambiar la estrategia. De hacerlo, corre el riesgo de enemistarse con su vecino Obama. Lo paradójico, insiste, es que esta estrategia pasa por mantener en libertad al Chapo Guzmán, el menos violento de los capos de la droga.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Joaquín El Chapo Guzmán se perfila para ser el gran aliado del presidente Enrique Peña Nieto. La capacidad del jefe del Cártel de Sinaloa para estabilizar el negocio de las drogas ilegales en México puede ayudar al nuevo presidente en su prisa por reducir la violencia heredada del gobierno de Felipe Calderón.
Pragmática, esa solución no significa que Peña Nieto se siente a negociar con el narcotraficante “más buscado del mundo”, sino que agudice el debilitamiento de Los Zetas, el principal enemigo del Cártel de Sinaloa y una de las organizaciones más violentas de México, asegura Sylvia Longmire, oficial en retiro y exagente de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Fundadora de Longmire Consulting, dedicada al seguimiento de la “guerra de la droga en México”, la firma considera al Chapo Guzmán como un potencial aliado de facto de Peña Nieto por su “orientación empresarial, menos proclive a la violencia irracional”.
El afamado líder de la “Federación Sinaloense”, como también se conoce al Cártel de Sinaloa, se formó en la clase de narcotraficantes “racionales” que durante años mantuvieron el negocio de las drogas ilegales en México sin desbordar la violencia. La consultora refiere a Pablo Acosta, jefe del narcotráfico en los años setenta en Chihuahua, y a Miguel Ángel Félix Gallardo, de cuya organización se desprendieron a finales de los ochenta los cárteles de Tijuana y de Sinaloa.
“El Chapo es un pensante racional. Pertenece a la clase de narcotraficantes que han visto el negocio como una empresa”, dice Longmire, quien fue capitán y agente especial en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se dedicó a contrainteligencia, contraespionaje y análisis en protección.
Retirada en 2005 de la milicia después de ocho años de servicio, trabajó durante cuatro años como principal analista del Centro de Evaluación de Amenazas Terroristas del estado de California, encargada de reportar a los altos niveles de gobierno sobre la violencia en la frontera con México.
Aunque su experiencia pasa por el análisis de la delincuencia organizada en América Latina, ahora se dedica a la consultoría concentrada en la violencia de la delincuencia organizada en México y sus posibles efectos en Estados Unidos. El título de su primer libro lo refleja: Cartel: The Coming Invasion of Mexico´s Drug Wars (Cártel: la invasión que viene de las guerras a las drogas en México), publicado el año pasado en Estados Unidos y que se editará en español en 2013.
Como muchos analistas y exanalistas militares de Estados Unidos, Longmire considera a los cárteles mexicanos de la droga como una amenaza para la seguridad estadunidense, más allá incluso de la frontera con México.
Conocedora de la dinámica de los cárteles mexicanos de la droga, ve al Chapo Guzmán Loera como factor de estabilidad para el gobierno de Peña Nieto en el propósito del nuevo gobierno de bajar la violencia exacerbada por el control de la delincuencia organizada en México.
Prófugo desde 2001, al inicio del gobierno de Vicente Fox, cuando se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, ha escapado de varios operativos encomendados al Ejército para detenerlo.
Incluso, el Pentágono concibió un operativo quirúrgico, a solicitud de Calderón. Pero las Fuerzas Armadas mexicanas se opusieron porque la operación parecida a la cacería del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, estaría a cargo de un comando de la fuerza especial Seal (acrónimo inglés de las palabras mar, aire y tierra), sin intervención de militares mexicanos más que para recibirlo (Proceso 1867).
Su detención ahora sería contraproducente porque dejaría en manos de grupos más violentos el control del narcotráfico, dice Longmire en entrevista telefónica realizada el martes 27 de noviembre a propósito del artículo que publicó el 31 de octubre pasado en smallwarsjournal.com titulado Por qué el arresto del Chapo podría ser una mala cosa.
Un capo “racional”
Para la analista estadunidense, Guzmán Loera es un delincuente de la vieja escuela que tiene al narcotráfico como negocio. Incluido por tres años consecutivos en la lista Forbes de los millonarios del mundo, “está alejado de la violencia irracional de Los Zetas”, el principal grupo que le disputa el control del narcotráfico en México al Cártel de Sinaloa.
Como en su momento ocurrió con Benjamín Arellano Félix, cuando era jefe del Cártel de Tijuana, El Chapo tiene una mentalidad empresarial. Entendió que la violencia es muy mala para el negocio. Lo mismo que Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, a quien se le identifica como el actual jefe de esa organización delictiva.
No era el caso de Ramón Arellano Félix, el más violento del cártel hasta que fue asesinado en 2002 durante una balacera en Mazatlán. Benjamín fue detenido ese mismo año en Puebla, durante el gobierno de Fox, y ahora está procesado en Estados Unidos.
Egresada de la Universidad del sur de Florida en estudios de América Latina y el Caribe, lo que le permitió trabajar en la sección de América Latina de la oficina de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Longmire refiere la propia experiencia estadunidense para colocar la “forma tradicional del negocio” de la droga en México por encima de un control violento de ese mercado ilegal:
En Estados Unidos la violencia de la delincuencia organizada es mínima porque los líderes de los grupos delictivos son más racionales y no son como aquellos de los años veinte del siglo XX en Chicago o Nueva York que se disputaron violentamente el control del negocio del alcohol cuando fue prohibida su venta legal.
Contundente, asevera que si Guzmán Loera desaparece ahora del panorama del narco en México no sería la mejor noticia para el gobierno de Peña Nieto: “Si El Chapo queda fuera de la foto, se pierde el hombre más racional en el negocio de las drogas, como ocurrió en su momento con Félix Gallardo”. Lo mismo dice del otro jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
Ante el hecho de que la Federación Sinaloense también ha extremado la violencia para establecerse en diferentes partes del país, señala: “Mi preocupación son la motivación y las víctimas. Es cierto que también comete asesinatos, corrompe e infiltra las instituciones para mantenerse en el negocio, pero se conduce de una manera más civilizada. Los Zetas no tienen ese enfoque”.
Cita el caso del incendio del casino Royale en Monterrey, por parte de éstos en agosto de 2011, en el que murieron 52 personas. Dice de la organización de origen militar surgido como brazo armado del Cártel del Golfo: extorsionan, secuestran, están implicados en cosas terribles.
Conferencista sobre América Latina en el curso de Dinámicas del terrorismo internacional en la Escuela de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, la militar en retiro menciona que en su lógica de negocios, el Cártel de Sinaloa está organizado como una corporación, mientras que Los Zetas están más centralizados, en la misma concepción de cabecillas que utilizó Calderón en su “guerra al narcotráfico”.
La Federación de Sinaloa opera como una enorme corporación, lo que la convierte en una suerte de organización sombrilla para cárteles más pequeños, en la que la presencia del Chapo es más simbólica que la que tuvo El Lazca para Los Zetas. Su sucesor, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40, tampoco podrá tener ese alcance, sobre todo ya con la organización dividida, anota.
Encargada en el Pentágono de analizar los temas que podrían afectar la seguridad del personal de la Fuerza Aérea desplegado por el Comando Sur de Estados Unidos –que abarca Centroamérica, el Caribe y Sudamérica–, Longmire sostiene que el reto más grande para Peña Nieto en materia de seguridad son Los Zetas.
Señala: Es un grupo poderoso, con presencia en gran parte del país, incluso en Sinaloa. Ha crecido a partir de su separación del Cártel del Golfo en 2010. No está organizado de manera jerárquica, como los grupos tradicionales del narcotráfico, y opera en una suerte de franquicias con células que tienen un alto grado de autonomía para extorsionar, secuestrar o asesinar, no sólo a sus enemigos, sino a inocentes, como ocurrió con la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
El escenario real
Si las autoridades mexicanas detienen al Chapo, Los Zetas irían por los territorios del Cártel de Sinaloa, con todo y la violencia que los caracteriza, abunda Longmire, quien se presenta a sí misma como consultora y analista con ocho años de experiencia militar en cumplimiento de la ley, seis de experiencia analítica en América Latina y más de cuatro de seguimiento de los grupos mexicanos de delincuencia organizada transnacional y de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos.
Menciona que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios han surgido para sobrevivir como grupos pequeños, pero que Los Zetas tienen que desaparecer para disminuir de manera sostenida la violencia en México.
Contraria a la idea generalizada de que Calderón evitó meterse con el Cártel de Sinaloa, refiere el asesinato de Ignacio Nacho Coronel en julio de 2010 por parte del Ejército, y la detención del Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, en marzo de 2009, también por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Duda de los alegatos de la defensa de Vicente Zambada Niebla, ante una Corte federal en Chicago, sobre supuestos arreglos con el gobierno de Estados Unidos para operar en el tráfico de drogas hacia ese país.
Dice que a diferencia de otras organizaciones, incluido el Cártel de Juárez, la Federación Sinaloense es más difícil de desestructurar debido a su organización, que controla mucho territorio y mucha gente. Incluso la considera como un factor para estabilizar Tamaulipas, donde se encuentran los bastiones más importantes de Los Zetas.
En momentos en que Peña Nieto se encontraba en Washington con el presidente Barack Obama y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, Longmire dijo que el nuevo presidente de México “no puede cambiar mucho” la estrategia contra el narcotráfico seguida por Calderón.
“Su prioridad es reducir la violencia, pero no se puede permitir cambiar mucho. La Iniciativa Mérida, si bien no representa mucho dinero para México, ha definido la estrategia. Si pretende cambiar, entrará en conflicto con el gobierno de Estados Unidos.
“Es lógico que haga algunos cambios, sobre todo para bajar la violencia, pero tiene que ser honesto con los cambios que quiere hacer. Hasta ahora sólo se sabe que quiere a la Policía Federal dentro la Secretaría de Gobernación, pero nada ha precisado sobre la idea de crear una Gendarmería Nacional. No se sabe nada en concreto de lo que quiere hacer.”
Entre los posibles cambios en el nuevo gobierno menciona el retorno de los militares a sus cuarteles. “Es insostenible. No están preparados para eso. La muestra son los abusos en derechos humanos”. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo cerca de 9 mil quejas contra el Ejército y la Marina Armada de México durante el sexenio de Calderón, aunque en proporción la segunda tuvo un mayor número de recomendaciones (Proceso 1882).
Asegura que fue el propio Calderón, quien solicitó una mayor presencia estadunidense en México para enfrentar el narcotráfico. Pidió el sobrevuelos de aviones no tripulados (drones) sobre el cielo mexicano y la asistencia de agencias estadunidenses para tener más capacidad de acción. Refirió el operativo en el que la Marina Armada de México ejecutó a Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de jefes o El Barbas, en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009.
La oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que para el gobierno de su país la Marina Armada de México “fue más confiable” que el Ejército. “Tal vez están mejor entrenados, mejor pagados o son menos corruptos. O tal vez una combinación de eso hizo que el gobierno y las agencias estadunidenses estuvieran más dispuestas a trabajar con ellos que con el Ejército”.
Peña Nieto tendrá que definir la participación de los militares, pero lo que no se puede permitir es cambiar la estrategia, que pasa, dice, por mantener en libertad al Chapo Guzmán: “Es irónico, pero el gobierno mexicano en el corto plazo tiene muy pocas opciones para reducir la violencia y una de ellas es que El Chapo siga como un hombre libre”.
El Chapo Guzmán
La estadunidense Sylvia Longmire, fundadora de una consultora especializada en el análisis de la violencia delincuencial en México, lo dice de manera tajante: el presidente Enrique Peña Nieto “no puede cambiar mucho la estrategia contra el narcotráfico seguida por Calderón”. Su razonamiento es el siguiente: el priista tendrá que definir la participación de los militares, pero no se puede permitir cambiar la estrategia. De hacerlo, corre el riesgo de enemistarse con su vecino Obama. Lo paradójico, insiste, es que esta estrategia pasa por mantener en libertad al Chapo Guzmán, el menos violento de los capos de la droga.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Joaquín El Chapo Guzmán se perfila para ser el gran aliado del presidente Enrique Peña Nieto. La capacidad del jefe del Cártel de Sinaloa para estabilizar el negocio de las drogas ilegales en México puede ayudar al nuevo presidente en su prisa por reducir la violencia heredada del gobierno de Felipe Calderón.
Pragmática, esa solución no significa que Peña Nieto se siente a negociar con el narcotraficante “más buscado del mundo”, sino que agudice el debilitamiento de Los Zetas, el principal enemigo del Cártel de Sinaloa y una de las organizaciones más violentas de México, asegura Sylvia Longmire, oficial en retiro y exagente de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Fundadora de Longmire Consulting, dedicada al seguimiento de la “guerra de la droga en México”, la firma considera al Chapo Guzmán como un potencial aliado de facto de Peña Nieto por su “orientación empresarial, menos proclive a la violencia irracional”.
El afamado líder de la “Federación Sinaloense”, como también se conoce al Cártel de Sinaloa, se formó en la clase de narcotraficantes “racionales” que durante años mantuvieron el negocio de las drogas ilegales en México sin desbordar la violencia. La consultora refiere a Pablo Acosta, jefe del narcotráfico en los años setenta en Chihuahua, y a Miguel Ángel Félix Gallardo, de cuya organización se desprendieron a finales de los ochenta los cárteles de Tijuana y de Sinaloa.
“El Chapo es un pensante racional. Pertenece a la clase de narcotraficantes que han visto el negocio como una empresa”, dice Longmire, quien fue capitán y agente especial en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se dedicó a contrainteligencia, contraespionaje y análisis en protección.
Retirada en 2005 de la milicia después de ocho años de servicio, trabajó durante cuatro años como principal analista del Centro de Evaluación de Amenazas Terroristas del estado de California, encargada de reportar a los altos niveles de gobierno sobre la violencia en la frontera con México.
Aunque su experiencia pasa por el análisis de la delincuencia organizada en América Latina, ahora se dedica a la consultoría concentrada en la violencia de la delincuencia organizada en México y sus posibles efectos en Estados Unidos. El título de su primer libro lo refleja: Cartel: The Coming Invasion of Mexico´s Drug Wars (Cártel: la invasión que viene de las guerras a las drogas en México), publicado el año pasado en Estados Unidos y que se editará en español en 2013.
Como muchos analistas y exanalistas militares de Estados Unidos, Longmire considera a los cárteles mexicanos de la droga como una amenaza para la seguridad estadunidense, más allá incluso de la frontera con México.
Conocedora de la dinámica de los cárteles mexicanos de la droga, ve al Chapo Guzmán Loera como factor de estabilidad para el gobierno de Peña Nieto en el propósito del nuevo gobierno de bajar la violencia exacerbada por el control de la delincuencia organizada en México.
Prófugo desde 2001, al inicio del gobierno de Vicente Fox, cuando se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, ha escapado de varios operativos encomendados al Ejército para detenerlo.
Incluso, el Pentágono concibió un operativo quirúrgico, a solicitud de Calderón. Pero las Fuerzas Armadas mexicanas se opusieron porque la operación parecida a la cacería del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, estaría a cargo de un comando de la fuerza especial Seal (acrónimo inglés de las palabras mar, aire y tierra), sin intervención de militares mexicanos más que para recibirlo (Proceso 1867).
Su detención ahora sería contraproducente porque dejaría en manos de grupos más violentos el control del narcotráfico, dice Longmire en entrevista telefónica realizada el martes 27 de noviembre a propósito del artículo que publicó el 31 de octubre pasado en smallwarsjournal.com titulado Por qué el arresto del Chapo podría ser una mala cosa.
Un capo “racional”
Para la analista estadunidense, Guzmán Loera es un delincuente de la vieja escuela que tiene al narcotráfico como negocio. Incluido por tres años consecutivos en la lista Forbes de los millonarios del mundo, “está alejado de la violencia irracional de Los Zetas”, el principal grupo que le disputa el control del narcotráfico en México al Cártel de Sinaloa.
Como en su momento ocurrió con Benjamín Arellano Félix, cuando era jefe del Cártel de Tijuana, El Chapo tiene una mentalidad empresarial. Entendió que la violencia es muy mala para el negocio. Lo mismo que Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, a quien se le identifica como el actual jefe de esa organización delictiva.
No era el caso de Ramón Arellano Félix, el más violento del cártel hasta que fue asesinado en 2002 durante una balacera en Mazatlán. Benjamín fue detenido ese mismo año en Puebla, durante el gobierno de Fox, y ahora está procesado en Estados Unidos.
Egresada de la Universidad del sur de Florida en estudios de América Latina y el Caribe, lo que le permitió trabajar en la sección de América Latina de la oficina de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Longmire refiere la propia experiencia estadunidense para colocar la “forma tradicional del negocio” de la droga en México por encima de un control violento de ese mercado ilegal:
En Estados Unidos la violencia de la delincuencia organizada es mínima porque los líderes de los grupos delictivos son más racionales y no son como aquellos de los años veinte del siglo XX en Chicago o Nueva York que se disputaron violentamente el control del negocio del alcohol cuando fue prohibida su venta legal.
Contundente, asevera que si Guzmán Loera desaparece ahora del panorama del narco en México no sería la mejor noticia para el gobierno de Peña Nieto: “Si El Chapo queda fuera de la foto, se pierde el hombre más racional en el negocio de las drogas, como ocurrió en su momento con Félix Gallardo”. Lo mismo dice del otro jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
Ante el hecho de que la Federación Sinaloense también ha extremado la violencia para establecerse en diferentes partes del país, señala: “Mi preocupación son la motivación y las víctimas. Es cierto que también comete asesinatos, corrompe e infiltra las instituciones para mantenerse en el negocio, pero se conduce de una manera más civilizada. Los Zetas no tienen ese enfoque”.
Cita el caso del incendio del casino Royale en Monterrey, por parte de éstos en agosto de 2011, en el que murieron 52 personas. Dice de la organización de origen militar surgido como brazo armado del Cártel del Golfo: extorsionan, secuestran, están implicados en cosas terribles.
Conferencista sobre América Latina en el curso de Dinámicas del terrorismo internacional en la Escuela de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, la militar en retiro menciona que en su lógica de negocios, el Cártel de Sinaloa está organizado como una corporación, mientras que Los Zetas están más centralizados, en la misma concepción de cabecillas que utilizó Calderón en su “guerra al narcotráfico”.
La Federación de Sinaloa opera como una enorme corporación, lo que la convierte en una suerte de organización sombrilla para cárteles más pequeños, en la que la presencia del Chapo es más simbólica que la que tuvo El Lazca para Los Zetas. Su sucesor, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40, tampoco podrá tener ese alcance, sobre todo ya con la organización dividida, anota.
Encargada en el Pentágono de analizar los temas que podrían afectar la seguridad del personal de la Fuerza Aérea desplegado por el Comando Sur de Estados Unidos –que abarca Centroamérica, el Caribe y Sudamérica–, Longmire sostiene que el reto más grande para Peña Nieto en materia de seguridad son Los Zetas.
Señala: Es un grupo poderoso, con presencia en gran parte del país, incluso en Sinaloa. Ha crecido a partir de su separación del Cártel del Golfo en 2010. No está organizado de manera jerárquica, como los grupos tradicionales del narcotráfico, y opera en una suerte de franquicias con células que tienen un alto grado de autonomía para extorsionar, secuestrar o asesinar, no sólo a sus enemigos, sino a inocentes, como ocurrió con la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
El escenario real
Si las autoridades mexicanas detienen al Chapo, Los Zetas irían por los territorios del Cártel de Sinaloa, con todo y la violencia que los caracteriza, abunda Longmire, quien se presenta a sí misma como consultora y analista con ocho años de experiencia militar en cumplimiento de la ley, seis de experiencia analítica en América Latina y más de cuatro de seguimiento de los grupos mexicanos de delincuencia organizada transnacional y de la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos.
Menciona que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios han surgido para sobrevivir como grupos pequeños, pero que Los Zetas tienen que desaparecer para disminuir de manera sostenida la violencia en México.
Contraria a la idea generalizada de que Calderón evitó meterse con el Cártel de Sinaloa, refiere el asesinato de Ignacio Nacho Coronel en julio de 2010 por parte del Ejército, y la detención del Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, en marzo de 2009, también por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Duda de los alegatos de la defensa de Vicente Zambada Niebla, ante una Corte federal en Chicago, sobre supuestos arreglos con el gobierno de Estados Unidos para operar en el tráfico de drogas hacia ese país.
Dice que a diferencia de otras organizaciones, incluido el Cártel de Juárez, la Federación Sinaloense es más difícil de desestructurar debido a su organización, que controla mucho territorio y mucha gente. Incluso la considera como un factor para estabilizar Tamaulipas, donde se encuentran los bastiones más importantes de Los Zetas.
En momentos en que Peña Nieto se encontraba en Washington con el presidente Barack Obama y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, Longmire dijo que el nuevo presidente de México “no puede cambiar mucho” la estrategia contra el narcotráfico seguida por Calderón.
“Su prioridad es reducir la violencia, pero no se puede permitir cambiar mucho. La Iniciativa Mérida, si bien no representa mucho dinero para México, ha definido la estrategia. Si pretende cambiar, entrará en conflicto con el gobierno de Estados Unidos.
“Es lógico que haga algunos cambios, sobre todo para bajar la violencia, pero tiene que ser honesto con los cambios que quiere hacer. Hasta ahora sólo se sabe que quiere a la Policía Federal dentro la Secretaría de Gobernación, pero nada ha precisado sobre la idea de crear una Gendarmería Nacional. No se sabe nada en concreto de lo que quiere hacer.”
Entre los posibles cambios en el nuevo gobierno menciona el retorno de los militares a sus cuarteles. “Es insostenible. No están preparados para eso. La muestra son los abusos en derechos humanos”. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo cerca de 9 mil quejas contra el Ejército y la Marina Armada de México durante el sexenio de Calderón, aunque en proporción la segunda tuvo un mayor número de recomendaciones (Proceso 1882).
Asegura que fue el propio Calderón, quien solicitó una mayor presencia estadunidense en México para enfrentar el narcotráfico. Pidió el sobrevuelos de aviones no tripulados (drones) sobre el cielo mexicano y la asistencia de agencias estadunidenses para tener más capacidad de acción. Refirió el operativo en el que la Marina Armada de México ejecutó a Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de jefes o El Barbas, en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009.
La oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que para el gobierno de su país la Marina Armada de México “fue más confiable” que el Ejército. “Tal vez están mejor entrenados, mejor pagados o son menos corruptos. O tal vez una combinación de eso hizo que el gobierno y las agencias estadunidenses estuvieran más dispuestas a trabajar con ellos que con el Ejército”.
Peña Nieto tendrá que definir la participación de los militares, pero lo que no se puede permitir es cambiar la estrategia, que pasa, dice, por mantener en libertad al Chapo Guzmán: “Es irónico, pero el gobierno mexicano en el corto plazo tiene muy pocas opciones para reducir la violencia y una de ellas es que El Chapo siga como un hombre libre”.
Cazador de Duendes- Cantidad de envíos : 632
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 26.02.13 4:44
13.-CUESTA SÓLO $200 UNA “CHAROLA” FALSA
Charoleo con identidad falsa
Imprentas del Centro lo mismo hacen papelería falsa que placas de latón que acreditan cargos, incluso con nombres inexistentes, aunque también hay vendedores que ofrecen sus servicios en la propia Cámara de Diputados.
AL GUSTO. Con una buena “negociación” entre el cliente y el taller de imprenta se puede obtener cualquier tipo de identificaciones con el nombre y cargo elegido (Foto: ESPECIAL)
Del diputado local Óscar Manuel Romero Franco se dicen muchas cosas, pero una es recurrente, que es el mejor legislador que tiene actualmente el Distrito Federal: un joven educado en las mejores universidades extranjeras, sin faltas en las sesiones de la Asamblea Legislativa, votado abrumadoramente por su comunidad y eficiente con sus vecinos.
En su colonia aseguran que le llaman “el político perfecto” por querido e influyente, aunque el integrante de la VI Legislatura sí tenga un defecto: Óscar Manuel es, en realidad, un fantasma.
Un invento hecho de 50 centímetros cuadrados de latón dorado y grabado con el escudo nacional, que cobra vida cuando alguien lo saca de la cartera para evadir el castigo por conducir ebrio, no pagar una multa, acelerar un trámite oficial y muere cuando vuelve a la billetera de alguien.
El diputado ideal no es más que una”charola” hecha en Santo Domingo, Centro Histórico, producida para corromper autoridades. Y para cualquier capitalino, eso cuesta 200 pesos.
EL UNIVERSAL realizó un ejercicio para verificar el grado de complejidad requerido para obtener una.
Sin más requisito que el pago de una suma mayor a la originalmente acordada, el rostro del asambleísta ficticio pudo grabarse en otra charola, esta vez con el nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones. Ese mismo rostro apareció en una tercera charola con el nombre de Jorge Emilio González Martínez, actual senador por el PVEM, quien con la magia del grabado en Santo Domingo se convirtió en parte de la Policía de Investigación.
“Agradecemos a todas las autoridades públicas, privadas y militares las facilidades que otorguen para las actividades de este servidor público, portador de la presente credencial”, indican las tres charolas maquiladas.
***
El verbo “charolear” no forma parte del Diccionario de la Real Academia Española, pero es de uso común en México. Así se denomina el acto de usar una placa con logotipos oficiales -legal o falsa- para ostentarse como servidor público y obtener beneficios o protección.
Las primeras “charolas” nacieron en la Cámara de Diputados en los años 60, cuando los legisladores comenzaron a pedir identificadores para quienes colaboraban con ellos. A partir de ahí, las placas se convirtieron en sinónimo de personas “con conectes”.
Incluso, medios de comunicación, tribunales e instancias policiacas comenzaron a expedirlas -de forma legal- como un medio para garantizar apoyo en las labores de su personal.
Historias sobre su uso abundan: desde los policías de la extinta Dirección Federal de Seguridad que empleaban sus identificaciones para cerrar Periférico, donde organizaban carreras ilegales hasta el caso de un falsificador de billetes en Tijuana, Baja California, que entregaba su mercancía en 2004 con una “charola” de diputado local.
Por ello, las instituciones de gobierno aseguran ya no usar “charolas” y cuando requieren alguna identificación emplacada para un servidor público, deben enviar su petición a establecimientos auditados por la Secretaría de Gobernación con un oficio membretado y firmado.
Sin embargo, aún se dan casos como el del 11 de febrero, cuando el Mercedes Benz del diputado federal priísta José Rangel Espinosa fue fotografiado por su homólogo panista Juan Pablo Adame con una “charola” de la Cámara de Diputados en lugar de las placas de circulación.
Una charola que, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, cuesta entre 100 y 600 pesos en el mercado negro… ubicado en el mismo sótano de la Cámara de Diputados o en las vecindades del Centro Histórico.
***
Crear la identidad del falso diputado Óscar Manuel Romero Franco tardó una hora de pedido y 30 de espera.
Bastó un recorrido de 10 minutos por Santo Domingo para ubicar un local en Belisario Domínguez 61, donde por 200 pesos aceptaron crear una “charola” con el escudo nacional, aunque la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señale en su artículo sexto que éste sólo podrá imprimirse en papelería oficial y la violación a esa disposición se castiga hasta con mil salarios mínimos.
El único requisito fue entregar el texto deseado, una foto y una carta responsiva del cliente. “Puede no ser de gobierno, haga un oficio cualquiera, fírmelo y ya”, aclaró la trabajadora del local que hace invitaciones para eventos sociales.
En varios locales de la zona, esa es práctica común: con la emisión de un oficio de una empresa fantasma, a cualquiera se le abre una carpeta con diseños ordenados por demanda: primero de legisladores, luego de policías, seguido de militares y, al final, empresas privadas.
“Es buena calidad, se ve muy real. El chavo que las hace es muy bueno y el taller lo tenemos aquí por (la calle) Allende, así que entregamos rápido”, dijo la despachadora, quien entregó una nota de remisión donde escribió la descripción del trabajo: “placa fotograbada” con la palabra “charola” entre paréntesis.
Luego de ajustar el diseño un sábado por la tarde, la entrega se pactó: el lunes a las 14:00 horas, la placa estaba lista con todo y emblemas de la Asamblea Legislativa que acreditan al inexistente Óscar Manuel como diputado. “Ahora sí ¿quedó bonita, no? Muy de diputado”, dijo la empleada con una sonrisa satisfecha.
Dos días después, EL UNIVERSAL consiguió dos “charolas” más con la misma fotografía, pero usando los nombres reales de un poderoso diputado federal y un polémico senador.
***
En la Cámara de Diputados es un secreto a voces que en las zonas de fotocopiadoras o en los sótanos, cada día de sesión hay cerca de 20 personas que dentro del recinto ofrecen “charolas” ilegalmente.
Acceder a sus servicios no es fácil: sólo se llega por recomendación o como asesor o colaborador cercano de algún diputado; si los vendedores no reconocen esa condición, no ofertan su servicio.
“Adentro, hay bastantes personas que se dedican a eso, pero un ámbito más informal (…) Como la Cámara no le niega el acceso a nadie, porque es ‘la casa del pueblo’, mucha gente llega a ofrecer sus servicios y hay de todo, como todas las instituciones en México: así como encuentras vendedores en una secretaría, de esto (charolas) más, porque es una necesidad, un distintivo”, contó Francisco Velázquez Menchaca, quien se dedica a hacer grabados legales para San Lázaro.
Él tiene más de 10 años en este negocio con un local en la calle Miguel Allende, a 400 metros de la Cámara Baja; en su local tiene fotos de sus mejores clientes, atendidos directamente en sus curules: Beatriz Paredes, Omar Fayad, Ricardo Monreal, César Nava, entre otros.
Conoce bien el manejo de las “charolas”, tanto que fue productor de ellas en 2008 y abandonó ese producto para concentrarse en pines, agendas o medallas.
“Ya no es negocio, como hay tanta gente que está haciéndolas ahorita, las dan tan a bajo precio que a mí por 40, 50 pesos que me vaya a ganar, no me representa nada. Es lo que ganan por una credencial: 100 pesos.
“Las pueden vender en 120, 100, 50… hay diferentes. Si yo me gano eso en una agenda, una USB, sin problemas, sin ensuciarme, sin un taller, sin un negocio muy sucio como el de las ‘charolas’, pues no lo hago (…) Es difícil competirle a esos cuates”, dijo el empresario y agregó que cada vez ese negocio informal ha perdido impulso bajo la supervisión de teniente Carlos Gómez Arrieta, director de Resguardo y Seguridad de San Lázaro.
Narró que cuando alguien acude a su negocio para pedir una “charola”, les niega el servicio, pero si insisten, a veces los direcciona con quienes sí las elaboran: personas que caminan por los pasillos legislativos con maletas repletas de credenciales. “Las reparten como tortillas ‘toma una’, ‘toma dos’, ‘ahí van 10′. La verdad sí, sigue siendo común”, admitió Francisco, quien omitió dar detalles sobre ese mercado negro.
¿Quiénes las usan? Asesores parlamentarios, secretarios particulares, encargados de módulos de atención ciudadana y todo aquel que requiera una extensión del fuero de su jefe.
Para el especialista en gobierno y corrupción, Eduardo Rodríguez-Oreggia, las charolas parecían asunto del pasado, pero se han reeditado a partir de la percepción de que cada día es más complicado enfrentar a la burocracia gubernamental sin ayuda extra.
“Uno pensaría que esas prácticas quedaron atrás, hace varias decenas de años, pero lo que hemos observado es que esos viejos mecanismos siguen vivos, en parte porque la ciudadanía ve a los servidores públicos como corruptos y así justifica que ellos también tengan que entrarle al juego de la simulación”, consideró el director del Doctorado en Política Pública de EGAP, Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Un asunto pasado que, para algunos policías, aún es vigente. El policía segundo Apolinar Gómez, del sector Morelos, reconoció que aún hay compañeros suyos que tiemblan ante una charola.
“Yo no, joven, pero la verdad… sí conozco unos oficiales que ven una cosa de esas y hasta les dicen ‘usted disculpe, siga su camino’ y son civiles, no son nada, no tienen fuero. Digo, la mera verdad joven, ¿para qué le dice uno mentiras?”.
***
Luego de conseguir la “charola” del falso diputado, el mismo negocio se encargó de hacer dos placas más, pero debido a la maniobra ilegal aumentaron el precio al doble. Con el pago hecho, y sin oficio de por medio, el local no tuvo empacho en crear una “charola” de diputado federal con el nombre y firma del priista Manlio Fabio Beltrones, pero con el rostro de un joven de 25 años que claramente no corresponde a la imagen del sonorense.
Tampoco hubo problema en que el mismo joven de la fotografía tuviera otra “charola” pero a nombre de Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.
Las placas -en poder del diario- se ofrecieron con una portacredenciales hechas a la medida y con imitación de piel a un costo de 35 pesos cada una y 200 si se quería grabar el escudo nacional.
La entrega se realizó con más cautela que la vez anterior: la encargada fue al taller y volvió con las placas en su mano, cuidando que los emblemas nacionales no fueran vistos por el resto de clientes.
Quiso envolverlas en una bolsa negra, pero al no encontrar una las entregó con el mismo ademán de quien soborna a un policía de tránsito.
Un apretón de manos y la ruta más rápida hacia la estación del Metro más cercana terminaron el encuentro. Ella volvió a rotular invitaciones de XV años en papel arroz, hasta que levantó la voz en el último momento. “¡Oye… cuando quieras también hacemos de Presidencia!”, dijo y guiñó el ojo.
Charoleo con identidad falsa
Imprentas del Centro lo mismo hacen papelería falsa que placas de latón que acreditan cargos, incluso con nombres inexistentes, aunque también hay vendedores que ofrecen sus servicios en la propia Cámara de Diputados.
AL GUSTO. Con una buena “negociación” entre el cliente y el taller de imprenta se puede obtener cualquier tipo de identificaciones con el nombre y cargo elegido (Foto: ESPECIAL)
Del diputado local Óscar Manuel Romero Franco se dicen muchas cosas, pero una es recurrente, que es el mejor legislador que tiene actualmente el Distrito Federal: un joven educado en las mejores universidades extranjeras, sin faltas en las sesiones de la Asamblea Legislativa, votado abrumadoramente por su comunidad y eficiente con sus vecinos.
En su colonia aseguran que le llaman “el político perfecto” por querido e influyente, aunque el integrante de la VI Legislatura sí tenga un defecto: Óscar Manuel es, en realidad, un fantasma.
Un invento hecho de 50 centímetros cuadrados de latón dorado y grabado con el escudo nacional, que cobra vida cuando alguien lo saca de la cartera para evadir el castigo por conducir ebrio, no pagar una multa, acelerar un trámite oficial y muere cuando vuelve a la billetera de alguien.
El diputado ideal no es más que una”charola” hecha en Santo Domingo, Centro Histórico, producida para corromper autoridades. Y para cualquier capitalino, eso cuesta 200 pesos.
EL UNIVERSAL realizó un ejercicio para verificar el grado de complejidad requerido para obtener una.
Sin más requisito que el pago de una suma mayor a la originalmente acordada, el rostro del asambleísta ficticio pudo grabarse en otra charola, esta vez con el nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones. Ese mismo rostro apareció en una tercera charola con el nombre de Jorge Emilio González Martínez, actual senador por el PVEM, quien con la magia del grabado en Santo Domingo se convirtió en parte de la Policía de Investigación.
“Agradecemos a todas las autoridades públicas, privadas y militares las facilidades que otorguen para las actividades de este servidor público, portador de la presente credencial”, indican las tres charolas maquiladas.
***
El verbo “charolear” no forma parte del Diccionario de la Real Academia Española, pero es de uso común en México. Así se denomina el acto de usar una placa con logotipos oficiales -legal o falsa- para ostentarse como servidor público y obtener beneficios o protección.
Las primeras “charolas” nacieron en la Cámara de Diputados en los años 60, cuando los legisladores comenzaron a pedir identificadores para quienes colaboraban con ellos. A partir de ahí, las placas se convirtieron en sinónimo de personas “con conectes”.
Incluso, medios de comunicación, tribunales e instancias policiacas comenzaron a expedirlas -de forma legal- como un medio para garantizar apoyo en las labores de su personal.
Historias sobre su uso abundan: desde los policías de la extinta Dirección Federal de Seguridad que empleaban sus identificaciones para cerrar Periférico, donde organizaban carreras ilegales hasta el caso de un falsificador de billetes en Tijuana, Baja California, que entregaba su mercancía en 2004 con una “charola” de diputado local.
Por ello, las instituciones de gobierno aseguran ya no usar “charolas” y cuando requieren alguna identificación emplacada para un servidor público, deben enviar su petición a establecimientos auditados por la Secretaría de Gobernación con un oficio membretado y firmado.
Sin embargo, aún se dan casos como el del 11 de febrero, cuando el Mercedes Benz del diputado federal priísta José Rangel Espinosa fue fotografiado por su homólogo panista Juan Pablo Adame con una “charola” de la Cámara de Diputados en lugar de las placas de circulación.
Una charola que, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, cuesta entre 100 y 600 pesos en el mercado negro… ubicado en el mismo sótano de la Cámara de Diputados o en las vecindades del Centro Histórico.
***
Crear la identidad del falso diputado Óscar Manuel Romero Franco tardó una hora de pedido y 30 de espera.
Bastó un recorrido de 10 minutos por Santo Domingo para ubicar un local en Belisario Domínguez 61, donde por 200 pesos aceptaron crear una “charola” con el escudo nacional, aunque la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señale en su artículo sexto que éste sólo podrá imprimirse en papelería oficial y la violación a esa disposición se castiga hasta con mil salarios mínimos.
El único requisito fue entregar el texto deseado, una foto y una carta responsiva del cliente. “Puede no ser de gobierno, haga un oficio cualquiera, fírmelo y ya”, aclaró la trabajadora del local que hace invitaciones para eventos sociales.
En varios locales de la zona, esa es práctica común: con la emisión de un oficio de una empresa fantasma, a cualquiera se le abre una carpeta con diseños ordenados por demanda: primero de legisladores, luego de policías, seguido de militares y, al final, empresas privadas.
“Es buena calidad, se ve muy real. El chavo que las hace es muy bueno y el taller lo tenemos aquí por (la calle) Allende, así que entregamos rápido”, dijo la despachadora, quien entregó una nota de remisión donde escribió la descripción del trabajo: “placa fotograbada” con la palabra “charola” entre paréntesis.
Luego de ajustar el diseño un sábado por la tarde, la entrega se pactó: el lunes a las 14:00 horas, la placa estaba lista con todo y emblemas de la Asamblea Legislativa que acreditan al inexistente Óscar Manuel como diputado. “Ahora sí ¿quedó bonita, no? Muy de diputado”, dijo la empleada con una sonrisa satisfecha.
Dos días después, EL UNIVERSAL consiguió dos “charolas” más con la misma fotografía, pero usando los nombres reales de un poderoso diputado federal y un polémico senador.
***
En la Cámara de Diputados es un secreto a voces que en las zonas de fotocopiadoras o en los sótanos, cada día de sesión hay cerca de 20 personas que dentro del recinto ofrecen “charolas” ilegalmente.
Acceder a sus servicios no es fácil: sólo se llega por recomendación o como asesor o colaborador cercano de algún diputado; si los vendedores no reconocen esa condición, no ofertan su servicio.
“Adentro, hay bastantes personas que se dedican a eso, pero un ámbito más informal (…) Como la Cámara no le niega el acceso a nadie, porque es ‘la casa del pueblo’, mucha gente llega a ofrecer sus servicios y hay de todo, como todas las instituciones en México: así como encuentras vendedores en una secretaría, de esto (charolas) más, porque es una necesidad, un distintivo”, contó Francisco Velázquez Menchaca, quien se dedica a hacer grabados legales para San Lázaro.
Él tiene más de 10 años en este negocio con un local en la calle Miguel Allende, a 400 metros de la Cámara Baja; en su local tiene fotos de sus mejores clientes, atendidos directamente en sus curules: Beatriz Paredes, Omar Fayad, Ricardo Monreal, César Nava, entre otros.
Conoce bien el manejo de las “charolas”, tanto que fue productor de ellas en 2008 y abandonó ese producto para concentrarse en pines, agendas o medallas.
“Ya no es negocio, como hay tanta gente que está haciéndolas ahorita, las dan tan a bajo precio que a mí por 40, 50 pesos que me vaya a ganar, no me representa nada. Es lo que ganan por una credencial: 100 pesos.
“Las pueden vender en 120, 100, 50… hay diferentes. Si yo me gano eso en una agenda, una USB, sin problemas, sin ensuciarme, sin un taller, sin un negocio muy sucio como el de las ‘charolas’, pues no lo hago (…) Es difícil competirle a esos cuates”, dijo el empresario y agregó que cada vez ese negocio informal ha perdido impulso bajo la supervisión de teniente Carlos Gómez Arrieta, director de Resguardo y Seguridad de San Lázaro.
Narró que cuando alguien acude a su negocio para pedir una “charola”, les niega el servicio, pero si insisten, a veces los direcciona con quienes sí las elaboran: personas que caminan por los pasillos legislativos con maletas repletas de credenciales. “Las reparten como tortillas ‘toma una’, ‘toma dos’, ‘ahí van 10′. La verdad sí, sigue siendo común”, admitió Francisco, quien omitió dar detalles sobre ese mercado negro.
¿Quiénes las usan? Asesores parlamentarios, secretarios particulares, encargados de módulos de atención ciudadana y todo aquel que requiera una extensión del fuero de su jefe.
Para el especialista en gobierno y corrupción, Eduardo Rodríguez-Oreggia, las charolas parecían asunto del pasado, pero se han reeditado a partir de la percepción de que cada día es más complicado enfrentar a la burocracia gubernamental sin ayuda extra.
“Uno pensaría que esas prácticas quedaron atrás, hace varias decenas de años, pero lo que hemos observado es que esos viejos mecanismos siguen vivos, en parte porque la ciudadanía ve a los servidores públicos como corruptos y así justifica que ellos también tengan que entrarle al juego de la simulación”, consideró el director del Doctorado en Política Pública de EGAP, Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
Un asunto pasado que, para algunos policías, aún es vigente. El policía segundo Apolinar Gómez, del sector Morelos, reconoció que aún hay compañeros suyos que tiemblan ante una charola.
“Yo no, joven, pero la verdad… sí conozco unos oficiales que ven una cosa de esas y hasta les dicen ‘usted disculpe, siga su camino’ y son civiles, no son nada, no tienen fuero. Digo, la mera verdad joven, ¿para qué le dice uno mentiras?”.
***
Luego de conseguir la “charola” del falso diputado, el mismo negocio se encargó de hacer dos placas más, pero debido a la maniobra ilegal aumentaron el precio al doble. Con el pago hecho, y sin oficio de por medio, el local no tuvo empacho en crear una “charola” de diputado federal con el nombre y firma del priista Manlio Fabio Beltrones, pero con el rostro de un joven de 25 años que claramente no corresponde a la imagen del sonorense.
Tampoco hubo problema en que el mismo joven de la fotografía tuviera otra “charola” pero a nombre de Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.
Las placas -en poder del diario- se ofrecieron con una portacredenciales hechas a la medida y con imitación de piel a un costo de 35 pesos cada una y 200 si se quería grabar el escudo nacional.
La entrega se realizó con más cautela que la vez anterior: la encargada fue al taller y volvió con las placas en su mano, cuidando que los emblemas nacionales no fueran vistos por el resto de clientes.
Quiso envolverlas en una bolsa negra, pero al no encontrar una las entregó con el mismo ademán de quien soborna a un policía de tránsito.
Un apretón de manos y la ruta más rápida hacia la estación del Metro más cercana terminaron el encuentro. Ella volvió a rotular invitaciones de XV años en papel arroz, hasta que levantó la voz en el último momento. “¡Oye… cuando quieras también hacemos de Presidencia!”, dijo y guiñó el ojo.
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
Cazador de Duendes 10.03.13 22:26
14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horario
Policías, marinos y personal de Alcoholes intentan clausurarlo y no pueden
Domingo, 10 de marzo de 2013
MONTERREY, NL.- Por contar con el amparo de un juez federal, personal de Alcoholes, policías municipales y elementos de la Marina no pudieron clausurar el bar denominado El Catrín, ubicado en la zona Tec de Monterrey, pues cuando empezaron a desalojar a los clientes el dueño les mostró el documento que le otorga suspensión definitiva contra las acciones de autoridades municipales.
Los policias y marinos ingresaron al antro a eso de las 3:00 de la madrugada con el el objetivo de desalojar a la clientela, hombres y mujeres, así como empleados y músicos que laboran en ese lugar.
Fue entonces cuando el dueño del negocio, Abel Ocañas, les mostró el amparo que le permite operar impunemente sin que las autoridades municipales lo molesten, y aparte acusó al personal de Alcoholes, así como a policías y marinos, por pretender clausurar el bar sin mostrar una orden oficial para hacerlo.
Así que impunemente y con la protección de la justicia federal siguió abierto el antro en forma indefinida, pues a las 4:30 de la madrugada seguían ingresando clientes ante la mirada impotente de las autoridades municipales.
Policías, marinos y personal de Alcoholes intentan clausurarlo y no pueden
Domingo, 10 de marzo de 2013
MONTERREY, NL.- Por contar con el amparo de un juez federal, personal de Alcoholes, policías municipales y elementos de la Marina no pudieron clausurar el bar denominado El Catrín, ubicado en la zona Tec de Monterrey, pues cuando empezaron a desalojar a los clientes el dueño les mostró el documento que le otorga suspensión definitiva contra las acciones de autoridades municipales.
Los policias y marinos ingresaron al antro a eso de las 3:00 de la madrugada con el el objetivo de desalojar a la clientela, hombres y mujeres, así como empleados y músicos que laboran en ese lugar.
Fue entonces cuando el dueño del negocio, Abel Ocañas, les mostró el amparo que le permite operar impunemente sin que las autoridades municipales lo molesten, y aparte acusó al personal de Alcoholes, así como a policías y marinos, por pretender clausurar el bar sin mostrar una orden oficial para hacerlo.
Así que impunemente y con la protección de la justicia federal siguió abierto el antro en forma indefinida, pues a las 4:30 de la madrugada seguían ingresando clientes ante la mirada impotente de las autoridades municipales.
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Re: Ensayos sobre pais narcorrupto - 1, 2 . . . 14.- Ampara juez federal antro que opera fuera de horari
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