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GUERRERO.- Confío en Dios, no en el gobierno: víctima de extorsión
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GUERRERO.- Confío en Dios, no en el gobierno: víctima de extorsión
Skorpio 15.02.14 0:00
Confío en Dios, no en el gobierno: víctima de extorsión
En Guerrero se cometieron 124 mil 888 delitos del fuero común en 2013; los dos municipios con mayor número de ilícitos fueron Acapulco, con más de 56 mil, y Chilpancingo rebasó los 17 mil, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública
“Señor Rodríguez, ya venimos por lo que acordamos con ‘su hijo’”, le dijo un sujeto mientras lo tomaba del brazo como si fueran amigos y lo sacaba de su negocio en el centro de Chilpancingo. En la calle, en un auto compacto y una camioneta, había unos hombres que al verlos levantaron sus armas como parte del proceso de intimidación; afuera de los vehículos también estaban unos jóvenes en actitud sospechosa, distribuidos en varios puntos, algo inusual en la avenida.
El comerciante, quien pide guardar el anonimato, pues “el miedo es el miedo y todo mundo está temeroso de sufrir represalias”, recuerda que respondió: “Estoy de acuerdo, pero sólo le pido que me cobre lo mismo que a los demás”; entonces quedó el pago de mil 500 a la semana, seis mil pesos al mes.
Como el caso del señor Rodríguez en la capital guerrerense hay cientos; propietarios de negocios a quienes les cobran de mil 500 hasta 3 mil 500 pesos, señala Pioquinto Damián Huato, representante de la Canaco en Chilpancingo.
“Es la ciudad de la impunidad”, lamenta, pues pese a los operativos de los gobiernos estatal y federal, apoyados por el Ejército y a Marina, la violencia está imparable, dice. Tan sólo en 2013 documentó 64 casos de extorsión; no todos presentaron denuncias ante las autoridades ministeriales porque “están aterrorizados”, afirma.
Pero no es el único municipio en la entidad. En Acapulco, comercios establecidos, parianes y mercados en colonias de la zona suburbana siguen siendo focos rojos, los propietarios reportan que son víctimas de secuestro, robo y extorsiones por presuntos grupos de la delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Canaco y titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, estima que al menos 350 negocios en la zona se encuentran cerrados ante los niveles de violencia.
Señala que como empresario y parte del Consejo de Seguridad estatal se ha solicitado a las autoridades gubernamentales mayor vigilancia policiaca en colonias de la zona suburbana y un programa integral, que vaya de la mano con la reactivación económica que por los problemas de la delincuencia está provocando su cierre.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), los dos municipios más violentos de Guerrero son Acapulco y Chilpancingo.
A nivel estatal, el número de extorsiones aumentó de 36 en 2006 a 174 en 2013, mientras que los secuestros crecieron de 21 a 207, en ese lapso, y los homicidios se incrementaron de 837 a dos mil 87.
“Violencia inédita”
El señor Rodríguez asegura que en los más de 70 años que tiene de vida nunca había visto una época tan violenta, con un desorden social, en el que están involucradas las autoridades, asegura.
“Yo sólo confío en Dios, porque en el gobierno no. Ellos saben quiénes son y dónde están, pero no hacen nada, por eso todos tenemos miedo”; así resume la visión de la violencia que se vive.
Y más aún, esta semana, “en pleno corazón de Chilpancingo” —denuncia otra persona— entraron 40 personas a la casa de un vecino, cerca de las 22:45 horas.
“Nadie se percató de que entró tanta gente y después de dos horas de aterrorizar a la familia secuestraron a un joven, aunque originalmente se querían llevar a un bebé”, narra el vecino con nerviosismo. Relata que el joven fue liberado, se desconoce si se pagó un rescate, lo que sí le comentaron es que “en el área donde estaba había otras ocho personas y le tocó oír que se llevaron a uno para matarlo”, según dijeron los plagiarios.
La historia, aunque dramática, es común en la zona. Todos conocen a algún familiar, amigo cercano o vecino que fue amenazado con ser secuestrado o extorsionado.
“A otro amigo comerciante le pidieron 10 millones de pesos y no sabía ni qué hacer; nunca supe si los pagó, pero todos tenemos miedo”, comenta, mientras señala que esa persona consideró salir del estado, incluso del país, para ponerse a salvo junto con su familia.
En esa situación se encuentra Damián Huato, quien sufrió un atentado el 28 de enero, en el que murió su nuera y su hijo resultó lesionado. En su caso hay once detenidos, pero sigue siendo presa del temor y analiza pedir asilo político en Canadá o Estados Unidos.
El líder de los empresarios asegura que las autoridades policiacas estatales y federales están haciendo lo que pueden, pero no han podido detener las extorsiones, entre otro tipo de delitos.
“Te asaltan, te quitan tu auto a plena luz del día”, afirma, cuyos ilícitos, asegura, se las han reportado por los mismos comerciantes y vecinos, a quienes recibe en su casa, que se encuentra custodiada por elementos policiacos desde que sufrió el atentado.
A pregunta expresa sobre si los empresarios aportan recursos a las guardias comunitarias, el señor Rodríguez responde: “Eso quisiéramos, pero no podemos, nos pondríamos en riesgo; la gente de los pueblos les ayuda, les lleva comida, frijolitos, arroz, tortillas, y hasta les dan vehículos y gasolina”.
Resalta que apoyan las acciones de estos grupos ante el acoso que sufren del crimen organizado, como ocurrió en su caso, aunque ahora ya no paga el cobro de piso.
Resalta que después de que los empresarios se unieron, acudieron ante las autoridades para hablar de la problemática, sin presentar denuncias, y un día el mismo sujeto que fue a cobrar la cuota le dijo que “le traigo razón del ‘jefe’; que ya trabajen a gusto, en paz, que nadie los va a molestar”.
De ahí sacó la conclusión de que las autoridades están coludidas con el crimen organizado, pues está convencido de que si no hubieran exigido acciones continuaría con el cobro de piso.
Relata que los delincuentes cobran por igual en todo tipo de negocios, sin importar las ganancias que puedan tener y sin investigar quiénes son los dueños o qué problemas tienen.
En su caso, asegura que un día estaba un trabajador en el mostrador y a él le dijeron: “Queremos hablar con el dueño, le dices que en ocho días venimos por la visita”.
Una semana después, un tipo entró al negocio y fue quien lo sacó para establecer el cobro. Jamás le aclaró que no era su hijo.
http://narcconoticias.blogspot.com.es/2014/02/confio-en-dios-no-en-el-gobierno-victima.html#more
En Guerrero se cometieron 124 mil 888 delitos del fuero común en 2013; los dos municipios con mayor número de ilícitos fueron Acapulco, con más de 56 mil, y Chilpancingo rebasó los 17 mil, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública
“Señor Rodríguez, ya venimos por lo que acordamos con ‘su hijo’”, le dijo un sujeto mientras lo tomaba del brazo como si fueran amigos y lo sacaba de su negocio en el centro de Chilpancingo. En la calle, en un auto compacto y una camioneta, había unos hombres que al verlos levantaron sus armas como parte del proceso de intimidación; afuera de los vehículos también estaban unos jóvenes en actitud sospechosa, distribuidos en varios puntos, algo inusual en la avenida.
El comerciante, quien pide guardar el anonimato, pues “el miedo es el miedo y todo mundo está temeroso de sufrir represalias”, recuerda que respondió: “Estoy de acuerdo, pero sólo le pido que me cobre lo mismo que a los demás”; entonces quedó el pago de mil 500 a la semana, seis mil pesos al mes.
Como el caso del señor Rodríguez en la capital guerrerense hay cientos; propietarios de negocios a quienes les cobran de mil 500 hasta 3 mil 500 pesos, señala Pioquinto Damián Huato, representante de la Canaco en Chilpancingo.
“Es la ciudad de la impunidad”, lamenta, pues pese a los operativos de los gobiernos estatal y federal, apoyados por el Ejército y a Marina, la violencia está imparable, dice. Tan sólo en 2013 documentó 64 casos de extorsión; no todos presentaron denuncias ante las autoridades ministeriales porque “están aterrorizados”, afirma.
Pero no es el único municipio en la entidad. En Acapulco, comercios establecidos, parianes y mercados en colonias de la zona suburbana siguen siendo focos rojos, los propietarios reportan que son víctimas de secuestro, robo y extorsiones por presuntos grupos de la delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Canaco y titular de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, estima que al menos 350 negocios en la zona se encuentran cerrados ante los niveles de violencia.
Señala que como empresario y parte del Consejo de Seguridad estatal se ha solicitado a las autoridades gubernamentales mayor vigilancia policiaca en colonias de la zona suburbana y un programa integral, que vaya de la mano con la reactivación económica que por los problemas de la delincuencia está provocando su cierre.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), los dos municipios más violentos de Guerrero son Acapulco y Chilpancingo.
A nivel estatal, el número de extorsiones aumentó de 36 en 2006 a 174 en 2013, mientras que los secuestros crecieron de 21 a 207, en ese lapso, y los homicidios se incrementaron de 837 a dos mil 87.
“Violencia inédita”
El señor Rodríguez asegura que en los más de 70 años que tiene de vida nunca había visto una época tan violenta, con un desorden social, en el que están involucradas las autoridades, asegura.
“Yo sólo confío en Dios, porque en el gobierno no. Ellos saben quiénes son y dónde están, pero no hacen nada, por eso todos tenemos miedo”; así resume la visión de la violencia que se vive.
Y más aún, esta semana, “en pleno corazón de Chilpancingo” —denuncia otra persona— entraron 40 personas a la casa de un vecino, cerca de las 22:45 horas.
“Nadie se percató de que entró tanta gente y después de dos horas de aterrorizar a la familia secuestraron a un joven, aunque originalmente se querían llevar a un bebé”, narra el vecino con nerviosismo. Relata que el joven fue liberado, se desconoce si se pagó un rescate, lo que sí le comentaron es que “en el área donde estaba había otras ocho personas y le tocó oír que se llevaron a uno para matarlo”, según dijeron los plagiarios.
La historia, aunque dramática, es común en la zona. Todos conocen a algún familiar, amigo cercano o vecino que fue amenazado con ser secuestrado o extorsionado.
“A otro amigo comerciante le pidieron 10 millones de pesos y no sabía ni qué hacer; nunca supe si los pagó, pero todos tenemos miedo”, comenta, mientras señala que esa persona consideró salir del estado, incluso del país, para ponerse a salvo junto con su familia.
En esa situación se encuentra Damián Huato, quien sufrió un atentado el 28 de enero, en el que murió su nuera y su hijo resultó lesionado. En su caso hay once detenidos, pero sigue siendo presa del temor y analiza pedir asilo político en Canadá o Estados Unidos.
El líder de los empresarios asegura que las autoridades policiacas estatales y federales están haciendo lo que pueden, pero no han podido detener las extorsiones, entre otro tipo de delitos.
“Te asaltan, te quitan tu auto a plena luz del día”, afirma, cuyos ilícitos, asegura, se las han reportado por los mismos comerciantes y vecinos, a quienes recibe en su casa, que se encuentra custodiada por elementos policiacos desde que sufrió el atentado.
A pregunta expresa sobre si los empresarios aportan recursos a las guardias comunitarias, el señor Rodríguez responde: “Eso quisiéramos, pero no podemos, nos pondríamos en riesgo; la gente de los pueblos les ayuda, les lleva comida, frijolitos, arroz, tortillas, y hasta les dan vehículos y gasolina”.
Resalta que apoyan las acciones de estos grupos ante el acoso que sufren del crimen organizado, como ocurrió en su caso, aunque ahora ya no paga el cobro de piso.
Resalta que después de que los empresarios se unieron, acudieron ante las autoridades para hablar de la problemática, sin presentar denuncias, y un día el mismo sujeto que fue a cobrar la cuota le dijo que “le traigo razón del ‘jefe’; que ya trabajen a gusto, en paz, que nadie los va a molestar”.
De ahí sacó la conclusión de que las autoridades están coludidas con el crimen organizado, pues está convencido de que si no hubieran exigido acciones continuaría con el cobro de piso.
Relata que los delincuentes cobran por igual en todo tipo de negocios, sin importar las ganancias que puedan tener y sin investigar quiénes son los dueños o qué problemas tienen.
En su caso, asegura que un día estaba un trabajador en el mostrador y a él le dijeron: “Queremos hablar con el dueño, le dices que en ocho días venimos por la visita”.
Una semana después, un tipo entró al negocio y fue quien lo sacó para establecer el cobro. Jamás le aclaró que no era su hijo.
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