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MÉXICO. La tortura: Una práctica tolerada por el Estado
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MÉXICO. La tortura: Una práctica tolerada por el Estado
seven 02.08.14 17:38
La tortura: Una práctica tolerada por el Estado
De 2007 a 2011, la CNDH recibió en total 4,731 quejas por malos tratos y 110 denuncias de tortura.
SOBRE EL AUTOR
Master en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá. Licenciada por la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica. Consultora en la campaña nacional para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes en el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. Directora de investigación en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC.
LUCÍA CHÁVEZ | OPINIÓN | 2014-08-01
En el marco del Foro Internacional “Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México”, realizado el pasado miércoles 30 de julio, vale la pena hacer una pausa para fragmentar y analizar la situación en nuestro país sobre la sistematicidad de la práctica de la tortura y la impunidad asociada.
En materia de prohibición de la tortura, México cuenta con 32 tipos penales diversos, correspondientes a la legislación penal federal y de 31 entidades federativas.
Los diversos tipos penales vigentes manifiestan no sólo diferencias importantes entre sí, sino principalmente una preocupante incompatibilidad con respecto a los estándares más elevados en la materia. Algunos de los ejemplos de estas contradicciones son:
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha recopilado información sobre cifras de casos de tortura en el periodo entre 2007 y finales de 2011, en que la CNDH recibió en total 4,731 quejas de malos tratos y 110 denuncias de tortura[1] y ha emitido de 2007 a 2013 161 recomendaciones por tortura y otros malos tratos[2].
Por su parte la Procuraduría General de la República recibió de 2006 a mayo de 2013, 568 denuncias por el delito de tortura siendo exponencial la cifra año con año ya que sólo de enero a noviembre de 2013 se iniciaron 964 averiguaciones previas por tortura de las cuales sólo consignaron 12, es decir el 1 por ciento[3].
Igualmente, la CMDPDH ha documentado y denunciado diversos casos que tienen que ver con violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos; es de todas y todos conocido el caso de Miriam, madre de 4 hijos detenida de manera arbitraria en 2011 en el estado de Baja California.
En los hechos se combinan una serie de violaciones graves a derechos humanos y de delitos con motivo de su detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación, falta de defensa, tortura física y psicológica. Además, propiciados por la figura del arraigo.
La CMDPDH tiene documentados tres casos en Baja California, que involucran a 30 personas víctimas, en donde el patrón de torturas coincide, así como la finalidad, obligarlos a firmar confesiones auto incriminatorias y en las que incriminan a otras personas.
Todas estas violaciones llevadas a cabo por el Ejército mexicano, y en todos los casos se determinó el arraigo, periodo durante el cual se extendieron las violaciones a derechos humanos.
El patrón de impunidad en actos de tortura, también ha tenido lugar en el contexto del conflicto zapatista en el estado de Chiapas. En ese sentido, el caso de la Hermanas González Pérez[4] y el caso de Ejido Morelia[5], ambos defendidos por la CMDPDH, son ejemplificativos de la falta de acceso a la justicia para víctimas de tortura, aún y cuando la violación a derechos humanos ha sido determinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la emisión de un informe de fondo y sobre la cual el Estado mexicano acordó la reparación integral.
En el Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, la CMDPDH ha documentado hechos en los que ha sido comprobada la tortura, con el pretexto de la comisión de delitos de delincuencia común y delincuencia organizada, en los que ha participado policía estatal, ministerial, Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Con todo ello y bajo la constante impunidad y continuidad de los actos de tortura, podemos afirmar que es de particular atención, el carácter de sistematicidad como una práctica aplicada o tolerada por el Estado.
@LucyWonderful
@CMDPDH
[1]Amnistía Internacional “Culpables conocidos, víctimas ignoradas; Tortura y Maltrato en México” Madrid, 2012. pp. 6
[2] Folio 00068213, respuesta oficio: CNDH/DGSR/UE/0236/2014
[3] Folio 0000700000514, respuesta oficio: SJAI/DGAJ/00802/2014
[4] http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/capituloiii/fondo/Mexico11.565.htm
[5] http://www.cidh.org/annualrep/97span/mexico11.411.htm
http://lasillarota.com/la-tortura-una-practica-tolerada-por-el-estado/Luca-Chvez#.U90EyuN_vCo
De 2007 a 2011, la CNDH recibió en total 4,731 quejas por malos tratos y 110 denuncias de tortura.
SOBRE EL AUTOR
Master en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá. Licenciada por la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica. Consultora en la campaña nacional para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes en el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. Directora de investigación en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC.
LUCÍA CHÁVEZ | OPINIÓN | 2014-08-01
En el marco del Foro Internacional “Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México”, realizado el pasado miércoles 30 de julio, vale la pena hacer una pausa para fragmentar y analizar la situación en nuestro país sobre la sistematicidad de la práctica de la tortura y la impunidad asociada.
En materia de prohibición de la tortura, México cuenta con 32 tipos penales diversos, correspondientes a la legislación penal federal y de 31 entidades federativas.
Los diversos tipos penales vigentes manifiestan no sólo diferencias importantes entre sí, sino principalmente una preocupante incompatibilidad con respecto a los estándares más elevados en la materia. Algunos de los ejemplos de estas contradicciones son:
- La persistencia del requisito de gravedad de los dolores o sufrimientos infligidos;
- La persistencia de la finalidad específica de obtener información o confesiones, castigar o coaccionar a la víctima;
- La ausencia de reconocimiento de conductas que, aunque no provoquen dolores o sufrimientos, impliquen un menoscabo a la dignidad de la persona o a su integridad física o psicológica.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha recopilado información sobre cifras de casos de tortura en el periodo entre 2007 y finales de 2011, en que la CNDH recibió en total 4,731 quejas de malos tratos y 110 denuncias de tortura[1] y ha emitido de 2007 a 2013 161 recomendaciones por tortura y otros malos tratos[2].
Por su parte la Procuraduría General de la República recibió de 2006 a mayo de 2013, 568 denuncias por el delito de tortura siendo exponencial la cifra año con año ya que sólo de enero a noviembre de 2013 se iniciaron 964 averiguaciones previas por tortura de las cuales sólo consignaron 12, es decir el 1 por ciento[3].
Igualmente, la CMDPDH ha documentado y denunciado diversos casos que tienen que ver con violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos; es de todas y todos conocido el caso de Miriam, madre de 4 hijos detenida de manera arbitraria en 2011 en el estado de Baja California.
En los hechos se combinan una serie de violaciones graves a derechos humanos y de delitos con motivo de su detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación, falta de defensa, tortura física y psicológica. Además, propiciados por la figura del arraigo.
La CMDPDH tiene documentados tres casos en Baja California, que involucran a 30 personas víctimas, en donde el patrón de torturas coincide, así como la finalidad, obligarlos a firmar confesiones auto incriminatorias y en las que incriminan a otras personas.
Todas estas violaciones llevadas a cabo por el Ejército mexicano, y en todos los casos se determinó el arraigo, periodo durante el cual se extendieron las violaciones a derechos humanos.
El patrón de impunidad en actos de tortura, también ha tenido lugar en el contexto del conflicto zapatista en el estado de Chiapas. En ese sentido, el caso de la Hermanas González Pérez[4] y el caso de Ejido Morelia[5], ambos defendidos por la CMDPDH, son ejemplificativos de la falta de acceso a la justicia para víctimas de tortura, aún y cuando la violación a derechos humanos ha sido determinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la emisión de un informe de fondo y sobre la cual el Estado mexicano acordó la reparación integral.
En el Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, la CMDPDH ha documentado hechos en los que ha sido comprobada la tortura, con el pretexto de la comisión de delitos de delincuencia común y delincuencia organizada, en los que ha participado policía estatal, ministerial, Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Con todo ello y bajo la constante impunidad y continuidad de los actos de tortura, podemos afirmar que es de particular atención, el carácter de sistematicidad como una práctica aplicada o tolerada por el Estado.
@LucyWonderful
@CMDPDH
[1]Amnistía Internacional “Culpables conocidos, víctimas ignoradas; Tortura y Maltrato en México” Madrid, 2012. pp. 6
[2] Folio 00068213, respuesta oficio: CNDH/DGSR/UE/0236/2014
[3] Folio 0000700000514, respuesta oficio: SJAI/DGAJ/00802/2014
[4] http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/capituloiii/fondo/Mexico11.565.htm
[5] http://www.cidh.org/annualrep/97span/mexico11.411.htm
http://lasillarota.com/la-tortura-una-practica-tolerada-por-el-estado/Luca-Chvez#.U90EyuN_vCo
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