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EL "PELOTON de la MUERTE": "MILITARES" DENUNCIAN a "CALDERON y al GENERAL GALVAN ante CORTE INTERNAC
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EL "PELOTON de la MUERTE": "MILITARES" DENUNCIAN a "CALDERON y al GENERAL GALVAN ante CORTE INTERNAC
Skorpio 08.02.16 20:11
EL "PELOTON de la MUERTE": "MILITARES" DENUNCIAN a "CALDERON y al GENERAL GALVAN ante CORTE INTERNACIONAL" ...."Juicio" ventila la podredumbre en el combate al Narco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a un queja contra el Estado mexicano interpuesta por militares que participaron en la Operación Conjunta Chihuahua, por violaciones graves a sus garantías individuales ocurridas durante la investigación por el homicidio de tres civiles en Ojinaga.
En un hecho inédito, el expediente del caso Ojinaga que involucra al alto mando militar y al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y que ya marcó un hito en enero del 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que fuera la justicia federal la que juzgara a los militares involucrados en delitos contra civiles, podría ser el primero que lleve a comparecer a Felipe Calderón Hinojosa y al general Guillermo Galván por su papel en la guerra contra el narcotráfico lanzada el sexenio pasado.
El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y quien fuera el secretario de la Defensa Nacional en su gobierno, el general Guillermo Galván Galván, son investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad en la Operación Conjunta Chihuahua, tras lo sucedido durante los años 2008 y 2009 en la ciudad de Ojinaga. La CIDH dio entrada hace unas semanas a una queja interpuesta por tres militares, procesados ante la justicia federal, quienes acusaron al Estado mexicano de violaciones graves a sus garantías individuales a raíz de la investigación que en el año 2009, llevó detenidos a un general, un teniente coronel, un mayor, seis oficiales y 22 efectivos de tropa acusados de tortura y homicidio de tres civiles en esta ciudad fronteriza.
La queja interpuesta el año pasado por el mayor Alejandro Rodas Cobón, quien se desempeñó como segundo comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.) en Ojinaga, por el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi y por el cabo Gabriel Roque Bernardino, fue admitida con el número de expediente P-870-15, en un oficio firmado por Elizabeth Abi Mershed, secretaría ejecutiva adjunta de la Comisión.
El expediente contra Calderón y contra el general Galván, se inició por autorizar la detención de militares con pruebas “fabricadas”, utilizar la tortura como sistema para obligar a los tres a firmar “declaraciones” hechas por quienes los interrogaron, y porque el gobierno mexicano ha omitido la norma internacional después de que se realizó el Protocolo de Estambul a los detenidos, y se comprobó que Roque Bernardino tiene secuelas graves por los golpes recibidos durante el interrogatorio.
Con este procedimiento iniciado por la CIDH, se abre la posibilidad real de juzgar a la cadena de mando en la Operación Conjunta Chihuahua, por lo sucedido en Ojinaga, ya que la queja abarca las principales irregularidades tanto en la investigación como en el juicio, el cual en enero del 2013 marcó un hito tras un fallo inédito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó se ventilara en la justicia federal y no en el fuero militar.
El caso Ojinaga se remonta al verano del 2009, cuando el entonces comandante de la guarnición militar de esta ciudad, el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, fue detenido junto al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, en aquel entonces comandante de la Tercera C.I.N.E., el mayor Rodas Cobón segundo en el mando, los seis oficiales y los 22 de tropa, a quienes se acusó de torturas y de la muerte de tres civiles presuntamente detenidos durante los meses anteriores dentro de la Operación Conjunta Chihuahua. En el caso del mayor Rodas, del teniente Huesca y del cabo Roque, no se ha demostrado que participaran en los hechos que se les imputan. Situación que cambia con el caso del general Moreno Aviña, quien está acusado por diversos testigos por utilizar pistoleros de “la Línea”, para presuntamente mandar asesinar a traficantes de drogas de otras organizaciones.
Cada historia de los acusados forma parte de un episodio dentro de una trama ocurrida en Ojinaga. Por el lado de la queja ante la CIDH, su origen es por encarcelamiento con pruebas fabricadas por órdenes del general Guillermo Galván quien para evadir su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en la guerra contra el narcotráfico ordenada por Felipe Calderón, “nos utilizó como “chivos expiatorios”, explica en entrevista vía telefónica el mayor Rodas Cobón.
“Al estudiar el caso Ojinaga la Comisión Interamericana va a descubrir que en nuestro país los órganos jurisdiccionales, y organismos de derechos humanos como la CNDH, no garantizan nuestros derechos de seguridad jurídica y garantías individuales en nuestra situación de imputados, y que no están cumpliendo con sus funciones para lo cual fueron creadas”, dice desde el único teléfono público que existe dentro del penal militar de Mazatlán, donde se encuentra detenido junto a sus compañeros desde el año 2009.
Asegura que sus dichos se sustentan en el hecho de que la CNDH el 14 de febrero del 2011 les practicó el protocolo de Estambul, un examen físico y sicológico para detectar torturas y sus posibles secuelas, donde los cabos Roque Bernardino y Miguel Ángel Benítez Martínez resultaron positivos a la tortura física y psicológica. A casi cinco años el cabo Roque Bernardino sigue privado de su libertad, añade, y la CNDH creada para defender los derechos fundamentales no ha emitido ninguna recomendación por este caso a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Hay que recordar que los dos militares torturados fueron obligados a confesar la existencia de un “pelotón de la muerte” implicando a un general, dos jefes, seis oficiales y 22 de tropa, 31 personas, de los cuales 15 recuperaron su libertad y 16 seguimos en prisión preventiva prolongada por más de seis años, ocasionada por la dilación sistemática en la presentación de los testigos militares por parte de la secretaría de la Defensa Nacional”.
Ojinaga y la “Operación Conjunta Chihuahua”
La historia de la Tercera Compañía de Infantería con cuartel en Ojinaga, tuvo un antes y un después de que iniciara la “Operación Conjunta Chihuahua”. A principios de abril del 2008 el general Galván secretario de la Defensa Nacional, encabezó una junta con los mandos castrenses en las instalaciones de la quinta zona militar en la capital del estado. Ahí estaban el general de división Marco Antonio González Barreda, comandante de la onceava región militar que comprende los estados de Coahuila y Chihuahua; Felipe de Jesús Espitia Hernández, general de brigada, al mando del cuartel en Chihuahua; su colega Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición en Ojinaga, entre otros. En esa reunión se dictaron las directivas de la operación contra el narcotráfico que tendría su cuartel general en Ciudad Juárez, donde días atrás el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño había anunciado el inicio de la estrategia.
Por esos días hubo cambios en la guarnición militar de Ojinaga. Moreno Aviña, quien había sido agregado militar adjunto en la Embajada de México en Washington a principios de los años 90, era el nuevo comandante; y Juárez Ramírez llegaba como jefe de la Tercera compañía en sustitución del teniente coronel Jacinto Villegas. Eran tiempos en que Ciudad Juárez y otras poblaciones de Chihuahua estaban en disputa sangrienta entre los carteles de Juárez y Sinaloa. En Ojinaga durante el 2007, la Tercera C.I.N.E. encabezada por Villegas, graduado en operaciones especiales, junto al mayor Rodas, especialista en análisis de información de inteligencia, habían decomisado 10 toneladas de mariguana y detenido a 40 presuntos narcotraficantes. Hasta ese momento no había quejas ante organismos de derechos humanos contra militares de ésta unidad. En una junta de comandantes, los integrantes de la Compañía fueron felicitados por sus acciones contra el narco por el jefe militar de la región.
Tras los relevos vino una nueva “orden superior” para los militares bajo el mando del general Espitia. Ésta era “aplicar el máximo rigor contra el narcotráfico”. Por las mañanas en la sede de la Tercera compañía, había reuniones entre el general Moreno Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez. Preparaban la nueva estrategia que inició con un programa de denuncia ciudadana, buscaban que la gente reportara de manera anónima dónde se cometían delitos. “El método en algunas ocasiones dio resultado, en otras fue utilizado por los mismos maleantes para incriminarse entre ellos, y por la población como motivos de venganzas personales entre vecinos, esto ocasionó molestias y posteriores denuncias al verse algunas personas afectadas por revisiones a vehículos, acordonamiento de calles y cateos a sus domicilios”, señalaron en su escrito ante la CIDH los tres militares quejosos. Al finalizar el año 2008 la Teercera C.I.N.E. acumuló más de 50 quejas ante la CNDH por abusos de autoridad, robo, y allanamiento de morada.
También utilizaron como informantes a ex pistoleros de “la Línea”, quienes delataron a sus socios y dieron pistas sobre depósitos de droga. Hubo reacciones muy fuertes, los narcos de Ojinaga asesinaron al soldado Isauro Pérez López e intentaron secuestrar al hijo menor del cabo Guillermo Arce García. La muerte del soldado quedó impune y a su familia nadie le explicó las causas del deceso. Los capos tuvieron que desplazarse a los municipios cercanos de Camargo y Aldama, donde montaron su logística para el trasiego de droga. Los soldados de la compañía capturaron al jefe del narco en Ojinaga, Víctor Samuel Romo, apodado “Zamudio”, quien estuvo preso varios meses y al salir libre fue asesinado por sus adversarios.
Las quejas contra los militares aumentaban en los días que ocurrió un altercado entre el alcalde de Ojinaga, el panista César Carrasco Baeza y el teniente coronel Juárez Ramírez, por una aparente altercado entre el militar y policías municipales un día domingo en que se celebraba un encuentro deportivo. Este choque verbal, debido a que el jefe militar se negó a ser detenido por los municipales en su día de descanso cuando conducía un auto en aparente estado de ebriedad, motivó una ruptura entre la autoridad civil del municipio y el mando castrense. El alcalde era primo del entonces gobernador Reyes Baeza, a finales de julio del 2009 ambos visitaron al general Galván en la secretaría de la Defensa. Poco después comenzó la investigación contra la Tercera C.I.N.E. que desembocó en la acusación contra el general Moreno Aviña, el teniente coronel Juárez Ramírez, el mayor Rodas Cobón, y el resto de coacusados, por la muerte y tortura de los civiles Esau Samaniego Rey, José Heriberto Rojas Lemus y Erick Campos Valenzuela, quienes estaban reportados como desaparecidos en diarios locales.
El caso Ojinaga comenzó con una movilización a gran escala. Un grupo especial de la Procuraduría de Justicia Militar que venía de la Ciudad de México, aterrizó a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Chihuahua el 18 de agosto del 2009. La nave serviría para trasladar a tres docenas de detenidos.
De Chihuahua viajaran a Ojinaga donde 30 integrantes de la Policía Judicial Militar tomaron la base de la Tercera Compañía. Apoyados por varios soldados acordonaron el lugar, mientras 14 agentes del ministerio público castrense al mando del coronel Sergio Hernández Cancino, jefe de averiguaciones previas, asumieron el control del cuartel.
Reforzaron los accesos, formaron a los poco más de 200 integrantes de la Compañía, les quitaron teléfonos celulares y les dijeron que traían orden de investigarlos. En caso de que hubiera alguna responsabilidad, decían que los ayudarían. Los encerraron hacinados en los dormitorios, uno por uno fueron llamados para ser interrogados con un preámbulo donde les pedían nombre, responsabilidad en la Compañía y operativos en los que había participado. Cuando alguno tenía antecedentes de haber intervenido en acciones que consideraban relevantes, lo sujetaban para llevarlo a un salón contiguo donde lo amarraban, con amenazas comenzaban los golpes y torturas para “apretarlo” y obligarlo a declarar para inculpar a otros miembros de la Compañía. Llegado el momento, el segundo comandante de la judicial militar, el mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, aparecía con unas hojas mecanografiadas que obligaba a cada uno a firmar como si fueran sus declaraciones.
Durante casi un mes, soldados y oficiales estuvieron retenidos mientras eran sometidos a golpes, amenazas y torturas para obligarlos a firmar actas ministeriales elaboradas de manera previa con algunas historias tomadas de recortes de periódicos. El 13 de septiembre del 2009, una fecha con alto valor simbólico para todos los oficiales del ejército por ser aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, el teniente coronel Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía, el mayor Rodas segundo en el mando, seis oficiales y 22 de tropa, junto al general Moreno Aviña, comandante de la guarnición militar, fueron llevados al penal militar de Mazatlán, Sinaloa. Estaban acusados de robo, delitos contra la salud, torturas, asesinato de tres civiles y violación a las leyes de inhumación en la modalidad destrucción de cadáver.
Varios de los detenidos llegaron severamente golpeados al penal. Al paso de los meses dos de ellos, los cabos Roque Bernardino y Benítez Martínez, presentaron secuelas sicológicas por tortura ante visitadores de la CNDH que los revisaron en la prisión militar del puerto. Al ser interrogados por los enviados de la Comisión sobre cuál había sido el motivo para presentar la queja pasado casi un año después de su detención, los militares entrevistados dijeron que fue porque se dieron cuenta de la gravedad de los delitos que les imputaban ya que las primeras acusaciones, como robo y delitos contra la salud quedaron sin sustento. Pero cuando se percataron que estaban acusados de tortura y asesinato, decidieron denunciar que habían sido torturados para obligarlos a inculparse unos a otros.
En julio del 2012 la CNDH emitió su informe, del cual se tiene copia, donde determinó que los cabos Roque Bernardino y Benítez Martínez habían quedado con secuelas por las torturas. En otro documento la dependencia consideró que existían evidencias suficientes para que la secretaría de la Defensa Nacional, iniciara procedimiento administrativo para indagar probables conductas ilegales en la investigación y detención de 30 integrantes de la Tercera Compañía. La Sedena realizó una investigación administrativa de forma unilateral, denunciaron los oficiales procesados, con “favoritismo hacia a los agentes de la policía judicial militar sin entrevistarnos a nosotros que interpusimos la queja”.
La secretaría de la Defensa Nacional al ser juez y parte, determinó que no había responsabilidad de los agentes.
Turno para la CIDH
Ante el cúmulo de irregularidades, el mayor Rodas, el teniente Huesca y el cabo Roque decidieron denunciar su caso ante la CIDH el año pasado. Una vez que la Comisión Interamericana aceptó su queja, los escenarios que se vislumbran es que la línea de mando en la Operación Conjunta Chihuahua, en el caso Ojinaga, comience a ser investigada. Lo cual sería un hito en la historia contemporánea del país.
En su escrito de denuncia, los tres militares señalaron que la “cadena de mando” en el 2008 y 2009 estuvo conformada por el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, “quien declaró la guerra contra el narcotráfico en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas”. Por el secretario de la Defensa Nacional y alto mando del ejército y fuerza aérea, Guillermo Galván Galván, “responsable directo de la conducción de las operaciones militares”. Por el general de división Marco Antonio González Barreda, comandante de la onceava región militar con sede en Torreón, Coahuila, “responsable directo” de las operaciones militares desarrolladas en su jurisdicción territorial. Por el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, “responsable directo de las operaciones militares” en su área dentro de la Operación Conjunta Chihuahua, de quien emanaban las órdenes militares para ser ejecutadas por la Tercera C.I.N.E.”. El general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, actualmente detenido, comandante de la guarnición de Ojinaga, quien supervisaba el cumplimiento de las órdenes. Y por el teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, también preso, comandante de la Tercer Compañía de Ojinaga, “responsable directo de las operaciones y actividades que realizaba la unidad”.
El que la CIDH intervenga podría llevar a que el juicio se acelere, se dicte sentencia y comience una etapa en otras instancias. En caso de que haya sentencia condenatoria, explica el mayor Rodas, “en el recurso de apelación podría ordenarse reponer el procedimiento. Un tercer escenario es que derivado de la recomendación de la Comisión se acelere el proceso y al llegar a la última instancia (amparo directo) debido a múltiples irregularidades nos absuelvan”.
En ese contexto se podría esperar, dada las notorias violaciones de derechos humanos de todo el personal imputado en el caso Ojinaga, que la CIDH determine que el Estado es responsable de dichas violaciones al debido proceso, que se investigue y sancione a los responsables de la tortura física y sicológica de los dos soldados, y se repare los daños ocasionados. En caso de existir voluntad política para ir más allá, concluye, “se tendrían que introducir cambios al ordenamiento legal que rige el fuero militar para que este sea auditado por el Poder Judicial y sus actuaciones no sean por orden del secretario de la Defensa Nacional como lo es hasta ahora, hecho que da lugar a muchos abusos”.
fuente.-
Juan Veledíaz
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