Encontradas irregularidades patrimoniales de 7 exfuncionarios tendrán que aclarar la procedencia

Aunque se tardaron entre cinco y hasta 17 años en detectar la compra de casas y de autos, y depósitos bancarios irregulares de siete exfuncionarios públicos, por fin la Secretaría de la Función Pública (SFP) los citó a comparecer para que aclaren la procedencia de sus bienes.

En la lista de funcionarios investigados fueron incluidos una excolaboradora del PAN, exagentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal (PF); así como un militar, un empleado de la Secretaría de Hacienda y otro más del Instituto Nacional de Cancerología, quienes deberán acudir dentro de los próximos 30 días a las oficinas de la SFP.

El perfil más interesante de los exservidores públicos se encuentra Mónica Jeanete Rodríguez Hernández, quien fuera secretaria técnica del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados durante cinco años, entre 1998 y 2003, donde trabajó junto a Felipe Calderón, entonces coordinador de los panistas entre 2000 y 2003.

La Función Pública, dentro del expediente 035/2013, detectó incongruencias en su patrimonio de 2005 a 2007, con depósitos en sus cuentas bancarias y en la adquisición de un inmueble y tres vehículos adquiridos por ella y sus familiares, con recursos de procedencia desconocida, justo cuando se desempeñaba como como subdirectora en la Dirección General de Recursos Materiales y Almacenes, y en la Coordinación de fuerzas Federales de Apoyo en la Policía Federal Preventiva, y en donde su función era manejar las licitaciones y adjudicación de contratos, y la administración de bienes.

Notas periodísticas difundieron que en 2007 elementos en activo presentaron diversas quejas ante la SFP por el desvío de recursos que debían destinarse a viáticos y alimentos para la tropa, mantenimiento vehicular y gasolina, y señalaron como principal responsable precisamente a Rodríguez Hernández, y el daño al erario rebasaría los 600 millones de pesos, de acuerdo a las primeras estimaciones de las autoridades. Rodríguez Hernández dejó el cargo aparentemente en 2008.

En el sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados se señala que bajo los expedientes ER-748/2011, ER-1065/2010, ER-571/2008 y ER-0058/2010, esta funcionaria ya fue sancionada, suspendida, amonestada, destituida e inhabilitada, hasta mayo del 2022, por abuso de autoridad y negligencia administrativa. La sanción que deberá pagar asciende a más de 11 millones 143 mil pesos, aunque ha impugnado la resolución ante tribunales, todavía no ha ganado.

El caso en el que la Función Pública tardó más tiempo en investigar, 17 años en total, fue el de Ulises Pinto Madera, quien trabajaba en la Policía Federal (PF), y detectó depósitos de origen desconocido en sus cuentas bancarias y las de su esposa en las declaraciones patrimoniales de 1997, 1998, 1999, 2001 y 2002.

Pero se trata del mismo funcionario que en 2008 fue detenido en Cancún, Quintana Roo, junto con un operador del Cártel del Golfo, Rafael del Ángel Vélez Morales, y otras siete personas. En esa ocasión, Pinto Madera declaró ser policía en activo y lo era, apenas en ese año fue dado de baja, y apenas ahora se le investiga por irregularidades en su patrimonio, el cual aparentemente creció significativamente a pesar de ganar sólo 12 mil pesos mensuales.

Antes de ingresar a la PF, Pinto Madera se fu suboficial en la Secretaría de Seguridad Pública, adscrito a La Tinaja, Veracruz.

De la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la Función Púbica investiga a Francisco Javier Jiménez Sánchez, quien fuera agente federal de investigación de esa área entre los años 2000 a 2008, y quien registra prácticamente durante todo su trabajo en la institución, en el 2000 y de 2002 a 2007, depósitos irregulares en sus cuentas bancarias.

Jiménez Sánchez ya fue acusado en 2009, como parte de la “Operación Limpieza” de la PGR, porque presuntamente entregó información oficial a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, pero nunca fue detenido y todavía, en febrero pasado, la PGR ofrecía recompensa por su captura, pero es apenas hasta ahora que la Función Pública revisa su patrimonio.

La SFP investiga a Marco Antonio Gallejos Castilleja, agente del Ministerio Público de la PGR del 2001 al 2008. De acuerdo con la secretaría y el expediente 040/2013, también aprovechó muy bien su cargo, pues registra compra de casas y cuatro vehículos, además de depósitos bancarios irregulares del 2002 al 2007.

Álvaro Serralde Espitia primero fue cabo escribiente del Batallón de Tropas del Asalto del Cuerpo de Guardias Presidenciales en el Ejército, de 1996 a 2001, y luego se convirtió en inspector del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del 2002 al 2006, y las irregularidades habrían sido cometidas en 2003, 2005 y 2006.

Otro inspector del SAT que aparece en la lista es Paulino Peñaloza Carmen, quien laboraba directamente en el área de Administración Central de la Unidad de Apoyo para Inspección Fiscal y Aduanera, de donde salió en 2009. Su expediente en la Función Pública sostiene que en los ejercicios fiscales del 2002 al 2006, registró depósitos irregulares y compró dos vehículos que no reportó.

El séptimo funcionario citado por la SFP es Jorge Arturo Vázquez Durán, quien laboraba en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Cancerología, por ejercer indebidamente su cargo y para que explique porqué omitió agotar la investigación relacionada con la expedición de un cheque, por 239 mil 143.24 pesos, que por error cubrió la Sociedad Médica del Instituto en el pago de boletos de avión para viajar al extranjero.