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¿Por qué la gente marchó a favor de “El Chapo”?
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¿Por qué la gente marchó a favor de “El Chapo”?
¿Por qué la gente marchó a favor de “El Chapo”?
Por: Eduardo González Velázquez (@contodoytriques)
1 de marzo de 2014. Para muchas comunidades del país los jefes de los cárteles de la droga se han convertido en verdaderos proveedores de los bienes y servicios que debería asegurar el Estado a través del gobierno. De nadie es desconocido que un porcentaje significativo del flujo monetario que sostiene a varias comunidades agrícolas abandonadas en las sierras mexicanas proviene de los grupos criminales. Con ello aseguran mano de obra, pero sobre todo protección, y la activación de una fuerte base social cuando sea necesario.
No vayamos más lejos, en muchas ocasiones la misma actividad política y las campañas electorales son financiadas por el crimen organizado con la finalidad de garantizar la impunidad de sus acciones.
Esto viene a explicar en parte las marchas de apoyo a Joaquín El Chapo Guzmán Loera en las ciudades de Mocorito, Guamúchil y Culiacán, Sinaloa. Las pancartas exigiendo la liberación del capo nos dan a entender que al menos en ese estado, la pax del cártel de Sinaloa había venido a llenar el hueco dejado por las autoridades, y que con el nuevo inquilino del penal de máxima seguridad del Altiplano la gente duda mucho que continúe existiendo. Sin más, El Chapo hizo efectiva la máxima que dice: en política los vacíos se llenan.
Por lo tanto, frente al abandono gubernamental en el que viven millones de mexicanos no debemos llamarnos a sorpresa cuando miramos a una parte de la sociedad en torno a “benefactores” hacedores de dinero a través de actividades criminales, salir a las calles para exigir su liberación cuando son detenidos por la autoridad. La toma de las calles, desde luego, amerita un pago que el cártel está dispuesto a pagar. Más allá de condenar las manifestaciones culichis, urge realizar una revisión profunda y honesta sobre la bajísima calidad en el ejercicio de gobierno que potencian en la ciudadanía lo que vimos esta semana en Sinaloa.
Como en botica
La organización Observatorio Nacional Ciudadano informó que en México durante 2013 se denunció la comisión de un caso de extorsión cada hora. Las entidades con el mayor número de denuncias fueron el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Hidalgo, México, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, juntas acumularon más de 60 por ciento de las denuncias.
Asimismo, apuntó que la ‘‘cifra negra’’ de delitos de extorsión no denunciados ronda 97 por ciento (La Jornada, 28 de febrero de 2014). Frente a esta realidad no habrá reformas económicas suficientes para atraer los grandes capitales. Urge establecer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad los habitantes de este país.
En harinas de otro costal, la práctica de la consulta ciudadana va pero solo donde les conviene a los legisladores o en áreas insignificantes. Pero cuando se trata de la reforma energética, nada de nada. Así lo estableció el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, al afirmar que el asunto energético “es un tema vetado para ser sometido a una consulta ciudadana”. Nos siguen viendo como menores de edad, sin embargo, no deben olvidar que las sociedades suelen crecer.
El día de ayer el Poder Legislativo de Jalisco otorgó el nombramiento de “Benemérita Universidad de Guadalajara”, a la mayor casa de estudios del estado. Desde luego, para quienes somos “Leones Universitarios” es motivo de orgullo y satisfacción; razón por la cual no podemos dejar de mencionar que después de los discursos y los aplausos es necesario que la “Benemérita Universidad de Guadalajara” pase a las prácticas democráticas para realizar de mejor manera y con mayor transparencia sus actividades sustantivas. De lo contrario todo quedará en discursos huecos sin sustento en la realidad.
Correo: ihuatzio@hotmail.com
Twitter: @contodoytriques
Facebook: Eduardo González Velázquez
Por: Eduardo González Velázquez (@contodoytriques)
1 de marzo de 2014. Para muchas comunidades del país los jefes de los cárteles de la droga se han convertido en verdaderos proveedores de los bienes y servicios que debería asegurar el Estado a través del gobierno. De nadie es desconocido que un porcentaje significativo del flujo monetario que sostiene a varias comunidades agrícolas abandonadas en las sierras mexicanas proviene de los grupos criminales. Con ello aseguran mano de obra, pero sobre todo protección, y la activación de una fuerte base social cuando sea necesario.
No vayamos más lejos, en muchas ocasiones la misma actividad política y las campañas electorales son financiadas por el crimen organizado con la finalidad de garantizar la impunidad de sus acciones.
Esto viene a explicar en parte las marchas de apoyo a Joaquín El Chapo Guzmán Loera en las ciudades de Mocorito, Guamúchil y Culiacán, Sinaloa. Las pancartas exigiendo la liberación del capo nos dan a entender que al menos en ese estado, la pax del cártel de Sinaloa había venido a llenar el hueco dejado por las autoridades, y que con el nuevo inquilino del penal de máxima seguridad del Altiplano la gente duda mucho que continúe existiendo. Sin más, El Chapo hizo efectiva la máxima que dice: en política los vacíos se llenan.
Por lo tanto, frente al abandono gubernamental en el que viven millones de mexicanos no debemos llamarnos a sorpresa cuando miramos a una parte de la sociedad en torno a “benefactores” hacedores de dinero a través de actividades criminales, salir a las calles para exigir su liberación cuando son detenidos por la autoridad. La toma de las calles, desde luego, amerita un pago que el cártel está dispuesto a pagar. Más allá de condenar las manifestaciones culichis, urge realizar una revisión profunda y honesta sobre la bajísima calidad en el ejercicio de gobierno que potencian en la ciudadanía lo que vimos esta semana en Sinaloa.
Como en botica
La organización Observatorio Nacional Ciudadano informó que en México durante 2013 se denunció la comisión de un caso de extorsión cada hora. Las entidades con el mayor número de denuncias fueron el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Hidalgo, México, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, juntas acumularon más de 60 por ciento de las denuncias.
Asimismo, apuntó que la ‘‘cifra negra’’ de delitos de extorsión no denunciados ronda 97 por ciento (La Jornada, 28 de febrero de 2014). Frente a esta realidad no habrá reformas económicas suficientes para atraer los grandes capitales. Urge establecer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad los habitantes de este país.
En harinas de otro costal, la práctica de la consulta ciudadana va pero solo donde les conviene a los legisladores o en áreas insignificantes. Pero cuando se trata de la reforma energética, nada de nada. Así lo estableció el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, al afirmar que el asunto energético “es un tema vetado para ser sometido a una consulta ciudadana”. Nos siguen viendo como menores de edad, sin embargo, no deben olvidar que las sociedades suelen crecer.
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