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GUERRERO, UN ESTADO HACIA EL ABISMO
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GUERRERO, UN ESTADO HACIA EL ABISMO
Skorpio 02.03.14 20:50
March 2, 2014
GUERRERO, UN ESTADO HACIA EL ABISMO
Con la captura del Chapo Guzmán todo perdió importancia, hasta el intenso mes que se acaba de vivir en Guerrero. En los últimos 30 días, las cifras oficiales han reportado 70 muertos por la violencia del crimen organizado. La suma no oficial quizá nunca la sepamos. Entre las víctimas hay policías federales, empresarios, sicarios o profesores. El motivo de estos asesinatos es variopinto: emboscadas, ataques, ajuste de cuentas y otras tantas, cuyas circunstancias las víctimas se lo llevaron a la tumba.
A principios de febrero, otro hallazgo aún más cruel volvió a cimbrar la frágil entereza de los cientos de familias que esperan noticias de algún familiar desaparecido: 32 cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina cerca de las comunidades Puente Campuzano y Mezcaltepec, municipio de Taxco, al norte del estado. La noticia apenas salió de los diarios del estado.
Ante esos hechos, sumaron 20 los municipios donde el cuerpo de fuerzas comunitarias, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), impuso presencia, sobre todo en la zona central del estado. En cada uno de esos lugares, los habitantes han formado policías ciudadanas y han exigido a las autoridades que les permitan vigilar sus pueblos. Las autoridades han reaccionado con recelo y cierta preocupación, porque los pueblos han expresado su hartazgo hacia las instancias oficiales encargadas de la seguridad.
El caso más sonado fue en el valle de El Ocotito: por sorpresa, ocho comunidades ingresaron a la UPOEG y comenzaron a patrullar sus pueblos. El Ocotito está a sólo unos 30 minutos de la capital por la carretera federal. Toda esa región era víctima de una banda de narcotraficantes que, con toda impunidad, secuestraba, extorsionaban y amenazaban a los habitantes. Este alzamiento cobró relevancia porque el 27 de enero, los pobladores cerraron el paso al convoy militar que llegó a desarmar a las defensas. Un día después, en una asamblea ante miles de personas, un empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián, acusó al alcalde Mario Moreno Arcos (ahí presente) de bribón y de estar vinculado con el narco.
Minutos después de la reunión, la camioneta de Damián fue rafagueada cuando llegaba a la capital guerrerense. El empresario salió ileso, pero su nuera murió en el ataque. Esa misma noche, Damián Huato responsabilizó al alcalde del atentado y se refugió en el cuartel militar. Moreno Arcos envió un comunicado donde lamentaba el ataque; al día siguiente acompañó al gobernador en una gira por la ciudad. Aunque la investigación sigue su curso y Mario Moreno declaró como involucrado, las aspiraciones políticas del alcalde se difuminan.
A partir de ahí el estira y afloja es cotidiano. La UPOEG avanzó hacia Chilpancingo y durante varios días se esperaba una incursión a la capital. Pero no fue así. Sin embargo, el grado de simpatía con esta forma de organización ciudadana es alto. Según una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Guerrero, en una situación de peligro, un 76.7% de la población llamaría a la Policía Ciudadana. Apenas, 6.1% llamaría al Ejército, 6.0% a la Marina, 5.7% solicitaría ayuda a la Policía Estatal y sólo 3.5 % confiaría en la Policía Ministerial. Un 21.3 por ciento de los habitantes llamaría a una institución oficial de seguridad.
En Guerrero también operan otros grupos de defensa ciudadana: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), conformada por policías comunitarias tiene presencia en 77 comunidades de 12 municipios. Mientras que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, está presente en 14 de las pueblos de las regiones Costa Chica y La Montaña. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Guerrero hay grupos de autodefensa en 46 de los 81 municipios. Al dato anterior hay que sumarle el reciente alzamiento de habitantes de Teloloapan, en la Tierra Caliente guerrerense, quienes tomaron las armas para exigir un cese a la violencia en sus comunidades.
El triste colofón de estos 30 días fueron las bodegas que se encontraron en el DIF estatal, en Chilpancingo, con toneladas de ayuda humanitaria, al parecer, recibidas para los damnificados de la tormenta Manuel. Lo que empezó como una denuncia anónima el 11 de febrero, terminó con una irrupción de decenas de damnificados en las bodegas con paquetes de leche, comida para bebé, frijoles enlatados, salchichas, atún, avena, harina para tortilla, comida para perro y gato; arroz, frijol en grano, papel de baño, pañales, agua y aceite. El DIF alegó que la ayuda estaba ahí porque debía pasar por un proceso de verificación y clasificación.
Ante la crítica que generó esta barbaridad (no hay que olvidar que en Guerrero, a la cabeza en desnutrición y pobreza, es un pecado mortal desperdiciar comida), las autoridades estatales exculparon a Laura del Rocío Herrera de Aguirre, esposa del gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, y aseguraron que la culpa había sido de empleados. Ya con las bodegas vaciadas (varios camiones se llevaron la ayuda), el contralor dijo que nomás “fueron sólo 175 cajas de cereal y 75 frascos de mayonesa”.
Por si eso fuera poco, días después se encontró otra bodega, pero en esta se hallaron aparatos electrodomésticos. Como la carrera electoral comienza en cuatro meses, no pocos sospechan que esta ayuda será usada para atraer votos. El peine salió horas después: uno de los camiones encontrados en una de las bodegas con despensas, fue usado el 8 de febrero por el diputado federal perredista Jorge Salgado Parra, para llevar despensas al poblado de Mazatlán. Salgado, por cierto, suspira por la alcaldía de Chilpancingo. “El camión era rentado y las despensas las compré”, atajó el político.
Para Guerrero el año no pinta nada bien. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció que en 2013 Guerrero fue el segundo estado (después de Tamaulipas) con más secuestros, pues sumó 207. Asimismo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que Acapulco es la tercera ciudad más violenta del mundo.
Con esas credenciales la entidad se enfila a uno de los procesos electorales más convulsos de los últimos años. Al escenario actual, hay que agregarle que el clan Figueroa (priísmo de la más vieja y sangrienta guardia), amenaza con volver, cuando todos creíamos que se había extinto.
Vice
Posted by Texcoco De Mora
GUERRERO, UN ESTADO HACIA EL ABISMO
Con la captura del Chapo Guzmán todo perdió importancia, hasta el intenso mes que se acaba de vivir en Guerrero. En los últimos 30 días, las cifras oficiales han reportado 70 muertos por la violencia del crimen organizado. La suma no oficial quizá nunca la sepamos. Entre las víctimas hay policías federales, empresarios, sicarios o profesores. El motivo de estos asesinatos es variopinto: emboscadas, ataques, ajuste de cuentas y otras tantas, cuyas circunstancias las víctimas se lo llevaron a la tumba.
A principios de febrero, otro hallazgo aún más cruel volvió a cimbrar la frágil entereza de los cientos de familias que esperan noticias de algún familiar desaparecido: 32 cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina cerca de las comunidades Puente Campuzano y Mezcaltepec, municipio de Taxco, al norte del estado. La noticia apenas salió de los diarios del estado.
Ante esos hechos, sumaron 20 los municipios donde el cuerpo de fuerzas comunitarias, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), impuso presencia, sobre todo en la zona central del estado. En cada uno de esos lugares, los habitantes han formado policías ciudadanas y han exigido a las autoridades que les permitan vigilar sus pueblos. Las autoridades han reaccionado con recelo y cierta preocupación, porque los pueblos han expresado su hartazgo hacia las instancias oficiales encargadas de la seguridad.
El caso más sonado fue en el valle de El Ocotito: por sorpresa, ocho comunidades ingresaron a la UPOEG y comenzaron a patrullar sus pueblos. El Ocotito está a sólo unos 30 minutos de la capital por la carretera federal. Toda esa región era víctima de una banda de narcotraficantes que, con toda impunidad, secuestraba, extorsionaban y amenazaban a los habitantes. Este alzamiento cobró relevancia porque el 27 de enero, los pobladores cerraron el paso al convoy militar que llegó a desarmar a las defensas. Un día después, en una asamblea ante miles de personas, un empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián, acusó al alcalde Mario Moreno Arcos (ahí presente) de bribón y de estar vinculado con el narco.
Minutos después de la reunión, la camioneta de Damián fue rafagueada cuando llegaba a la capital guerrerense. El empresario salió ileso, pero su nuera murió en el ataque. Esa misma noche, Damián Huato responsabilizó al alcalde del atentado y se refugió en el cuartel militar. Moreno Arcos envió un comunicado donde lamentaba el ataque; al día siguiente acompañó al gobernador en una gira por la ciudad. Aunque la investigación sigue su curso y Mario Moreno declaró como involucrado, las aspiraciones políticas del alcalde se difuminan.
A partir de ahí el estira y afloja es cotidiano. La UPOEG avanzó hacia Chilpancingo y durante varios días se esperaba una incursión a la capital. Pero no fue así. Sin embargo, el grado de simpatía con esta forma de organización ciudadana es alto. Según una encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Guerrero, en una situación de peligro, un 76.7% de la población llamaría a la Policía Ciudadana. Apenas, 6.1% llamaría al Ejército, 6.0% a la Marina, 5.7% solicitaría ayuda a la Policía Estatal y sólo 3.5 % confiaría en la Policía Ministerial. Un 21.3 por ciento de los habitantes llamaría a una institución oficial de seguridad.
En Guerrero también operan otros grupos de defensa ciudadana: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), conformada por policías comunitarias tiene presencia en 77 comunidades de 12 municipios. Mientras que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, está presente en 14 de las pueblos de las regiones Costa Chica y La Montaña. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Guerrero hay grupos de autodefensa en 46 de los 81 municipios. Al dato anterior hay que sumarle el reciente alzamiento de habitantes de Teloloapan, en la Tierra Caliente guerrerense, quienes tomaron las armas para exigir un cese a la violencia en sus comunidades.
El triste colofón de estos 30 días fueron las bodegas que se encontraron en el DIF estatal, en Chilpancingo, con toneladas de ayuda humanitaria, al parecer, recibidas para los damnificados de la tormenta Manuel. Lo que empezó como una denuncia anónima el 11 de febrero, terminó con una irrupción de decenas de damnificados en las bodegas con paquetes de leche, comida para bebé, frijoles enlatados, salchichas, atún, avena, harina para tortilla, comida para perro y gato; arroz, frijol en grano, papel de baño, pañales, agua y aceite. El DIF alegó que la ayuda estaba ahí porque debía pasar por un proceso de verificación y clasificación.
Ante la crítica que generó esta barbaridad (no hay que olvidar que en Guerrero, a la cabeza en desnutrición y pobreza, es un pecado mortal desperdiciar comida), las autoridades estatales exculparon a Laura del Rocío Herrera de Aguirre, esposa del gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, y aseguraron que la culpa había sido de empleados. Ya con las bodegas vaciadas (varios camiones se llevaron la ayuda), el contralor dijo que nomás “fueron sólo 175 cajas de cereal y 75 frascos de mayonesa”.
Por si eso fuera poco, días después se encontró otra bodega, pero en esta se hallaron aparatos electrodomésticos. Como la carrera electoral comienza en cuatro meses, no pocos sospechan que esta ayuda será usada para atraer votos. El peine salió horas después: uno de los camiones encontrados en una de las bodegas con despensas, fue usado el 8 de febrero por el diputado federal perredista Jorge Salgado Parra, para llevar despensas al poblado de Mazatlán. Salgado, por cierto, suspira por la alcaldía de Chilpancingo. “El camión era rentado y las despensas las compré”, atajó el político.
Para Guerrero el año no pinta nada bien. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció que en 2013 Guerrero fue el segundo estado (después de Tamaulipas) con más secuestros, pues sumó 207. Asimismo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que Acapulco es la tercera ciudad más violenta del mundo.
Con esas credenciales la entidad se enfila a uno de los procesos electorales más convulsos de los últimos años. Al escenario actual, hay que agregarle que el clan Figueroa (priísmo de la más vieja y sangrienta guardia), amenaza con volver, cuando todos creíamos que se había extinto.
Vice
Posted by Texcoco De Mora
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
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