Exiliados de Extremoduro
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cuatro policías municipales acusados de violación a tres menores de edad, en dos casos diferentes.

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cuatro policías municipales acusados de violación a tres menores de edad, en dos casos diferentes.

Mensaje  rip el 13.08.16 11:34

Comprueban abusos de policías a jovencitas


ANDREA MURILLO Publicada el 2016-08-13 06:00:00


QUE NO LES VIOLEN A USTED O A SUS HIJAS.... nueva especialidad policial VIOLADOR DE MENORES... PORQUE SE MANTIENE A ESTE TIPO DE "POLICIA?" SON DELINCUENTES ¡¡¡¡¡¡ ES TAN DIFICIL ENTENDERLO ? Evil or Very Mad



Dos policías se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de León, acusados de abusar de dos niñas de 12 y 14 años; a otros dos los buscan por abusar de una adolescente de 16. Foto: Especial



La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) determinó que hubo responsabilidad de cuatro policías municipales acusados de violación a tres menores de edad, en dos casos diferentes.

Por esta razón envió nueve recomendaciones al Gobierno Municipal de León para resarcir el daño y evitar futuros casos.

Tras acreditar que existieron “abusos emocionales e íntimos que laceran la libre determinación de la sexualidad humana” de las víctimas y que la actuación de los policías contravino derechos amparados por ordenamientos internacionales, el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera recomendó la reparación del daño a través de diversas medidas, entre ellas atención psicológica para las menores y el pago de una indemnización.

Además solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Luis Enrique Ramírez Saldaña, que ofrezca una disculpa institucional a las afectadas.

El 21 de febrero dos niñas de 12 y 14 años presuntamente fueron víctimas de agresiones sexuales de los policías municipales.

La queja ratificada posteriormente por la mamá de ambas se inició bajo el número de expediente 49/16-A; los policías que están bajo proceso penal por este caso son Pablo Torres García y Eulises Santiago Martínez.

“Elementos en activo detuvieron y obligaron a las niñas a practicar sexo a uno de los policías, mientras su compañero observó sin intervenir”, señala el reporte.

El abuso se cometió en la colonia Brisas del Carmen. Al llegar a su casa las jovencitas contaron a su mamá lo que les había sucedido, ella de inmediato lo denunció a la Central de Emergencias. 

Pablo Torres García y Eulises Santiago Martínez fueron detenidos y consignados al Octavo Juzgado de lo Penal, acusados por el delito de violación en contra de las dos niñas.

Se encuentran formalmente presos en el Centro de Reinserción Social desde el 24 de febrero, en su declaración preparatoria ambos se negaron a decir una palabra pero tampoco ofrecieron pruebas a su favor.

Debido a que los ex policías fueron procesados bajo el sistema tradicional, se les dictará sentencia en un máximo de un año.

Otro caso


Según documentó en su momento am, desde el 25 de enero la Procuraduría de Justicia investigaba otra denuncia con número de averiguación previa 1953/2016, y en febrero se inició una investigación oficiosa por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La denuncia fue ratificada por la mamá de la víctima el 23 de febrero y quedó bajo el número de expediente 51/16-A.

En este segundo caso los elementos José Ventura Valtierra e Ismael Méndez Noriega, de la patrulla 535, fueron acusados de abusar de una adolescente de 16 años. Los hechos ocurrieron en el bulevar Vasco de Quiroga.

“Próxima a su domicilio, la agraviada se separó de sus acompañantes y al cruzar un baldío elementos de la unidad 535 la abordaron para subirla a la patrulla, trasladarla a otro lugar y forzarla a sostener relaciones sexuales. Un efectivo cometió la arbitrariedad con consentimiento y vigilancia del otro.

“A partir de los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, así como de los datos recabados de las entrevistas realizadas, se informa que la menor agredida presenta síntomas que sugieren una afectación emocional en la misma, los cuales se relacionan con hechos de tipo sexual”, señala la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Ambos policías fueron dados de baja de la corporación y están prófugos, con órdenes de aprehensión en su contra.

Ofensas graves 


Derechos Humanos consideró que los agravios contra las menores de edad fueron graves.

“Para este organismo, existe la convicción suficiente para sostener que efectivamente las violaciones al derecho a la libertad sexual cometidas en agravio de las menores son graves, en tanto que las acciones de los elementos de policía señalados como responsables, violentaron sus derechos humanos.

“Además de que soslayaron la finalidad misma de su función que es la de proteger a las y los particulares a quienes se deben”, concluyó en su investigación Derechos Humanos.
 
RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS 


Primera: Atención médica y/o psicológica por especialistas y gratuita para las menores y su familia. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo que sea necesario.
Segunda: Indemnización pecuniaria a las ofendidas, como forma de reparación del daño material y moral.

Tercera: El H. Ayuntamiento debe diseñar un programa de Derechos de las Mujeres que abarque estrategia eficaz, perspectiva de género. Además, una campaña publicitaria de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Cuarta: Capacitación a los miembros de los cuerpos de Policía para evitar la repetición de actos de violencia de género e impartirles exámenes de conocimiento para evaluar.
Quinta: Todos los documentos oficiales deben incluir la leyenda “La violencia contra las mujeres es un delito y una grave violación a los derechos humanos”.

Sexta: Los trámites para la inscripción de las ofendidas deben realizarse en el Registro Estatal de Víctimas en Guanajuato.

Séptima: Sanción a los policías por incurrir en actos de violencia sexual.
Octava: Realizar las gestiones que resulten necesarias con el propósito de fortalecer el proceso de análisis de los perfiles de ingreso y permanencia de los miembros de Policía y garantizar el leal desempeño de sus funciones.

Novena: Instruir al Secretario de Seguridad Pública a que por escrito ofrezca una disculpa de carácter institucional a las víctimas y sus familias, y además se efectúe un reconocimiento de responsabilidad institucional y se otorguen garantías efectivas de no repetición.



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