POR CORRUPTOS, INHABILITA JUEZ A DOS MINISTERIOS PUBLICOS

Skorpio 02.10.14 21:06

POR CORRUPTOS, INHABILITA JUEZ A DOS MINISTERIOS PUBLICOS

Pese a ello, el agente del ministerio público, José Guadalupe González Navarrete, “El Lupillo”, sigue activo, mientras que Marco Antonio Loaeza Ibarra, ya puso tierra de por medio

Afirman que ambos recibieron un millón de pesos y varios autos, por reclasificar un delito de homicidio calificado por encubrimiento, y de esta forma beneficiar a seis agentes federales que participaron en el asesinato de un estudiante de la FES Acatlán

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Por J. MARTIN PONCE R.

TLALNEPANTLA, Méx.- Un Juez ordenó inhabilitar a dos agentes del Ministerio Público, quienes de manera corrupta –con argucias legaloides- pretendieron reclasificar el delito de homicidio calificado por el de encubrimiento en favor de seis agentes federales quienes participaron en el homicidio de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

El pasado 8 de agosto el juez de Control y Juicios Orales en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Barrientos, Jorge Jesús Bernal, ordenó la suspensión de los agentes del ministerio público: José Guadalupe González Navarrete y Marco Antonio Loaeza Ibarra, ambos adscritos a la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales.

Pese a la determinación del juez, el agente del Ministerio Público, José Guadalupe González Navarrete, conocido como “El Lupillo, sigue campantemente laborando en dicha fiscalía en Tlalnepantla, pasándose por el Arco del Triunfo el ordenamiento del juez, sin que el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el fiscal Mario Gabriel Vargas Hernández, hagan algo porque se cumpla la justicia, pues, parece que ambos, o son encubridores o ignorantes de la justicia y de lo que ocurre dentro de su institución.

Cabe señalar que hasta el pasado viernes 22 de agosto, “El Lupillo” seguía laborando en su oficina del Ministerio Público, como si nada, pese a que él está enterado del ordenamiento del juez Bernal, lo que, demuestra que en el estado de México, la impartición de justicia está rezagada, amafiada y el tráfico de influencias está a la orden del día, pese a los discursos del gobernador Eruviel Ávila Villegas quien cacarea fuerte y quedito: que en el Edomex, hay cero tolerancia y mano firme en contra de los malos funcionarios y delincuencia.

Por lo que respecta al agente del ministerio público, Marco Antonio Loaeza Ibarra, quien se hallaba ejerciendo su trabajo en la región de Netzahualcóyotl, al momento de recibir la notificación de suspensión de labores, acató la disposición e inmediatamente dejó el cargo en la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales, no así, González Navarrete, “El Lupillo”, quien sigue muy campante, al menos, hasta el pasado fin de semana.

De buena fuente Mi CORRESPONSAL conoció que ambos ministerios públicos recibieron el millón de pesos y autos, para que reclasificara el delito de homicidio calificado por el de encubrimiento, pero, el juez Bernal al percatarse de que no había elementos, pruebas o testigos para reclasificar el delito, se opuso y el delito en contra de los agentes federales, siguió siendo el mismo: homicidio calificado.

Cabe señalar, que sobre este tema, el entonces procurador mexiquense, Miguel Angel Contreras Nieto, respondió a través de un escrito al juez Bernal –el 4 de octubre de 2013- que el delito era “homicidio calificado”, y no se cambiaba, por lo cual, los dos agentes del ministerio públicos quedaron desnudos ante sus maniobras corruptas y, hoy, todo indica que ambos servidores públicos tendrán serios problemas. Con esta actitud corrupta, los agentes del ministerio público se vendieron, pero, ya todo está claro.

Sin embargo, este caso está muy manoseado, además del cambio de procurador mexiquense, de dos fiscales y dos jueces, no se ha aplicado debidamente la ley. La juez que conoció primeramente el expediente, fue María Sonia López Sánchez, pero debido a sospechas y presiones de los familiares de la víctima, dejó el caso para que lo retomara el juez Jorge Jesús Bernal, quien sí se ha apegado al Derecho y a la justicia, tanto así, que recientemente ordenó la inhabilitación de ambos ministerios públicos de quienes se asegura que sí recibieron el millón de pesos y varios vehículos, pero, ellos no cumplieron con el trato, que era reclasificar el delito en favor de los agentes federales.

LA HISTORIA

La noche del pasado viernes 5 de abril de 2013 al filo de las 20:00 horas, los estudiantes de la FES Acatlán, Alejandro Reyes Díaz, de 23 años, y Francisco Javier Ramírez Viveros, también de 23 años, circulaban a bordo de un automóvil Dodge Neón por carriles centrales del periférico norte a la altura de Valle Dorado, cuando se registró el incidente automovilístico con un automóvil que llevaba el logotipo de TELMEX.

Tras el incidente, ambos vehículos se detienen, pero, uno de los tripulantes del otro auto, bajó armado y, al verlo los estudiantes se espantaron, regresaron a su automóvil y se alejaron del lugar, sin embargo, en ese mismo instante fueron baleados. Uno de ellos, Alejandro Gómez Díaz quien viajaba en el asiento del copiloto, resultó lesionado, pero falleció posteriormente cuando se le daban los primeros auxilios en un hospital de Tultitlán.

El automóvil de los estudiantes presentaba 23 impactos de bala calibre 9 milímetros. Ante esta situación y por ser un lugar de tráfico conflictivo, cotidianamente hay patrullas, por lo que, al percatarse del suceso y la balacera, por radio policías municipales de Tlalnepantla y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lograron percatarse de los hechos y de inmediato sometieron y detuvieron a los rijosos, quienes resultaron ser agentes federales. En el acto fueron aprehendidos seis de ello, pero, uno más, logró darse a la fuga.

Los agentes federales detenidos quienes viajaban a bordo de dos automóviles con logotipos de TELMEX son: José Luis Osorio Elizalde, Hugo Montejo Martínez, Gustavo Daniel Villegas Hernández, Aline Cuevas Escamilla, Luis Manuel García Jiménez y Leonardo Olivas Campos. El policía federal que huyó del lugar de los hechos, fue identificado como Edgar Rebolledo Romero, quien presuntamente hizo los disparos y mató al joven estudiante.

Mi CORRESPONSAL conoció que Rebolledo Romero cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio, sin embargo, hasta el momento sigue prófugo. Trascendió que lo han visto en el estado de Morelos, pero, hasta eso, parece que la procuraduría mexiquense bajo el cargo de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, está ciega, o no quiere ver la realidad, para procurar la justicia como es su deber y su obligación.

En síntesis, este caso es uno más de las injusticias que genera la corrupción oficial, pues tanto la procuraduría mexiquense, como la propia Policía Federal, teniendo la justicia en sus manos, no hacen nada por aprehender al ex policía federal quien a sangre fría asesinó a un joven estudiante de 23 años de edad, y podría hacer lo mismo en cualquier momento, sino es que ya lo hizo pues está identificado como un asesino peligroso, por lo que, nadie se explica cómo ingresó a las filas de la policía Federal.

Este caso no sólo conmovió sino que generó una gran rabia social, pero, como suele suceder en estos casos, hasta el momento, lo único que se ha visto es la corrupción, el tráfico de influencias, el abuso de poder, la extorsión y cohecho, pero, por ningún lado se ve la justicia, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene ya un expediente abierto sobre este delicado caso.

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