Trasladan a militares presos por delitos contra la salud en prisiones militares a carceles federales

Dani 30.10.15 22:00

Protestas por traslado de narcomilitares que cumplen condena en prisiones militares a prisiones federales en distintas entidades del país.

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Una acción poco usual la que ordenó la secretaría de la Defensa Nacional para trasladar a todos los militares presos por delitos contra la salud, en los penales castrenses de Mazatlán, Sinaloa; Zapopan, Jalisco; y el Campo Militar número en la ciudad de México, a cárceles federales en diferentes entidades del país.

De la capital fueron 45 internos los enviados al Cefereso número 5 en Villa Aldama, Veracruz, entre los que se encontraba el capitán Modesto Hernández Luis, cuyo caso ejemplifica cómo se maneja la justicia castrense en México. Una protesta el pasado miércoles 28 a las afueras de la Defensa Nacional, se encargó de recordar las violaciones a las garantías individuales a las que están sometidos los militares procesados en el fuero de guerra.

Por el altavoz de la prisión del Campo Militar uno se escuchó que voceaban al capitán Modesto Hernández Luis, a quien solicitaban se presentara en el área de locutorios. Desde el medio día del pasado viernes 16 de octubre, cuando fue llamado para una diligencia, ya no volvió a su celda. En la rejilla fue notificado que sería trasladado a un penal federal y quedó detenido. En el transcurso de las horas circuló la versión entre los internos de que habría un traslado masivo de presos, por lo que hubo alerta en las ‘cuadras’, como llaman al área de dormitorios del penal castrense de la ciudad de México.

Días después cuando el capitán Hernández Luis pudo comunicarse con su familia, narró que había sido llevado junto con otros 44 militares, todos procesados por delitos contra la salud, al penal federal de Villa Aldama, Veracruz. Su caso como el de la mayoría de sus compañeros, tenía en común que no existía sentencia, por lo que no había razón legal para el traslado.

Hernández Luis fue detenido en el año 2011 cuando formaba parte del batallón 64 de infantería, con base en Cancún, y que por aquellos días había sido desplegado en San Fernando, Tamaulipas, para un “operativo de alto impacto” ante la inseguridad desatada por la guerra entre facciones del narco.

La historia de su detención se originó por un intercambio de mensajes ocurrido por esos días con el teniente Eder Alejandro Zamudio Hernández, quien pidió su ayuda para tratar de ubicar a los jefes regionales del narco en este municipio. El capitán Hernández Luis al dejar Tamaulipas, le explicó cómo moverse pues conocía bien el terreno, había estado mucho tiempo trabajando en esa área. En uno de sus mensajes le dio la media filiación de uno de los maleantes, lo describió de pies a cabeza, le dijo que lo buscara pues le sería de utilidad para obtener más información.

Por presiones y envidias al poco tiempo el teniente Zamudio lo acusó de estar relacionado con el narco. ¿La prueba? Los mensajes de texto en los que se había apoyado para atacar al narco en sus guaridas. De forma irónica tiempo después reconocería que le había pedido al capitán Hernández Luis, que le facilitara datos de los cabecillas del narco pues tenía la orden de dar resultados.

Poco tiempo después que fue detenido, al cumplir la edad límite de retiro para el grado que Hernández Luis ostentaba, recibió su boleta de retiro tras 32 años de servicio en el ejército. En días pasados su familia, al enterarse de su traslado de prisión sin tener una sentencia y con el juicio sin concluir, envió una carta al secretario de la Defensa Nacional. En el texto, la esposa del oficial resumió al general Salvador Cienfuegos Zepeda el episodio que lo llevó preso y por el cual estuvo poco más de tres años en la cárcel del Campo Militar número uno en el DF.

“El ahora capitán 1/o retirado de infantería en ese momento capitán 2/o Modesto Hernández Luis, quien pertenecía al 64 batallón de infantería en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, fue enviado a un “operativo de alto impacto” en la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, donde el pelotón a su cargo fue emboscado, resultando un militar herido. Por esta razón se pidió apoyo al teniente Jesús Bravo Delgado, el apoyo no llegó al lugar de los hechos, por lo que el acto fue reclamado por mi esposo al teniente Bravo, sin tener respuesta de esta último pero sin ocultar su molestia sobre lo sucedido. No omito mencionar que el teniente de infantería Jesús Bravo Delgado es hijo de un general retirado lo cual era acto de presunción por parte de este oficial”.

“En un operativo posterior en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el teniente de infantería Alejandro Zamudio Hernández solicitó apoyo vía telefónica a mi esposo, el capitán 2/o de infantería Modesto Hernández Luis, el cual no fue asignado a la operación ya que se encontraba en Cancún. La insistencia para que los apoyara se debió a “que no tenían resultados en el operativo”. Esta petición generó una pequeña conversación vía mensajes de texto con información laboral”.

“Esta conversación fue reportada por el teniente Bravo Delgado quien quiso aprovechar la situación para desquitarse de los problemas personales que tenía con mi esposo y dio parte al coronel Francisco Díaz Centeno, derivado de estos mensajes mi marido el capitán segundo de infantería Modesto Hernández Luis fue detenido en el 64 batallón de infantería, sin previa notificación ni orden y/o justificación de traslado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde fue interrogado, humillado y torturado por elementos del ejército y la PGR”.

“Después de un interrogatorio sin pruebas y en un total abuso de autoridad, el ministerio público militar de Monterrey, Nuevo León, el hoy general brigadier Luis García Arévalo, actual secretario del Supremo Tribunal Militar, ejerció acción penal en su contra”. Con estos antecedentes fue procesado por un juzgado de la prisión militar en la ciudad de México. En esa situación se encontraba cuando fue trasladado, junto a 44 internos, el pasado 16 de octubre a la prisión federal de Villa Aldama, Veracruz.

Protesta en la ciudad de México

El pasado miércoles 28 de octubre la cita era a las 10 de la mañana, frente a la secretaría de la Defensa Nacional. Un reducido grupo de manifestantes, en su mayoría familiares de los internos trasladados al penal de Villa Aldama, se manifestaron a las afueras de la Sedena para exigir al secretario de la Defensa Nacional, intervenga ante el Poder Judicial para que se tramite el regreso a las prisiones militares de los soldados trasladados el 16 de octubre.

La mayoría de los militares procesados tienen a sus familias y a sus abogados en ciudades como Mazatlán, Guadalajara y Ciudad de México, sedes de los penales castrenses. Al haberlos movido de estos lugares, la primera realidad es que los dejaron estado de indefensión legal, señalaron algunos de los inconformes.

Una de las peticiones que entregaron en un pliego decía que la secretaría de la Defensa Nacional y el Poder Judicial de la Federación deberían garantizar que no ocurrieran mas trasladados de militares a prisiones civiles, ya que están documentadas agresiones físicas y hasta homicidios, de personal militar en penales federales por lo que su seguridad no está garantizada.

Otra fue que el secretario de la Defensa Nacional intervenga para que se agilice la dilación sistemática en la comparecencia de testigos militares en activo y retirados, ya que actualmente los testigos tardan en comparecer ante tribunales civiles y militares, lo cual contribuye a la dilación en la impartición de justicia.

También se pidió que el Poder Judicial audite las actuaciones del fuero de guerra ya que hasta la fecha el secretario de la Defensa Nacional concentra el poder de decisión en la justicia militar y tiene bajo sus órdenes a jueces, defensores de oficio, agentes del ministerio público “conduciendo los procesos a su antojo, favoreciendo a unos y afectando a otros, pervirtiendo la justicia a conveniencia del grupo de poder a que pertenece, existiendo causas penales abiertas e inculpados en prisión preventiva por más de ocho años”.

Otro de los puntos que se pidió fue la anulación de las actuaciones del ministerio público militar en las causas penales iniciadas el 23 de noviembre del año 2009, fecha en que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la sentencia del caso Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 en un retén militar en Guerrero, ya que después de este fallo la justicia militar siguió investigando y juzgando de forma ilegal casos de presuntas violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de militares.

Se solicitó también que se revisen las causas penales de personal militar que tiene más de un año de iniciadas con el fin de agilizar su conclusión sin perjuicio del derecho a su defensa de los inculpados. Otro punto fue que se sancione penalmente a los elementos de la Policía Ministerial Militar que condujeron investigaciones donde existen actos de tortura física, como los casos del cabo de infantería Gabriel Roque Bernardino, y tortura sicológica en el caso del soldado Miguel Ángel Benítez Matías, procesados en la causa penal 49/2012. La tortura quedó acreditaba después de que fueron sometidos al Protocolo de Estambul por parte de la CNDH. Los señalados son el mayor de infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, el mayor de caballería Héctor Raúl Salgado Uriostegui, y capitán de infantería Ernesto Román Rodríguez Morales.

Se pidió también la revisión de las causas penales que tienen tiempo sin avances, y son ejemplo de la dilación en la impartición de justicia. La causa penal 49/2012 iniciada en el fuero de guerra en septiembre del 2009 y desahogada en el actualidad en el juzgado décimo de Distrito en Chihuahua; la causa penal 383/2012 iniciada en junio del 2012 en el juzgado quinto de Distrito en Mexicali, BCN.

Otro reclamo hecho llegar en el pliego es que los militares que están sujetos a proceso, y a quienes no se les ha comprobado ningún delito, perciban sus haberes en forma íntegra ya que en la actualidad se les descuenta de manera simulada el 50 por ciento de su salario, pero en realidad llega a ser del 90 por ciento de sus ingresos. Esto sucede sin que exista una sentencia de por medio para que esa medida aplique, lo que los priva de su derecho a recibir su salario y viola su presunción de inocencia.

El plantón de media docena de personas inició poco después de las 10 de la mañana en la puerta tres de la Sedena, y finalizó pasado el medio día después de que se entregó el pliego petitorio. En la protesta hubo mensajes dirigidos al secretario de la Defensa Nacional para que intervenga y se haga efectivo el retorno a las prisiones castrenses de los militares trasladados el 16 de octubre.

Fuente.-

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Juan Veledíaz

@velediaz424

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