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En una acción sin precedentes, Sindicatura Municipal suspendió a tres funcionarios del gobierno de J
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En una acción sin precedentes, Sindicatura Municipal suspendió a tres funcionarios del gobierno de J
JSB 06.03.14 1:03
Por transar suspenden a Bernardo Padilla
En una acción sin precedentes, Sindicatura Municipal suspendió a tres funcionarios del gobierno de Jorge Astiazarán Orcí, incluido el secretario general de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, a quien se le acusa de uso indebido de recursos públicos, cuando fungía como director de Desarrollo Social del XX Ayuntamiento de Tijuana.
El argumento de la acción jurídica se basa en el “posible daño patrimonial que presuntamente cometió el funcionario municipal en la administración anterior…”, presunción que se tasó en 267 mil pesos, “derivado de un presunto pago indebido”.
Concretamente, la irregularidad se detectó en la indemnización a ex empleados municipales, cuatro de ellos funcionarios de la actual administración, a quienes Padilla Muñoz autorizó fueran liquidados con recursos no etiquetados para ello.
Éstos son: Carlos Alberto Méndez Martínez, actual jefe de Asuntos de Gobierno en la Dirección General de Gobierno con 28 mil 357 pesos; José Iván Olivas Heredia secretario particular en la Secretaría de Gobierno Municipal con 58 mil 828 pesos, José Antonio Olivas Heredia, director de Inspección y Verificación con 112 mil 684 pesos, Marco Antonio Mendoza Camarillo y América, jefe de Inspección y Verificación con 35 mil 878 pesos y Karime Gaxiola Pacheco con 31 mil 770 pesos.
Estas indemnizaciones, se indica en el documento de Sindicatura, se dieron con el consentimiento de la Junta de Gobierno de la Dirección de Desarrollo Municipal y el propio Cabildo del XX Ayuntamiento, toda vez que la dependencia carecía en ese momento de presupuesto para tal fin.
La acción de Sindicatura fue calificada por el actual gobierno como “la embestida de un grupo por constreñir, desestabilizar e imponer intereses particulares a la administración municipal, lo cual no se va a permitir”.
De entrada, la mañana del jueves 27 de febrero, Arturo Ledesma Romo y su equipo de asesores convocaron de última hora a una conferencia de prensa en la que informaron de la suspensión por tiempo indefinido y sin goce de sueldo a dos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Marcia Eugenia Salcido Moreno, directora de Obras Públicas, y Marco Antonio Vuelvas Díaz, subdirector de Obras Públicas. En este caso adujeron irregularidades en el proceso de licitaciones y ejecución de obra, específicamente en el proyecto de 60 millones de pesos que se realiza para la rehabilitación con concreto hidráulico en la calle Segunda, adjudicada por licitación a la constructora Sextin, S. A. de C.V.
En rueda de prensa, el mutis caracterizó al síndico Arturo Ledezma, fueron sus asesores jurídicos los encargados de intentar sustentar públicamente la suspensión, sin mencionar en ningún momento que también el secretario general de Gobierno sería suspendido de sus funciones.
Fue al mediodía de ayer jueves, a las 14:57 horas, cuando Bernardo Padilla fue notificado por escrito de la suspensión por “motivo de un procedimiento de responsabilidad instaurado en su contra”.
Luego de la acción inédita de Sindicatura, Padilla y el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Roberto Sánchez Martínez, plantearon su postura pública.
El funcionario suspendido expuso, sin precisar nombres, que el síndico Arturo Ledesma actúa en razón a intereses particulares, en “un intento por desestabilizar al gobierno de Jorge Astiazarán”, y calificó su acción como “un acto de extorsión”.
Para su defensa anunció que se buscará el amparo “o la interrupción provisional de la suspensión”.
Por su parte, Sánchez Martínez calificó las irregularidades detectadas en el proceso de licitación de la obra de la calle Segunda como “de forma, no de fondo”, e indicó que fueron suspendidos los funcionarios, no la obra, la cual sigue su marcha, y está por entregarse un anticipo de 30 millones de pesos a la empresa ganadora del concurso.
Dos horas después de anunciada la suspensión de los tres funcionarios, empleados de Obras Públicas denunciaron que Jassiel Reyes, comisario de Sindicatura, acudió al Departamento de Acciones de urbanización y se llevó sin autorización el expediente de los trabajos de rehabilitación de la calle Segunda.
Al cierre de esta edición, el alcalde Jorge Astiazarán no emitió postura alguna sobre los hechos, además, tendrá que proponer ante Cabildo a la persona que ocupará el cargo de secretario de Gobierno, en sustitución de Bernardo Padilla.
http://www.zetatijuana.com/ZETA/ezenario/por-transar-suspenden-a-bernardo-padilla/#sthash.I1kXRfaC.dpuf
En una acción sin precedentes, Sindicatura Municipal suspendió a tres funcionarios del gobierno de Jorge Astiazarán Orcí, incluido el secretario general de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, a quien se le acusa de uso indebido de recursos públicos, cuando fungía como director de Desarrollo Social del XX Ayuntamiento de Tijuana.
El argumento de la acción jurídica se basa en el “posible daño patrimonial que presuntamente cometió el funcionario municipal en la administración anterior…”, presunción que se tasó en 267 mil pesos, “derivado de un presunto pago indebido”.
Concretamente, la irregularidad se detectó en la indemnización a ex empleados municipales, cuatro de ellos funcionarios de la actual administración, a quienes Padilla Muñoz autorizó fueran liquidados con recursos no etiquetados para ello.
Éstos son: Carlos Alberto Méndez Martínez, actual jefe de Asuntos de Gobierno en la Dirección General de Gobierno con 28 mil 357 pesos; José Iván Olivas Heredia secretario particular en la Secretaría de Gobierno Municipal con 58 mil 828 pesos, José Antonio Olivas Heredia, director de Inspección y Verificación con 112 mil 684 pesos, Marco Antonio Mendoza Camarillo y América, jefe de Inspección y Verificación con 35 mil 878 pesos y Karime Gaxiola Pacheco con 31 mil 770 pesos.
Estas indemnizaciones, se indica en el documento de Sindicatura, se dieron con el consentimiento de la Junta de Gobierno de la Dirección de Desarrollo Municipal y el propio Cabildo del XX Ayuntamiento, toda vez que la dependencia carecía en ese momento de presupuesto para tal fin.
La acción de Sindicatura fue calificada por el actual gobierno como “la embestida de un grupo por constreñir, desestabilizar e imponer intereses particulares a la administración municipal, lo cual no se va a permitir”.
De entrada, la mañana del jueves 27 de febrero, Arturo Ledesma Romo y su equipo de asesores convocaron de última hora a una conferencia de prensa en la que informaron de la suspensión por tiempo indefinido y sin goce de sueldo a dos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Marcia Eugenia Salcido Moreno, directora de Obras Públicas, y Marco Antonio Vuelvas Díaz, subdirector de Obras Públicas. En este caso adujeron irregularidades en el proceso de licitaciones y ejecución de obra, específicamente en el proyecto de 60 millones de pesos que se realiza para la rehabilitación con concreto hidráulico en la calle Segunda, adjudicada por licitación a la constructora Sextin, S. A. de C.V.
En rueda de prensa, el mutis caracterizó al síndico Arturo Ledezma, fueron sus asesores jurídicos los encargados de intentar sustentar públicamente la suspensión, sin mencionar en ningún momento que también el secretario general de Gobierno sería suspendido de sus funciones.
Fue al mediodía de ayer jueves, a las 14:57 horas, cuando Bernardo Padilla fue notificado por escrito de la suspensión por “motivo de un procedimiento de responsabilidad instaurado en su contra”.
Luego de la acción inédita de Sindicatura, Padilla y el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Roberto Sánchez Martínez, plantearon su postura pública.
El funcionario suspendido expuso, sin precisar nombres, que el síndico Arturo Ledesma actúa en razón a intereses particulares, en “un intento por desestabilizar al gobierno de Jorge Astiazarán”, y calificó su acción como “un acto de extorsión”.
Para su defensa anunció que se buscará el amparo “o la interrupción provisional de la suspensión”.
Por su parte, Sánchez Martínez calificó las irregularidades detectadas en el proceso de licitación de la obra de la calle Segunda como “de forma, no de fondo”, e indicó que fueron suspendidos los funcionarios, no la obra, la cual sigue su marcha, y está por entregarse un anticipo de 30 millones de pesos a la empresa ganadora del concurso.
Dos horas después de anunciada la suspensión de los tres funcionarios, empleados de Obras Públicas denunciaron que Jassiel Reyes, comisario de Sindicatura, acudió al Departamento de Acciones de urbanización y se llevó sin autorización el expediente de los trabajos de rehabilitación de la calle Segunda.
Al cierre de esta edición, el alcalde Jorge Astiazarán no emitió postura alguna sobre los hechos, además, tendrá que proponer ante Cabildo a la persona que ocupará el cargo de secretario de Gobierno, en sustitución de Bernardo Padilla.
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