Estado es responsable de desaparición de los 43; no respeta no garantiza no protege ni promueve los

El académico señaló que el Estado mexicano al momento de firmar tratados internacionales en materia de DD.HH, adquiere la obligación de cumplir con 4 puntos específicos que mandatan estos convenios: respetar, garantizar, proteger y promover los DD.HH.

“Respetar significa que no se puede violentar a los derechos humanos; garantizar se refiere a la creación de una maquinaria necesaria para que el derecho sea ejercido; en cuanto a la protección, esta obligación se activa cuando tenemos una violación a los derechos humanos, por ejemplo la desaparición de una persona, inmediatamente se tiene que activar la maquinaría para: investigar qué paso, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas; también tiene la obligación de promover los DD.HH, es decir, el Estado debe planificar el cumplimiento del ejercicio de los DD.HH”, apuntó.

En lo referente añadió que el Estado, en el caso Ayotzinapa, no cumplió las obligaciones antes citadas, y violó el derecho a la integridad personal, a la libertad y a la vida de los normalistas, pues apegado a la explicación anterior, no los protegió, ni los garantizó.

“Se violenta la obligación de respetar, porque fueron entes estatales los que violentaron los DD.HH. Fueron policías municipales y muy probablemente policías federales, e indicios de que participó, ya sea por acción u omisión, el ejército. Se violenta también la obligación de garantizar,  porque los entes estatales no echaron a andar la maquinaria institucional para hacer efectivos los DD.HH de los 43 normalistas.

Agregó que a pesar de la argumentación emitida por las autoridades, en donde intenta deslindar la responsabilidad del Estado diciendo que los que cometieron el delito fueron elementos de la policía local, desde el punto de vista del derecho internacional de los DD.HH al hablar de un Estado se refiere al gobierno en sí mismo, a los servidores públicos y representantes gubernamentales.

“El párrafo tercero del artículo uno de la constitución, lo dice claramente: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los DD.HH. Y esto quiere decir que el funcionario de cualquier municipio debe respetar los DD.HH, y si un servidor público local  no respeta los DD.HH representa al Estado. Y en su acto está violentando a los DD.HH en nombre del Estado, no importando el rango.