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La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación
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La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación
Skorpio 03.04.18 12:10
La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación
EL PAÍS
Madrid 3 ABR 2018 - 11:52 CEST
La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein ha solicitado este martes que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos, en un comunicado en el que también ha pedido que siga en prisión por "riesgo de fuga", mientras se tramita la entrega a España. Ahora, la decisión última queda en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische.
Según el comunicado de la fiscalía, la acusación de rebelión se sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos. El ministerio público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia "en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición". Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la fiscalía considera que "no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes".
En su comunicado, la fiscalía expone además la acusación de malversación de fondos públicos que "según la apreciación de la autoridades españolas, incluye el uso de dinero público para la puesta en marcha de un referéndum inconstitucional". Además, hace un relato de lo ocurrido en una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, en la que se decidió la celebración del referéndum del 1 de octubre y señala que ya se había alertado a las fuerzas policiales, "a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre" por lo que, según la fiscalía, "se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum". Aun así, sostiene el comunicado, "el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum".
La fiscalía recoge cómo los costes se cifran en 1,6 millones de euros, según las autoridades españolas. "Este dinero se utilizó, entre otras cosas para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas".
El Fiscal General presenta una solicitud para emitir una orden de extradición contra Carles Puigdemont
En el día de hoy, el Fiscal General del Estado de Schleswig-Holstein, de acuerdo al artículo 15 de la IRG (ley de asistencia judicial internacional en materia penal) ha solicitado una orden de extradición contra el expresidente regional catalán Carles Puigdemont en el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en Schleswig.
Tras una evaluación a fondo de la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo en Madrid el 23 de marzo de 2018, el Fiscal General ha llegado a la conclusión de que se ha presentado una solicitud de extradición admisible, que se está prestando la debida consideración al procedimiento de entrega adecuado y que hay riesgo de fuga.
Con la orden de detención europea, las autoridades españolas exigen la extradición del perseguido por dos delitos, identificados como los delitos de rebelión en virtud del artículo 472 párrafos 5 y 7 y de malversación de fondos públicos de conformidad con los artículos 432 y 252 del Código Penal español. La acusación de rebelión básicamente incluye la acusación de llevar a cabo un referéndum inconstitucional a pesar de que se anticipaban violentos disturbios. Esto encuentra un equivalente comparable en el derecho penal alemán en las secciones 81 y 82 del Código Penal (alta traición). No se requiere legalmente una coincidencia de las regulaciones alemana y española.
En cuanto a la persecución por malversación de fondos públicos y —de acuerdo a la interpretación de las autoridades españolas— corrupción la acusación incluye los cargos de uso de fondos públicos para la implementación de un referéndum inconstitucional, lo que conlleva responsabilidad penal en virtud del artículo 266 del Código Penal alemán.
De hecho, las autoridades españolas acusan al señor Puigdemont de haber decidido, el 28 de septiembre de 2017, junto a los miembros del gobierno de Cataluña, con ocasión de una reunión con los principales cuerpos de policía de Cataluña que se lleve a cabo un referéndum sobre la cuestión de la independencia de Cataluña, aunque el Tribunal Constitucional español ya había reiterado en los años anteriores y se había comprobado fundamentalmente que era incompatible con la Constitución española.
Las fuerzas policiales señalaron que, en vista de los violentos enfrentamientos que ya habían tenido lugar entre los ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, habría una escalada de la violencia el día de la consulta (1 de octubre de 2017). Sin embargo, el gobierno autónomo de Cataluña -incluido el perseguido como su presidente- decidió celebrar el referéndum, y las fuerzas de la policía autónoma se comprometieron a garantizar que los partidarios del proceso de secesión puedan participar en la votación.
Según las autoridades españolas, los costos incurridos en la preparación y ejecución del referéndum considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional ascienden a 1.602.001,57 euros. El dinero se ha empleado para la ejecución de campañas publicitarias y la impresión de papeletas y listas electorales.
Existe riesgo de fuga.
Las medidas menos restrictivas que la ejecución de la custodia para la extradición no ofrecen garantía de que su propósito pueda ser alcanzado por ellas.
La decisión sobre la cuestión de una orden de extradición y, en su caso, sobre la admisibilidad de la extradición la tomará el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/03/actualidad/1522744066_697314.html
La acusación solicita que el expresidente siga en la cárcel mientras se tramita su regreso a España
EL PAÍS
Madrid 3 ABR 2018 - 11:52 CEST
Carles Puigdemont, durante su viaje a Helsinki. AP
La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein ha solicitado este martes que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea extraditado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos, en un comunicado en el que también ha pedido que siga en prisión por "riesgo de fuga", mientras se tramita la entrega a España. Ahora, la decisión última queda en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische.
Según el comunicado de la fiscalía, la acusación de rebelión se sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos. El ministerio público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia "en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición". Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la fiscalía considera que "no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes".
MÁS INFORMACIÓN
DESCARGABLE Lee íntegro el comunicado de la fiscalía en alemánEn su comunicado, la fiscalía expone además la acusación de malversación de fondos públicos que "según la apreciación de la autoridades españolas, incluye el uso de dinero público para la puesta en marcha de un referéndum inconstitucional". Además, hace un relato de lo ocurrido en una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, en la que se decidió la celebración del referéndum del 1 de octubre y señala que ya se había alertado a las fuerzas policiales, "a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre" por lo que, según la fiscalía, "se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum". Aun así, sostiene el comunicado, "el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum".
La fiscalía recoge cómo los costes se cifran en 1,6 millones de euros, según las autoridades españolas. "Este dinero se utilizó, entre otras cosas para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas".
COMUNICADO DE LA FISCALÍA DE SCHLESWIG-HOLSTEIN
El Fiscal General presenta una solicitud para emitir una orden de extradición contra Carles Puigdemont
En el día de hoy, el Fiscal General del Estado de Schleswig-Holstein, de acuerdo al artículo 15 de la IRG (ley de asistencia judicial internacional en materia penal) ha solicitado una orden de extradición contra el expresidente regional catalán Carles Puigdemont en el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en Schleswig.
Tras una evaluación a fondo de la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo en Madrid el 23 de marzo de 2018, el Fiscal General ha llegado a la conclusión de que se ha presentado una solicitud de extradición admisible, que se está prestando la debida consideración al procedimiento de entrega adecuado y que hay riesgo de fuga.
Con la orden de detención europea, las autoridades españolas exigen la extradición del perseguido por dos delitos, identificados como los delitos de rebelión en virtud del artículo 472 párrafos 5 y 7 y de malversación de fondos públicos de conformidad con los artículos 432 y 252 del Código Penal español. La acusación de rebelión básicamente incluye la acusación de llevar a cabo un referéndum inconstitucional a pesar de que se anticipaban violentos disturbios. Esto encuentra un equivalente comparable en el derecho penal alemán en las secciones 81 y 82 del Código Penal (alta traición). No se requiere legalmente una coincidencia de las regulaciones alemana y española.
En cuanto a la persecución por malversación de fondos públicos y —de acuerdo a la interpretación de las autoridades españolas— corrupción la acusación incluye los cargos de uso de fondos públicos para la implementación de un referéndum inconstitucional, lo que conlleva responsabilidad penal en virtud del artículo 266 del Código Penal alemán.
De hecho, las autoridades españolas acusan al señor Puigdemont de haber decidido, el 28 de septiembre de 2017, junto a los miembros del gobierno de Cataluña, con ocasión de una reunión con los principales cuerpos de policía de Cataluña que se lleve a cabo un referéndum sobre la cuestión de la independencia de Cataluña, aunque el Tribunal Constitucional español ya había reiterado en los años anteriores y se había comprobado fundamentalmente que era incompatible con la Constitución española.
Las fuerzas policiales señalaron que, en vista de los violentos enfrentamientos que ya habían tenido lugar entre los ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, habría una escalada de la violencia el día de la consulta (1 de octubre de 2017). Sin embargo, el gobierno autónomo de Cataluña -incluido el perseguido como su presidente- decidió celebrar el referéndum, y las fuerzas de la policía autónoma se comprometieron a garantizar que los partidarios del proceso de secesión puedan participar en la votación.
Según las autoridades españolas, los costos incurridos en la preparación y ejecución del referéndum considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional ascienden a 1.602.001,57 euros. El dinero se ha empleado para la ejecución de campañas publicitarias y la impresión de papeletas y listas electorales.
Existe riesgo de fuga.
Las medidas menos restrictivas que la ejecución de la custodia para la extradición no ofrecen garantía de que su propósito pueda ser alcanzado por ellas.
La decisión sobre la cuestión de una orden de extradición y, en su caso, sobre la admisibilidad de la extradición la tomará el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein.
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