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Impolutos por decreto.
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Impolutos por decreto.
seven 04.11.12 22:22
Impolutos por decreto.
Adriana Ochoa
No hay peor autoridad que la que no quiere ni oír de sus fallas y revira indignada con descalificaciones sin siquiera revisar la denuncia. Por ahí va Gobierno Estatal, con asuntos peores que el escandaloso e impune caso de las “patrullas clonadas” de la Policía Municipal.
En un operativo detienen a varios mandos criminales y hallan una narco nómina con policías incluidos en la paga, pero a los dos días un funcionario dice que los agentes en esa lista seguirán desempeñando sus tareas porque el asunto está en manos del ministerio público federal. Y no se volvió a saber más.
La policía revienta una casa de seguridad y rescata a tres personas reportadas por sus familiares como desaparecidas; uno de los secuestrados consiguió escapar y de ahí el operativo. Los familiares habían presentado queja ante la CEDH porque la última vez que se vio a los jóvenes “levantados” fue cuando una camioneta de policías estatales se los llevó.
Y lo más reciente, el 28 de octubre, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, el cadáver de Julio César Campos Flores, de 22 años, fue hallado en la cajuela de un auto abandonado y con reporte de robo. La última vez que vieron vivo al muchacho fue cuando le detenían policías estatales en plena plaza de Fundadores porque “se puso agresivo”; los mismos agentes le entregaron la motocicleta de Julio César a un amigo que lo acompañaba.
Si ya fue escandaloso que de las impunes “patrullas clonadas” de la era Sánchez Rocha en la Municipal nunca hubiera un solo responsable, nadie que pagara ante la justicia por los “levantones”, golpizas y asaltos a noctámbulos, con las acusaciones a la Policía Estatal las autoridades deberían dar la cara más con pruebas que con descalificaciones. Con enojarse como nenas a las que les levantan la enagua y exigir réplicas hasta a la ONU no le sirven a los ciudadanos ni mejoran la ya muy deteriorada seguridad.
A los encapuchados de las supuestas “patrullas clonadas” nunca los agarraron. Cuando mucho, un escándalo con el aseguramiento de vehículos “demos” de un proveedor de patrullas, pero no se hizo pública la confirmación del supuesto delito atribuido al empresario patrullero.
La autoridad expresa molestia porque considera injusto que se dude de las corporaciones, de su papel como jefes de tales. ¿Y qué querían en un San Luis donde la violencia socaba desde hace tiempo la capacidad de asombro por su crueldad creciente?
LAS DURAS ESTADÍSTICAS.
México Evalúa advirtió en su estudio “Seguridad y Justicia Penal” que San Luis Potosí está entre las ocho entidades con mayores retos en seguridad porque “está muy rezagado en el rubro de policía preventiva y procuración de justicia. Es una de las cuatro entidades más atrasadas en el proceso de acreditación de sus Centros de Evaluación y Control de Confianza y le falta evaluar policías. Además, es la que tiene más bajo cumplimiento de órdenes de aprehensión y se encuentra entre las cinco entidades con menor efectividad en la resolución de investigaciones”.
El gobernador ha explicado una y otra vez que no consiguen poligrafistas certificados. A 2012, entre policías estatales y municipales, habría que evaluar a 545 mandos medios y superiores, más toda la tropa.
Con información de 2010 completo, los anuarios estadísticos del INEGI 2011 nos aventaron al lugar 28º en efectividad de resolución de investigaciones, con promedio de 5.46% contra un nacional de 13%. Los más altos fueron Chihuahua y el DF, con 29.93% y 27.74%, respectivamente, muy lejos.
Lo peor de esas estadísticas fueron las órdenes de aprehensión, que le dieron a SLP el lugar nacional 32º, con cumplimiento de 14.15% contra un 75.74% de Colima o un 74.34 del DF. Ya se entiende porque el afán de Cándido Ochoa (a su sucesor no le nota tanto) de abatir el rezago.
México Evalúa también elaboró en agosto del año pasado un índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves. El análisis estado por estado compara el IVVI (Índice de víctimas visibles e invisibles) de los últimos cuatro gobiernos, desde Sánchez hasta Toranzo. Y salvo el de Silva en Robo con violencia, el peor en indicadores es el del corto periodo que toma en cuenta de Toranzo en Homicidios, Secuestro, Extorsión y Robo de auto con violencia.
La página del estudio correspondiente a San Luis Potosí expone que “el IVVI registró un ligero aumento en el último periodo al pasar de 0.08 con De los Santos a 0.10 con Toranzo. Este incremento se debe al crecimiento en los indicadores de homicidio y secuestro. El primero aumentó 38.6 por ciento entre ambos periodos y el segundo 28.6 por ciento. Los indicadores de robo con violencia y robo de auto con violencia registraron descensos”. Si le han seguido en ese indicador con cifras de este año, el gobierno torancista no pasa el ácido.
UN AÑO MUY VIOLENTO.
Con lo que le falta a este año por transcurrir y la cuenta de muertes vinculadas al crimen organizado rebasa ya el total de 2011 con más de 60, si vuelven a medir ese índice, peor le va al actual gobernante.
Se entiende que la guerra federal contra el narco entró a San Luis Potosí con todo. Hasta ahora sabemos, por el reporte de Humberto Padgett para el diario español El País, que Heriberto Lazcano “El Lazca”, vivió en El Atorón, una ranchería que santamarienses ubican “adelante de Villela”, cercano a una localidad llamada La Borrega. El buscado capo, cuyo cuerpo es fecha que no recupera la Marina después de abatirlo de pura serendipia en Coahuila, salió de El Atorón por los pelos, solo entre el monte, después que el Ejército incursionó en el lugar en diciembre de 2008.
El gobernador ha tocado muchas veces la puerta a los militares para que apoyen a San Luis y eso es algo que los propios mandos de Sedena reconocen. Voluntad la tendrá, pero hay cosas que su gobierno no es capaz de reconocer como parte del problema, entre ellas la muy alta posibilidad de que su policía estatal tenga sicarios del crimen organizado y que esto, ante pruebas como la narco nómina, no merezca más que encogerse de hombros; sólo se les ocurre esperar a que la PGR venga por los agentes de la lista, si algún día viene. Que se sepa, no hay policías impolutas por decreto.
No se pone en duda, y sería injusto acusar sin prueba, que el gobernador no se esfuerce por la seguridad, el problema es que se queda con el esfuerzo por el sobresalto y la gestión, no con los resultados, lo que equivale a que corra más rápido, pero sobre una banda de ejercicios que no va a nada.
La seguridad no marcha bien y para empezar a corregir habrá que voltear como calcetines las corporaciones policiacas. Con tres antecedentes ya deberían haberlo hecho, cuando menos para aclarar si hay o no agentes involucrados en “levantones”, secuestros y asesinatos. Es grave, muy grave, que queden impunes, si los hay. Es grave, muy grave, que criminales sigan actuando uniformados, con placa y vehículos de la policía que pagamos con nuestros impuestos.
Indignarse porque se denuncia no le sirve a nadie.
Mejor búsquenle y apliquen la ley, que para eso están.
Adriana Ochoa
No hay peor autoridad que la que no quiere ni oír de sus fallas y revira indignada con descalificaciones sin siquiera revisar la denuncia. Por ahí va Gobierno Estatal, con asuntos peores que el escandaloso e impune caso de las “patrullas clonadas” de la Policía Municipal.
En un operativo detienen a varios mandos criminales y hallan una narco nómina con policías incluidos en la paga, pero a los dos días un funcionario dice que los agentes en esa lista seguirán desempeñando sus tareas porque el asunto está en manos del ministerio público federal. Y no se volvió a saber más.
La policía revienta una casa de seguridad y rescata a tres personas reportadas por sus familiares como desaparecidas; uno de los secuestrados consiguió escapar y de ahí el operativo. Los familiares habían presentado queja ante la CEDH porque la última vez que se vio a los jóvenes “levantados” fue cuando una camioneta de policías estatales se los llevó.
Y lo más reciente, el 28 de octubre, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, el cadáver de Julio César Campos Flores, de 22 años, fue hallado en la cajuela de un auto abandonado y con reporte de robo. La última vez que vieron vivo al muchacho fue cuando le detenían policías estatales en plena plaza de Fundadores porque “se puso agresivo”; los mismos agentes le entregaron la motocicleta de Julio César a un amigo que lo acompañaba.
Si ya fue escandaloso que de las impunes “patrullas clonadas” de la era Sánchez Rocha en la Municipal nunca hubiera un solo responsable, nadie que pagara ante la justicia por los “levantones”, golpizas y asaltos a noctámbulos, con las acusaciones a la Policía Estatal las autoridades deberían dar la cara más con pruebas que con descalificaciones. Con enojarse como nenas a las que les levantan la enagua y exigir réplicas hasta a la ONU no le sirven a los ciudadanos ni mejoran la ya muy deteriorada seguridad.
A los encapuchados de las supuestas “patrullas clonadas” nunca los agarraron. Cuando mucho, un escándalo con el aseguramiento de vehículos “demos” de un proveedor de patrullas, pero no se hizo pública la confirmación del supuesto delito atribuido al empresario patrullero.
La autoridad expresa molestia porque considera injusto que se dude de las corporaciones, de su papel como jefes de tales. ¿Y qué querían en un San Luis donde la violencia socaba desde hace tiempo la capacidad de asombro por su crueldad creciente?
LAS DURAS ESTADÍSTICAS.
México Evalúa advirtió en su estudio “Seguridad y Justicia Penal” que San Luis Potosí está entre las ocho entidades con mayores retos en seguridad porque “está muy rezagado en el rubro de policía preventiva y procuración de justicia. Es una de las cuatro entidades más atrasadas en el proceso de acreditación de sus Centros de Evaluación y Control de Confianza y le falta evaluar policías. Además, es la que tiene más bajo cumplimiento de órdenes de aprehensión y se encuentra entre las cinco entidades con menor efectividad en la resolución de investigaciones”.
El gobernador ha explicado una y otra vez que no consiguen poligrafistas certificados. A 2012, entre policías estatales y municipales, habría que evaluar a 545 mandos medios y superiores, más toda la tropa.
Con información de 2010 completo, los anuarios estadísticos del INEGI 2011 nos aventaron al lugar 28º en efectividad de resolución de investigaciones, con promedio de 5.46% contra un nacional de 13%. Los más altos fueron Chihuahua y el DF, con 29.93% y 27.74%, respectivamente, muy lejos.
Lo peor de esas estadísticas fueron las órdenes de aprehensión, que le dieron a SLP el lugar nacional 32º, con cumplimiento de 14.15% contra un 75.74% de Colima o un 74.34 del DF. Ya se entiende porque el afán de Cándido Ochoa (a su sucesor no le nota tanto) de abatir el rezago.
México Evalúa también elaboró en agosto del año pasado un índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves. El análisis estado por estado compara el IVVI (Índice de víctimas visibles e invisibles) de los últimos cuatro gobiernos, desde Sánchez hasta Toranzo. Y salvo el de Silva en Robo con violencia, el peor en indicadores es el del corto periodo que toma en cuenta de Toranzo en Homicidios, Secuestro, Extorsión y Robo de auto con violencia.
La página del estudio correspondiente a San Luis Potosí expone que “el IVVI registró un ligero aumento en el último periodo al pasar de 0.08 con De los Santos a 0.10 con Toranzo. Este incremento se debe al crecimiento en los indicadores de homicidio y secuestro. El primero aumentó 38.6 por ciento entre ambos periodos y el segundo 28.6 por ciento. Los indicadores de robo con violencia y robo de auto con violencia registraron descensos”. Si le han seguido en ese indicador con cifras de este año, el gobierno torancista no pasa el ácido.
UN AÑO MUY VIOLENTO.
Con lo que le falta a este año por transcurrir y la cuenta de muertes vinculadas al crimen organizado rebasa ya el total de 2011 con más de 60, si vuelven a medir ese índice, peor le va al actual gobernante.
Se entiende que la guerra federal contra el narco entró a San Luis Potosí con todo. Hasta ahora sabemos, por el reporte de Humberto Padgett para el diario español El País, que Heriberto Lazcano “El Lazca”, vivió en El Atorón, una ranchería que santamarienses ubican “adelante de Villela”, cercano a una localidad llamada La Borrega. El buscado capo, cuyo cuerpo es fecha que no recupera la Marina después de abatirlo de pura serendipia en Coahuila, salió de El Atorón por los pelos, solo entre el monte, después que el Ejército incursionó en el lugar en diciembre de 2008.
El gobernador ha tocado muchas veces la puerta a los militares para que apoyen a San Luis y eso es algo que los propios mandos de Sedena reconocen. Voluntad la tendrá, pero hay cosas que su gobierno no es capaz de reconocer como parte del problema, entre ellas la muy alta posibilidad de que su policía estatal tenga sicarios del crimen organizado y que esto, ante pruebas como la narco nómina, no merezca más que encogerse de hombros; sólo se les ocurre esperar a que la PGR venga por los agentes de la lista, si algún día viene. Que se sepa, no hay policías impolutas por decreto.
No se pone en duda, y sería injusto acusar sin prueba, que el gobernador no se esfuerce por la seguridad, el problema es que se queda con el esfuerzo por el sobresalto y la gestión, no con los resultados, lo que equivale a que corra más rápido, pero sobre una banda de ejercicios que no va a nada.
La seguridad no marcha bien y para empezar a corregir habrá que voltear como calcetines las corporaciones policiacas. Con tres antecedentes ya deberían haberlo hecho, cuando menos para aclarar si hay o no agentes involucrados en “levantones”, secuestros y asesinatos. Es grave, muy grave, que queden impunes, si los hay. Es grave, muy grave, que criminales sigan actuando uniformados, con placa y vehículos de la policía que pagamos con nuestros impuestos.
Indignarse porque se denuncia no le sirve a nadie.
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seven- Cantidad de envíos : 1647
Fecha de inscripción : 05/09/2009 -
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