Violaciones a los DD.HH. son constantes; “funcionarios legitiman los ataques contra pueblos en resis

Skorpio 22.11.15 0:33

Violaciones a los DD.HH. son constantes; “funcionarios legitiman los ataques contra pueblos en resistencia”

Por: Edgar Rosas / 21 noviembre, 2015

(21 de noviembre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- La lucha de las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya para evitar le imposición del proyecto hidroeléctrico de la empresa Deselec1-Comexhidro -en la Sierra Norte de Puebla- no claudicará y se mantendrá hasta que se deseche por completo la obra. Así lo han expresado las comunidades, que desde hace varios meses han tenido que enfrentar la violación a sus derechos, así como hostigamientos por parte del gobierno en sus tres órdenes y los empresarios que buscan consumar el megaproyecto.

En palabras de Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali-que ha acompañado la lucha de estas comunidades-la criminalización, violencia, y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas han sido una constante desde que gobierno y privados han tratado de imponer el proyecto hidroeléctrico Puebla 1. La jurista manifestó que el proyecto sólo beneficiará a empresas transnacionales, que aumentarán sus ganancias a costa del despojo de bienes comunales.

La abogada afirmó que el gobierno y la empresa no han realizado un proceso de consulta apegado a los estándares internacionales. Señaló que sólo han simulado este ejercicio con el objetivo de cumplir con el trámite e imponer el proyecto.

“Hay una contexto de violación a los DD.HH. y de conflicto en el que se encuentran las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán, Tlapacoya, que es el sitio donde se quiere construir el proyecto hidroeléctrico Puebla 1.

“La consulta y la criminalización son estrategias a través de las cuales la empresa Comexhidro se está perfilando para imponer este proyecto hidroeléctrico sobre estos tres municipios. Los beneficios del proyecto son para grupos empresariales y a pesar que este proyecto aún no está en construcción ya hay graves violaciones y ruptura del tejido social”, apuntó.

Diana Pérez recordó que las empresas que resultarán beneficiarias de esta obra son: Wal-Mart de México, Suburbia, Waldos, Vips, Ileana Jinich Mekler, entre otras. Manifestó que ni la empresa encargada del proyecto ni el gobierno habían informado a las comunidades que la obra beneficiaría a las empresas antes citadas.

“Para la construcción de este proyecto hidroeléctrico, Comexhidro tuvo que obtener un título de autoabastecimiento que otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Hay que subrayar quiénes son los beneficiarios de este proyecto, son: grupo Wal-Mart, Suburbia, Waldos Dólar, Colchas México, entre otros. En ese permiso de autoabastecimiento no se consideran las necesidades de las comunidades. La empresa dice que, se propuso generar 70 megawatts de energía con la hidroeléctrica y que sólo si se produce más de esos 70 megawatts entonces se podrá distribuir entre las comunidades”, detalló.

La abogada manifestó que este permiso de autoabastecimiento no sólo otorga la posibilidad a las empresas antes citadas de dejar de ser consumidoras de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que les abre la puerta para vender electricidad a esta empresa productiva del Estado.

“Lo que significa que tenga este permiso de autoabastecimiento para Wal-Mart es que si llegan a seguir usando la red de distribución de energía eléctrica nacional, ya no van a ser consumidores de CFE, lo que quiere decir que ya no van a pagar electricidad porque ellos la generan. Cabe destacar que Wal-Mart ya fue beneficiada para energía eléctrica con la presa de Zongolica. Entonces este sería un proyecto que sume más a la producción energética que ellos tienen para salir de ser consumidores de CFE y venderle energía a CFE” apuntó.

La integrante del Consejo Tiyat Tlali criticó que bajo el discurso del “desarrollo” el gobierno en comparsa con la iniciativa privada esté promoviendo proyectos que sólo benefician a unos cuantos. Aseguró que para esta clase de megaproyectos “es claro que se antepone al interés público, el interés privado. Además que se impone el beneficio de unos cuantos sobre los DD.HH.: el derecho a la vida, al agua, a la libre autodeterminación, la autonomía de los pueblos y eso es lo que predomina en todos estos proyectos que hemos estado viendo en la Sierra Norte de Puebla”.

“Violación a los DD.HH. es latente y legitimada por el gobierno”

La abogada habló sobre la utilización de la consulta a los pueblos indígenas-mandata en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo- por parte del gobierno y la empresa Comexhidro como un simple trámite sin que se respete la voluntad de las comunidades.

Manifestó que a pesar de que la consulta está contenida como derecho humano en diversos tratados internacionales, en donde se dice que debe ser libre, previa, informada y de buena fe, ahora “está siendo ocupada, cooptada por las empresas y el mismo gobierno para hacerlo un instrumento de simulación en el cual no se están respetando ninguno de estos principios”.

En primera instancia demandó que para el proceso de consulta que inició el gobierno y Comexhidro no se contemplaron a todas las comunidades afectadas por el proyecto, excluyendo a Ahuacatlán con argumentos poco sólidos.

“Las comunidades que van a ser afectadas fueron seleccionadas intransigentemente, dijeron: ‘a estos municipios, que es Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, les afecta el proyecto, y Ahuacatlán, que es donde va a quedar el embalse y que tiene la inundación, no va a ser consultada porque no le afecta el proyecto, cuando la inundación le queda en su territorio; entonces fueron sacados de la consulta”, señaló.

Aunado a lo anterior dijo que los integrantes de estas comunidades no fueron informadas de la fecha cuando supuestamente inició la consulta. Señaló que se enteraron del inicio del proceso meses del arranque de este.

“Lo más preocupante es que las personas organizadas de estos tres municipios se enteran que están en un proceso de consulta meses después de iniciado el propio proceso de consulta. Y no fue porque el gobierno o la empresa informaran, sino fue a través de solicitudes de información que se gestionaron desde el propio Consejo Tiyat Tlali. En un principio esa información fue negada por cuestión de ‘seguridad nacional’. Decían que no me podían dar los datos porque ponía en riesgo el proceso de consulta. Eso llegó hasta el INAI y hubo una resolución para que nos informaran. Entonces quienes están siendo consultados, no saben que están siendo consultados y ahí está el grave problema de este asunto”, apuntó.

Uno de los puntos que resaltó la abogada es que algunos permisos para la construcción del proyecto fueron entregados cinco años atrás de que iniciara el proceso de consulta, con lo que se violó este derecho al ya no cumplir con el principio de consulta previa.

“Otra cosa preocupante es que el principio fundamental de la consulta es que sea previa, y la consulta inició cinco años después de que se entregó el primer permiso para la construcción de este proyecto hidroeléctrico. Fueron varios los premisos de cada uno de los ayuntamientos de Tlapacoya, San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán que entregaron permisos de cambio de uso de suelo en 2009. La consulta empezó este año (2015) y duró 37 días según la empresa. Del 27 de abril de 2015 al 24 de abril de 2015”, dijo.

Además de lo antes expuesto, diana Pérez señaló que a ninguno de los integrantes de las comunidades se les informó acerca del protocolo con el que se desarrollaría la consulta. De esta manera “la violación de DDHH este latente y además legitimada por propios actores del gobierno federal”.

El hostigamiento constante

La abogada Pérez habló sobre el contexto de hostigamiento que se vive en estos tres municipios de la Sierra Norte de Puebla. Afirmó que estos actos provienen de la empresa Comexhidro, con la intención de inhibir la lucha de las comunidades. Añadió que esta empresa ha echado mano de una supuesta organización civil que creó con el fin de amedrentar con demandas a los comuneros en resistencia.

“Las personas dentro de los municipios se han organizado para denunciar desde hace ya unos meses el hostigamiento y la criminalización que se tiene por parte de la empresa, y principalmente por parte de grupos creados por la propia empresa. Se tiene hasta el momento 14 denuncias penales en contra de los compañeros que están organizados en contra de este proyecto”, dijo.

Señaló que además de lo anterior existen amenazas directas contra diversos comuneros. Incluso, precisó, hay amenazas contra los integrantes del Consejo Tiyat Tlali.

“Tristemente podemos constatar que la instalación de este tipo de proyectos implica la completa reconfiguración del territorio, destruyendo las relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica puramente de dinero que conlleva la ruptura de lazos comunitarios, la destrucción de la seguridad regional, la pérdida de la diversidad cultural y la degradación de las condiciones ambientales.

Exigimos la cancelación de los permisos al proyecto por no contar con el consentimiento libre, previo, e informado”, dijo.

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