Exiliados de Extremoduro


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12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán""

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12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán"" Empty 12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán""

Mensaje  Skorpio 19.01.13 14:29

12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán""

12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán"" El-chapo-guzman

DE PUENTE GRANDE A LA LISTA DE FORBES

El 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera, 43 años, originario del pequeño poblado La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Cumplía entonces ocho años de encierro.

Cuando salió de la prisión era adicto al sexo. Apenas tenía estudios de tercero de primaria. Lo asienta el expediente de la causa penal número 16/2001-III, de la cual tiene copia Reporte Índigo. No tenía territorios, ni liderazgo. No tenía nada.

Hace apenas unos años, el procurador foxista Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, dijo que “El Chapo” ya no estaba operando. Más aún, que se encontraba aislado y que estaban a punto de atraparlo.

Ocho años después de su fuga, “El Chapo” continúa libre y es el líder insignia del Cártel de Sinaloa. A sus 51 años, es uno de los 701 hombres más ricos del mundo. La revista Forbes calcula su fortuna en mil millones de dólares.

“Y ahora hasta las revistas no sólo se dedican a atacar, a mentir sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales, que en México lo consideramos un delito, que es apología del delito”, afirmó el presidente Felipe Calderón el 12 de marzo, un día después de que la revista estadounidense hiciera pública la inclusión de “El Chapo” en su codiciada lista.

Sin duda, el primer mandatario tiene razón. Pero más allá de su reacción, la gran pregunta es por qué en su equipo de gobierno y en el Banco de México hay cinco funcionarios públicos cuyos nombres aparecen en los expedientes de la fuga del narcotraficante de Sinaloa.

Son los funcionarios que en 2001 dirigían las instituciones responsables de prevenir e impedir la escapatoria de quien entonces “no era nada” y hoy aparece en la lista de billonarios de Forbes.

Algunos de esos funcionarios, como Jorge Tello Peón, el último que vio a “El Chapo” en Puente Grande el día de su fuga, hoy ocupan puestos estratégicos para la seguridad nacional.

Reporte Índigo tiene en su poder los expedientes de las investigaciones de la fuga. En ellos se documentan corrupción, irregularidades y sospechas. Conócelos.


‘EL CAPO DEL SEXENIO’

Desde su fuga, “El Chapo” es llamado “El Capo del Sexenio”. Cuando fue detenido en 1993, era sólo un peón del Cártel de Sinaloa. Pero cuando salió de Puente Grande, pasó a ser uno de los líderes de la organización criminal junto con Ismael “El Mayo” Zambada e Ignacio Coronel Villarreal.

Su libertad provocó un reacomodo en las bandas del narcotráfico y hoy encabeza la guerra más cruenta que se haya visto en la historia del país por la disputa del territorio con los hermanos Beltrán Leyva (sus antiguos socios), Los Zetas y el Cártel del Golfo.
El año pasado, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, afirmó que “El Chapo” había quedado prácticamente inmovilizado. Eran los primeros meses del gobierno de Calderón.

Se le habían decomisado decenas de aviones, vehículos terrestres y marinos, así como 5 millones de dólares. Una cifra ridícula, si se compara con los mil millones de dólares que tiene, según lo publicado por Forbes.
Apenas en enero de este año, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, declaró, como lo hizo Cabeza de Vaca en 2005, que el capo mexicano “ya no opera”. “Es ahora solamente una figura emblemática”, aseguró.

Reporte Índigo tiene en su poder las declaraciones ministeriales rendidas por los testigos de la fuga de “El Chapo” Guzmán, las cuales se encuentran en la causa penal número 16/2001-III.

A través de ellas, se descubre información clave sobre quiénes son los presuntos responsables de su fuga. Los que no impidieron su escapatoria pese a tener la información meses antes de su huida.

Si “El Chapo” no se hubiera fugado entonces, difícilmente estaría en la famosa lista de millonarios del mundo.

Los documentos evidencian la participación de funcionarios de los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Cuatro de ellos actualmente están activos con cargos en el gobierno federal.

Jorge Tello Peón, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 1999, fue subsecretario de Seguridad Pública a finales del sexenio de Zedillo y principios del gobierno de Fox. Desde el 19 de octubre de 2008, es el asesor del presidente Felipe Calderón en seguridad nacional.

Enrique Pérez Rodríguez fue director adjunto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación a fines del gobierno zedillista y titular del área (dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública) a principios de la administración de Fox. Actualmente es delegado del ISSSTE en Veracruz.

Alejandro Alegre Rabiela fue director del Cisen en los últimos meses del sexenio de Zedillo. Actualmente es director de Seguridad del Banco de México.

De acuerdo a los testimonios que aquí presentamos, estos hombres supieron con anticipación que “El Chapo” tenía el control del penal de Puente Grande a través de redes de corrupción. Pero lejos de combatirla, los testimonios revelan que no emprendieron acción alguna para impedirla. Y nunca fueron sancionados por ello.



LA NEGLIGENCIA


El 4 de enero de 2000, Guadalupe Morfín, comisionada de Derechos Humanos de Jalisco, tuvo información de primera mano sobre el control que ejercía “El Chapo” en Puente Grande.

La dio a conocer a las autoridades correspondientes. Las denuncias provenían de custodios que no querían formar parte de esa corrupción y eran presionados por el narcotraficante.

Durante todo el año 2000, Morfín presentó la queja ante José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que entonces dependía de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Jorge Tello Peón. Pero nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde.

“(…) Quiero denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito. El cuatro de enero del dos mil un Oficial de Prevención del CEFERESO dos de Puente Grande Jalisco, al que luego se sumaron otros, acudió a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a presentar queja por hostigamiento laboral, debido a que no cedía a presiones institucionales para corromperse.

“Por ser asunto de competencia federal, la queja se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A lo largo del año 2000, como lo compruebo con los oficios que anexo (P/CEDHJ/114, anexo1, y 161, anexo2, del 5 de septiembre y 13 de noviembre, respectivamente), hice varias gestiones para que la queja no se archivara como asunto meramente laboral.

“Acompañé a esos oficios de copias de actas circunstanciadas levantadas por visitadores de la CEDHJ (anexo1, bis y anexo3 y 4). Mi insistencia obedeció a que consideré que el asunto debía ser calificado como un hecho presuntamente violatorio de derechos humanos y no archivarse como un asunto meramente laboral, como lo pretendía la CNDH, según se desprende de los oficios de respuesta que posteriormente nos mostraba el quejoso inicial, Felipe Leaños Rivera (…)”, señaló Guadalupe Morfín en su declaración ministerial rendida el 20 de enero de 2001, un día después de la fuga de “El Chapo”.

“(…) También se asienta que el 7 de noviembre de 2000 nuevamente compareció Felipe Leaños, esta vez en compañía de Claudio Julián Ríos Peralta, quienes señalaron que dos de sus compañeros habían sido golpeados por personal del CEFERESO: Manuel García Sandoval y José Luis García Gutiérrez.

“Anexo también (anexo6) un comunicado interno que me dirige el 26 de septiembre de 2000 el entonces secretario Ejecutivo de la CEDHJ donde me informa de una llamada del Tercer Visitador de la CNDH, en la que hizo de su conocimiento las gestiones realizadas con motivo de la queja ante el Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (entonces el director era Miguel Angel Yunes).

“El 16 de enero de 2001 busqué al titular del organismo nacional de derechos humanos para hacerle saber que el quejoso Felipe Leaños estaba preocupado por la intención de archivar su queja en lo que se refiere al aspecto laboral por considerarlo solucionado, dado que temporalmente fue cambiado un jefe de seguridad, intención que le fue comunicada por la Tercera Visitaduría de la CNDH (no anexo ese oficio, pero lo tuve a la vista), con la promesa, sin embargo, de efectuar algunas visitas al CEFERESO y, en caso necesario, hacer algunos pronunciamientos.

“El quejoso inicial y sus compañeros Claudio Julián Ríos Peralta y Salvador Moreno Chávez reportaron a personal de la CEDHJ que los cambios prometidos por la Secretaría de Gobernación fueron solo temporales y que inmediatamente tomaron el control otra vez quienes los presionaban para entrar en la corrupción a fin de dar un trato de privilegio a los jefes del narco recluidos en diversos módulos, declaró Morfín.

“El 17 de enero pidieron verme con urgencia los oficiales de prevención Claudio Julián Ríos Peralta y Salvador Moreno Chávez, visiblemente conmovidos. La síntesis de su reclamo central es la presión que han venido sufriendo de parte de las autoridades del CEFERESO para entrar en un sistema de corrupción que dé trato de privilegio a los jefes del narco internos.

“Relataron que el 15 de enero llegaron a hospedarse en el Hotel Lafayette los visitadores de la CNDH quienes llamaron a Claudio Julián Ríos Peralta y le pidieron que los llevara con los otros quejosos custodios, a quienes presionaron para que se desistieran de la queja; no recuerdo con precisión qué medios utilizaron para hacerlo.

“Me manifestaron que, como consecuencia de ello, solo tres se sostuvieron en su queja ante la CNDH. Relataron también cómo fueron segregados la noche del 16 cada uno por separado en el CEFERESO y llamados a la Dirección, donde fueron confrontados uno por uno hasta altas horas de la madrugada (usaron el término de la tortura psicológica) por los visitadores de la CNDH con las autoridades penitenciarias.

“Los querían hacer titubear, dijeron, sobre su afirmación de que se estaban haciendo mejoras físicas en los módulos destinados para quienes ellos identifican como capos. Era evidente, dijeron, la molestia de los visitadores de la CNDH porque los quejosos habían acudido a la CEDHJ.

“En la Dirección del Centro estaban presentes, durante estas diligencias, según refirieron, el director Leonardo Beltrán Santana, el subdirector jurídico del centro, el licenciado Enrique Pérez, director General de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública y los visitadores de la CNDH”.

Morfín afirmó que entonces llamó al secretario de Gobernación Santiago Creel para hacer de su conocimiento directo los hechos ocurridos a los custodios. Pero no tuvo respuesta. También llamó a Alejandro Gertz Manero, quien era secretario de Seguridad Pública.

“La mañana del día 19 me habló Jorge Tello Peón desde su celular, supongo, para informarme que estaba en Guadalajara para investigar el caso del CEFERESO.

“A mi pregunta de su cargo (yo lo hacía en el Cisen) me aclaró que era prácticamente el subsecretario de Seguridad Pública y que el Dr. Gertz lo había enviado con la encomienda de investigar lo por mí relatado. Me pidió que lo recibiera, a lo que accedí de inmediato, pero me dijo que iba rumbo al CEFERESO ya.

“Le sugerí que se devolviera, que era importante que primero hablara conmigo. Me dijo que ya iban por El Salto. No le hace, le dije, devuélvase. Dijo que tenía sentido mi petición. Preguntó algo si sabían dónde estaba mi oficina.

“Dije ‘¿Perdón?’, por no saber si se dirigía a mí. ‘No’, me contestó. ‘Le estoy preguntando al Director del Centro, que viene conmigo’. ‘¿Me está diciendo que con usted viene Leonardo Beltrán Santana?’, exclamé sorprendida. ‘Sí’, dijo, ‘pero él no entraría a su oficina; me esperaría afuera’”.

Morfín dijo: “Me enojé y le dije que estaba exponiendo mi seguridad, que no tenía nada que informarle, que no lo recibiría y colgué. Volví a intentar hablar con Gertz Manero para expresar mi extrañamiento por los modos de investigar de su gente, haciéndose acompañar de alguien que participó en las reuniones mencionadas, donde se presionaba a los custodios”.

La comisionada estaba muy molesta. Por los testimonios de los custodios, tenía claro que Beltrán Santana, e incluso Enrique Pérez Rodríguez, tenían puntual conocimiento del problema y presuntamente eran parte del mismo. Y Tello Peón no lo desconocía.


LA COMPLICIDAD DE ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ

El 9 de febrero de 2001, Antonio Aguilar Garzón, subdirector de Seguridad y Custodia Interna de Puente Grande, rindió su declaración. Su testimonio terminó de hundir a Pérez Rodríguez. Pero nunca fue sancionado.

Señaló que en enero del año 2000, ingresó como supervisor de Seguridad y Traslados de la Dirección General de Prevención. Desde ese puesto se enteró de la corrupción en Puente Grande y la denunció frecuentemente a sus superiores. Pero sus jefes no hicieron nada. Concretamente Pérez Rodríguez.

“…se permitía la introducción al interior de CEFERESO de prostitutas, licor, drogas entre ellas cocaína y alimentos procedentes de restaurantes, celulares, con destino a los internos de nombres Joaquín Guzmán Loera alias ‘el Chapo Guzman’, Héctor Luis Palma Salazar alias ‘el güero palma’, Arturo Martínez herrera alias ‘el texas’ y Mariano Morales, señalándome que estas irregularidades se daban en los dos CEFERESOS desde mayo de mil novecientos noventa y nueve.

“(…) todas estas irregularidades se las hice del conocimiento en forma verbal a mi jefe, el Licenciado Mario Balderas Alvarez, quien me señaló que ya lo había informado al Licenciado Enrique Pérez Rodríguez, quien en los primeros meses del año dos mil, tenía el cargo de Subdirector General Adjunto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (…).

“(…) de estas irregularidades, entre enero y febrero del año próximo pasado, se las comenté al Licenciado Enrique Pérez Rodríguez, quien me contestó que la administración que encabezaba el Licenciado Miguel Angel Yúnes Linares, era la que más personal de CEFERESOS había puesto a disposición de las autoridades competentes por irregularidades y que mi comentario, haciendo mención de las personas que me informaron, lo hiciera en ‘blanco y negro’, refiriéndose creo yo a hacerlo por escrito, lo cual no lo hice, ya que sabía que no habían puesto a nadie a disposición de la autoridad (…)”, declaró Aguilar Garzón.

En ese entonces, el jefe de Enrique Pérez Rodríguez y Miguel Ángel Yunes era Jorge Tello Peón. Era el último año del sexenio de Ernesto Zedillo y todos estaban en la Secretaría de Gobernación. Aún no se creaba la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que entró en funciones en el sexenio de Vicente Fox.

“(…) para el mes de mayo del año dos mil es designado como Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (llegó a sustituir a Yunes), el Licenciado Enrique Pérez Rodríguez, motivado por los comentarios que le había realizado al antes mencionado, fue que en los últimos días del mes de agosto de año dos mil, me comisiona en compañía de mi jefe Mario Balderas Alvarez a investigar las irregularidades del CEFERESO dos de Puente Grande Jalisco, para lo cual antes de trasladarme a dicho Centro me comuniqué vía telefónica con algunos excompañeros de dicho Centro, quedándonos de ver en el centro de la ciudad de Guadalajara y por lo que respecta al Licenciado Balderas Alvarez sería el que ingresaría al CEFERESO (…).

“(…) una vez en esa ciudad, me entrevisté con estos, quienes me confirmaron que el Subdirector Samuel Salcedo Enriquez, con otros empleados de seguridad externa, eran los encargados de hacer llegar desde la ciudad de Guadalajara al CEFERESO, después de las diez de la noche a prostitutas para Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo Guzmán’, Héctor Luis Palma Salazar alias ‘el güero palma’, Arturo Martínez Herrera alias ‘el texas’ y Mariano Morales, que el comandante Ochoa, quien se desempeñaba como adjunto de Dámaso López Núñez, hacía llegar alimentos y licor para los internos antes señalados (…).

“(…) que el comandante de apellido Vizcaíno, era el encargado de reunir el dinero que pagaban los internos por los privilegios recibidos (…)”, afirmó Aguilar Garzón en la declaración ministerial que rindió sobre la fuga.

“(…) al día siguiente realice un reporte por escrito, de mi puño y letra, dirigido al Licenciado Enrique Pérez Rodríguez, el cual contenía una descripción detallada de las irregularidades que existían en el CEFERESO de Puente Grande Jalisco, el cual entregue al Licenciado Mario Balderas, quien me señaló que dicho informe se lo entregó de propia mano al Licenciado Enrique Pérez Rodríguez; posteriormente el día quince de septiembre del año dos mil, el Licenciado Enrique Pérez Rodríguez me indico que nos trasladaríamos al CEFERESO de Puente Grande, para corroborar las irregularidades que se le habían mencionado(…).

“(…) siendo aproximadamente las ocho horas del día dieciséis de septiembre, ingresó al CEFERESO el comandante de seguridad interna de apellido Cambron, quien llevaba una valija, por lo que el comandante Damaso López Nuñez, se la pidió, la cual me fue entregada para su revisión, conteniendo en su interior vitaminas de diferentes clases y marcas, dinero en efectivo, sin recordar la cantidad exacta pero eran más de cinco mil pesos, un documento al parecer un pagaré, por lo que le informé al Licenciado Pérez Rodríguez de lo sucedido, quien me indicó que esta persona fuera llevado a la sala de juntas de la Dirección, ordenándome que fuera a revisar el vehículo de este comandante, al cual sólo le realicé una revisión exterior, sin recordar por el momento la marca de este vehículo, pero era un modelo noventa y dos, con rines de aluminio y llanta ancha, observando que traía un buen equipo de sonido (…).

“(…) posteriormente en la sala de juntas, se reunieron el Licenciado Enrique Pérez Rodríguez, el Licenciado Leonardo Beltrán Santana, el comandante Damaso López Núñez y yo, en donde se cuestionó al comandante Cambron de los objetos que se le habían localizado (…)”, dice el testimonio de Aguilar Garzón.

“Asimismo se hizo una revisión al locker en donde el comandante Cambron tenía sus objetos personales, detectándosele pastillas, de las cuales refirió que eran viagra femenina y masculina, lubricantes vaginales, óvulos, anticonceptivos, inyecciones anticonceptivas, diversos medicamentos para infecciones vaginales, con posterioridad revisé el interior de su automóvil en donde se localizó unas cuarenta o cincuenta pastillas psicotropicas, desconociendo la marca (…).

“(…) al cuestionar al comandante Cambron de los objetos localizados, manifestó que él los introducía para un interno de apellido Valencia Fontes, quien era la persona que se los encargaba y que en estas irregularidades él solo estaba involucrado, procediéndose a levantar un acta administrativa de los hechos ocurridos (…).

“(…) aproximadamente a las catorce horas el Licenciado Enrique Pérez Rodríguez me señaló que no había elementos para consignar al comandante Cambrón y que por lo tanto solo le iban a solicitar su renuncia y que lo íbamos a retirar del Centro”, declaró Aguilar Garzón.

El 27 de septiembre de 2000, Antonio Aguilar Garzón fue nombrado por el propio Enrique Pérez Rodríguez como subdirector de Seguridad y Custodia interna del penal de Puente Grande. Pero no le dio apoyo para imponer disciplina. Incluso le llamó la atención por haber castigado a Héctor Luis “El Güero Palma”. Duró como subdirector sólo dos meses.

Aguilar Garzón declaró que propuso a Pérez Rodríguez la separación definitiva de comandantes corruptos de Puente Grande y le dio la lista de 25 empleados del CEFERESO que también estaban implicados en las irregularidades.

“(…) quien me señaló que eso lo veríamos con posterioridad, recomendándome que en lo que faltaba de la administración mantuviera al Centro en calma y sin ningún problema y que los demás cambios se harían cuando llegara la nueva administración, recalcándome que no me metiera con ningún interno (…).

“(…) al día siguiente, martes diez de octubre, siendo aproximadamente las once horas, el Licenciado Leonardo Beltrán Santana, me mandó a llamar a su oficina, a la cual arribé y éste me comentó que el Licenciado Enrique Pérez Rodríguez, le había llamado por teléfono comentándole que estaba recibiendo llamadas anónimas a su celular, en las que le decían que ‘le bajara de huevos o que iba a valer madre’ (…).

“(…) esto porque según nos estábamos poniendo muy ‘roñosos’ en Puente Grande, comentando el Licenciado Leonardo Beltrán Santana, que él también estaba recibiendo estas llamadas telefónicas a su celular, por lo cual me propuso que flexibilizáramos más las medidas de seguridad del CEFERESO (…).

“(…) me señaló que era necesario que los internos pudieran comunicarse, tener un alimento de mejor calidad, tener el estímulo de una relación sexual y otros pequeños estímulos que no afectaban en nada la seguridad del Centro (…).

“(…) le volví a reiterar de quién estábamos hablando, respondiendo que los privilegios eran para Joaquín Guzmán Loera alias ‘El Chapo Guzmán’, Héctor Luis Palma Salazar alias ‘el güero palma’, Arturo Martínez Herrera alias ‘el texas’ a lo que volví a negarme en forma franca y abierta a su invitación diciéndole que conmigo no contara (…)”, declaró Aguilar Garzón.

Después de rendir su declaración, Antonio Aguilar Garzón murió en un accidente automovilístico en la carreteraMéxico-Cuernavaca
.

EL CISEN SABÍA DE LA FUGA

Desde 1999, el Cisen tenía elementos dentro del penal de máxima seguridad. Así lo afirmaron los custodios del penal en sus declaraciones.

Estaban en los pisos C y D del centro de readaptación social. Y según lo dicho por los custodios, estaban al tanto de todo lo que pasaba en el lugar.

El 11 de octubre de 2000, el agente del Cisen conocido al interior del penal como “César Andrade” (su nombre real era Carlos Arias) afirmó que ya había mandado una tarjeta a sus superiores para ponerlos al tanto de la forma en que “El Chapo” Guzmán y su compadre Héctor Luis “El Güero Palma” se habían apropiado del penal.

En esa fecha, el titular del Cisen era Alejandro Alegre, hoy funcionario del Banco de México.

“(…) al salir de esta reunión con el Director, me trasladé a mi oficina, pero en el camino a esta me encontré con el compañero Carlos Arias, del CISEN, a quien en el CEFERESO se le conoce como Cesar Andrade, comentándole que el Licenciado Leonardo Beltrán Santana me había invitado a corromperme, pero que no había aceptado su propuesta, pidiéndole que me ayudara a hacer una tarjeta informativa y se las enviara a sus jefes para que estuvieran enterados de las irregularidades que se estaban llevando a cabo en el CEFERESO, para lo cual le comenté todos los detalles de la conversación que sostuve con el Licenciado Leonardo Beltrán Santana, quien tomó nota (…)”, declaró Antonio Aguilar Garzón al continuar su relato de lo que pasó después de su encuentro con Beltrán Santana.

“(…) siendo aproximadamente las veintitrés horas de ese día (11 de octubre del 2000), Carlos Arias acudió a mi oficina y me comentó que ya había mandado la tarjeta informativa de los hechos que le había señalado a sus jefes y que estos ya tenían conocimiento”, afirmó Aguilar Garzón.

Esa plática tuvo lugar tres meses antes de la fuga de “El Chapo”.

El jefe del Departamento del Centro de Control de Puente Grande, Guillermo Paredes Torres, afirmó en su ampliación de declaración que en diciembre del año 2000, siendo Eduardo Medina Mora titular del Cisen, “Armando Ruiz” y otros elementos del Cisen adscritos al penal le preguntaron sobre la corrupción que había al interior del reclusorio.

“(…) por lo que a grandes rasgos les comenté cómo estaba ese problema y les dije que la situación era muy delicada, ya que continuamente nos presionaban y que por ello nosotros no podíamos hablar directamente de todo lo que ocurría, por lo que posteriormente éstas mismas personas me dijeron, que habían hablado con su jefe el ingeniero HUMBERTO al parecer de apellido MARTÍNEZ, a quien le habían explicado el asunto de la corrupción y que él les dijo que si yo quería externar algo al respecto que me dirigiera a él, pero yo nunca lo hice por temor a represalias”, declaró Paredes Torres.

“Que diga si en el CEFERESO hay personal del CISEN”, preguntó el ministerio público al custodio Juan Gerardo López Hernández en su declaración rendida el 25 enero de 2001.

“Que sí hay personal de CISEN, desconozco específicamente sus actividades, pero que el análisis de las llamadas telefónicas de los internos y del personal así como realizar las grabaciones de conversaciones en visita familiar, que el jefe al parecer es la persona de nombre CESAR ANDRADE, en ocasiones me tocó abrirles el área de comunicaciones y se quedaban toda la noche incluso hicieron instalaciones en diversas áreas del centro, con el objeto de realizar dichas actividades”, respondió el custodio.

De acuerdo a las declaraciones ministeriales, nunca se llamó a rendir testimonio a los elementos del Cisen adscritos al penal a pesar de que su declaración era vital para saber cómo se había fugado “El Chapo”.


LA MISTERIOSA VISITA DE TELLO PEÓN

El 19 de enero de 2001, a las 12:55 horas, arribó Jorge Tello Peón al penal de Puente Grande acompañado por Enrique Pérez Rodríguez, director general de Prevención, y dos funcionarios de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Entre ellos estaban el coordinador de Inteligencia Nicolás Suárez Valenzuela y Humberto Martínez, director de la PFP. De acuerdo a los registros del penal, salieron a las 13:46 horas.

En ese entonces, trabajaban en la PFP Wilfrido Robledo Madrid y el actual secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Humberto Martínez es hoy uno de los hombres más cercanos al titular de la SSP.

Durante su estancia, Tello Peón visitó el Centro de Control desde donde se monitorea todo el penal. Pese a que era un área restringida, sacó al personal responsable.

“(…) más tarde aproximadamente a las 13:30 (trece horas con treinta minutos), llegó en visita oficial Tello Peón y un Coordinador del que no recuerdo quien era, entraron, directamente al fondo del Centro de Control en donde yo me encontraba, permanecieron por aproximadamente 3 (tres) minutos, murmuraron algo entre sí (…)”, testificó el 26 de enero de 2001 el custodio Juan Carlos Sánchez, adscrito al Centro de Control de Puente Grande.

“Aproximadamente a las 14:00 (catorce) horas salí a comer al comedor del CEFERESO de Puente Grande y regresé como a las 14:50 (catorce horas con cincuenta minutos) a Centro de Control, momento en que el Comandante Guillermo Paredes me comisionó para que trasladara al señor Arturo, del CISEN, a la nueva Central Camionera de Guadalajara, replicándole al Comandante que estaba raro que me mandara a mí, contestándome el Comandante Armando Ramírez Mejía, que no anduviera diciendo que qué raro y que me fuera (…).


“(…) por lo que, antes de salir con rumbo a la Central Camionera, pasé al Dormitorio del personal de seguridad en donde se encuentran los lockers para recoger mi cartera y mi licencia de conducir y al hacerlo, me percaté que en el dormitorio se encontraban aproximadamente 15 personas de seguridad interna, vestidos con uniformes de Seguridad externa de color negro y el personal de seguridad externa ya se encontraba uniformado y repartido en el interior del CEFERESO, lo que me causó extrañeza (…)”, añadió el custodio Juan Carlos Sánchez.

Fue él quien reveló que los videos de ese día del Centro de Control, en los cuales se grabó la salida de Tello y su séquito, fueron manipulados.

“(…) regresando a Centro de Control del CEFERESO como a las 17:00 (diecisiete horas), siendo requerido, en ese momento, por la compañera Virginia Luna Manzo, para que me acercara al sistema de acceso por tarjeta electrónica ‘morpho touch’, para que me explicara cómo imprimir el informe diario para enviarlo a la ciudad de México, por lo que yo le pedí que mejor capacitara al compañero Alvaro Ortega Alvarado (…).

“(…) en ese momento nos percatamos que los videos se estaban regresando por lo que le dije a Joel Villalobos Anzaldo o Alvaro Ortega que cambiara los videos porque los que estaban se habían terminado, que pusiera nuevos, interviniendo Gerardo López Hernández quien dijo que dejáramos ahí, que no sabíamos lo que él estaba haciendo.

“Aproximadamente a las 19:00 (diecinueve) horas, el Comandante Guillermo Paredes, me informó que estuviéramos pendientes en la cámara del retén “A”, para ver cuando llegara la visita oficial, porque esperaban que regresaran (…) más tarde, como a las 24:30, veinticuatro horas con treinta minutos, el Comandante Felipe de Jesús Díaz me dijo que no encontraban a Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo Guzmán, por lo que me quedé en espera de instrucciones”, continuó Juan Carlos Sánchez.

“(…) quiero precisar que aproximadamente a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fuga, esto es, momentos después de que el licenciado Tello Peón había salido del centro de control ya que acababa de revisarlo, nos quedamos todos los de la segunda compañía y yo en el centro de control, en donde Juan Carlos Sánchez nos comentó a todos, que había escuchado que el licenciado Tello Peón le había dicho a alguien, pero no recuerdo a qué persona, que ese día no íbamos a salir del penal, lo cual nos causó extrañeza ya que no encontrábamos ninguna razón de peso para que ello ocurriera, pero después no se hizo ningún comentario al respecto (…)”, declaró el custodio Guillermo Paredes Torres.

Jorge Tello Peón fue citado a declarar semanas después del escape de Joaquín Guzmán Loera. Afirmó que el 19 de enero de 2001, cuando visitó el penal, contaba “con información concreta sobre una posible fuga”. Por ello, a su salida del reclusorio, recomendó que “El Chapo” fuera trasladado a otra celda.

Pese a la situación, no organizó un operativo inmediato para el resguardo del penal y sus presos. Ese mismo día, unas horas después de la visita de Tello Peón, Guzmán Loera escapó.


¿LENTITUD O COMPLICIDAD?

Enrique Pérez Rodríguez rindió su declaración hasta el 11 de febrero del año 2001, casi un mes después de la fuga de “El Chapo”. Su testimonio revela que la lentitud y la negligencia aplicadas para combatir la corrupción en el penal, fueron las mismas que utilizó para buscar al capo.

Señaló que a la una de la mañana del 20 de enero de 2001 recibió la llamada de Leonardo Beltrán Santana, quien le informó que no encontraban a “El Chapo” Guzmán en el penal. Y en vez de encabezar un operativo de emergencia, Pérez Rodríguez le pidió que lo llamara en media hora para ver si ya lo habían localizado.

Beltrán Santana le volvió a llamar como a la 1:30. Hasta ese momento, Pérez Rodríguez llamó a Jorge Tello Peón.

Tello Peón tampoco reaccionó rápido. En vez de girar órdenes para armar un operativo de búsqueda, le dijo que le llamara media hora después. Mientras, se comunicaría con el secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero.

A las 2 de la mañana, Leonardo Beltrán Santana volvió a llamar a Enrique Pérez Rodríguez para informarle que no habían encontrado al prófugo y que ya había notificado el hecho a las autoridades competentes.

Pérez Rodríguez llamó a Tello Peón, y en vez de que el subsecretario citara al director general de Prevención y Readaptación Social inmediatamente, le dijo que lo vería en hora y media en el hangar de la PFP en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya eran las 3:30 horas.

El avión despegó hasta las cinco de la mañana. Tello Peón y Pérez Rodríguez arribaron al penal de Puente Grande hasta las 6:30 horas. Cinco horas después de que Tello Peón fuera notificado de la fuga. Cinco horas en las que no se organizó un operativo de búsqueda.

Estos dos funcionarios no fueron investigados ni sancionados. Discretamente renunciaron a sus cargos semanas después de la fuga.

“El Chapo” sigue libre. Y de acuerdo a la revista Forbes, sus negocios del narcotráfico lo han convertido en ocho años en uno de los hombres más ricos del mundo. Ocupa el lugar 701
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12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán"" Empty Re: 12 años de la fuga perfecta del "Chapo Guzmán""

Mensaje  Skorpio 19.01.13 14:47

El Chapo Guzmán: la incomodidad del gobierno. A 12 años de distancia, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, le sigue causando incomodidad al gobierno mexicano, pues su escape recuerda el debilitamiento y la incompetencia de las instituciones de seguridad del país y el creciente poder de los carteles como un irremediable síntoma de una estrategia fallida ejecutada durante los últimos seis años.

La dinámica social como parte de un proceso de transformación colectivo ha hecho que entre la ciudadanía en general —inmersa en una dinámica creciente de injusticia, impunidad y corrupción— haya provocado, a través de los años, el aumento en la demanda, el consumo y la ampliación del mercado ilegal de las drogas en México y en gran parte del mundo.

Este bloque delictivo, más allá de incidir en la economía ilícita, repercute en las conductas actuales que establecen la normalización de la violencia, la criminalidad y el mantenimiento de un sector de la población dedicado al fortalecimiento de las estructuras del narcotráfico sin tener repercusiones legales.

Ostentando el poder, las células criminales dedicadas al narcotráfico en México se han ido beneficiando de territorios claves para la comercialización de su mercancía, y con esto, la importancia de las alianzas con otros carteles y con funcionarios del gobierno ha sido fundamental para concretar sus planes con éxito, saliendo victoriosos en cada batalla a la que se enfrentan día con día de la mano de un apoyo que culmina —en la mayoría de los casos— en una complicidad compartida.

Hoy vivir en México se ha vuelto complicado, el panorama en materia de seguridad se vislumbra gris y abandonado, el desarrollo en sectores cruciales para la competitividad se ha visto forzado y hasta cierto punto manipulado para colaborar con la ilegalidad y el estancamiento de la población en una debacle socioeconómica que ha culminado con las pocas oportunidades de trabajo, buenos sistemas de enseñanza y en una de las más trágicas y actuales situaciones, han permitido la anuencia de un sistema de gobierno ‘a modo’, el cual representa a la fecha intereses particulares por encima del bienestar ciudadano.

Lo cierto es que la situación que se vive en el país ha sido motivo constante de errores, los cuales le han costado al gobierno miles de muertes en los últimos años. La necedad de no analizar el problema ha permitido un inútil combate que ataca el problema, pero no las causas que originan este mal. Los Zetas, el Cartel del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, los Arellano Félix, el Cartel de Sinaloa y nuevas organizaciones como El Z-40, Los Matazetas y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, son solo algunas de las muchas asociaciones criminales que dominan al país a lo largo y ancho del territorio nacional.


¿Quién es y dónde está el Chapo Guzmán?
Según la revista Forbes, Joaquín Guzmán Loera es uno de los hombres más ricos del mundo. En México ostenta la posición número 10 de la tabla clasificatoria; a nivel mundial, se posiciona como el sexagésimo tercer hombre más poderoso. Según la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Chapo es uno de los hombres más buscados, como en su momento lo fue Osama bin Laden. En todo el mundo, la figura del capo es reconocida como la del líder consagrado en el mercado ilegal de la fabricación y venta de estupefacientes bajo una estructura abismal que resguarda una incalculable fortuna.

Guzmán Loera, a 12 años de su controvertido escape del penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Guadalajara, Jalisco (20 de enero de 2001), ha ido creando una red de complicidad nacional e internacional hasta lograr el control territorial de la República Mexicana con el actual dominio de 25 de los 32 estados.

El actual imperio, que hoy traspasa fronteras al costo que sea —sin contemplar las más poderosas barreras que impone el Estado mexicano—, ha derrumbado a su paso planes de captura, y ha ido estudiando minuciosamente el mercado nacional para encabezar una asociación delictiva aliada con otros grupos criminales para concretar el sueño que no lograron narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado en la década de 1980 el Capo de Capos, y Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos: la presencia y expansión de un cartel, en este caso el de Sinaloa, como una corporación líder en la creación y exportación de drogas sintéticas bajo una de las más poderosas estructuras criminales.
¿Dónde está Joaquín Guzmán, el Chapo? Según especialistas, los gobiernos mexicano y de Estados Unidos saben dónde se encuentra el narcoempresario, prueba de ello son las constantes negociaciones documentadas que han comprobado la alianza del gobierno mexicano con estas asociaciones delictivas.

Como lo reconoció en su momento el general Mario Arturo Acosta Chaparro, él y distintos capos como Édgar Valdez Villareal, alias la Barbie, a cargo del grupo criminal llamado Los Negros, así como con Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo, sostuvieron reuniones para negociar, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la incesante ola de violencia que repercutía en las inversiones extranjeras y la imagen del país como uno de los más violentos del mundo.

La pregunta ¿dónde está el Chapo Guzmán? persiste en el ánimo inconforme colectivo. La poca credibilidad hacia las instituciones y el creciente problema de inseguridad son tan solo un recordatorio de la colusión del gobierno con los carteles de la droga, y en la contraparte, la endémica cultura de impunidad se sigue transfiriendo generación tras generación, avalando una conducta que soluciona un problema que al parecer no tiene fin.


Antecedente criminal
La crisis de corrupción a través de los años ha permitido —entre otros problemas sociales— la expansión del narcotráfico en todo el mundo. Los mitos que circundan en el universo de la mafia son muchos, entre estos se ha podido comprobar la nula importancia que los carteles dan a los modelos económicos actuales, asimismo, las relaciones o acuerdos internacionales con otros países no son barrera para la comercialización de su mercancía, el negocio es el negocio.

Según estudios en Colombia, la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigencia en 1994, contribuyó a extender el narcotráfico, por su alto impacto, en sectores industriales como las maquiladoras, dejando debilitadas a las ciudades fronterizas del norte como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana, y eso es absolutamente falso. La quiebra de miles de productores agrícolas que no pudieron competir con Estados Unidos no incidió en las oportunidades de trabajo ni provocó un salto significativo de las personas de escasos recursos hacia la delincuencia organizada; la crisis de corrupción que se vive en México ha normalizado las actividades desde las esferas más altas para hacer de esta conducta algo cotidiano que no tiene castigo alguno.

El narcotráfico, una presencia muy pesada, un compañero demasiado costoso y una sombra caótica, tiene su razón de ser desde hace varios sexenios. Lo que antes era una relación simbiótica “gobierno-mafia”, a través de los años fue adquiriendo el papel de un proyecto a gran escala, extendiendo una gran maquinaria operativa más allá del territorio mexicano. Tanto la DEA como la Procuraduría General de la República —la PGR en México— han documentado que la narcoempresa al mando de Guzmán Loera es tan poderosa como grande en cuanto a su capacidad operativa se refiere.

Esta mafia se extiende no solo en Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, sino también, según investigaciones, el imperio del Chapo ha llegado a países como Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay, regiones donde el narco más buscado controla los cargamentos y el suministro de drogas y precursores químicos.

De igual forma, Guatemala y Costa Rica han sido las terminales para resguardar en bodegas la mercancía a traficar. La ambición es tal que el Cartel de Sinaloa ha exportado drogas sintéticas y cocaína a Europa —particularmente a España y Reino Unido—, que no es inmune a lo que hoy se conoce como el narcoholding, un cartel que pasó de una mafia local a un grupo empresarial como un McDonald’s, con sucursales o franquicias en varias partes del mundo, propiciando la criminalidad y auspiciando la fortuna en manos de unos cuantos capos.

Anabel Hernández, periodista y escritora, autora de una de las obras más controvertidas de los últimos años, Los señores del narco, hace una denuncia pública sobre una serie de actos de corrupción y un entramado que involucra a distintos actores políticos, policiacos y de gobierno en México. A esto, en entrevista con Newsweek en Español, la investigadora comenta cómo a lo largo de los años el Poder Ejecutivo, desde las distintas dependencias de seguridad e instancias funcionales del gobierno, se ha prestado para hacer de las mafias un control que culmine con la rentabilidad de los dos bandos. Desde los años de la década de 1970 e incluso mucho antes, nadie imaginó que estas complicidades tendrían un cauce tan desastroso como el que hoy se vive en México.

“A lo largo de los años, lo que yo he podido documentar en mis investigaciones —por lo menos desde la década de 1970 hasta la fecha— es que el gobierno ha mantenido una convivencia y una complicidad directa con el narcotráfico.

“Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) esta corrupción y convivencia estaba a cargo de un gobierno fuerte, era un Estado totalitario con un grupo de delincuentes que hacían negocios. El gobierno sabía que los delincuentes existían y negociaba con ellos, pero desde un punto de vista de gobierno, era una situación de jerarquía; ellos, como Poder Ejecutivo, estaban por encima de los narcotraficantes, actualmente la dinámica es totalmente distinta. En este gobierno, según los testimonios que yo recopilé, los narcotraficantes pagaban una especie de impuesto —por debajo de la mesa por supuesto— para que se les permitiera sembrar, cosechar, transportar y traficar droga hacia Estados Unidos.

“¿En qué consistía esta dinámica?
Los narcotraficantes se reunían con los jefes de zonas militares e iban a pedir permiso para sembrar mariguana, por ejemplo; el jefe de la zona preguntaba cuántas hectáreas necesitaban, las concedía y asignaba un precio; los carteles de la droga pagaban el soborno y entonces a esos plantíos que estaban ‘permitidos’ se les ponía una bandera. Todos los plantíos que no tuvieran esa bandera eran arrasados inmisericordemente. Los narcotraficantes o los cultivadores de droga que sembraban sin la anuencia del gobierno eran aplastados y encarcelados; y eran precisamente los mismos narcos los que se quejaban de los que no pagaban el ‘impuesto’; estaban fuera de las reglas, aseguraban.

“Lo que yo narro en mi libro Los señores del narco es que lo que fue haciendo más poderosos a los narcotraficantes mexicanos, que acabaron convirtiéndose en carteles, no fue la dinámica económica —refiriéndome al modelo de gobierno en ese entonces—, sino el poder económico que fueron adquiriendo. El poder que tenían ellos cuando se dedicaban únicamente al tráfi-co de mariguana y amapola era importante, pero no tan importante como para tener más poder económico que el Estado.

“En aquella época, cuando se negociaba con el gobierno de Luis Echeverría, además de pactar con los jefes de las zonas militares, la Policía Judicial era la que los escoltaba —una vez que los narcotraficantes reunían la droga y hacían todo el proceso de secado de la mariguana, la empacaban y demás— a través de las carreteras para verificar que la droga no se quedara en México, sino que, efectivamente, saliera a EE UU.

“Con la droga que se quedaba en México, la Dirección Federal de Seguridad era muy implacable al respecto. Y sí, en ese entonces sí metía a la cárcel o asesinaba o sancionaba a aquellos narcotraficantes o sembradores de mariguana y amapola que no sacaban la droga de México, sino que querían venderla en territorio nacional.

“En la década de 1980 —y lo tengo documentado— la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de EE UU, contacta a un cartel, el más poderoso en su época, el de Medellín, a cargo de Pablo Escobar Gaviria, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Don Neto [Ernesto Fonseca Carrillo] y Rafael Caro Quintero, que en ese entonces eran los principales traficantes de droga en México. Cabe destacar que estos tres personajes solo traficaban mariguana y amapola, ¿Les daba mucho dinero eso? Sí, les daba mucho dinero. ¿Se daban la gran vida? Se daban la gran vida. Pero no tenían un gran poder económico para realmente comenzar a ser más fuertes que el Estado.

“Con esa conexión, Miguel Ángel, Don Neto y Rafael comenzaron a mutar. Lo que ocurrió en México fue que el Cartel de Medellín ocupaba territorio mexicano para bajar sus aviones rellenos de cocaína, recargar combustible y, después, continuar su viaje hacia EE UU. Esa conexión entre los colombianos y los mexicanos cambió para siempre la dinámica del narcotráfico en México, este trío comenzó entonces a sobornar a jefes policiacos, a gobernadores, a presidentes municipales, con el poder económico que les dio la venta de la cocaína.

“Fue así como los equilibrios económicos se fueron modificando poco a poco hasta llegar a esta crisis terrible en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde la convivencia con el narcotráfico era absoluta y total. En mi libro Los señores del narco hablo, manejo y expongo incluso documentos donde el propio secretario particular de Carlos Salinas, el señor Justo Ceja Martínez, recibía dinero y se reunía con Amado Carrillo Fuentes; incluso cómo el propio papá del entonces presidente Salinas, Raúl Lozano, negociaba tranquilamente con el Cartel del Golfo y su líder, Juan García Ábrego, alias la Muñeca. Asimismo, hay fotografías del papá del expresidente abrazado de Juan N. Guerra, que era el padrino y el creador de García Ábrego.

“Entonces ahí, durante el sexenio de Salinas de Gortari, encontramos que el narcotráfico estaba a la par del gobierno, eran socios. Había una convivencia absoluta y total, fue entonces cuando los narcotraficantes se dieron cuenta de que necesitaban de las conexiones políticas y empezaron a financiar candidatos, a meterse en la política, esto a cambio de beneficios y porque se dan cuenta de que necesitan a los políticos, a los policías, a los militares, para mantener su negocio.

“Entre más poder tuvieron los narcotraficantes ¿qué fue lo que pasó? Su negocio se fue extendiendo porque tenían más poder para repartir a cada persona involucrada en la mafia, no solo en el país, sino en todo el mundo. Los carteles en México se volvieron incluso más poderosos y expertos que los colombianos. EE UU se enfocó en combatir a esas células criminales que ya no existen, pero que no han dejado de producir cocaína, la cual paulatinamente sigue creciendo. Las mafias mexicanas, por su parte, se consolidaron como las productoras y exportadoras número uno para EE UU, sin que la CIA, la DEA o la policía fronteriza, la Border Patrol, detecten las toneladas que llegan hacía territorio estadounidense y sin que las autoridades hagan algo al respecto.

“No es posible que llegue la droga a México o a otra parte del mundo como Suiza sin que las autoridades no estén coludidas. Hay toda una red de producción, transporte y tráfico de droga que es imposible que los gobiernos del mundo no detecten. ¿Qué es lo que sucede? Hay una red de corrupción internacional, no solo es un asunto que le concierne directamente a este país”.


Caída, fuga y ascenso
Actualmente, los estados mexicanos de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas son algunas entidades en las que, aseguran la PGR y la DEA, vive actualmente Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo. Desde su captura hasta lo que fue su fuga, seguido de la concreción de un imperio, las dudas siguen presentes y las muertes hacen una aparición constante en una de las galas de la política del terror nunca antes vistas.
Era la mañana del 10 de junio de 1993. “Es extraoficial”, apuntaban los medios de comunicación.

El procurador, Jorge Carpizo McGregor, apareció flanqueado por el director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, José Carreño Carlón, anunciando la captura del Chapo Guzmán. A las 12:00 horas del 9 de junio se había capturado al narcotraficante en el puente internacional del Talismán, sobre el río Suchiate, “cuando autoridades de Guatemala lo entregaron, junto con cinco personas de su grupo más cercano, a la Procuraduría General de la República, apoyada por miembros del Ejército Mexicano, quienes colaboraron con gran eficacia y compromiso”. Con él fueron detenidos miembros importantes de la banda criminal: Martín Moreno Valdés, Manuel Castro Meza, Baldemar Escobar Barrasa, María del Rocío del Villar Becerra y Antonio Mendoza Cruz, reportó el procurador.

La controversia surgió cuando la versión oficial de Los Pinos no coincidió con la del gobierno guatemalteco. La Dirección de Información y Difusión del Ejército de Guatemala negó la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en territorio sudamericano. Ángel Conté Cohulum, responsable de la oficina de Migración de Guatemala, sostuvo que legalmente no existió tal aprehensión y que nadie con el nombre de Joaquín Guzmán Loera había cruzado la frontera de Guatemala con México. Asimismo, Absalón Cardona Cardona, entonces jefe de la Policía Nacional de El Carmen, coincidía con las demás instancias de seguridad, calificando como fal-sas las versiones de la procuraduría mexicana.

Según funcionaros del gobierno de Guatemala, lo que pudo haber ocurrido es que las autoridades mexicanas, de acuerdo con diferentes versiones, cruzaron ilegalmente a la frontera sur, al igual que el Chapo y su banda, e hicieron la captura, si es que la hubo, de manera ilegal.

En noviembre de 1995 el Chapo consiguió su traslado al penal de Puente Grande, ubicado a 18 kilómetros de Guadalajara. Junto con Héctor Palma, el Güero, Guzmán Loera se dedicó a defenderse de los 10 procesos que tenía abiertos por homicidio, delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de drogas.

Operando dentro de la cárcel, el Chapo lentamente iba sometiendo al penal a sus reglas y condiciones criminales. A diferencia de los sobornos que hizo en 1991, cuando entregó 225 000 dólares y 14 millones de pesos a cambio de su libertad al jefe de la Policía capitalina, Santiago Tapia Aceves, en esta ocasión diversas denuncias de los custodios —que constan en actas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— reflejaban la influencia del actual líder del Cartel de Sinaloa como una mafia controlada y aliada al entonces gobierno del presidente que encabezaría el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox Quesada.

La fuga del capo, orquestada por una serie de sucesos de constante análisis, denota que la impunidad en México trascendió en la mañana del 20 de enero de 2001, aunque otras versiones aseguran que pudo haber ocurrido casi 24 horas antes. La salida del Chapo del penal de Puente Grande ocurrió cuando, presuntamente, el 19 de enero de 2001 a las 21:15 horas el capo se encontraba todavía en su celda, según el reporte de los vigilantes de la cárcel; pero a las 23:35 horas, Leonardo Beltrán Santana se dio cuenta de que no estaba ahí.
Oculto en un carrito que se emplea para transportar basura y ropa sucia y que pasa por varios filtros y es custodiado por al menos un vigilante, se especulaba la presencia de Guzmán Loera aún dentro del penal. Se dijo también que el sistema de circuito cerrado de televisión estaba descompuesto y que eso facilitó el gran escape del narcotraficante, ahora prófugo de la justicia.

“Es imposible”, aseguran académicos, que desde su captura hasta la fuga del sinaloense, este no haya tenido una red de protección a su mando a cargo de funcionarios públicos gubernamentales. El ascenso de la empresa matriz multinacional que encabeza el narco, de 55 años de edad, es fruto de un fenómeno sociocultural relacionado con la herencia histórica más grande de todos los tiempos: la corrupción de las élites empresariales, el gobierno mexicano y la ciudadanía en general.


El boom del narcotráfico
Muchas organizaciones mexicanas e instituciones internacionales podrían asegurar que la constante administración priista es la responsable del incremento en la incidencia delictiva y el comercio creciente de sustancias y activos ilegales. A este respecto, la periodista Anabel Hernández argumenta: “El gran boom del narcotráfico sí creo que está directamente correlacionado con la fuga del Chapo Guzmán, que no fue el 19, sino el 20 de enero de 2001.

“En ese momento, cuando el Chapo Guzmán sale de la prisión, el Cartel de Sinaloa, que estaba manejado por Ismael Zambada, el Mayo; el Cartel de Juárez, bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Beltrán Leyva; el Cartel de los Valencia; el Cartel de los Amezcua; el Cartel del Golfo, entonces ya liderado por Osiel Cárdenas Guillén, eran organizaciones que tenían un importante tráfico de droga, pero que estaban muy desarticuladas.

“Cuando sale el Chapo Guzmán y reúne a este cónclave de narcotraficantes, a fines de ese mismo año, es otro punto de quiebre que cambia de nuevo la dinámica de narcotráfico en México, después de aquella legendaria reunión convocada por Guzmán Loera y avalada por el Mayo Zambada.

“En esa reunión sienta a los capos de todos los carteles en una misma mesa; cabe destacar que, antes de ese momento, los carteles de la droga se respetaban unos a otros; había enemistades, pero tenían que ver más con cosas personales que con el negocio. Todos se entendían realmente. Cuando el Chapo Guzmán sienta a los carteles a una mesa a negociar, reúne a todos menos a dos organizaciones, a los Arellano Félix, por el rencor que tenía a sus otrora compadres, ni al Cartel del Golfo porque no confiaba en Osiel Cárdenas Guillén.

“En ese momento al Chapo se le ocurre una idea catastróficamente genial: ‘Hagamos una federación de carteles, sumemos la producción de todos y hagamos un gran emporio del narco’. Así, el Cartel de Juárez aportó su territorio; el Mayo Zambada brindó de igual forma su territorio y su gente; lo mismo pasó con los Amezcua, los Valencia y los Beltrán Leyva.

“¿Qué aportó el Chapo Guzmán a esa mesa de negociación? Acababa de salir de prisión y había perdido todo lo que tenía de territorio, influencias, gente, pero como parte de esa sociedad brindó el apoyo total y absoluto del Gobierno Federal. Ese apoyo del gobierno de Vicente Fox no solo consistía en no atraparlos, en no molestarlos, sino en atacar a los carteles enemigos, a los del Golfo y a los Arellano Félix.

“Esta federación de carteles funcionó de 2001 hasta enero de 2008, es decir, la organización de estos grupos criminales caminó por mucho tiempo con un crecimiento terrible que los tiene hoy en el lugar en donde están.

“La fuga del Chapo —que en lo personal yo no podría llamarle fuga—, la salida de este capo del penal de Puente Grande, fue un asunto perfectamente planeado a partir de que Vicente Fox Quesada gana la Presidencia de la República, eso ocurrió en julio del año 2000.

“Más o menos en agosto de ese mismo año el Chapo Guzmán ya empezaba a hablar con sus custodios y con su amante de que ya se iba del penal, ya estaba contratando gente y organizando perfectamente su salida. No fue un asunto de último instante, fue meticulosamente planeado gracias a que en 1999 —cuando Ernesto Zedillo estaba al frente del Ejecutivo— Guzmán logró tomar el control total del penal de máxima seguridad a través de la corrupción de los mandos y directivos de Puente Grande.

“Incluso, el Cisen, el Centro de Información y Seguridad Nacional, tenía reportes y registros de esas conversaciones y nadie hizo nada por impedirlo, al contrario, lo único que se gestó fue la corrupción de funcionarios y el encubrimiento de las golpizas que se propiciaban a aquellos que se negaban a formar parte del cartel y a servirle al Chapo Guzmán dentro del penal.

“De acuerdo con un testimonio directo que me dio uno de los cinco coordinadores de la DEA en México en mayo de 2006, en ese entonces él estaba investigando supuestamente los 20 millones en sobornos que había recibido Vicente Fox para dejar salir al Chapo Guzmán de la prisión. Aparentemente este acto de dejarlo salir no era más que un caso más de corrupción de la familia presidencial, que incluso sabemos ahora que no fue el único que cometió durante su gobierno, pero sí el de más graves consecuencias que trajo a México.

“Yo le pregunté al secretario de la DEA por qué estaba haciendo una aseveración tan delicada como esa y él me señaló que tenían infiltrado a Nacho Coronel, y que el propio Nacho Coronel y el Chapo Guzmán lo habían comentado delante del informante de la DEA.

“Lo que ocurrió después de ese instante fue una serie de hechos en los que el Gobierno Federal físicamente estuvo protegiendo al Cartel de Sinaloa. Yo tengo operativos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), instancia del gobierno que estaba al mando de Genaro García Luna durante la administración de Vicente Fox, donde los ‘afis’ iban en camionetas junto con la Barbie a orquestar operativos contra Los Zetas en Acapulco; los ‘afis’ iban capturando a estos zetas en diferentes hoteles, acompañados siempre de los vehículos de Édgar Valdez Villarreal y los Beltrán Leyva, y en todo caso la AFI tenía que presentar ante el Ministerio Público a estos zetas, pero se los entregaban a la Barbie, y este mismo los torturaba y los ejecutaba [lo que filmaba] en un video, el primer video que surge de estas ejecuciones grabadas que causó revuelo en internet”.

No solo es México, la expansión del Cartel de Sinaloa se encuentra a nivel mundial. Tan solo en Colombia, distintos organismos de seguridad han detectado el aumento de enviados del Chapo a zonas donde operan Los Rastrorrojos y Los Urabeños, bandas criminales formadas a raíz de los grupos paramilitares y que acaparan en mayor número el mercado del narco en ese país.

En Perú, la Cuarta Fiscalía Contra el Crimen Organizado mantiene abierta una investigación sobre la presencia del cartel en la zona fronteriza que colinda con Ecuador. Dicha averiguación expone la presencia de criminales colombianos, peruanos y ecuatorianos al cuidado de la producción y manejo de la cocaína en sus distintas rutas. De igual forma, en Colombia existen grupos de mexicanos verificando la entrada y salida de cargamentos de cocaína hacía Centroamérica, Estados Unidos y México.

Incluso, hace poco en España se desmanteló una célula del Cartel de Sinaloa que se asentaba en Madrid, dirigida posiblemente por el primo del Chapo Guzmán, Jesús Gutiérrez Guzmán. Los sucesos ocurrieron en las inmediaciones del hotel Palace, uno de los más lujosos de la ciudad. Al mediodía del miércoles 8 de agosto de 2012 fueron capturados Samuel Zazueta Valenzuela, Rafael H. Celaya Valenzuela, Jesus G. Palazuelos Soto y Jesús, el primo del capo sinaloense.

Este cartel, ahora multinacional, bajo protección y nuevas alianzas, también ha tenido lugar en Guatemala, donde en más de tres ocasiones, según el gobierno de la entidad, se han encontrado documentos del Chapo detectando comunicaciones y estando al borde de su captura no concluida.


La guerra fallida
A pocos días de haber tomado posesión como presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa envió 5000 efectivos militares y policiacos para frenar la venta, producción y tráfico de drogas en su estado natal, Michoacán. A partir de ese día declararía abiertamente una guerra que provocaría miles de muertes, las cuales arrasarían con su imagen y la de su gobierno.
Se ha dicho que el legado de Calderón constituye uno de los ejes más escandalosos de la corrupción y de la complicidad como grandes factores dominantes en México.

La escritora Anabel Hernández opina a este respecto: “En mi libro México en llamas: el legado de Calderón habló de cinco legados, uno de ellos, el empoderamiento del Chapo Guzmán, podríamos decir que es una de las herencias más grandes y catastróficas: mantener impune a este criminal y enriquecerlo más que cualquier institución pública en México. El segundo es cómo destruyó al Partido Acción Nacional (PAN), contando actualmente con un padrón de militantes mínimo. También tenemos a un Ejército totalmente debilitado y a una Policía Federal que, aunque ya no exista la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), sigue existiendo el brazo operador del narcotráfico. Y la última, tenemos una proliferación de células criminales que son cientos en México y no están al control de nadie y que son independientes, además de los grupos de mercenarios.

“Prueba de ello fue lo ocurrido en Guadalajara en los Arcos del Milenio. Fueron grupos de mercenarios —presuntamente contratados por un zeta— los que ejecutaron a una serie de personas que fueron apiladas en distintas camionetas sobre la avenida con una precisión escalofriante.

“Uno de estos mercenarios declara a la Procuraduría de Jalisco que a ellos, un mes antes de los hechos de las camionetas, llegó un presunto zeta a entregarles una lista. Durante un mes estuvimos ubicando a cada una de las personas de la lista a través de Facebook y Twitter, incluso por teléfono, aseguró el detenido. Habla de cómo hubo un seguimiento puntual con cada persona de aquella lista, y en tres días, solo en tres días, simultáneamente levantan a todos los señalados, torturan a algunos y matan, simplemente, a otros. Cuando la Procuraduría arremete contra el muchacho asegurando que eso no puede ser cierto, pues ¿por qué al muchacho de la pizzería?, ¿por qué al joven del supermercado?, ¿por qué el panadero?, parecían ser víctimas aisladas, al azar; y el miembro de esta banda de mercenarios dice: ‘La lista es la lista, y en la lista no hubo ningún error’.

“Cuando uno se pone a investigar los nombres de cada una de las personas levantadas, no eran hechos aislados, eran grupos de personas. Por ejemplo, tres pertenecían a la misma calle; otros tres pertenecían a la misma colonia; no hubo ninguno que no estuviera ligado con el otro”.

Con todo esto, la estrategia fallida del panista provocó un incrementó acelerado en el consumo y producción de estupefacientes; además, la penetración del crimen logró imponerse en las instituciones encargadas de brindar seguridad dentro del país, entre ellas, el Ejército, la Marina, la SSP, la PGR y el Poder Judicial; hasta ahora ni una sola se ha librado de algún tipo de escándalo delictivo o de corrupción.

Además, los asesinatos impunes, una sombra y una carga muy pesada que persiguen a Calderón, es uno de los reclamos que caracterizaron su gobierno y su etapa posterior al anunciar, entre otras noticias, su arribo a la Universidad de Harvard como académico.
La organización México Evalúa, en su informe “Indicadores de víctimas e invisibles de homicidio”, presentado en noviembre de 2012, refleja que el saldo de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón asciende a 101 199 personas asesinadas.

Este índice delictivo a causa de la implementación de la llamada “guerra contra el narcotráfico” aumentó el 36 por ciento de muertes respecto al sexenio anterior. Asimismo, 344 230 personas quedaron huérfanas, viudas o sin sostén económico alguno. Con estas cifras, el número de asesinados durante 2006-2012 alcanzó los mismos que los de las guerras de los Balcanes, incluso que Irak, en la cual se calcularon 114 212 fallecidos.

A nivel municipal, el foco de violencia se hace presente en entidades donde la rivalidad delincuencial depende del estado. En el listado destacan Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Torreón, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos. No obstante, también en estados como Veracruz y Tamaulipas es común ver asesinatos relacionados con el crimen organizado.

“Esta guerra contra el narcotráfico en México dejó un claro vencedor, y a nadie le puede caber la menor duda; el vencedor de esta guerra fue el Chapo Guzmán y su organización criminal, él fue el único narcotraficante que a lo largo de seis años de esta guerra se hizo más rico, según Forbes, y más poderoso, según la DEA. Todos los demás perdieron, incluso Felipe Calderón y los funcionarios que se coludieron con él”, asegura Anabel Hernández.


La tarea pendiente
Evidentemente, combatir las células criminales no es una tarea de los ciudadanos, pero fomentar una cultura de legalidad en México es una tarea obligatoria en la que actualmente estamos reprobados. Hay quienes dicen que la captura del Chapo probablemente no tendría un gran impacto en el mercado de las drogas, sin embargo, la disputa por los territorios y la apertura hacia nuevos horizontes siguen siendo el plan de estos grupos para presionar a los gobiernos, los cuales optan por medidas que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como lo demuestra México y su visión militar fallida.

Exigir será la clave, ya que la meta no es matar capos, sino la aplicación, el mejoramiento y la parcialidad de las leyes. La normalización de la impunidad y la corrupción han llevado a México a un entramado de crimen que ha culminado con los montajes de las corporaciones que hoy ostentan el poder.


¿Por qué ya no existe la guerra contra el narcotráfico?
Al parecer con Peña Nieto este mal ha terminado, ¿o así será su dinámica? —pregunta Newsweek en Español a Anabel Hernández

“Desde fines de diciembre de 2012 he ido comentando que es terrible el silencio de los medios de comunicación porque son cómplices, y eso es perverso. Es terrible que el gobierno de Peña Nieto finja que no pasa nada. Gracias a algunas cifras que dan medios de comunicación independientes sabemos que las masacres y los muertos están ahí todos los días, ya Televisa y los grandes medios masivos de comunicación no los mencionan, pero están ahí.

“Me parece que esto es una especie de acuerdo con el Gobierno Federal; como este no puede ni tiene la capacidad logística ni operativa para disminuir los muertos, y como uno de los principales reclamos de Enrique Peña Nieto fue ese, pareciera que si no puede disminuirlos en número, sí puede minimizarlos mediáticamente.

“El grave problema es que, mientras se finja que no pasa nada, estas células criminales siguen adquiriendo más y más poder. Lo que va a ocurrir en México va a ser terrible, está siendo terrible y va a ser peor. Cuando en marzo o abril entremos a una ola de violencia, quizá como nunca antes vista, ¿qué van a decir los medios de comunicación?, ¿resurgió la violencia? No, es que nunca se fue”.


¿Qué representa el Chapo para el gobierno, un aliado nada más?
“Yo no sé si un aliado o un jefe. El Chapo para el gobierno debe representar una incomodidad, porque por un lado no pueden atraparlo, no quieren atraparlo; y por el otro, públicamente se señala como el capo que se ha ido empoderando. Y eso solo es un recordatorio de la complicidad y la incompetencia del gobierno de México”.

¿Qué va a pasar con todas estos carteles de la droga en el nuevo sexenio?
“Ese es un tema que está por verse. Hacer un pronóstico es apresurado, sin embargo, lo vamos a ver. Lo que hemos aprendido en estos últimos 12 años es que los pactos se notan, los pactos se reflejan en números de aprehensiones, en números de toneladas decomisadas, a quiénes se les decomisan y a quiénes no.

“Tarde o temprano vamos a ver de qué lado está el gobierno de Enrique Peña Nieto, si en verdad va a combatir a todos los carteles o va a favorecer a un grupo criminal como ocurrió durante los 12 años del PAN. Eso, para desgracia de este gobierno y del que siga, es algo que ya es inocultable”.

¿Por qué no han capturado al Chapo, el gobierno sabe dónde está?
“No me cabe la menor duda, pero no solo el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente donde está.

“Felipe Calderón Hinojosa, yo diría que más del 70 por ciento del tiempo de su sexenio, sa-bía dónde estaba el Chapo Guzmán; mandaba al general Mario Arturo Acosta Chaparro a negociar con él, y sabía a dónde iba. ¿Por qué no le pusieron alguna ‘cola’ a Acosta Chaparro y cuando se estuviera reuniendo con el Chapo surgiera un operativo sorpresa y en ese momento lo capturaran? Ellos no querían eso.

“Ahora, a través de la carta de la Barbie, que me entrega su abogada días antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, sabemos otra cosa, cuando menos un tema para investigar. De acuerdo a Édgar Valdez Villareal, alias la Barbie, no solo se reunió con Acosta Chaparro, él solo ratifica lo que me dijo el propio general cara a cara. En el 2010, el general me admitió que fue mensajero de Calderón para hablar con Los Zetas, el Chapo, los Beltrán Leyva, con todo el mundo, como negociador; porque lo que quería el presidente era negociar, no atacar.

“Mientras el 1 de diciembre de 2006 a nosotros nos decía que había emprendido una guerra, en 2008 estaba negociando permanentemente con los carteles de la droga debido a que la violencia ya le estaba repercutiendo en inversiones extranjeras y, sobre todo, en la imagen que estaba teniendo el país a nivel internacional.

“En dicha carta, la Barbie, además de ratificar las reuniones con el general —el enviado de Calderón y de Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación—, también afirma otra cosa, que el propio Felipe Calderón encabezó reuniones con los narcotraficantes, reuniones para hacer el ‘Pacto de Calderón’.

“Tú me preguntas que si no detienen al Chapo Guzmán porque no saben dónde está; no, no lo detienen porque no quieren”, concluye la escritora mexicana.
Que diga en México quién no ha perdido algo, aunque sea la tranquilidad de caminar en las calles. Todos hemos perdido algo. Asimismo, de una u otra manera, todos hemos sido parte de este mal. La única forma de que esta situación cambie es que los mexicanos reemplacen la cultura de corrupción por una de legalidad.

Probablemente esta sea la única opción para no ver difícil la tarea de combatir a este hombre y a las células criminales. De lo contrario, el país caería en el pesimismo y en la animadversión de las instituciones al pensar que Guzmán Loera ya le queda grande al Estado mexicano.
Skorpio
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