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Represión en aumento desde que el PRI regresó a la Presidencia de la República
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Represión en aumento desde que el PRI regresó a la Presidencia de la República
Lola. 25.10.15 0:04
NOTA DEL REPORTERO
Los redactores del informe "Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada", al explicar al reportero el contenido, días antes de su publicación, evitaron identificar casos emblemáticos pues "todas las víctimas lo son".
De la revisión del informe se desprende sin lugar a dudas, que el caso emblemático es lo ocurrido el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues en el desarrollo de los hechos se ubica desaparición, ejecución, agresión, detención arbitraria y tortura, esto es, las diferentes modalidades consideradas por los redactores del informe, para la represión.
Sin embargo, en un afán de mostrar que no existe distingo en signo ideológico, región o actividad de defensores dederechos humanos o dirigentes sociales a la hora de ser victimados, se procuró documentar una historia por cada modalidad represiva distinta de los hechos de Iguala, sin que ello desestime la relevancia de los cientos de casos documentados en el mencionado informe.
ARTURO RODRÍGUEZ
Represión en aumento
ARTURO RODRÍGUEZ
Desde que el PRI regresó a la Presidencia de la República, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos, en general, opositores incómodos al poder político, son asesinados, desaparecidos, presos y agredidos en todo el país, como no lo fueron ni en el violento sexenio de Felipe Calderón.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un informe anual, integrado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, presentado a la opinión pública a finales de agosto, permite observar que todos los indicadores considerados parte del proceso represivo se dispararon en los primeros 30 meses de la administración.
Las diferentes modalidades de agresión, por ejemplo, aumentaron de 192 casos en los últimos dos años del sexenio calderonista, a 639 en los primeros 30 meses de peñanietismo. Aun peor resulta la estadística sobre detención arbitraria y prisión, pues en todo el sexenio pasado hubo 999 casos, y apenas en 30 meses contando a partir de 2012, suman 1138 casos.
Los asesinatos siguen una tendencia al alza: en todo el sexenio pasado hubo 67 ejecuciones extrajudiciales de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos; con Peña Nieto, suman 47 asesinatos de esa naturaleza.
En tanto, durante el período de gobierno de Calderón, se documentaron 53 desapariciones forzadas y, una vez más, el registro se profundiza a partir dediciembre de 2012, pues desde entonces al 30 de mayo de 2015, sumaban 81 desaparecidos.
Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Octavio Gómez
Entre los casos contabilizados en el Informe de este año, destaca la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, todos integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y, por lo tanto, considerados por los autores entre las víctimas de movimientos sociales.
No obstante, lo ocurrido en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, no sólo corresponde al registro de desaparecidos, sino también de detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial y agresión, en tanto, el operativo desplegado por la policía municipal, y la posible comisión y omisión de cuerpos federales, cobró la vida de nueve personas y al menos 27 heridos.
La noche de Iguala permite observar lo que en la mayor parte del país ocurre. Con los datos obtenidos, los autores del informe llegaron a una conclusión que titula el documento: "Defender los derechos humanos en México: la represión política una práctica generalizada".
Ayotzinapa. Un año después. Foto: Alejandro Saldívar
Con casos registrados entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2015, el informe expone un contexto, en el que se repasan las condiciones de las violaciones a derechos humanos, para comprender las razones y la finalidad de su comisión, así como los patrones permanentes o cambiantes del actuar represor.
La metodología contempló diferentes aspectos, por ejemplo, que las víctimas sean defensores de derechos humanos o miembros de organizaciones sociales, mientras que el perpetrador debía ser el Estado Mexicano, por comisión, omisión o aquiescencia, es decir, en los casos en que los agresores vistieron de civil, pero que, por la observación de patrones de conducta llevó a los redactores del informe aconcluir que se trataba del Estado.
Al final de cada apartado, el informe incluye un listado con nombres de las víctimas, organización a la que pertenecen, fecha en que ocurrieron los hechos y, en donde es posible, algún dato de identidad personal o institucional sobre el perpetrador.
Muerte y desaparición
En el tiempo que abarca el informe, se documentaron 22 ejecuciones extrajudiciales contra de defensores de derechos humanos o luchadores sociales. De los 47 asesinatos registrados en los primeros 30 meses de gobierno de Peña Nieto, 22 se perpetraron entre junio de 2014 y mayo de 2015.
Un dato relevante: en la mitad de los casos documentados por el informe, las víctimas eran indígenas.
La principal dificultad de documentación con este apartado, radica en la identificación del perpetrador. En 13 casos el perpetrador era un agente identificado, pero en el resto se tomó en cuenta el contexto, se realizó una evaluación de la labor realizada por las víctimas, casos de amenazas previas y otros factores.
El registro de ejecuciones extrajudiciales con móvil político se concentra en Guerrero (9 casos), Chihuahua (5 casos), Oaxaca (5 casos), Chiapas y Puebla (2 casos respectivamente) y, con un caso en Morelos, Sinaloa y Veracruz.
En cada apartado, el informe incluye los antecedentes de las diferentes modalidades. En el caso de la desaparición forzada, se remonta a los años sesenta, donde ubica el primer mecanismo de planeación, sistematización y mayor complejidad para perpetrar ese tipo de crímenes.
Elementos del Ejército en la época de la "guerra sucia". Foto: Archivo Procesofoto
Desde los años sesenta, pasando por la llamada "guerra sucia", hasta los años noventa con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y del Ejército Popular Revolucionario en 1996, hay un común denominador:
"La desaparición forzada está ligada a la estrategia de contrainsurgencia y de represión política en contra de los movimientos armados y de los movimientos que, actuando dentro del marco de la ley, son opositores políticos del régimen.
"Sin embargo, a partir del 2006, con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico del gobierno panista de Felipe Calderón, la desaparición forzada se volverá también un mecanismo de control social que afectará a la sociedad organizada y sobre todo a la no organizada".
El informe cita la investigación del periodista Homero Campa, publicado en la edición 1997 de la revista Proceso, en la que se expusieron las cifras oficiales de desapariciones en México: se contabilizaron entre 2007 y octubre de 2014, 23 mil 272 casos, de los cuales 9 mil 384 correspondían a los primeros 22 meses del gobierno de Peña Nieto.
El registro no establece cuántos de esos casos fueron desaparición forzada, pero el aumento de desaparecidos es simétrico con el incremento de las desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos.
Respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, el Informe explica:
"La desaparición forzada de un grupo grande personas, integrantes de un movimiento social, es la primera en su tipo en el México contemporáneo.
"El caso de los 43 normalistas y el incremento año con año de defensores de derechos humanos victimas de desaparición, indica que lejos de disminuir aumenta la incidencia e ilustra el modus operandi de las desapariciones forzadas en el país: participación de agentes del Estado, utilización de grupos paramilitares y la negación del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, de tener responsabilidad en la desaparición, aun cuando es pública la participación de las policías municipal, estatal y federal, así como del ejército".
De las víctimas de desaparición forzada, en el período que comprende el informe, cuatro fueron ejecutados extrajudicialmente; cuatro fueron liberados y de 44 se desconoce su paradero hasta ahora.
Los 14 estados de la república que registraron desapariciones forzadas en el período de estudio del peñanietismo son Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Chiapas (6), Chihuahua, Estado de México y Veracruz con 5 casos cada uno; Distrito Federal y Jalisco, con cuatro casos respectivos, Campeche registró 3 mientras que Sonora, Morelos, Puebla e Hidalgo, tuvieron un caso cada uno.
Agredidos y presos
En el período que comprende el informe, se registraron 330 agresiones que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades. En el informe anterior (2013-2014), fueron 204 casos, de manera que el incremento en agresiones durante el último año, asciende a 161.7%
Desglosando por eventos, el incremento fue de 178.1% respecto al período anterior, mientras que, en cuanto a personas afectadas el aumento de víctimas fue de 186.4%.
La represión política aumentó de intensidad, de acuerdo a la estadística, pues la amenaza, forma utilizada por excelencia por los perpetradores, fue desplazada al tercer lugar mientras que ahora, el hostigamiento es lo más frecuente con 43.07%, las agresiones físicas representan el 35.7% y las amenazas apenas son el 15.3%
El hostigamiento implica cercanía del perpetrador y el mayor número de casos se registra mediante la intimidación (80 casos), el desalojo (33), toma de video (22), agresión verbal (19), obstaculización (17) y vigilancia (15).
En cuanto a las agresiones físicas, se documentaron 89 casos, sexuales 7, sólo un intento de ejecución extrajudicial y 25 agresiones verbales. Ahí también, el uso de la violencia es notable.
Es significativo el aumento de casos de diciembre de 2014 a febrero de 2015, pues sólo en esos tres meses, hubo 158 casos que representan el 47.8% de los casos documentados por el informe.
Para mayor claridad, los redactores hicieron una diferencia entre los diferentes tipos de perpetradores: incursión militar; incursión paramilitar; incursión mixta, y agresión colectiva. Cada una de esas modalidades incluye violaciones graves a derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. El caso Ayotzinapa mostró por ejemplo, el patrón de la incursión mixta por incluir a diferentes corporaciones (militares, federales, estatales, municipales y paramilitares).
"Observamos la continuidad en un deterioro en las condiciones de trabajo para los defensores de derechos humanos, a lo que se suma la casi nula voluntad política del Estado mexicano para garantizar, respetar y satisfacer el derecho a defender los derechos humanos", se establece.
Presos políticos (aunque sea poco tiempo)
En el período revisado la cifra de casos de detención arbitraria ascendió a 459 casos, un incremento en 47 casos respecto al año anterior. De acuerdo al informe, en el período 2012-2013, hubo 124 presos; de 2013 a 2014, 175 personas privadas de su libertad por motivos políticos, pero al 31 de mayo del 2015, ya eran 224.
Las entidades federativas con más casos de detención arbitraria, son Guerrero (113), Distrito Federal (98) y Baja California (72). Si bien el informe no lo menciona, cabe destacar que esas tres entidades son gobernadas por partidos de oposición al PRI, de manera que se trata de una práctica no privativa de algún partido político.
Lo que sí se destaca es que en el caso de Guerrero, por ejemplo, el registro de detenciones obedece al movimiento magisterial pues del total de los 113 casos, 100 corresponden a las movilizaciones de maestros.
El documento llama la atención sobre los detenidos de manera arbitraria que reivindican métodos pacíficos (96% de la totalidad de casos) y por esa razón son considerados presos de conciencia, ya que el común denominador fue disentir de las políticas neoliberales o ejercer su derecho a protestar.
De la totalidad, 350 casos (76%) están libres debido a que no se les acreditó ningún delito; 32 están libres bajo caución; 8 libres pero enfrentando proceso penal; 56 presos; de uno no se tiene información y de 12 casos más se establece con estatus "desconocido".
Por fuero, 201 personas enfrentan cargos en el fuero común mientras que sólo 40 en el fuero federal; a 17 se les infraccionó y 192 personas fueron detenidas pero no se les imputó ningún delito. De los imputados, los delitos frecuentes por los que se les procesa, se distribuyenen: motín (34); asociación delictuosa (29); ultrajes a la autoridad (29); tentativa de homicidio (26); robo con violencia de auto (26); ataques a las vías de comunicación (19); daños en las cosas, a la propiedad o propiedad privada (17); ataques o atentados a la paz pública (12).
Ahora bien, la información obtenida para el informe que nos ocupa, deriva en un cruzamiento de datos el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se documentaron denuncias por 70 casos de tortura, de los 459 casos documentados de detención arbitraria.
Bryan Reyes y Jacqueline Santana, acusados de robar 500 pesos a un agente de la Policía Federal.
Foto: Benjamin Flores
El objetivo de la represión
Para los redactores del informe, el incremento de los casos refleja que se trata de una "estrategia de control social de la población" pues el alto índice de violencia contra movimientos sociales inhibe la organización de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la incidencia delictiva, posibilita justificar la militarización institucional y de la vida social.
Lo anterior, advierten, se refleja también en el discurso: consiste en el uso abierto de militares o policías para labores de limpieza social. En un principio, durante el sexenio de Calderón, las acciones delictivas eran atribuidas al crimen organizado, en tanto, en el sexenio de Peña Nieto, la represión se normaliza mediante la introducción de la idea de que existen grupos que merecen ser reprimidos.
Así, "la construcción de un enemigo interno se ha vuelto más selectiva que el sexenio anterior. Si antes el enemigo era el crimen organizado, ahora se trata también de todos aquellos que se oponen al Pacto por México y al paquete de reformas que, según el discurso oficial, intentan desestabilizar el progreso del país por medio del uso de la violencia y violando los derechos humanos de los otros".
No utilizan un nombre específico, pero la descripción señala, de manera directa y selectiva, al movimiento social en su conjunto.
Para los redactores, hay una conclusión:
"La diferencia con el pasado es que la nueva estrategia tiene por objetivo normalizar y especializar el uso del terror contra defensores de derechos humanos y luchadores sociales, pero bajo estrategias masificadas, de amplias dimensiones, en las que operan fuerzas estatales y paramilitares".
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