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Ahora que “Mamá Rosa” está presa, que el gobierno se haga cargo de los niños desemparados, exige Red
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Ahora que “Mamá Rosa” está presa, que el gobierno se haga cargo de los niños desemparados, exige Red
Dani 19.07.14 17:19
Ahora que “Mamá Rosa” está presa, que el gobierno se haga cargo de los niños desemparados, exige Redim
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– Los niños rescatados del albergue La Gran Familia, localizado en Zamora, Michoacán, reflejan los vacíos institucionales y legislativos que existen en México para la garantía de los derechos de los cerca de 30 mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casas hogar, coincidieron organismos defensores de derechos humanos y activistas que, ante el caso ocurrido el pasado 15 de julio, se mostraron preocupados por los infantes. Ayer, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se pronunció por los menores que se encuentran en albergues, en específico por los que eran cuidados por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, alias “Mamá Rosa”.
El organismo indicó que el abandono de los menores se da desde las instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que los canaliza hacia otro tipo de albergues y luego no les da seguimiento.
El organismo civil exigió al gobierno federal determinar la responsabilidad de las autoridades que fueron omisas y su participación en el envío, seguimiento y supervisión de la situación de niños y niñas de La Gran Familia, así como que investiguen detalladamente cada uno de los casos.
”Es un caso paradigmático porque en cada tramo que se puede analizar en torno a lo que se ha actuado, a lo que se dejó de hacer, encontramos profundos vacíos institucionales y por supuesto omisiones graves del Estado mexicano frente a la protección de niños y niñas”, denunció.
En el mismo sentido, se pronunciaron diversas personalidades de México, quienes manifestaron que el caso parece más una persecución política hacia “Mamá Rosa”, que una oportunidad para velar por los menores.
De acuerdo con autoridades federales, las 596 personas (278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos y 138 mayores de edad) que rescataron de la casa hogar La Gran Familia eran víctimas de Rosa Verduzco.
Se han citado testimonios de niños presuntamente abusados sexualmente; se han facilitado fotos, y se ha responsabilizado a “Mamá Rosa” de las condiciones de miseria, suciedad y hacinamiento en las que supuestamente vivían los niños que ella apoyaba.
Además, la directora del albergue La Gran Familia ha sido exhibida por el gobierno federal como una criminal, aunque ni siquiera cuenta con una orden de aprehensión, como ayer lo reconoció el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón Lucio.
“En esta operación se trata, por lo visto, no de proteger a los niños sino de destruir a Rosa Verduzco, acusada ante los medios antes de haber sido citada. Se trata de ensuciar su larga vida de atípica madre de siete mil niños. ¿Quiénes son sus enemigos tan radicales y tan bien protegidos?”, opinó el periodista Alberto Ruy-Sánchez sobre el caso.
Hasta el momento, el gobierno no ha dicho qué hará para sustituir esos albergues llenos de suciedad, que son los únicos lugares a donde pueden acudir los huérfanos o abandonados en Michoacán, un estado afectado por una larga guerra entre bandas del crimen organizado y fuerzas federales.
¿Y LOS NIÑOS?
Redim pide al gobierno federal medidas para garantizar la seguridad de los niños de la casa hogar de “Mamá Rosa”. Foto: Cuartoscuro
La Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) reporta que en México hay cerca de 29 mil 310 menores que se encuentran en 703 instituciones enfocadas a su atención y cuidado.
Sin embargo, denunció que se desconoce el número exacto, su situación jurídica y las condiciones de seguridad en que viven niñas y niños en los albergues. Por su parte, la Redim señaló que este abandono de los menores se da desde las instituciones nacionales como el DIF, que los canaliza hacia otro tipo de albergues y luego no les da seguimiento. También mencionó la falta de apoyos económicos, de supervisión de acciones y de información sobre la situación en cada uno de estos lugares de asistencia.
“Recordamos a las autoridades que las intervenciones en este tipo de espacios deben realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos de la infancia, es decir, sin separar a hermanos o hermanas que puedan encontrarse en esta situación, o llevando niñas y niños a otra ciudad.
Esta precaución tiene especial relevancia al considerar que el Estado Mexicano no cuenta con albergues propios para trasladar al número tan alto de niñas y niños que han rescatados, lo que puede llevar a revictimizarlos o estigmatizarlos al movilizarlos abruptamente”, publicó el organismo civil en un comunicado.
Mencionó que el Estado tiene la responsabilidad de brindar seguridad a las niñas y los niños que fueron liberados, darles el tratamiento necesario para que puedan recuperarse.
Asimismo, dijo que se debe respetar el debido proceso de las o los acusados, y especialmente cuidar la cadena de custodia de las instalaciones para recuperar evidencias evitando la impunidad por un proceso de investigación mal logrado.
Dijo que un caso como éste, obliga al gobierno mexicano a reconocer la necesidad de contar con un “Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia” el cual podría ser la alternativa para que estos hechos no ocurran, o bien sean atendidos de forma expedita y coordinada por las autoridades.
Al mismo tiempo exhortó al poder legislativo para avanzar en una Ley General de Cuidados Alternativos, “ya que sin una regulación que establezca de forma clara y articulada las funciones y responsabilidades de las autoridades que intervienen en casos como este, será difícil proteger los derechos de niños y niñas en esta situación”.
http://www.sinembargo.mx
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– Los niños rescatados del albergue La Gran Familia, localizado en Zamora, Michoacán, reflejan los vacíos institucionales y legislativos que existen en México para la garantía de los derechos de los cerca de 30 mil niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casas hogar, coincidieron organismos defensores de derechos humanos y activistas que, ante el caso ocurrido el pasado 15 de julio, se mostraron preocupados por los infantes. Ayer, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se pronunció por los menores que se encuentran en albergues, en específico por los que eran cuidados por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, alias “Mamá Rosa”.
El organismo indicó que el abandono de los menores se da desde las instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que los canaliza hacia otro tipo de albergues y luego no les da seguimiento.
El organismo civil exigió al gobierno federal determinar la responsabilidad de las autoridades que fueron omisas y su participación en el envío, seguimiento y supervisión de la situación de niños y niñas de La Gran Familia, así como que investiguen detalladamente cada uno de los casos.
”Es un caso paradigmático porque en cada tramo que se puede analizar en torno a lo que se ha actuado, a lo que se dejó de hacer, encontramos profundos vacíos institucionales y por supuesto omisiones graves del Estado mexicano frente a la protección de niños y niñas”, denunció.
En el mismo sentido, se pronunciaron diversas personalidades de México, quienes manifestaron que el caso parece más una persecución política hacia “Mamá Rosa”, que una oportunidad para velar por los menores.
De acuerdo con autoridades federales, las 596 personas (278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos y 138 mayores de edad) que rescataron de la casa hogar La Gran Familia eran víctimas de Rosa Verduzco.
Se han citado testimonios de niños presuntamente abusados sexualmente; se han facilitado fotos, y se ha responsabilizado a “Mamá Rosa” de las condiciones de miseria, suciedad y hacinamiento en las que supuestamente vivían los niños que ella apoyaba.
Además, la directora del albergue La Gran Familia ha sido exhibida por el gobierno federal como una criminal, aunque ni siquiera cuenta con una orden de aprehensión, como ayer lo reconoció el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón Lucio.
“En esta operación se trata, por lo visto, no de proteger a los niños sino de destruir a Rosa Verduzco, acusada ante los medios antes de haber sido citada. Se trata de ensuciar su larga vida de atípica madre de siete mil niños. ¿Quiénes son sus enemigos tan radicales y tan bien protegidos?”, opinó el periodista Alberto Ruy-Sánchez sobre el caso.
Hasta el momento, el gobierno no ha dicho qué hará para sustituir esos albergues llenos de suciedad, que son los únicos lugares a donde pueden acudir los huérfanos o abandonados en Michoacán, un estado afectado por una larga guerra entre bandas del crimen organizado y fuerzas federales.
¿Y LOS NIÑOS?
Redim pide al gobierno federal medidas para garantizar la seguridad de los niños de la casa hogar de “Mamá Rosa”. Foto: Cuartoscuro
La Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) reporta que en México hay cerca de 29 mil 310 menores que se encuentran en 703 instituciones enfocadas a su atención y cuidado.
Sin embargo, denunció que se desconoce el número exacto, su situación jurídica y las condiciones de seguridad en que viven niñas y niños en los albergues. Por su parte, la Redim señaló que este abandono de los menores se da desde las instituciones nacionales como el DIF, que los canaliza hacia otro tipo de albergues y luego no les da seguimiento. También mencionó la falta de apoyos económicos, de supervisión de acciones y de información sobre la situación en cada uno de estos lugares de asistencia.
“Recordamos a las autoridades que las intervenciones en este tipo de espacios deben realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos de la infancia, es decir, sin separar a hermanos o hermanas que puedan encontrarse en esta situación, o llevando niñas y niños a otra ciudad.
Esta precaución tiene especial relevancia al considerar que el Estado Mexicano no cuenta con albergues propios para trasladar al número tan alto de niñas y niños que han rescatados, lo que puede llevar a revictimizarlos o estigmatizarlos al movilizarlos abruptamente”, publicó el organismo civil en un comunicado.
Mencionó que el Estado tiene la responsabilidad de brindar seguridad a las niñas y los niños que fueron liberados, darles el tratamiento necesario para que puedan recuperarse.
Asimismo, dijo que se debe respetar el debido proceso de las o los acusados, y especialmente cuidar la cadena de custodia de las instalaciones para recuperar evidencias evitando la impunidad por un proceso de investigación mal logrado.
Dijo que un caso como éste, obliga al gobierno mexicano a reconocer la necesidad de contar con un “Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia” el cual podría ser la alternativa para que estos hechos no ocurran, o bien sean atendidos de forma expedita y coordinada por las autoridades.
Al mismo tiempo exhortó al poder legislativo para avanzar en una Ley General de Cuidados Alternativos, “ya que sin una regulación que establezca de forma clara y articulada las funciones y responsabilidades de las autoridades que intervienen en casos como este, será difícil proteger los derechos de niños y niñas en esta situación”.
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