Tortura y corrupción en la Policia Municipal de Tijuana

Skorpio 23.01.15 23:25

Tortura y corrupción en la Municipal
Documentos oficiales entregados a ZETA de manera anónima, dan cuenta de las confesiones de policías corruptos. Deshonestos, confiesan haber servido a células del crimen organizado, ser adictos o alcohólicos, tener problemas de depresión y con la autoridad. Otros, de haber sido narcomenudistas, tener antecedentes criminales en Estados Unidos, y unos más de mover cadáveres para el narcotráfico. Los casos son del conocimiento de la Comisión de Desarrollo Policial de Tijuana, por lo tanto, del secretario Alejandro Lares Valladares, pero no están resueltos. La mayoría de esos policías continuaban trabajando en la corporación

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Reportero:
Investigaciones ZETA
Tortura y corrupción en la Policia Municipal de Tijuana Timeago

20 de Enero del 2015 a las 05:50:01
Los pecados confesados por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, ameritaban iniciarles un procedimiento y darlos de baja de la corporación. Pero la mayoría de los 154 elementos que reprobaron los exámenes de Control, Evaluación y Confianza, siguen laborando. “Sirviendo” a la ciudadanía.
Las categorías de fechorías confesadas:
* Traficaron droga en Estados Unidos.
* Robaron en California.
* Consumen enervantes.
* Proporcionaron información a narcotraficantes.
* Movieron cadáveres para criminales.
* Recibieron dinero a cambio de liberar detenidos.
Unos más reconocieron torturar a los detenidos o sembrarles evidencia falsa, cobrar cuotas, participar en robos y cometer delitos contra la salud siendo policías. Los que menos, sin tener la educación requerida, falsificaron y entregaron certificados apócrifos para poder ingresar a la corporación tijuanense.
Se trata de 154 policías municipales, cuyos nombres están en la Comisión de Desarrollo Policial, algunos desde el año 2013, porque oficialmente resultaron no aprobados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).
“… no cumple con los requisitos establecidos aplicables en la materia…”, se lee en los dictámenes donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sugiere enviar esos expedientes a las respectivas comisiones y “solicitar el inicio de procedimiento de separación definitiva”.
Pero la Comisión de Desarrollo Policial, encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, no ha cumplido con su trabajo.
Esto lo pudo corroborar ZETA, que tuvo acceso a los expedientes que llegaron en copias de manera anónima, cuya autenticidad fue corroborada por este Semanario con las autoridades implicadas.
Con los nombres en la mano, lo primero que se buscó corroborar, que los policías aún estuvieran en la nómina del Ayuntamiento de Tijuana, la cual está en la página oficial del gobierno municipal, cuya última actualización data del 31 de octubre de 2014. Hasta esa fecha, los policías reprobados y señalados estaban en la corporación.
No cumplen con los requisitos establecidos en Ley para permanecer como agentes de Policía, pero ahí siguen.
Todo esto, mientras el secretario Lares apoya para salir de prisión a un policía que atropelló a una mujer, y otro que le disparó por la espalda a un delincuente desarmado mientras huía, y tanto él como su directora Patricia Sida, declaran públicamente que los videos donde se ve a policías abusando de su autoridad, no pueden ser considerados como pruebas.

Mueve cuerpos o tráfico de droga en Tijuana

Un caso simbólico de la impunidad que se permite actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana y de la falsedad en la depuración, lo representa la permanencia del oficial Arnoldo Ismael Garay Córdova, agente desde 2006 y calificado por el C3 como “persona de bajo juicio”, que deja ir a los criminales y es permisivo.
En febrero de 2013, la enorme figura de este obeso policía ocupó las planas de los periódicos locales cuando el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella, anunció que daban de baja a Garay porque, según declaraciones de dos detenidos- Israel Osuna y Federico Mayo- y la información localizada en el celular personal del agente, “les daba información de los movimientos de la Policía a los miembros del crimen organizado a cambio de dinero”. También le pagaban por detener a sus competidores.
Se anunció que el policía fue puesto a disposición del Ministerio Público federal como presunto responsable de delincuencia organizada. Pero al final resultó que solo estuvo suspendido por cuatro meses.
En su último examen, Garay Córdova confesó que en ese tiempo de castigo, recibió la llamada de un amigo de la secundaria que le ofreció 800 dólares a la semana y le dijo: “Tu única labor va a ser levantar cuerpos sin vida, subirlos a camionetas y tirarlos en lotes o lugares menos vistos”. Y lo hizo, “… porque estaba necesitado de dinero, estaba suspendido”, justificó.
De paso, informó que ese amigo del que no recordaba el nombre, “solo invitaba a trabajar con él a policías corridos o suspendidos y ex militares”.
En esas condiciones, el agente Garay continúa activo en la nómina municipal.
José Juan Pedraza Sánchez es otro caso cuyo expediente de remoción arroja información extraña e inquietante. Conforme al C3, este elemento que ingresó a la Policía Municipal de Tijuana en 2005, tiene un registro de proceso en ejecución de sentencias por robo con violencia en 2008, y un ingreso por delitos contra la salud en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tijuana en 2006, ambos ya siendo policía. También tiene un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, iniciado contra la determinación de la Comisión de Desarrollo Policial que inició en noviembre de 2013.
También está el caso de Misael Delgadillo Ornelas, policía desde 2012. En su entrevista reconoció haber vendido droga de los 17 a los 23 años, cinco años antes de su examen fue detenido con una bolsa de marihuana, presentado ante el Ministerio Público y su padre lo sacó. Su círculo cercano siguen siendo vendedores de droga.

Admitieron ser corruptos

Acorde a la evaluación del C3, a Marcos Plascencia Pérez, uniformado desde 2006, el consumo de alcohol le impide cumplir con su trabajo, pero además ha realizado arrestos falsos y ha dejado ir criminales a cambio de dinero, obteniendo hasta 2 mil pesos a la semana, en una ocasión, 4 mil dólares.
Jorge Carlos Vital González porta placa desde 1996, ha sido subcomandante comisionado y en su entrevista en el C3 aceptó que en repetidas ocasiones ha recibido de 50 a mil dólares por dejar que criminales delincan, o liberar conductores borrachos. Además, reconoció que ha robado dinero y objetos de las casas a las que entró como parte del Grupo Táctico.
Por su parte, Jesús Cervantes Pérez, agente a partir de 2005, confesó que recibe de 50 a 100 dólares cada vez que deja ir narcomenudistas, y otros tantos pesos cuando libera a ciudadanos que cometieron faltas administrativas.
Gabriela Chávez Sandoval, designada policía a finales de 2011, admitió que hasta un mes antes de su examen, estuvo recibiendo dinero por quedarse callada cuando liberaban a un criminal en la delegación San Antonio de los Buenos, y que le han pagado con dinero (500 pesos) o cenas.
Jesús Luis González Figueroa ingresó a la corporación en 2012, es policía comercial y en su examen de confianza dice conseguir y vender celulares robados, actividad que hace de 2007 a la fecha. También, que entre los 17 y 20 años de edad falsificó certificados con ayuda de un profesor de preparatoria.
Carlos Piña Cárdenas es policía desde 2005, y su diagnóstico determinó: “… quebranta lineamientos y normatividad, hace uso indebido de su puesto, vulnera y pone en riesgo a la institución”. Sin embargo, el agente solicitó un amparo en diciembre de 2014 ante el Segundo Distrito de Amparo, con relación a su incidente de suspensión.
Entre sus antecedentes está que en octubre de 2013 se hirió la mejilla con su arma de cargo, departía con otro policía y no estaban en servicio. En la investigación no le hicieron análisis de alcoholemia. En octubre de 2014 fue detenido y liberado porque vio y permitió que su compañera lesionara a un detenido y le sembrara un arma, porque no aceptó pagar una cuota.
Conforme a la evaluación del C3, Enrique Guadalupe Enríquez Cruz, policía desde 1993 actualmente asignado a puntos fijos, no debe permanecer porque acepta mordidas de tránsito, acostumbra sembrar globos y armas a los detenidos, se desempeñó como escolta no oficial de un compañero que se dedicaba a cosas ilícitas y tiene una compañía de seguridad, a pesar de que la Ley se lo prohíbe.

Torturadores

Juan Carlos Arenas Tapia, con ingreso en 2006, es considerado en el C3 como no apto, ya que en su entrevista admitió que “para no batallar” a los presuntos delincuentes que se muestran renuentes a colaborar en su detención, los sofoca del cuello hasta que quedan inconscientes, “tiene dificultad para analizar la repercusión de sus acciones” y “se muestra decaído y frustrado con su carrera policíaca”, fue el dictamen.
Pese a que apenas ingresó en 2013, Mariane Guadalupe Gutiérrez Pérez tiene problemas para controlar su ira. Según el C3, “bajo juicio, se conduce con actitudes violentas al sentirse frustrada”, y admitió que abofeteó a una detenida.
De Cristian Eduardo Félix Sereno, quien es supervisor comisionado y policía desde 2007, reportaron “bajo control de impulsos y mermada capacidad de juicio”, al aceptar que aplica una técnica para pérdida de conocimiento cuando somete a infractores.
A René Jesús Burgos Ávila, policía desde 2007 y con un recurso interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde agosto de 2013 contra la Comisión de Desarrollo Policial, el C3 le detectó “rasgos de impulsividad”, reconoció haber iniciado por lo menos una balacera. Y expuso que dos meses antes de su evaluación, siendo parte del Grupo de Inteligencia, utilizaba “métodos no tan legales para hacer declarar a la gente…vendarles los ojos, hincarlos, gritarles o aplicarles la bolsa-terapia”, sofocarlos por un tiempo. Ha sido acusado de lesiones calificadas y abuso de autoridad.
De Rodrigo Gallardo Álvarez, miembro de la SSPM a partir de 2002, también diagnostica “bajo control del impulso”, porque recurre a la fuerza física para enfrentar la adversidad y ha dejado inconscientes a sus detenidos en varias ocasiones, y lo ve como un aspecto cotidiano de su labor.

Uso de tormento físico para impedir que los acusen

El 17 de septiembre de 2014, el oficial municipal Héctor Herrera Hernández arrolló y causó la muerte de la señora María Elena Pérez Cortez, de 64 años. El parte informativo de la Policía Municipal indicaba que el uniformado era el causante del accidente, explicó el subprocurador general de Justicia del Estado en Tijuana, Gilberto Cota Alanís.
El agente se había dado en reversa 13 metros, según testigo, sin sirenas. El alcalde Jorge Astiazarán y el secretario Alejandro Lares aseguraron, sin haber estado en el lugar, que el uniformado sí traía luces y sirena encendidas.
“(El tema de los códigos y sirenas) Es parte del informe de la Policía Ministerial en la entrevista que hizo con el propio conductor de la patrulla y también de los testigos, ellos hacen referencia que la patrulla retrocedió con cierta velocidad, que hizo una maniobra en reversa muy rápida y provocó que la persona cuando iba a cruzar, la arrollara”, comentó Cota Alanís en conferencia de prensa.
De inicio, Raúl, uno de los hijos de la mujer que perdió la vida, advirtió que las autoridades pretendían cambiar la versión, pero ellos tenían a su favor un video registrado por uno de los vecinos, con el que presuntamente demostrarían que los policías habían alterado la escena del crimen intencionalmente, y que Herrera no pidió ayuda para la mujer atropellada.
El problema fue que cuando los agentes se enteraron que el video sería entregado a las autoridades, elementos vestidos con uniformes presumiblemente del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) fueron por el hombre de la grabación.
El 29 de septiembre, sin orden entraron a su casa y después lo presentaron con droga ante el Ministerio Público, pese a que hay testigos que declararon que cuando lo revisaron en su casa, no le encontraron nada.
El propio GOES regresó el 26 de noviembre de 2014 y, según denuncias hechas por la víctima -que decidió ya no cooperar con la autoridad-, fue torturado. Lo asfixiaron por lo menos en seis ocasiones con una bolsa de plástico, le dieron toques eléctricos en el pecho y le pidieron dinero para dejarlo en paz, acusándolo de vender drogas.
Al final, ni el video fue entregado, ni los agentes agresores identificados. El testigo simplemente pidió a las autoridades que se olvidaran de él y de todas sus denuncias previas.

Tienen antecedentes en Estados Unidos

Salvador Mendoza Madrid es policía desde 2007, comandante Instructor del ICAP, sin embargo en su más reciente paso por el C3, cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) corroboró sus antecedentes con las autoridades de Estados Unidos, según el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), resultó que estaba registrado como ladrón por un hecho ocurrido en 1992 y estuvo detenido un día en la cárcel de Hanford, California. Fue deportado.
Roberto Villegas Navarro ingresó a la SSPM en 2006, igual que en el caso anterior, en la más reciente revisión de antecedentes, resultó que había sido detenido en San Diego, California, en 1997, por “distribución de metanfetaminas” y estuvo preso 57 meses, cinco años en libertad condicional. También le diagnosticaron “bajo control del impulso y no se responsabiliza de su comportamiento”.
El caso de Benjamín Alfredo Toledo Macías, policía desde 2003, tiene más historia. De entrada, conforme a las bases de datos del FBI, fue detenido en 1998 por traficar marihuana a San Diego y lo deportaron a Tijuana.
En febrero de 2014, siendo escolta del entonces director de la Policía, Reyes Montilla, fue detenido y liberado por presuntamente enfrentar a balazos a otros policías en un controvertido operativo donde hubo declaraciones falsas en ambos lados. Después, un empleado de Sindicatura trató de sobornarlo para resolver a su favor y, finalmente, fue reinstalado en junio de 2014.
Previamente, en abril del mismo año, fue herido en una fiesta particular donde un hombre dedicado al narcomenudeo celebraba su compromiso y fue asesinado. Toledo intentó detener al agresor y fue herido.
A Víctor Manuel Segura García, con ingreso en 2006, el FBI le encontró registros por sexo con un menor, abuso sexual infantil y contribuir a la delincuencia de un menor, lo detuvieron en 1999 y estuvo preso 120 días, con 36 meses de libertad condicional. En enero de 2011 fue premiado por sus jefes como uno de los oficiales más destacados del año anterior.
Sandro Gabriel Hernández Martínez es policía desde 2001, actualmente está adscrito al departamento jurídico y gana poco más de 17 mil pesos, según los archivos del FBI, fue detenido en dos ocasiones en San Diego: en1993 por robo de auto y estuvo preso 17 meses; y en 1994, por posesión de cocaína para su venta.
José Alberto Pérez Flores entró a la Policía Municipal en 1999, pero según el FBI, tres años antes (1996) fue detenido en San Diego por posesión y transporte de marihuana para venta. Estuvo en la cárcel 120 días y tres años de libertad condicional.
Según el examen psicológico, no es “apto para usar arma de fuego” y desafía a la autoridad. En 2011 fue designado jefe de distrito en La Mesa, y en 2014, jefe de distrito en San Antonio de los Buenos. En el mes de abril fue “degradado a agente”, acusado de “ordenar detenciones irregulares y falsificar reportes”. En la nómina de octubre de 2014 aparece como oficial comisionado, con un sueldo de 32 mil pesos.
Juan Carlos Puentes, policía de Tijuana desde 2006, fue acusado por un presunto arresto falso en 2011, sin embargo, para el C3 el mayor problema es que en febrero de 2013, siendo policía, el FBI lo arrestó en San Diego bajo los cargos de importación de heroína, cocaína, marihuana y hachís.
Sergio Contreras Guerrero, policía desde 2002, había sido detenido en San Diego, California, en 1999, acusado de posesión de marihuana para su venta.
Ernesto Pérez Gil, agente municipal desde 2006, en 2003, en
Norwalk, California, por posesión y transportación de metanfetamina. Purgó una condena de dos años.
Christian Ernesto Mancera Dozal, agente desde 2002, fue detenido en 1995 cuando cruzaba por la Garita de San Ysidro con 60 libras de marihuana. Ya había sido dado de baja en 2002 por adicción a la cocaína, peleó judicialmente con amparos entre 2002 y 2006, y lo reinstalaron. Ha sido detenido borracho y sancionado por dormir durante su turno.
Benigno Uribe Ramírez, en la nómina desde el año 2000 y premiado por una televisora local en 2013 por su participación en programas comunitarios, fue detenido en 1998 en San Diego por transportar marihuana para su venta, indica el reporte del FBI.
Bernardo Galván Tamayo, cuya antigüedad en la corporación data de 1987, fue detenido en California 10 años antes, en 1977, por conspirar para importar heroína. Estuvo preso cinco años y los diez siguientes, gozó de libertad condicional.
Ramón Isidro Barreras Cebreros es oficial desde 2006, actualmente está en puntos fijos, pero en 1996 fue detenido en Oceanside, California, por posesión y transporte de marihuana. Estuvo preso 62 días y fue deportado.
Benjamín Velázquez López ingresó a la SSPM en 2003, pero en 1996 fue aprehendido por posesión, transportación e importación de marihuana, se le deportó. También tiene denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Julio César García Huante, policía tercero, en la corporación desde 2001, asignado a la Turística, fue detenido en 1993 -reporta el FBI- por robo de auto en San Diego y estuvo preso 180 días. Además, según el C3, carece de control de impulso y consume cocaína y marihuana. Desde 2013 inició un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Departamento de Recursos Humanos de la SSPM de Tijuana.
Acorde a los registros del FBI, Benito Ríos Valenzuela, agente B desde 2005, fue capturado en 1993 con herramientas para robo y estuvo 10 días en la cárcel, intentó engañarlos dándoles una identidad falsa.
Pastor Marín Villaseñor ingresó a la corporación en 2002, ha sido subdirector operativo y subjefe comisionado al área Anti Grafiti, también fue premiado en 2011 por su ejemplo y desempeño. En su última revisión de antecedentes, el FBI informó que en 1987 fue detenido en San Diego California por manejar bajo el influjo del alcohol y, en base a este expediente, estuvo 30 días en la cárcel y tres años en libertad condicional. En 1996 se le arrestó de nuevo por no comparecer ante las autoridades sandieguinas.

Adictos

José Antonio Martínez Camacho ingresó a la corporación en 1997, consume cristal y cocaína, ya fue dado de baja por su adicción en 2002 y, conforme a las bases de datos del Estado, ese mismo año fue acusado por daño en propiedad ajena y homicidio porque mató a un transeúnte mientras manejaba borracho, igual fue reinstalado. Le diagnosticaron “bajo control del impulso”. El 15 de octubre de 2013 inició un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la Sindicatura Municipal, y otro en contra de la Comisión de Desarrollo Policial.
José Francisco Ávila Ceniceros entró a la SSPM en 1997, en el más reciente antidoping resultó positivo en consumo de metanfetamina, “sin que haya justificado el uso de las mismas por prescripción médica”.
Al agente Mario Aceves Medina, en nómina desde 2006, el examen antidopaje arrojó positivo a metanfetamina y anfetamina. Este agente inició un procedimiento en contra de la Oficialía Mayor por iniciar los trámites para su remoción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y solicitó un recurso de revisión desde julio de 2013.
A Rosendo Valdez Pardo, oficial desde 2004, el consumo de alcohol le impide cumplir sus responsabilidades laborales, razón por la cual ya enfrentó un proceso administrativo en 2011. Y en 2013 salió positivo en el antidoping.
Guillermo Ayala Castillo, uniformado desde 2004, estuvo suspendido por seis meses durante 2011 por dar positivo al uso de anfetaminas, además, admitió haber ingerido marihuana, cocaína y cristal, y tiene varias actas relacionadas con su ingesta de alcohol.
En su entrevista, Fernando Muñiz Crisosto, oficial desde 2006, refirió haber consumido cocaína y cristal, cinco veces entre 2012 y 2013, y otras cinco en el último año (2014). Adrián Medina, con ingreso en 2000, también resultó con problemas de alcoholismo,
En todos estos casos, lo mínimo que se recomendó fue retirarles el arma, y su remoción, ante los antecedentes y falta de apego al trabajo.

También hay falsificadores

Los casos menos graves, según las medidas que ha tomado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, son los agentes falsificadores, quienes pese a la evidente comisión de un delito, algunos ya fueron “perdonados” por el actual secretario Alejandro Lares Valladares, por lo menos así lo consideran en la tropa.
Como ejemplo señalan el caso de Omar Green de la Cerda, suspendido en abril de 2014 por hacer trampa en los exámenes en la Universidad Humanitas donde estudia Derecho; en agosto de 2014 se hizo público que era investigado junto a otros 30 elementos por haber entregado documentos falsos para ingresar, en su caso, un certificado de preparatoria que no tienen registro en la Secretaría de Educación Pública; sin embargo fue reinstalado sin problemas como subdirector operativo de la Policía Municipal en octubre de 2014.
ZETA tuvo acceso a otros 16 expedientes donde se hace notar que los policías falsificaron alguno de los documentos que acreditaban su escolaridad, en ese caso están:
Francisco Gómez Casillas, Alberto González Rodríguez, Carlos Vázquez Castorena, Fernando Aguilar Hernández, Ricardo Medina Chicas, Josué Salomón Matuz, David Rojas García, Elena Carlos Cervantes, Mateo Granados Arévalo, Juan Gallardo, Raymundo Joaquín Navarro, Rubén Sánchez Carrillo, Jaime de la Cruz , Guillermo Castro González, Juan Carlos Ornelas Durán y Epigmenio González Rodríguez.
El delito de falsificación está considerado en el Código Penal Federal y en el del Estado de Baja California, en el primero castigado de seis meses a cuatro años de prisión, y en el local, con cuatro a ocho años de cárcel.
Y se aplica “… al que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado”, y también que lo use.

Otros

Entre los policías que el C3 reporta como no aprobados existen expedientes como el agente Joel Othón, a quien consideran no recomendable porque se resiste a la autoridad; José Hernández, de quien refieren, se involucra en discusiones y vulnera “la confidencialidad de la información” porque platica afuera lo que sucede al interior de la corporación. O el caso de Gabriel Rivera, policía desde 2004 a quien se recomendó iniciar procedimiento de separación definitiva porque no se presentó a los exámenes de confianza.

Policía no acreditada

En estas condiciones, policías no acreditados, adictos, con antecedentes penales en México y Estados Unidos, así como colaboradores del crimen organizado, torturadores y corrompidos, prestan servicio a la comunidad en la Policía Municipal de Tijuana, con Patricia Sida como directora y Alejandro Lares Valladares en calidad de secretario de Seguridad.
De los 154 agentes reprobados, ninguno ha sido procesado, ni despedido. En condiciones no recomendables, siguen portando placa y arma.

Gemelos violentados por municipales, siguen siendo hostigados

Aunque su caso avanza por lo menos en Sindicatura Municipal de Tijuana, dos jóvenes gemelos que denunciaron abusos por parte de la Policía Municipal a principios de 2014, continúan señalando que son víctimas de trato hostil por parte de uniformados de la delegación Cerro Colorado.
El caso de los hermanos Ricardo Moisés y Jesús Rogelio Flores Castro, consignado en el expediente 13/2014 de la Sindicatura, fue enviado a la Comisión Disciplinaria Policial el lunes 5 de enero del presente año, ya que en la investigación previa, se encontraron elementos que pudieran terminar en la separación de los policías involucrados.
Se trata de los uniformados Hugo René Ríos Verdugo y Pedro César Velazco Munguía.
Depende de una determinación colegiada en la Comisión que los elementos continúen o no en la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Entre los integrantes están el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares; el síndico procurador, Arturo Ledesma; la secretaria técnica de la Comisión, Martha Bermúdez; la directora de Policía y Tránsito, Patricia Sida, entre otros.
El jueves 2 de enero de 2014, los hermanos Flores Castro fueron detenidos cerca de su domicilio, en la ampliación Guaycura, junto a otras dos personas. Según su dicho, fueron golpeados en diversas ocasiones.
La Policía reportó que se les encontró un arma, balas y tarjetas bancarias, sin embargo, los que entonces eran menores de edad, alegaron que se trató de evidencia sembrada.
Por lo anterior, se les ingresó al Centro de Diagnóstico para Adolescentes para después abrirles un expediente en el Juzgado Especializado de Justicia para Adolescentes.
Después de un año de los hechos, de acuerdo a Rogelio Flores, padre de los gemelos, sus hijos no se han librado de malos tratos por parte de uniformados de la delegación, que han llegado a su domicilio en la colonia Guaycura.
Relató que el 29 de diciembre de 2014, un elemento de la SSPM esposó a uno de sus hijos afuera de su casa y sin argumentos, advirtiéndole que se cuidara.
Simultáneamente, por los hechos del año anterior, los quejosos dan seguimiento a una denuncia presentada por abuso de autoridad, cuya investigación está siendo integrada en el expediente 198/12/211. Saúl Ramírez

Prometen mandos y síndicos, 100 por ciento de evaluación policial

Para el mes de agosto de este año, todos los policías municipales deberán haber sido evaluados por el Centro Estatal de Control y Confianza (C3) del Estado, según se acordó durante una reunión entre mandos policiales y síndicos procuradores de los cinco ayuntamientos.
En junta privada celebrada el martes 13 de enero en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), se tomaron otros acuerdos como la definición de “operativos conjuntos entre las corporaciones”, “protocolos de atención a incidentes de alto impacto”, disminución en el tiempo de “respuestas en atención a llamadas de emergencia” e “identificación y registro de detenidos a través del Sistema Afis Estatal”.
Sin embargo, como prioridad se trabajó en el fortalecimiento de órganos de asuntos internos de las policías para la evaluación y castigo de elementos reprobados por el C3. Las visitadoras pertinentes para dar seguimiento a policías estatales y ministeriales, y las sindicaturas para hacer lo propio con los elementos municipales.
“Hay diversas estrategias, de áreas de inteligencia de las corporaciones, fortalecimiento y coordinación de áreas de asuntos internos que deben estar bien compactadas con la Sindicatura”, declaró Daniel de le Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado.
De la Rosa destacó que de 2007 a diciembre de 2013, se han depurado 3 mil 12 elementos estatales y municipales, mientras que en 2014 fueron despedidos 101 uniformados, contando solo la SSPE. De la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Perla del Socorro Ibarra, el funcionario comentó que en 2014 se dio de baja a 14 policías ministeriales reprobados en el C3.
En la edición 2127 de ZETA, se informó cómo de 423 policías municipales de Baja California que resultaron no aprobados por el C3 en 2014, se inició proceso a 385, pero finalmente fueron despedidos por esta causa solo 22, tres en Mexicali, tres en Tijuana, cuatro en Ensenada, nueve en Tecate y tres en Playas de Rosarito.
En el encuentro estuvieron presentes el General Gabriel García Rincón, Comandante de la Segunda Zona Militar; Martín Ortiz Lerma, delegado de la Procuraduría General de la República; Rubén Campos Padilla, delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); Bernardo Castañeda Hernández, encargado interino de la Coordinación Estatal de la Policía Federal; los síndicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito: Arturo Ledesma, Humberto Zúñiga, Alfonso Ochoa, Daniel de León y Tomás de la Rosa, respectivamente.
De igual manera, los titulares de dependencias de Seguridad Pública Municipal: Alejandro Monreal, director en Mexicali; Enrique Villarreal en Ensenada, Alejandro Lares en Tijuana, Juan Bartolomé Lam en Tecate, y Joaquín Antonio Olea en Playas de Rosarito. Saúl Ramírez

Hombre abatido por gendarmes, no disparó

Desde las siete de la noche del domingo 11 de enero, la Mesa 12 de la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación Tijuana, está a cargo de la investigación de las balaceras en las que estuvieron involucrados ocho elementos de la Gendarmería Nacional.
Las primeras diligencia ministeriales muestran que, de entrada, las evidencias no cuadran con las versiones de los elementos federales.
La información es poco clara, los agentes federales se negaron a declarar ante las autoridades locales que llevaron la investigación las primeras horas, y los datos que dieron el día de los hechos, cuando solicitaron apoyo de las corporaciones locales, fueron confusas.
Pasadas las 3:30 pm de la sábado 10 de enero de 2015, el C4 remitió la solicitud de apoyo, el llamado era porque un grupo de gendarmes había sido atacado en Rosarito. Primero dijeron que mientras circulaban por una colonia del quinto municipio, pasó un hombre en moto, les disparó e hirió a los agentes Israel Torres Castillo y Julio César López Mora, quienes repelieron la agresión y mataron al atacante.
Después la versión fue que tenían un retén a la entrada de la colonia Loma Altas I, que le marcaron el alto al hombre de la moto, éste no obedeció, les disparó, hirió a dos y huyó, lo persiguieron y lo mataron. Quedó muerto dentro de su casa.
Cuando los gendarmes pidieron apoyo, no supieron informar cual era su ubicación, por eso la ayuda local tardó en llegar y, para cuando las corporaciones arribaron al lugar de los hechos, los policías federales ya se habían ido a la Cruz Roja de Rosarito, donde fueron atendidos, uno con herida en la mejilla y otro en una pierna.
Las primeras horas, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado tuvo el expediente, los agentes Torres Castillo y López Mora se negaron a declarar, razón por la que quedaron en calidad de detenidos.
La Subprocuraduría de Rosarito trabajó la primera criminalística y, el domingo 11 de enero, pasaron el expediente a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de la PGJE, que lo tuvo unas horas hasta que la PGR ejerció su facultad de atracción.
Hasta el momento, lo que las autoridades pudieron aclarar fue que en la entrada de la colonia donde supuestamente estuvo el retén, no se encontraron casquillos de ningún calibre. Donde sí encontraron casquillos fue en el patio y la casa móvil donde vivía Darryl Anderson, el estadounidense de 60 años abatido e identificado como el atacante de los gendarmes. La casa estaba cercada y cerrada, por lo que no presentaba libre acceso para los agentes.
Conforme a las pruebas periciales, el norteamericano salió negativo a la prueba de rodizonato, lo que significa que no disparó el arma calibre 32 que se encontró en la mano del cadáver, arma que sí fue activada dentro de la casa móvil porque se localizaron dos casquillos, pero Anderson no la percutió.
En la escena se localizaron otros ochos casquillos calibre 9 milímetros, procedentes de las armas de cargo de los gendarmes, cuatro casquillos estaban en el patio y otros cuatro dentro de la casa. De acuerdo a las pruebas periciales, uno de los dos gendarmes lesionados sí disparó, y arrojó positivo a la prueba de rodizonato.
Al momento, el Ministerio Público federal sigue realizando diligencias y se contempla que pueda tener avances a mediados de la siguiente semana.
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