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¡Maten a las mujeres! (Los estúpidos e inmorales son ellos, Lucero)
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¡Maten a las mujeres! (Los estúpidos e inmorales son ellos, Lucero)
Skorpio 08.10.13 20:20
¡Maten a las mujeres!
ÁLVARO DELGADO
7 DE OCTUBRE DE 2013
ANÁLISIS
MEXICO, D.F. (apro).- Algo está muy podrido en Guanajuato para que, como en ninguna otra parte de México, haya un auge en la matanza de mujeres a balazos, puñaladas, golpes, asfixia, degollamiento…
Las cifras son inauditas: En 2006 fueron 24 las mujeres asesinadas, un número inaceptable, pero en los primeros nueve meses de este año –hasta septiembre– va ya más del doble: 56. Y en ocho años se acumulan 335 feminicidios.
Los asesinatos de mujeres se multiplican anualmente: De las 24 de 2006, subieron a 31 en 2007; 38 al año siguiente y 44 en 2009; bajaron a 32 en 2010, pero se dispararon a 56 en 2011 y a 54 el año pasado.
En Guanajuato, donde hace 22 años Carlos Salinas le regaló el poder al Partido Acción Nacional (PAN), gobierna la hipocresía y la impunidad: Se defiende con rabia a los no nacidos, pero se avala el asesinato de las que dan la vida.
Por eso, con la moral de la Iglesia católica convertida en política pública, con el machismo y la misoginia de servidores públicos que criminalizan a las mujeres, no extraña que el gobierno del panista Miguel Márquez proteja al sujeto que quiso matar a golpes a una joven de 18 años de edad sólo por negarse a tener relaciones sexuales con él.
María Luz Salcedo Palacios, Lucero, pudo haberse convertido en la mujer asesinada número 57 de no ser porque, tras una brutal golpiza, pudo huir de su agresor, también de 18 años de edad, que desde entonces ha gozado de una inaceptable impunidad por parte del gobierno y del Poder Judicial.
Desde el 12 de septiembre, cuando Jasso la golpeó con saña en un paraje de la sierra de Santa Rosa –en la carretera hacia Dolores Hidalgo–, Lucero ha sido víctima varias veces, no sólo del agresor que ya debe varias y de altos servidores públicos varones, sino de mujeres que imparten justicia, como dos agentes del Ministerio Público y una juez.
Desde el mismo día de la agresión, Lucero padeció la infamia de la Procuraduría de Justicia: Cuando la joven era atendida de sus heridas ingresó al hospital el agresor que chocó cuando huía y fue colocado a dos camillas de distancia sin ninguna vigilancia.
No sólo eso: El agente del Ministerio Público, avalado por el procurador Carlos Zamarripa, quien a su vez consultó con el gobernador Márquez, sólo consignó al acusado por lesiones y abusos eróticos-sexuales, no como tentativa de violación y homicidio.
Y luego la juez Paulina Iraís Medina no sólo no dictó prisión preventiva, sino que se dedicó a justificar el proceder del sujeto y redujo la tentativa de homicidio a un simple “faje”.
Algo todavía peor: La asistencia sicológica que recibió Lucero fue en realidad un interrogatorio sobre temas personales e íntimos que luego fueron entregados al abogado del agresor.
En efecto, Luz Adriana Sánchez Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, le preguntó sobre el inicio de su vida sexual y hasta la ropa interior que llevaba puesta el día de la agresión, información que luego usó el abogado de Jasso para calificarla de “inmoral”.
Fue una amenaza cumplida: Antes de la audiencia Blanca Raquel Ramírez Tapia, también agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, le había advertido a Lucero que si decidía mantener la acusación contra quien quiso matarla, su vida íntima se haría pública.
Y es que el caso de Lucero se ha conocido por su arrojo para hacerlo público a través de su página de Facebook y ha contado con el respaldo de su familia, en especial de su padre, Fermín Salcedo, quien promueve en Change.org la petición de “Justicia para Lucero” que ya supera las 33 mil firmas.
Sin embargo, esta conducta para evitar la impunidad ha sido tomada por el gobernador –pariente de Carlos Medina Plascencia y cachorro de la organización ultraderechista El Yunque– como un desafío inaceptable.
Tal como lo reveló Arnoldo Cuéllar, www.zonafranca.mx, se ha puesto en marcha un operativo al más alto nivel para sabotear el caso jurídica, pero también mediáticamente.
La operación de silenciamiento del caso en los medios locales la efectúan funcionarios de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de ellos es la directora de comunicación social de esta última, Alicia Arias, quien se reunió con el directivo de un medio local para persuadirlo de minimizar el tema.
Escribió Arnoldo:
“La reunión ocurrió el pasado viernes 27 de septiembre en las oficinas del medio cuyo nombre nos reservamos. Arias, quien fue vocera del Instituto de la Mujer de Guanajuato en el gobierno de Vicente Fox, ya tiene antecedentes en este tipo de cabildeos en relación a escándalos mediáticos sobre el tema del género.
“Así ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Oliva cuando trató de minimizar el impacto de las denuncias periodísticas por las mujeres encarceladas por abortar, donde se trató de justificar cada una de las sentencias por homicidio en relación de parentesco, lo que finalmente fracasó ante la presión mediática y social que consiguió la liberación de las mujeres sentenciadas con una medida administrativa”.
Como si algo faltara en esta trama de impunidad, anota el director de ese medio digital, una abogada directamente adscrita al despacho del procurador Carlos Zamarripa, Alma Yadira Delgadillo Rangel, posteó en Facebook el pasado 3 de octubre, a través de su celular, un comentario en tono de burla hacia Lucero Salcedo:
“Tentativa de homicidio, tentativa de violación, secuestro?? Haber (sic) qué más se le ocurre…”
Con estas conductas de altos servidores públicos del gobierno panista estatal y del Poder Judicial de Guanajuato –mujeres incluidas–, la consigna parece ser inequívoca: “¡Maten a las mujeres!”
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
El agresor/violador
ÁLVARO DELGADO
7 DE OCTUBRE DE 2013
ANÁLISIS
 |
| Lucero denunció la golpiza en las redes sociales. Foto: Tomada de Twitter |
MEXICO, D.F. (apro).- Algo está muy podrido en Guanajuato para que, como en ninguna otra parte de México, haya un auge en la matanza de mujeres a balazos, puñaladas, golpes, asfixia, degollamiento…
Las cifras son inauditas: En 2006 fueron 24 las mujeres asesinadas, un número inaceptable, pero en los primeros nueve meses de este año –hasta septiembre– va ya más del doble: 56. Y en ocho años se acumulan 335 feminicidios.
Los asesinatos de mujeres se multiplican anualmente: De las 24 de 2006, subieron a 31 en 2007; 38 al año siguiente y 44 en 2009; bajaron a 32 en 2010, pero se dispararon a 56 en 2011 y a 54 el año pasado.
En Guanajuato, donde hace 22 años Carlos Salinas le regaló el poder al Partido Acción Nacional (PAN), gobierna la hipocresía y la impunidad: Se defiende con rabia a los no nacidos, pero se avala el asesinato de las que dan la vida.
Por eso, con la moral de la Iglesia católica convertida en política pública, con el machismo y la misoginia de servidores públicos que criminalizan a las mujeres, no extraña que el gobierno del panista Miguel Márquez proteja al sujeto que quiso matar a golpes a una joven de 18 años de edad sólo por negarse a tener relaciones sexuales con él.
María Luz Salcedo Palacios, Lucero, pudo haberse convertido en la mujer asesinada número 57 de no ser porque, tras una brutal golpiza, pudo huir de su agresor, también de 18 años de edad, que desde entonces ha gozado de una inaceptable impunidad por parte del gobierno y del Poder Judicial.
Desde el 12 de septiembre, cuando Jasso la golpeó con saña en un paraje de la sierra de Santa Rosa –en la carretera hacia Dolores Hidalgo–, Lucero ha sido víctima varias veces, no sólo del agresor que ya debe varias y de altos servidores públicos varones, sino de mujeres que imparten justicia, como dos agentes del Ministerio Público y una juez.
Desde el mismo día de la agresión, Lucero padeció la infamia de la Procuraduría de Justicia: Cuando la joven era atendida de sus heridas ingresó al hospital el agresor que chocó cuando huía y fue colocado a dos camillas de distancia sin ninguna vigilancia.
No sólo eso: El agente del Ministerio Público, avalado por el procurador Carlos Zamarripa, quien a su vez consultó con el gobernador Márquez, sólo consignó al acusado por lesiones y abusos eróticos-sexuales, no como tentativa de violación y homicidio.
Y luego la juez Paulina Iraís Medina no sólo no dictó prisión preventiva, sino que se dedicó a justificar el proceder del sujeto y redujo la tentativa de homicidio a un simple “faje”.
Algo todavía peor: La asistencia sicológica que recibió Lucero fue en realidad un interrogatorio sobre temas personales e íntimos que luego fueron entregados al abogado del agresor.
En efecto, Luz Adriana Sánchez Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, le preguntó sobre el inicio de su vida sexual y hasta la ropa interior que llevaba puesta el día de la agresión, información que luego usó el abogado de Jasso para calificarla de “inmoral”.
Fue una amenaza cumplida: Antes de la audiencia Blanca Raquel Ramírez Tapia, también agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, le había advertido a Lucero que si decidía mantener la acusación contra quien quiso matarla, su vida íntima se haría pública.
Y es que el caso de Lucero se ha conocido por su arrojo para hacerlo público a través de su página de Facebook y ha contado con el respaldo de su familia, en especial de su padre, Fermín Salcedo, quien promueve en Change.org la petición de “Justicia para Lucero” que ya supera las 33 mil firmas.
Sin embargo, esta conducta para evitar la impunidad ha sido tomada por el gobernador –pariente de Carlos Medina Plascencia y cachorro de la organización ultraderechista El Yunque– como un desafío inaceptable.
Tal como lo reveló Arnoldo Cuéllar, www.zonafranca.mx, se ha puesto en marcha un operativo al más alto nivel para sabotear el caso jurídica, pero también mediáticamente.
La operación de silenciamiento del caso en los medios locales la efectúan funcionarios de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de ellos es la directora de comunicación social de esta última, Alicia Arias, quien se reunió con el directivo de un medio local para persuadirlo de minimizar el tema.
Escribió Arnoldo:
“La reunión ocurrió el pasado viernes 27 de septiembre en las oficinas del medio cuyo nombre nos reservamos. Arias, quien fue vocera del Instituto de la Mujer de Guanajuato en el gobierno de Vicente Fox, ya tiene antecedentes en este tipo de cabildeos en relación a escándalos mediáticos sobre el tema del género.
“Así ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Oliva cuando trató de minimizar el impacto de las denuncias periodísticas por las mujeres encarceladas por abortar, donde se trató de justificar cada una de las sentencias por homicidio en relación de parentesco, lo que finalmente fracasó ante la presión mediática y social que consiguió la liberación de las mujeres sentenciadas con una medida administrativa”.
Como si algo faltara en esta trama de impunidad, anota el director de ese medio digital, una abogada directamente adscrita al despacho del procurador Carlos Zamarripa, Alma Yadira Delgadillo Rangel, posteó en Facebook el pasado 3 de octubre, a través de su celular, un comentario en tono de burla hacia Lucero Salcedo:
“Tentativa de homicidio, tentativa de violación, secuestro?? Haber (sic) qué más se le ocurre…”
Con estas conductas de altos servidores públicos del gobierno panista estatal y del Poder Judicial de Guanajuato –mujeres incluidas–, la consigna parece ser inequívoca: “¡Maten a las mujeres!”
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
El agresor/violador
Última edición por Skorpio el 22.10.13 11:49, editado 1 vez
Skorpio- Cantidad de envíos : 9873
Fecha de inscripción : 08/09/2009
Re: ¡Maten a las mujeres! (Los estúpidos e inmorales son ellos, Lucero)
Skorpio 22.10.13 11:49
Los estúpidos e inmorales son ellos, Lucero
Por: Alejandro Páez Varela - octubre 21 de 2013
María de la Luz Salcedo Palacios, conocida también como Lucero, perdió la virginidad a los 17 años. Lo sabemos ahora porque la jueza Paulina Iraís Medina Manzano, de Guanajuato, permitió que se usara ese argumento para tacharla de “inmoral”. Lucero se opuso a una violación que podría haber derivado en homicidio. Su victimario le propinó una golpiza brutal por decirle que no. Molesto, le destrozó el rostro y le dejó marcas en todo el cuerpo.
Ella pudo hacer lo que hace el 92.1 por ciento de los mexicanos, según el INEGI: irse a su casa con los madrazos, dar gracias al cielo porque no amaneció desnuda y sin vida en alguna acequia, y cerrar la boca. Pero no: la abrió. Y lo hizo por ella, y por todas las que –así lo sostuvo en una entrevista– no denuncian. Acudió a las instituciones; recurrió al Ministerio Público en Guanajuato. Ah, estúpida Lucero que no se dejó violar: ¡habría sido todo más fácil para esas instituciones! ¿Para qué se toma la molestia de ser el 7.9 por ciento que sí denuncia? A estas alturas, en ese estado católico que criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, estaría embarazada.
Seguramente se habría visto obligada a dejar la escuela y el año siguiente tendría que emplearse, tal vez, como sirvienta en… ¿les gusta, por ejemplo, la casa del presidente del Tribunal en Guanajuato, Alfonso Fragoso Gutiérrez, el mismo que no quiere investigar a los funcionarios negligentes “para no entorpecer el caso”? Estúpida Lucero que levanta la voz; que muestra en público los daños que provoca un hijo de esta sociedad machista que aplaude a las que cierran la boca y castiga a las que se defienden; que guarda en los sótanos de sus casas durante décadas los abusos sexuales de los sacerdotes para protegerlos (a ellos, claro, no a los niños).
Su agresor confeso, Miguel Ángel Jasso, anda por la calle. Estúpida Lucero, que es guapa: ¿qué no sabe que las mujeres bonitas se merecen que las tundan hasta la muerte si salen a la calle? ¿Por qué se atreve a salir de noche a divertirse en un estado en el que las autoridades despachan desde el cerro de Cristo Rey?
***
Guanajuato tiene una “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Le pongo comillas a propósito, porque me muero de la risa. Esa era la que, en teoría, tendría que haber garantizado a Lucero acceso a la justicia. La aprobó en noviembre del 2010 el Congreso local. Es un legajo de 52 artículos con los “principios y criterios” (también comillas deliberadas) que las autoridades deben acatar, incluso al generar políticas públicas, de acuerdo con una investigación de la periodista Carmen Pizano publicada en Zona Franca.
El artículo sexto, fracción IV, dice que se debe considerar violencia contra la mujer cuando alguna autoridad comete omisiones. Lucero estuvo el 12 de septiembre ante el Ministerio Público y una semana después la Procuraduría no había comenzado a investigar su caso. ¿De qué carajos sirve, pues, tener esas leyes? El 18 de octubre, más de un mes después del atentado, el presidente del Tribunal dijo que no se investigaría a los funcionarios negligentes y omisos “para no entorpecer las investigaciones”. Increíble.
Y un día antes, el 17 de octubre, el Gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que no se investigaría a los funcionarios porque ya estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ello. Doblemente increíble. (No los perdones, Padre, porque sí saben lo que hacen: se llama encubrimiento. O, si no es encubrimiento, entonces se llama estupidez).
***
Falló el Ministerio Público, que no movió un dedo hasta que Lucero apareció en Facebook mostrando la huella de la bestia que la tocó. Falló la Procuraduría, porque la negligencia y omisión derivó en la violación de los derechos humanos de Lucero.
Falló la Secretaría de Gobierno porque su obligación –establecida en la Ley– es vigilar que las entidades y dependencias “cumplan y respeten los derechos de las mujeres” y porque debe “vigilar que la representación legal se ejerza con respeto a los derechos humanos de las mujeres”.
Falló incluso la defensa de Lucero, la que por Ley le fue asignada: permitió que datos íntimos de ella salieran a la luz pública cuando el estúpido abogado mocho del agresor pudo decir que era una “inmoral”.
Falló la Secretaría de Salud, porque ni siquiera tiene personal para detectar actos de violencia y canalizarlos a resguardo como lo obliga la Ley.
Cuando Lucero llegó al hospital a atenderse, la pusieron a lado de Miguel Ángel Jasso, quien chocó después de dejarla molida a golpes.
Por supuesto que las estúpidas e inmorales son las personas a cargo de las instituciones de Guanajuato, no Lucero. Empezando con el Gobernador del Estado, y hasta el último agente que llevó su caso. Si de estúpidos e inmorales pretenden llenar el reino de los cielos, entonces todos nos hemos equivocado.
http://www.sinembargo.mx/opinion/21-10-2013/18383
Por: Alejandro Páez Varela - octubre 21 de 2013
María de la Luz Salcedo Palacios, conocida también como Lucero, perdió la virginidad a los 17 años. Lo sabemos ahora porque la jueza Paulina Iraís Medina Manzano, de Guanajuato, permitió que se usara ese argumento para tacharla de “inmoral”. Lucero se opuso a una violación que podría haber derivado en homicidio. Su victimario le propinó una golpiza brutal por decirle que no. Molesto, le destrozó el rostro y le dejó marcas en todo el cuerpo.
Ella pudo hacer lo que hace el 92.1 por ciento de los mexicanos, según el INEGI: irse a su casa con los madrazos, dar gracias al cielo porque no amaneció desnuda y sin vida en alguna acequia, y cerrar la boca. Pero no: la abrió. Y lo hizo por ella, y por todas las que –así lo sostuvo en una entrevista– no denuncian. Acudió a las instituciones; recurrió al Ministerio Público en Guanajuato. Ah, estúpida Lucero que no se dejó violar: ¡habría sido todo más fácil para esas instituciones! ¿Para qué se toma la molestia de ser el 7.9 por ciento que sí denuncia? A estas alturas, en ese estado católico que criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, estaría embarazada.
Seguramente se habría visto obligada a dejar la escuela y el año siguiente tendría que emplearse, tal vez, como sirvienta en… ¿les gusta, por ejemplo, la casa del presidente del Tribunal en Guanajuato, Alfonso Fragoso Gutiérrez, el mismo que no quiere investigar a los funcionarios negligentes “para no entorpecer el caso”? Estúpida Lucero que levanta la voz; que muestra en público los daños que provoca un hijo de esta sociedad machista que aplaude a las que cierran la boca y castiga a las que se defienden; que guarda en los sótanos de sus casas durante décadas los abusos sexuales de los sacerdotes para protegerlos (a ellos, claro, no a los niños).
Su agresor confeso, Miguel Ángel Jasso, anda por la calle. Estúpida Lucero, que es guapa: ¿qué no sabe que las mujeres bonitas se merecen que las tundan hasta la muerte si salen a la calle? ¿Por qué se atreve a salir de noche a divertirse en un estado en el que las autoridades despachan desde el cerro de Cristo Rey?
***
Guanajuato tiene una “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Le pongo comillas a propósito, porque me muero de la risa. Esa era la que, en teoría, tendría que haber garantizado a Lucero acceso a la justicia. La aprobó en noviembre del 2010 el Congreso local. Es un legajo de 52 artículos con los “principios y criterios” (también comillas deliberadas) que las autoridades deben acatar, incluso al generar políticas públicas, de acuerdo con una investigación de la periodista Carmen Pizano publicada en Zona Franca.
El artículo sexto, fracción IV, dice que se debe considerar violencia contra la mujer cuando alguna autoridad comete omisiones. Lucero estuvo el 12 de septiembre ante el Ministerio Público y una semana después la Procuraduría no había comenzado a investigar su caso. ¿De qué carajos sirve, pues, tener esas leyes? El 18 de octubre, más de un mes después del atentado, el presidente del Tribunal dijo que no se investigaría a los funcionarios negligentes y omisos “para no entorpecer las investigaciones”. Increíble.
Y un día antes, el 17 de octubre, el Gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que no se investigaría a los funcionarios porque ya estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ello. Doblemente increíble. (No los perdones, Padre, porque sí saben lo que hacen: se llama encubrimiento. O, si no es encubrimiento, entonces se llama estupidez).
***
Falló el Ministerio Público, que no movió un dedo hasta que Lucero apareció en Facebook mostrando la huella de la bestia que la tocó. Falló la Procuraduría, porque la negligencia y omisión derivó en la violación de los derechos humanos de Lucero.
Falló la Secretaría de Gobierno porque su obligación –establecida en la Ley– es vigilar que las entidades y dependencias “cumplan y respeten los derechos de las mujeres” y porque debe “vigilar que la representación legal se ejerza con respeto a los derechos humanos de las mujeres”.
Falló incluso la defensa de Lucero, la que por Ley le fue asignada: permitió que datos íntimos de ella salieran a la luz pública cuando el estúpido abogado mocho del agresor pudo decir que era una “inmoral”.
Falló la Secretaría de Salud, porque ni siquiera tiene personal para detectar actos de violencia y canalizarlos a resguardo como lo obliga la Ley.
Cuando Lucero llegó al hospital a atenderse, la pusieron a lado de Miguel Ángel Jasso, quien chocó después de dejarla molida a golpes.
Por supuesto que las estúpidas e inmorales son las personas a cargo de las instituciones de Guanajuato, no Lucero. Empezando con el Gobernador del Estado, y hasta el último agente que llevó su caso. Si de estúpidos e inmorales pretenden llenar el reino de los cielos, entonces todos nos hemos equivocado.
http://www.sinembargo.mx/opinion/21-10-2013/18383
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