Autoridades hostigan a comunidades en Puebla para imponer hidroeléctrica; “buscan beneficiar a Wal-m

Esta intentona de la iniciativa privada y los gobiernos en sus diferentes órdenes, ha representado para los pueblos originarios asentados en esta zona una ola de agravios en su contra, teniendo como elemento constante la violación a sus derechos. La defensa del territorio que han emprendido ha representado que se inicie una campaña de hostigamiento con el objetivo de desarticular su resistencia y ocupar el territorio para realizar sus negocios.

En tal sentido, la comunidad Tutunaku y Nahuas que habitan en la cuenca del río Ajajalpan -ubicado en la Sierra Norte de Puebla- denunciaron desde el mes de julio pasado la intención de la empresa ‘Deselec Comexhidro’ por desarrollar el proyecto hidroeléctrico ‘Puebla 1’. En aquel momento los indígenas de esta región advirtieron sobre la intervención de las autoridades tratando de favorecer a la empresa para desarrollar la obra a pesar de la negativa de las comunidades.

Los integrantes de la comunidad señalaron la violación al derecho de los pueblos a la consulta libre, previa e informada, para avalar o rechazar el proyecto, misma que contempla el convenio 169 de la OIT. Denunciaron que las autoridades federales y estatales, así como la empresa, simularon la consulta, pues no se les pregunto y sólo se les intento engañar.

Hoy, a cuatro meses de aquella denuncia, las comunidades indígenas de esta región expresaron que los intentos por imponer el proyecto no han cesado, y por el contrario la campaña de hostigamiento se ha intensificado.

Los habitantes manifestaron que “estamos viviendo violencia de parte de la empresa Deselec 1-Comexhidro” e identificaron a los dueños de la compañía -Carlos Jinich Ripstein y Salomón Camhaji- como los principales promotores de esta ola de ataques, quienes “por medio de autoridades federales, estatales, municipales y caciques de la región pretenden que desistamos de nuestra lucha por la defensa de nuestra identidad, de nuestra madre tierra y de nuestros derechos para imponernos el proyecto hidroeléctrico ‘Puebla 1’”.

Señalaron que a partir de la conferencia de prensa realizada el pasado 1 de julio, en donde denunciaron el contubernio de gobierno y empresa, esta ola de ataques aumentó. Aseguraron que se ha detectado la intención de detener a los pobladores que han iniciado la resistencia, esto, con delitos fabricados.

“Tenemos conocimiento de que se nos están fabricado delitos por parte de personas cooptadas por la empresa ‘Deselec 1-Comexhidro’, manipuladas por Filiberto Hernández, quien se autodenomina integrante de la Organización de Campesinos Unidos de Tepatlan y Tlapacoya, ex secretario municipal de Juan Galindo, a quien las comunidades identifican como abogado y representante de dicha empresa. Sabemos de al menos 14 denuncias en contra de miembros de nuestra organización.

 Es importante destacar que Filiberto Hernández engaño a habitantes de varias comunidades y municipios solicitando sus documentos que acreditan la posesión y propiedad de sus terrenos para gestionar supuestas escrituras que hasta la fecha no han sido entregadas”, demandaron.

Aunado a lo anterior manifestaron que la empresa a cargo del proyecto energético ha buscado la confrontación con los habitantes que se oponen a la obra hidroeléctrica. Detallaron que para tal fin ‘Deselec 1-Comexhidro’ “ha organizado un grupo de personas en diferentes localidades, y las comunidades identifican que están siendo dirigidas por empleados de la empresa. La forma de actuar de estas personas es calumniando, señalando y saboteando las actividades que realizamos como organización, generando un clima de tensión e incertidumbre con el claro objetivo de aislar políticamente a los defensores de derechos humanos y del territorio para ser blanco fácil de cualquier atentado contra nuestra vida”.

La comunidad de esta región reiteró que la Secretaría de Energía (Sener) ha violentado el derecho de los pueblos al desarrollar la simulación de consulta como un mero trámite, y no como un procedimiento para respetar la voluntad de los pueblos, faltando al derecho de la libre autodeterminación de las comunidades indígenas.

Además apuntaron que lejos del discurso de la empresa y el gobierno, la comunidad tiene claro que el proyecto no tiene beneficios para los indígenas de la zona. Agregaron que los únicos beneficiados con la construcción de la hidroeléctrica son las grandes compañías transnacionales como Wal-Mart de México y sus empresas -Vips, Suburbia, Waldos, Colchas de México- pues será para ellas la energía producida.

Ante la ola de ataques, la comunidad Tutunaku y Nahuas llamaron a la sociedad a estar pendiente de lo que suceda en esta región de Puebla. Responsabilizaron a los tres órdenes de gobierno de cualquier agresión.

“Es una mentira que las comunidades de la Sierra Norte nos veremos beneficiadas. Hacemos responsable de nuestra integridad física y psicológica a los gobiernos;  federal, encabezado por Enrique Peña Nieto; estatal, dirigido por Rafael Moreno Valle; y municipales encabezados por Ramón Dávila Santos, Armando Hernández Herrero, Miguel Sebastián Santos, de San Felipe Tepatlan, Tlapacoya y Ahuacatlan, respectivamente, así como a la empresa ‘Deselec 1-Comexhidro’”, señalaron.

Por último sentenciaron que se mantendrán en la lucha y reafirmaron “la convicción de luchar en defensa de nuestros derechos constitucionales y en defensa del territorio”.