En dos años, EPN dio contratos por 75 mil millones de pesos a empresa Higa y a sus filiales

Al mismo tiempo, aseguró que se necesitaba “iniciar una guerra frontal contra la corrupción que impera puntualmente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No debe continuar la política de privatización, de mantenimiento y corrupción que se ha llevado a cabo por más de dos décadas tanto en el petróleo como en la industria eléctrica”.

En 2013, López Obrador aseguró que la CFE “es un ejemplo de corrupción derivada de la privatización de los bienes nacionales. Urge una auditoría a la empresa paraestatal, que se puede calificar como un barril sin fondo”. Agregando que “dicha auditoría debería incluir también a las empresas privadas encargadas de proveer la energía eléctrica y también a servidores públicos”.

“Los sobornos y tráficos de influencias han sido la constante en la paraestatal, ahí los altos mandos de la dependencia han generado licitaciones de productos y servicios, a quienes les den la mayor comisión, es así como se desarrolla y mantiene un millonario negocio para unos cuantos”.

De forma adicional, señala que “la corrupción se genera, desarrolla y mantiene, gracias a mandatos presidenciales, y existen rubros donde está tan enraizada que ni el mismo Estados Unidos logra erradicar. Un ejemplo claro es el caso donde la Corte Federal de Texas, dejó al descubierto contratos con la compañía ABB, donde obtuvieron ganancias por 44 millones de dólares y otro más, 37 millones de dólares. Por su parte los funcionarios de CFE recibieron 3.5 millones de dólares y 2 millones de dólares de soborno”.

“En CFE sí existe corrupción, el propósito del gobierno federal, era que, a través de la Reforma, empresas privadas obtuvieran una participación mayoritaria en la paraestatal. Resultados de investigaciones que hemos estado realizando, sobre dicha problemática, nos han llevado a exigir que se genere una comisión que investigue a la empresa Higa y a sus filiales”, afirma el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

Explicando que “dentro de la investigación hemos encontrado que desde 2012 hasta el 2014, existen contratos por alrededor de 75 mil millones de pesos, que el gobierno de Peña Nieto ha firmado con una empresa de nombre IXA S.A. de C.V., la cual podría mantener vínculos directos con el señor Hinojosa Cantú”.

De acuerdo con Huerta, IXA tiene como representante legal a Carlos Godoy Novoa, quien es hermano de Adolfo Godoy Novoa, quien a su vez representa a la inmobiliaria del Fuerte de Toluca, que forma parte del Consorcio Auto Bank, que se constituyó en el 2007 y cuyo único administrador es el señor Hinojosa Cantú.

“Aunque en la documentación de IXA no aparece el señor Hinojosa Cantú, sí existen huellas de negocios que han mantenido, tales como así como otros contratos que se mantiene con las filiales de dicha empresa. Y evidentemente estos 75 mil millones de pesos fueron entregados en los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de distintos contratos que la CFE ha realizado”.

El diputado explica que mantienen conocimiento de la existencia de empresas españolas vinculadas al grupo Higa, y concretamente relacionadas a la CFE quien otorgó un contrato por mil 550 millones de dólares. 

Dicha compañía nombrada ABENGOA se adjudicó el contrato con la paraestatal, para la mayor planta del ciclo combinado en Ciudad Juárez, no siendo una extraña en el negocio, ya que en 2009 le fue concedida una construcción de 3mil 500 millones de pesos, a través de una sociedad con una constructora llamada COABEN, de la que forma parte Concreto y Obra Civil del Pacifico, propiedad del empresario Hinojosa Cantú.

Cabe mencionar que recientemente ABENGOA mantiene una invstigación por parte de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que contamina los cuerpos de agua de los alrededores de la comunidad Estancia Vieja, en el municipio de Macuspana, Tabasco, esto producto de verter los desechos de la generación de energía a los arroyos o ríos, a través de sus sistemas de desagüe.

Según un estudio realizado en la zona se detectó tolueno, lo cual es nocivo para las familias que utilizan el agua para su servicio cotidiano, lo que con el tiempo provocaría graves consecuencia de salud. 

Violando así varias normas ambientales, así como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), leyes estatales como la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (LPAET), y el reglamento municipal en materia de medio ambiente.

“El proceso de privatización de CFE llevaría años, lo que hacen las reformas en materia energética es apresurar estos procesos y generar una aceleración del despojo de los recursos naturales del país, lo que ha provocado una serie de resistencias populares a lo largo y ancho del país, los cuales se oponen a proyectos de extracción corruptos, en donde el papel de la paraestatal es facilitarlos”, puntualiza Huerta.

Y agrega “en varios puntos del país se están construyendo represas, pertenecientes a inversionistas nacionales y extranjeros, quienes generan una producción de energía que CFE compra y a su vez distribuye a precios evidentemente más baratos de lo que la adquiere, para después ir a las manos de otros empresarios, para otros proyectos productivos privados”.

El diputado explica que al finalizar la investigación “la primer batalla será jurídica, contra los partidos del ‘pacto contra México’, es decir, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes están empeñados en no pasar ni siquiera al debate del pleno, el tema de la creación de la Comisión que analice la corrupción en CFE”.

Las 197 firmas que se requerían para construir la Comisión se obtuvieron en diciembre pasado, sin embargo, hasta la fecha el tema sigue en la lista de espera. “Las características de una comisión es que sus resultados pasan en automático a Peña Nieto y a las aéreas que tienen que ver con los resultados que la investigación arroje, para la acción del ejecutivo”, argumenta Huerta.

La Comisión busca generar controles constitucionales, para que el ejecutivo fiscalice al ejecutivo, sin embargo, “esta acción la han detenido esos 3 partidos, es por ello que es necesario inconformarse, litigar y solicitar un amparo, pese a que las autoridades especiales son iguales y dependen de las consignas que les dé el ejecutivo federal y el propio legislativo, en caso de que le encargan la operación al diputado Manlio”, agrega Huerta.

Quien a su vez declara que, busca agotar el plano legal en México, pero incluso llevaría el caso al plano de las cortes internacionales. Afirmando que “esta legislatura ha sido la más deficiente, en su función principal que no solamente es la elaboración del presupuesto, sino vigilar que este se aplique conforme a lo que fue presupuestado, sin embargo la Auditoria Superior de Hacienda no ha revisado ni las cuentas públicas de Calderón, mucho menos las de Peña Nieto.

Lo que demuestra la gran corrupción que priva en el país y la falta de transparencia, porque lo que menos quieren algunos grupos de legisladores es transparentar las cuestiones publicas en el país y mucho menos combatir la corrupción”.

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