INADMISIBLE: En Sinaloa se incrementó un 375% el número de casos de desaparición forzada

**Lola.** 25.05.16 20:16

En Sinaloa se incrementó un 375% el número de casos de desaparición forzada

Por: Emma Martínez / 25 mayo, 2016

(25 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan -embarazada- y Elías Marín Bustos, dedicados a la compra y venta de automóviles, salieron de su hogar el 21 de julio de 2015 en busca de vehículos, poco tiempo después, una persona reportó a “tres personas sospechosas” al 066, argumentando que estaban forzando una puerta.

El 20 de enero de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares, la cual fue presentada por Tomás Mendoza y la Organización Idheas, en la cual se dio a conocer que la vida e integridad de David, Margarita y Alfredo, se encuentran en grave riesgo, ya que desde aquel 21 de julio no se conoce su paradero.

De acuerdo con un documento emitido por la CIDH, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, David, Margarita y Alfredo desaparecieron posterior a la detención realizada por los elementos de la policía municipal en Ahome, Sinaloa.

En tanto, Tomás Mendoza y Carola Marín, familiares de los desaparecidos, pidieron a su vez protección a favor de ambos, así como a sus respectivos núcleos familiares, ya que después de iniciar una serie de denuncias han sido víctimas de actos de intimidación.

Según datos de aportados a la CIDH, los tres desaparecidos se encontraban a bordo de una camioneta entre las cinco y las seis de la tarde, cuando Alfredo llamó a Tomás Mendoza y le explicó que habían sido detenidos por la policía municipal, por una supuesta queja de un vecino, “pero ya estaban aclarando la situación y pronto los iban a dejar ir”.

Cuando Tomás preguntó dónde se encontraban la llamada se cortó y no volvió a obtener respuesta a los otros intentos para establecer comunicación.

Según los testimonios aportados por varios testigos, ellos vieron a los tres desaparecidos en una de las calles del fraccionamiento San Rafael, lugar al que llegaron cuatro patrullas de la policía municipal, ahí revisaron a las tres personas y comprobaron que no tenían armas.

Sin embargo los subieron a una de las patrullas donde los mantuvieron por más de dos horas, indicaron los testigos, mientras tanto el jefe de cuadrante hacía llamadas y estaba hablando con alguien y sucesivamente se acercaron a un carro marca Nissan, color blanco, en dicho vehículo la policía subió a las personas detenidas y desde ese momento no se volvió a saber de ellos.

Los familiares de las víctimas, han reiterado que después de realizar las denuncias, las autoridades no les han dado respuestas positivas. En tanto, las denuncias han sido presentadas ante la Procuraduría Zona Norte de la ciudad de Ahome, otra ante la Procuraduría General de la República, Unidad de Desaparecidos, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

Dentro de las quejas de los familiares de los jóvenes, se resalta que el 18 y 12 de marzo de 2016, se remitió información adicional alegando que en dos ocasiones el juez del fuero común negó la orden de aprehensión en contra de los policías implicados por la desaparición forzada de los jóvenes, bajo el argumento que para dar paso a dicha orden, primero ”los implicados deben de aceptar su participación en la desaparición forzada”.

Actualmente existe una averiguación previa iniciada en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República y una carpeta investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, la averiguación se inició en septiembre 2015 y a la fecha tan sólo se cuenta con dos diligencias relevantes que incluyen solicitar copias del expediente de Sinaloa y la recolección de muestras de ADN a los padres de las víctimas.

Asimismo se alega que el Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, no fue aplicado a pesar de la premura en casos de desaparición en particular en un caso tan claro como el de los jóvenes, en donde las autoridades responsables se han identificado claramente. Aunque se presentó una solicitud al Ministerio Público solicitando ciertas diligencias de dicho protocolo, éstas no se desahogaron.

Por su parte la señora Carola Marín, solicitó directamente al encargado de la Fiscalía Especializada en búsqueda de personas desaparecidas que se enfocara en la búsqueda de los jóvenes, quien respondió que, ”desafortunadamente” las tareas de búsqueda son ”improbables” por parte de la fiscalía, pues esta no cuenta con personal suficiente.

Luego de impulsar las denuncias y presionar a las autoridades para que investiguen los hechos, y puntualmente solicitar constantemente que se giren órdenes de aprehensión en contra de los elementos de la policía municipal que continúan en funciones, tanto Carola como Tomás, se colocaron en una situación de riesgo, a decir por la CIDH, ya que han padecido actos intimidatorios.

Como lo es, el que un hombre desconocido por Tomás se le acercara en vía pública, y viéndolo fijamente lo amenazó con una navaja, ante la mirada de varios testigos que después comentaron el hecho; la situación se le informó al ministerio público, sin tener respuesta positiva. Por lo cual la CIDH ha pedido se adopten medidas cautelares.

La CIDH da cuenta que en casos como éste, recibió reiteradas quejas por parte de las víctimas sobre la actuar de las procuradurías generales de justicia estatales, durante el proceso de búsqueda de justicia y también de la PGR. Ya que muchas de las denuncias no son atendidas, y las familias se enfrentan a obstáculos e incluso “algunos funcionarios de las procuradurías estatales les pidan dinero para realizar diligencias y les niegan el acceso a los expedientes”.

A su vez, se incluyen las demoras en los procesos de investigación cuando se trata de diligencias en las que las primeras horas son determinantes, como el caso de las desapariciones. Así también la Comisión recibió testimonios ”de muchos familiares sobre las amenazas y hostigamiento que sufren, con tal que dejen de buscar verdad y justicia”.

En el caso de los jóvenes, la Comisión solicitó al gobierno de México que informara ”dentro de un plazo de 10 días” contados a partir de la fecha de la emisión de su resolución sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizara dicha información en forma periódica, esto el 15 de abril pasado, sin embargo los familiares siguen exigiendo justicia y denunciando la desatención de las autoridades.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que se basa en el número de averiguaciones previas que reportan las procuradurías de justicia de cada estado, establece que en los últimos cinco años, las desapariciones forzadas en Sinaloa, se incrementaron 375% al número de casos que ya se tenían registrados desde 1977 al 2010.

En la entidad, el número de desapariciones llegó a mil 857 casos, de los cuales mil 466 corresponden al periodo de 2011 al 2015, es decir, el periodo de gobernador panista Mario López Valdez.

Sobre el tema, el defensor de derechos humanos y miembro fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Loza, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que “el mes más crítico para las desapariciones forzadas fue noviembre pasado, registrándose en la zona norte hasta 29″.

También mencionó que en este año, en abril y mayo ha habido más de tres casos de desaparición forzada, nuevamente en la zona norte, donde también se le relaciona a policías municipales, como en el caso de cuatro jóvenes que desaparecieron el 22 de diciembre pasado, a quienes elementos de esta dependencia detuvieron y aunque argumentaron que los dejaron ir, mostrando un documento donde aparece la firma de uno de ellos, se ha constatado que no coincide con la rúbrica de ninguna de las víctimas.

“Existen varios casos que nos hacen dudar de la actuación de los policías.

A su vez, cuando se presentan las denuncias pasan muchos años, a veces avanzan las averiguaciones previas, a veces no; es por ello que este jueves como parte de la semana internacional del detenido-desaparecido haremos un plantón en la procuraduría y estamos pidiendo que el procurador dé los informes correspondientes en el lugar donde viven las víctimas y no sean ellas quienes tengan que viajar, porque constituye un riesgo y peligro para las familias”, comenta Loza.

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Reitera que la impartición de justicia se complica cuando se trata de denunciar a elementos de la policía municipal o de las fuerzas de seguridad pública, ya que normalmente las medidas que se toman por parte de la autoridad no son satisfactorias para las familias que buscan justicia.

“Existen omisiones, no avanzan las averiguaciones como deberían, nos reunimos con gente del gobierno estatal cada mes y medio o dos meses, para que le den continuidad a esta problemática, hay algunas situaciones que avanzan, sin embargo son solamente elementos técnicos, y esto no resuelve el problema, porque el asunto de fondo es detener la práctica de la desaparición forzada, encontrar justicia para las víctimas y sus familiares, así como el castigo a los responsables, pero esto no sucede y aunque se han encontrado algunos restos, no es suficiente”, puntualiza Loza.

http://revoluciontrespuntocero.com/

**Lola.** 25.05.16 20:23

En México no se gobierna..... SE DESGOBIERNA, no hay Ley ni Orden, solo privilegios para algunos....

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