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Michoacán, un estado capturado
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Michoacán, un estado capturado
Skorpio 14.02.14 20:43
Michoacán, un estado capturado
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Michoacán se encuentra en efervescencia, luego de que las autodefensas decidieron recorrer las comunidades de Tierra Caliente para sacar de ahí a Los Caballeros Templarios. Cansados de la incapacidad del gobierno de Fausto Vallejo para proteger a sus representados, ellos mismos se arman y llevan el conflicto hasta sus extremos. Lejos de tomar las riendas, el presidente Enrique Peña Nieto recurre a mecanismos metaconstitucionales y nombra a un comisionado para, dicen sus colaboradores, garantizar la seguridad a los michoacanos. Pero lo cierto es que la inestabilidad sigue aumentando. Con este reportaje, Variopinto da continuidad al análisis sobre esta grave coyuntura, esta vez enfocándose en dilucidar las características de las denominadas autodefensas.
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Morelia, Mich. Controlada durante meses, la violencia se salió de control en Michoacán apenas iniciado el año, lo que evidenció la crisis total de las autoridades federales y las de ese estado en el cual su gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, no ata ni desata. Desde hace varias semanas, ese territorio, donde organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios imponen su ley desde hace años, las llamadas autodefensas, así como las tropas del ejército y la policía federal buscan atemperar los ánimos de la población.
Ese clima de inestabilidad social ya no puede ser ocultado pese a los afanes del gobierno de Enrique Peña Nieto por evitar que se conozca lo que sucede en esa entidad, declaró el analista Edgardo Buscaglia en entrevista con Variopinto.
El investigador principal de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, estimó que en México hay por lo menos 200 agrupaciones de paramilitares “con una táctica ofensiva, no sólo defensiva, con la intención de salir a limpiar regiones”. Y añadió: esos grupos, con presencia en Veracruz, Durango, Tabasco y Michoacán, se dividen entre aquellos que son financiados por empresarios desesperados, por Los Zetas y los que se autodefienden de forma genuina.
“Entonces –sintetizó–, son tres fuentes de paramilitarismo. En Michoacán hay una mezcla de ellas”. En algunos casos esos grupos son legítimos y se defienden de la violencia, el ejemplo más claro es la ronda comunitaria de Cherán”.
En entrevista con Variopinto, Buscaglia insiste: La razón de esta aparente esquizofrenia del Estado mexicano se debe a su debilidad y fragmentación. “El mexicano es un Estado débil, fragmentado por su propia corrupción. La mano derecha del Estado no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Está capturado por grupos empresariales legales e ilegales, por sindicalistas legalizados que son gánsteres y mafiosos.
“El PRI está tratando de organizar la corrupción y la delincuencia organizada. El gran desafío de Peña Nieto hoy, es ordenar la corrupción; combatirla. Yo ya he perdido la esperanza de que su administración quiera combatirla en serio; pero por lo menos debe ordenarla”.
Buscaglia vuelve al asunto del paramilitarismo que, puntualiza, está muy descentralizado, lo cual es muy preocupante. El Estado está muy fragmentado –algunos gobernadores controlan a grupos armados, cuando debería ser el gobierno central quien lo haga. Y al revés, el gobierno federal controla algunos grupos paramilitares que el gobierno municipal no.
El factor Demarest
Para Simón Sedillo, periodista independiente y académico de geopolítica en Estados Unidos y en México por el S.U.R.C.O. AC, en México tenemos una guerra de baja intensidad. En Michoacán, dice, “se empezó a tomar como objetivos a pueblos indígenas de la meseta purépecha, considerados como una amenaza a los intereses políticos y económicos por oponerse a la tala de madera”.
Sedillo comenta a Variopinto que en el discurso sobre la violencia se intenta poner al “narco” aparte, como si no tuviera relación con la explotación de este país, “pero sabemos que tres cuartas partes de las ganancias del narco están quedando en los bancos estadunidenses o europeos. Esto quiere decir que los grupos criminales son parte de la agenda neoliberal.
“Desde una perspectiva más amplia, sectores enteros de la sociedad son reducidos a una variable económica, y si no encajan con producir o consumir, son considerados desechables. Ahora, si estos sectores se organizan y resisten, son más que desechables: son una amenaza”.
En 2009, Sedillo escribió un artículo para Left Turn Magazine en el cual denunció que en 2005, con ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas y financiamiento del Departamento de Defensa, el ejército estadunidense mapeó tierras comunales indígenas en San Luis Potosí y Oaxaca sin el consentimiento de los habitantes.
“Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la base militar del Fuerte Leavenworth en Kansas –escribió Sedillo–, los profesores de geografía Peter Herlihy y Jerome Dobson han estado arando el camino del proyecto México Indígena, parte de un plan mayor: las Expediciones Bowman”.
El investigador de FMSO, asignado a las Expediciones Bowman, es el teniente coronel Geoffrey B. Demarest, egresado de la Escuela de las Américas, el centro especializado en técnicas de contrainsurgencia en el cual se formaron algunos dictadores latinoamericanos y se crearon los temibles escuadrones de la muerte paramilitares. Éste fue agregado militar en Guatemala entre 1988 y 1991, tiempo de represión militar contra las comunidades indígenas guatemaltecas.
De acuerdo con Sedillo, Demarest es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar contra comunidades indígenas que afirman su autonomía gobernando y poseyendo colectivamente su territorio. E insiste en que el único camino para el “progreso y la seguridad” en América Latina es privatizar las tierras comunales.
Anota Sedillo en su artículo, que Demarest implementaba estrategias de información geográfica en Colombia. El militar incluso escribió un ensayo en marzo de ese año titulado Mapeando Colombia: información geográfica y estrategia, en el cual expuso: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan evidente la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas”.
En otras palabras, la tenencia comunal de la tierra es considerada una amenaza a los intereses políticos y económicos, porque “la tenencia comunal de la tierra es informal, y las tenencias informales de la tierra propician la criminalidad y la insurrección”, acota Demarest.
Lo que resulta preocupante es que desde la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, su partido recurra a una estrategia similar a la que planteó hace una década el militar estadunidense para el caso Colombia. Llama la atención que desde su campaña, Peña Nieto anunciara que durante su gobierno sería asesorado por el general colombiano Óscar Naranjo, promotor de movimientos armados paramilitares en aquel país durante la segunda gestión de Álvaro Uribe.
Según Sedillo, para reconocer un grupo paramilitar como tal se necesitan algunos elementos: primero, que los miembros integrantes sean civiles; segundo, que reciban armamento o entrenamiento de autoridades; tercero, lo más importante, gozar de impunidad; cuarto, que siembren terror en la población, y por último, que controlen territorios.
Los paramilitares sirven para que el ejército y los cuerpos policiacos se puedan lavar las manos en las acciones en las que participan este tipo de grupos contra la población civil, pero sobre todo en situaciones donde sus patrocinadores tengan algún interés económico, comercial, minero, energético, como en Michoacán.
De ahí se derivan las “atrocidades negables” –como las denomina Noam Chomsky–, en las que participan esos grupos y en las cuales el Estado se escuda para decir que se trata de diferencias entre comunidades por problemas diversos, incluidos los religiosos, y así justificar la militarización.
Hoy, esta situación se observa en varias entidades –Guerrero, Oaxaca, Michoacán, por citar algunas– en las cuales los paramilitares siembran el terror y controlan territorios y nadie los detiene. En el caso de Michoacán, éste parece el identikit perfecto de Los Caballeros Templarios, aunque las cosas se han complicado en esa entidad durante las últimas semanas.
¿Qué pasa en Tierra Caliente?
La pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos paramilitares en esa zona donde operan Los Caballeros Templarios y dónde comienzan a proliferar las autodefensas?
Los sicarios pertenecen a los grupos del crimen organizado y son civiles, están armados, siembran el terror desde hace años y en los hechos, controlan territorios.
“Ellos están resguardando intereses económicos y políticos transnacionales –asegura Sedillo–: minería, madera, agua, energéticos, aguacates, limones; están metidos en todo. Sus acciones son mucho más paramilitares que las de cualquier autodefensa”.
Con respecto a éstas, en particular llama la atención que, el doctor José Manuel Mireles, uno de los miembros del Consejo de las Autodefensas, haya sido protegido por la Policía Federal, luego del accidente que sufrió el 4 de enero último, cuando se desplomó la aeronave en la que viajaba.
“Estoy convencido de que cualquier apoyo por parte del gobierno federal o del ejército (a las autodefensas y sus miembros) puede ser un intento de cooptación, en una situación vergonzosa para el gobierno. Hasta ahora –comenta el entrevistado– las autodefensas han sido invitadas por las comunidades para entrar, desarmar a la policía municipal coludida con el crimen organizado, detener a los templarios y sacarlos.
“Y lo han logrado con mucho éxito. Luego entran la policía federal y el ejército. Esto es tan vergonzoso, que tienen que ir a dar la cara, mostrar que aparentemente están apoyando la labor de las autodefensas”.
En Apatzingán, el sacerdote Gregorio López, quien porta un chaleco blindado cuando oficia misa en ese territorio ocupado por Los Caballeros Templarios, no ha dejado de decir que el gobernador Fausto Vallejo es incapaz de acabar con el crimen organizado porque los mismos templarios son sus aliados.
Sedillo lamenta que en algunos sectores de la izquierda se califique a los movimientos de autodefensa como paramilitares. Sin aludir a nadie en particular, comenta: “La izquierda burguesa quiere estandarizar, afirmar el concepto de una lucha ‘pura’; y como este movimiento no lo es, no vale nada. Eso es un error”.
Y se pregunta, que aun cuando las autodefensas puedan ser cooptadas: “¿Cuál movimiento de autodeterminación comunitaria no ha sufrido un intento o ha caído en la cooptación? Cuando un movimiento funciona y empieza a ser contagioso, se intenta cooptar a sus dirigentes”.
El entrevistado insiste: La diversidad en los grupos de autodefensas espanta a la izquierda; claro que es espantoso pensar en la posibilidad de la cooptación, pero también es asombroso pensar en todas las otras posibilidades.
Nuevas formas de organización
Debe recordarse que las formas de resistencia comunitaria se iniciaron en los pueblos indígenas de Nurio y Cherán, extendiéndose a Coalcomán, Aquila y otros municipios de Tierra Caliente. “Son los movimientos indígenas en defensa de su territorio los que luego inspiraron otros en las comunidades mestizas. Esto se empieza ya a ver como las luchas de barrio, en los pueblos, desde abajo”
Estas acciones ya no encajan en los patrones de las luchas históricas de México, sean obreras, campesinas, indígenas, comunistas, anarquistas o zapatistas.
Un dato es innegable: las autodefensas están conformadas por muchas corrientes. Algunos sectores incluso consideran positivo el apoyo del gobierno federal en la lucha a los grupos del crimen organizado: algunos ciudadanos confían en la policía federal; otros en el ejército; los menos en ambos de los dos, pero esa confianza se está erosionando.
La mayoría de los integrantes de las autodefensas no tienen formación política, ni militan en organizaciones de izquierda. Son gente de a pie, del campo; buscan defender sus tierras y reivindican su dignidad.
“La composición del movimiento es tan diversa –expone Sedillo–, que se parece a los movimientos de barrio, donde sus habitantes luchan por su vida. Sin embargo, la gente de las autodefensas está viendo que cada vez más hay contradicciones mayores por parte del gobierno federal”.
E insiste: “En una ‘revolución de barrio’ uno de los elementos principales es la falta de dogmas políticos. Hay muchos movimientos sociales en el mundo que inician con un análisis político del neoliberalismo; los zapatistas, por ejemplo, se levantaron en 1994, luego de 12 años de trabajo político previo.
Sedillo aventura hipótesis: “Lo que diferencia los movimientos de barrio –dice– es que no hay tiempo de crear formación política. Lo que genera la reacción en el barrio es una ‘atrocidad’ que alimenta el coraje ya presente. En Michoacán la detonaron las matanzas, la violencia creciente.
“El clásico caso son los motines de Los Ángeles en 1991, cuando varios policías golpearon a Rodney King, un taxista negro, por un incidente menor. La agresión fue grabada y difundida de inmediato. Los habitantes y las pandillas del barrio salieron a las calles, incendiaron comercios y tomaron los cuarteles de la policía. Esa movilización fue detonada por una atrocidad”.
En el caso de Michoacán, las autodefensas –aun cuando no actúan en un contexto urbano, sino el de Tierra Caliente– están conformadas en su mayoría por mestizos, incluso jóvenes deportados de Estados Unidos. No tienen una
posición política definida, son parte de los pueblos jodidos, muchos nacieron y crecieron en el barrio. Por eso, concluye Sedillo, descalificar su forma de autoorganización para defenderse es clasista y proviene de sectores privilegiados.
Las ambigüedades y el vacío de poder
Ante el vacío de poder en Michoacán, el gobierno federal se ha visto rebasado por las autodefensas y ha concitado la repulsa ciudadana e incluso del Poder Legislativo por su decisión de crear, el pasado 14 de enero, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en la entidad, y poner al frente de ella a Alfredo Castillo Cervantes –un personaje cercano al presidente Peña Nieto–, incluso por encima de la Constitución.
El senador panista Juan Carlos Romero Hicks comentó incluso que ese acto es peligroso pues el mandatario recurrió a “mecanismos metaconstitucionales” que en la práctica invalidan al gobernador Vallejo.
El gobierno se enreda cada vez más, mientras la zozobra crece en Michoacán.
http://revistavariopinto.com/nota.php?id=377#.Uv5vLGJ5NBM
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Michoacán se encuentra en efervescencia, luego de que las autodefensas decidieron recorrer las comunidades de Tierra Caliente para sacar de ahí a Los Caballeros Templarios. Cansados de la incapacidad del gobierno de Fausto Vallejo para proteger a sus representados, ellos mismos se arman y llevan el conflicto hasta sus extremos. Lejos de tomar las riendas, el presidente Enrique Peña Nieto recurre a mecanismos metaconstitucionales y nombra a un comisionado para, dicen sus colaboradores, garantizar la seguridad a los michoacanos. Pero lo cierto es que la inestabilidad sigue aumentando. Con este reportaje, Variopinto da continuidad al análisis sobre esta grave coyuntura, esta vez enfocándose en dilucidar las características de las denominadas autodefensas.
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Morelia, Mich. Controlada durante meses, la violencia se salió de control en Michoacán apenas iniciado el año, lo que evidenció la crisis total de las autoridades federales y las de ese estado en el cual su gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, no ata ni desata. Desde hace varias semanas, ese territorio, donde organizaciones criminales como Los Caballeros Templarios imponen su ley desde hace años, las llamadas autodefensas, así como las tropas del ejército y la policía federal buscan atemperar los ánimos de la población.
Ese clima de inestabilidad social ya no puede ser ocultado pese a los afanes del gobierno de Enrique Peña Nieto por evitar que se conozca lo que sucede en esa entidad, declaró el analista Edgardo Buscaglia en entrevista con Variopinto.
El investigador principal de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, estimó que en México hay por lo menos 200 agrupaciones de paramilitares “con una táctica ofensiva, no sólo defensiva, con la intención de salir a limpiar regiones”. Y añadió: esos grupos, con presencia en Veracruz, Durango, Tabasco y Michoacán, se dividen entre aquellos que son financiados por empresarios desesperados, por Los Zetas y los que se autodefienden de forma genuina.
“Entonces –sintetizó–, son tres fuentes de paramilitarismo. En Michoacán hay una mezcla de ellas”. En algunos casos esos grupos son legítimos y se defienden de la violencia, el ejemplo más claro es la ronda comunitaria de Cherán”.
En entrevista con Variopinto, Buscaglia insiste: La razón de esta aparente esquizofrenia del Estado mexicano se debe a su debilidad y fragmentación. “El mexicano es un Estado débil, fragmentado por su propia corrupción. La mano derecha del Estado no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Está capturado por grupos empresariales legales e ilegales, por sindicalistas legalizados que son gánsteres y mafiosos.
“El PRI está tratando de organizar la corrupción y la delincuencia organizada. El gran desafío de Peña Nieto hoy, es ordenar la corrupción; combatirla. Yo ya he perdido la esperanza de que su administración quiera combatirla en serio; pero por lo menos debe ordenarla”.
Buscaglia vuelve al asunto del paramilitarismo que, puntualiza, está muy descentralizado, lo cual es muy preocupante. El Estado está muy fragmentado –algunos gobernadores controlan a grupos armados, cuando debería ser el gobierno central quien lo haga. Y al revés, el gobierno federal controla algunos grupos paramilitares que el gobierno municipal no.
El factor Demarest
Para Simón Sedillo, periodista independiente y académico de geopolítica en Estados Unidos y en México por el S.U.R.C.O. AC, en México tenemos una guerra de baja intensidad. En Michoacán, dice, “se empezó a tomar como objetivos a pueblos indígenas de la meseta purépecha, considerados como una amenaza a los intereses políticos y económicos por oponerse a la tala de madera”.
Sedillo comenta a Variopinto que en el discurso sobre la violencia se intenta poner al “narco” aparte, como si no tuviera relación con la explotación de este país, “pero sabemos que tres cuartas partes de las ganancias del narco están quedando en los bancos estadunidenses o europeos. Esto quiere decir que los grupos criminales son parte de la agenda neoliberal.
“Desde una perspectiva más amplia, sectores enteros de la sociedad son reducidos a una variable económica, y si no encajan con producir o consumir, son considerados desechables. Ahora, si estos sectores se organizan y resisten, son más que desechables: son una amenaza”.
En 2009, Sedillo escribió un artículo para Left Turn Magazine en el cual denunció que en 2005, con ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas y financiamiento del Departamento de Defensa, el ejército estadunidense mapeó tierras comunales indígenas en San Luis Potosí y Oaxaca sin el consentimiento de los habitantes.
“Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la base militar del Fuerte Leavenworth en Kansas –escribió Sedillo–, los profesores de geografía Peter Herlihy y Jerome Dobson han estado arando el camino del proyecto México Indígena, parte de un plan mayor: las Expediciones Bowman”.
El investigador de FMSO, asignado a las Expediciones Bowman, es el teniente coronel Geoffrey B. Demarest, egresado de la Escuela de las Américas, el centro especializado en técnicas de contrainsurgencia en el cual se formaron algunos dictadores latinoamericanos y se crearon los temibles escuadrones de la muerte paramilitares. Éste fue agregado militar en Guatemala entre 1988 y 1991, tiempo de represión militar contra las comunidades indígenas guatemaltecas.
De acuerdo con Sedillo, Demarest es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar contra comunidades indígenas que afirman su autonomía gobernando y poseyendo colectivamente su territorio. E insiste en que el único camino para el “progreso y la seguridad” en América Latina es privatizar las tierras comunales.
Anota Sedillo en su artículo, que Demarest implementaba estrategias de información geográfica en Colombia. El militar incluso escribió un ensayo en marzo de ese año titulado Mapeando Colombia: información geográfica y estrategia, en el cual expuso: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan evidente la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas”.
En otras palabras, la tenencia comunal de la tierra es considerada una amenaza a los intereses políticos y económicos, porque “la tenencia comunal de la tierra es informal, y las tenencias informales de la tierra propician la criminalidad y la insurrección”, acota Demarest.
Lo que resulta preocupante es que desde la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, su partido recurra a una estrategia similar a la que planteó hace una década el militar estadunidense para el caso Colombia. Llama la atención que desde su campaña, Peña Nieto anunciara que durante su gobierno sería asesorado por el general colombiano Óscar Naranjo, promotor de movimientos armados paramilitares en aquel país durante la segunda gestión de Álvaro Uribe.
Según Sedillo, para reconocer un grupo paramilitar como tal se necesitan algunos elementos: primero, que los miembros integrantes sean civiles; segundo, que reciban armamento o entrenamiento de autoridades; tercero, lo más importante, gozar de impunidad; cuarto, que siembren terror en la población, y por último, que controlen territorios.
Los paramilitares sirven para que el ejército y los cuerpos policiacos se puedan lavar las manos en las acciones en las que participan este tipo de grupos contra la población civil, pero sobre todo en situaciones donde sus patrocinadores tengan algún interés económico, comercial, minero, energético, como en Michoacán.
De ahí se derivan las “atrocidades negables” –como las denomina Noam Chomsky–, en las que participan esos grupos y en las cuales el Estado se escuda para decir que se trata de diferencias entre comunidades por problemas diversos, incluidos los religiosos, y así justificar la militarización.
Hoy, esta situación se observa en varias entidades –Guerrero, Oaxaca, Michoacán, por citar algunas– en las cuales los paramilitares siembran el terror y controlan territorios y nadie los detiene. En el caso de Michoacán, éste parece el identikit perfecto de Los Caballeros Templarios, aunque las cosas se han complicado en esa entidad durante las últimas semanas.
¿Qué pasa en Tierra Caliente?
La pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos paramilitares en esa zona donde operan Los Caballeros Templarios y dónde comienzan a proliferar las autodefensas?
Los sicarios pertenecen a los grupos del crimen organizado y son civiles, están armados, siembran el terror desde hace años y en los hechos, controlan territorios.
“Ellos están resguardando intereses económicos y políticos transnacionales –asegura Sedillo–: minería, madera, agua, energéticos, aguacates, limones; están metidos en todo. Sus acciones son mucho más paramilitares que las de cualquier autodefensa”.
Con respecto a éstas, en particular llama la atención que, el doctor José Manuel Mireles, uno de los miembros del Consejo de las Autodefensas, haya sido protegido por la Policía Federal, luego del accidente que sufrió el 4 de enero último, cuando se desplomó la aeronave en la que viajaba.
“Estoy convencido de que cualquier apoyo por parte del gobierno federal o del ejército (a las autodefensas y sus miembros) puede ser un intento de cooptación, en una situación vergonzosa para el gobierno. Hasta ahora –comenta el entrevistado– las autodefensas han sido invitadas por las comunidades para entrar, desarmar a la policía municipal coludida con el crimen organizado, detener a los templarios y sacarlos.
“Y lo han logrado con mucho éxito. Luego entran la policía federal y el ejército. Esto es tan vergonzoso, que tienen que ir a dar la cara, mostrar que aparentemente están apoyando la labor de las autodefensas”.
En Apatzingán, el sacerdote Gregorio López, quien porta un chaleco blindado cuando oficia misa en ese territorio ocupado por Los Caballeros Templarios, no ha dejado de decir que el gobernador Fausto Vallejo es incapaz de acabar con el crimen organizado porque los mismos templarios son sus aliados.
Sedillo lamenta que en algunos sectores de la izquierda se califique a los movimientos de autodefensa como paramilitares. Sin aludir a nadie en particular, comenta: “La izquierda burguesa quiere estandarizar, afirmar el concepto de una lucha ‘pura’; y como este movimiento no lo es, no vale nada. Eso es un error”.
Y se pregunta, que aun cuando las autodefensas puedan ser cooptadas: “¿Cuál movimiento de autodeterminación comunitaria no ha sufrido un intento o ha caído en la cooptación? Cuando un movimiento funciona y empieza a ser contagioso, se intenta cooptar a sus dirigentes”.
El entrevistado insiste: La diversidad en los grupos de autodefensas espanta a la izquierda; claro que es espantoso pensar en la posibilidad de la cooptación, pero también es asombroso pensar en todas las otras posibilidades.
Nuevas formas de organización
Debe recordarse que las formas de resistencia comunitaria se iniciaron en los pueblos indígenas de Nurio y Cherán, extendiéndose a Coalcomán, Aquila y otros municipios de Tierra Caliente. “Son los movimientos indígenas en defensa de su territorio los que luego inspiraron otros en las comunidades mestizas. Esto se empieza ya a ver como las luchas de barrio, en los pueblos, desde abajo”
Estas acciones ya no encajan en los patrones de las luchas históricas de México, sean obreras, campesinas, indígenas, comunistas, anarquistas o zapatistas.
Un dato es innegable: las autodefensas están conformadas por muchas corrientes. Algunos sectores incluso consideran positivo el apoyo del gobierno federal en la lucha a los grupos del crimen organizado: algunos ciudadanos confían en la policía federal; otros en el ejército; los menos en ambos de los dos, pero esa confianza se está erosionando.
La mayoría de los integrantes de las autodefensas no tienen formación política, ni militan en organizaciones de izquierda. Son gente de a pie, del campo; buscan defender sus tierras y reivindican su dignidad.
“La composición del movimiento es tan diversa –expone Sedillo–, que se parece a los movimientos de barrio, donde sus habitantes luchan por su vida. Sin embargo, la gente de las autodefensas está viendo que cada vez más hay contradicciones mayores por parte del gobierno federal”.
E insiste: “En una ‘revolución de barrio’ uno de los elementos principales es la falta de dogmas políticos. Hay muchos movimientos sociales en el mundo que inician con un análisis político del neoliberalismo; los zapatistas, por ejemplo, se levantaron en 1994, luego de 12 años de trabajo político previo.
Sedillo aventura hipótesis: “Lo que diferencia los movimientos de barrio –dice– es que no hay tiempo de crear formación política. Lo que genera la reacción en el barrio es una ‘atrocidad’ que alimenta el coraje ya presente. En Michoacán la detonaron las matanzas, la violencia creciente.
“El clásico caso son los motines de Los Ángeles en 1991, cuando varios policías golpearon a Rodney King, un taxista negro, por un incidente menor. La agresión fue grabada y difundida de inmediato. Los habitantes y las pandillas del barrio salieron a las calles, incendiaron comercios y tomaron los cuarteles de la policía. Esa movilización fue detonada por una atrocidad”.
En el caso de Michoacán, las autodefensas –aun cuando no actúan en un contexto urbano, sino el de Tierra Caliente– están conformadas en su mayoría por mestizos, incluso jóvenes deportados de Estados Unidos. No tienen una
posición política definida, son parte de los pueblos jodidos, muchos nacieron y crecieron en el barrio. Por eso, concluye Sedillo, descalificar su forma de autoorganización para defenderse es clasista y proviene de sectores privilegiados.
Las ambigüedades y el vacío de poder
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El senador panista Juan Carlos Romero Hicks comentó incluso que ese acto es peligroso pues el mandatario recurrió a “mecanismos metaconstitucionales” que en la práctica invalidan al gobernador Vallejo.
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