Puebla, frontera sin ley: recuento de la represión y la censura de Moreno Valle

seven 19.02.15 23:08

Puebla, frontera sin ley: recuento de la represión y la censura de Moreno Valle

Por: Eridani Palestino / 14 febrero, 2015

(14 de febrero de 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El fracaso de Rafael Moreno Valle Rosas como mandatario del estado de Puebla, se disipa cada vez más. Conocido como El Gober-bala desde que aplicó la ley al uso de la fuerza con armas de fuego para “prevalecer el orden colectivo”, el poblano se ha hecho de una mala reputación ante organismos de derechos humanos. Nuevamente, la represión y la censura vuelven a ser su tema en específico.

Los presos políticos del régimen morenovallista

Largo fue el camino y la caravana proveniente del estado de Puebla llegó al Distrito Federal con fuerza y sin titubeos el 15 de enero donde se exigía la liberación de los presos del régimen de Rafael Moreno Valle y la consecuente destitución del mandatario ante lo que dijeron, se trata de un “descarado abuso del poder”.

“El objetivo en concreto es pedir la intervención de la Segob en el estado de Puebla, donde no impera la ley. El gobernador Rafael Moreno Valle que el día de mañana realiza su informe, ha metido a mucha gente a la cárcel: hay 49 presos políticos.

Provocó una agresión violenta que a su vez ocasionó la muerte de un niño en San Bernardino de Chalchihuapan, además de buscar reprimir cualquier tipo de oposición”, explica Jorge Méndez, del Movimiento Nacional por la Esperanza en Puebla.

Por su parte, los miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, insistieron en que “lo que Moreno Valle hace en Puebla contra los poblanos es parte de lo que el Estado burgués terrateniente y el gobierno que lo encabeza hacen en todo el país contra el pueblo mexicano, más de 150 mil asesinatos y más de 30 mil desaparecidos; de los que destacan los asesinados por el ejército en Tlatlaya, Estado de México y sobre todo los seis asesinados, los más de 25 heridos y los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero”.

La organización que se sumó al llamado ciudadano, insistió en que en el estado poblano, Moreno Valle aplica una “política de guerra y represión contra el pueblo, reducción y suspensión de libertades y derechos, imposición en todos los niveles, en todas partes y de todas formas, eliminación -vía liquidación y/o cooptación- de todo obstáculo que dificulte o impida la mayor entrega del país a más dominación y saqueo”.

Fuera Peña

Las cosas se intensificaban más y fue el 19 de enero de este año cuando estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), realizaron una manifestación contra la llegada de Enrique Peña Nieto, razón por la cual, fueron reprimidos por granaderos municipales.

Ante esto, Eukid Castañón Herrera, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de ley en la que se propuso sancionar a todo aquel que pinte o dañe inmuebles con un cargo de tres a seis años de prisión.

En tanto, Castañón señaló que el artículo 186 del Código Penal de la entidad indica: “Se entiende por pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito”.

Por esta razón, explicó ante el pleno que se debe reformar el artículo 185 del Código Penal del Estado Libre de Puebla, con el fin de aumentar la sanción para todos aquellos actos que afectan a la ciudadanía y al espacio patrimonial tanto privado como público.

Una huelga sin respuestas

Pero las cosas no acaban ahí, los jóvenes empezaron a revelarse ante la administración morenovallista. El 4 de febrero, Integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP), conformado por estudiantes de la BUAP, iniciaron un plantón en el zócalo de la capital poblana con una exigencia: espacios para impartir un curso propedéutico para el examen de admisión a la casa de estudios.

El CUEP es un proyecto universitario que surge en el 2010 con estudiantes de diversas facultades, ofrecen cursos gratuitos a cualquiera que esté interesado en ingresar a la BUAP, además de impartir talleres interdisciplinarios a lo largo del año.

Desde sus inicios se les ha sido negado el uso de aulas, por lo que el colectivo ha ofrecido sus cursos en los jardines y parques de la universidad. Para el 2014, ya con 1600 alumnos inscritos en los propedéuticos se les fue negado también la utilización de estos jardines con el argumento de que ya existen seminarios de preparación oficiales impartidos por la universidad, que tienen un costo de 500 pesos.

El 5 de febrero, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades universitarias, cinco estudiantes iniciaron una huelga de hambre, Gabriela Zambrano de Ingeniería, Juan Carlos Serrano de Biotecnología, Francisco Gibrán Ramos de Derecho, Miguel Ángel García y Fidel Sánchez de Economía. “Vamos a seguir así hasta que nos desmayemos o hasta que la universidad nos dé los lugares que por derecho nos pertenecen”, expresaron.

Francisco Ramos denunció que “no nos permiten impartir los cursos ni el uso de los espacios que por derecho nos corresponden.” También expresó que en caso de desalojo o represión, hacían responsables a gobernación y a las autoridades universitarias de lo que les pudiera pasar, pues en sus redes sociales alertaron de amenazas de desalojo por parte del ejército.

Igual que Ayotzinapa

Las amenazas no concluyeron ahí pues para la madrugada del 9 de febrero, los jóvenes que se encontraban en huelga fueron desalojados con lujo de violencia y privados de su libertad.

“Alrededor de las 3:00 am se acercaron 30 individuos en estado de ebriedad, la mayoría de ellos encapuchados, cargaban varillas, tubos, palos, macanas y bombas de humo. Todos ellos escoltados y supervisados por patrullas de la policía”, denunció Diego, de la carrera de Contaduría, en la conferencia de prensa ofrecida por el Colectivo Universitario de Educación Popular (CUEP).

Ocho de los veintitrés estudiantes que pasaban la noche en el plantón que buscaba un diálogo con Alfonso Esparza, rector de la BUAP, fueron privados de su libertad por algunas horas. “Nos despiertan los encapuchados con bats, mientras rompían las casas de campaña, me sacan del zócalo y me meten a una camioneta obscura con vidrios polarizados” expresó el huelguista Fidel Sánchez, de la Facultad de Economía.

“Los vamos a desaparecer como a los de Ayotzinapa”, “este es un pequeño presente de Esparza, para que aprendan a respetar a la autoridad”, escucharon los estudiantes mientras iban en la camioneta, sometidos y amagados. “Tenían un destornillador en mi nuca, todo el tiempo me amenazaban con enterrármelo”, no recuerda cuanto tiempo pasó, pero el lugar donde los “tiraron” era en la carretera a Tehuacán. “A los hombres nos pidieron que nos quitáramos los pantalones y los zapatos” y lo último que escucharon fue: “El primero que levante la cabeza se la vamos a volar” dijo Fidel Sánchez.

A la conferencia de prensa llegaron 3 estudiantes mujeres malheridas, 2 de ellas menores de edad, Magali, estudiante de preparatoria, denunció la violencia con la que fue subida a la camioneta:

“Cuando salí de la casa de campaña, vi como a mis compañeros los golpeaban, sentí un golpe en la cabeza que me noqueó, me jalaron de los cabellos hasta la camioneta negra, a lado de la camioneta estaba la policía a la que le pedí auxilio y no hizo nada, ellos vieron todo lo que nos hicieron”, relató que en la camioneta “a las mujeres nos pusieron abajo y esos malditos caminaban encima de nosotros, aplastándonos el cuello, asfixiándonos. Nos doblaron las manos, nos torturaron y nos decían con groserías e insultos que nos iban a violar y a desaparecer”.

El colectivo responsabilizó al rector, Alfonso Esparza y al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

Que se aclare

Fue hasta el 12 de febrero que el presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Sergio Salomón Céspedes subió a tribuna con una propuesta para que el Congreso pida celeridad en la investigación judicial por el caso, y que la CDH investigue la posible violación de los derechos humanos de los estudiantes de la BUAP que fueron golpeados y desalojados violentamente del zócalo capitalino.

“No podemos aseverar ese tipo de cosas, por eso están las instancias pertinentes para que generen la investigación y se esclarezca, y en su momento se finquen responsabilidades a quién resulte responsable. Acá lo importante es que no se politice el asunto, el tema de los derechos humanos no podemos agarrarlo de bandera política”.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Procuración de Justicia, aunque el diputado reconoció que no hay fecha aún para que se discuta.

La represión a estudiantes no acababa. En algún punto de Lomas de Angelópolis, sujetos sin identificar privaron de su libertad a Antonio Sebastián Préstamo Rivera, alumno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), de 18 años de edad. Se exigió un alto pago para que el joven recuperara su libertad, mismo que se dio y aun así fue asesinado y abandonado en Xalapa, Veracruz.

Cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha tratado de ocultar tanto el secuestro como el asesinato del estudiante. Sus compañeros desde el pasado viernes, día en que se le secuestró, han iniciado la búsqueda por su cuenta.

Ineficiencia de autoridades mas crimen organizado, pareciera que es un binomio que será muy difícil de deshacer

http://revoluciontrespuntocero.com/puebla-frontera-sin-ley-la-represion-y-censura-de-moreno-valle/

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