Cuando el gobierno y la justicia española fue sobornada por el narcotráfico colombiano

Cuando el gobierno y la justicia española fue sobornada por el narcotráfico colombiano

En 1986, miembros de la judicatura española y del gobierno fueron sobornados a cambio de que no extraditaran a los Estados Unidos a los narcotraficantes Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, cabecillas de los cárteles de la cocaína más importantes del mundo: el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali.

Hoy, en Las Labores y los días, profundizamos en un suceso que en los medios españoles apenas fue mencionado pero que supuso un verdadero escándalo que salpicó al poder judicial, a la prensa y al gobierno de Felipe González, presidente del gobierno de España en aquel momento.

La extradición y el antiamericanismo

En España, la prensa se posicionó políticamente (los medios conservadores, a favor de la extradición a los Estados Unidos para contentar al gobierno Reagan y los medios de izquierdas a favor de enviar a los narcos a Colombia haciendo gala de ese antiamericanismo rancio que aún perdura). Así lo denunciaron periódicos colombianos como “El Espectador”, “New York Post”, “Miami Herald” o la propia fiscalía norteamericana.

Pero no solo en España, también en Colombia había opiniones dispares al respecto. El nobel García Márquez se posicionó a favor de la no extradición de ningún ciudadano colombiano a cárceles norteamericanas e incluso se mostró benevolente con algunos miembros del Cártel de Medellín como con su líder más carismático y sanguinario, Pablo Escobar. Y es que el envío de toneladas y toneladas de cocaína a los Estados Unidos no se veía moralmente como un delito y más entre aquella gente que consideraba a los “imperialistas” norteamericanos como enemigos.


Gilberto Rodríguez Orejuela

Un narco gallego en el Cártel de Medellín

Quise profundizar al respecto y me puse a trabajar recopilando todo tipo de información para comprobar la veracidad de los hechos, sin embargo no pude hallar indicio alguno de que esto fuera cierto. Solo conjeturas y las acusaciones de dos personas de dudosa credibilidad: una, el hijo de uno de los narcotraficantes; y la otra, un sicario del Cártel de Medellín. Por ello, acudí a otra fuente que quizá podía proporcionar algún atisbo de verdad.

Cuando entrevistamos a Don Ángel, ex narcotraficante gallego, acerca de sus andanzas junto al legendario capo del Cártel del Medellín, apodado “El Mexicano”, (ver el artículo, Confesiones de un ex narcotraficante: "El año que conocí a Gonzalo Rodríguez Gacha"), no pude evitar preguntarle sobre este caso de corrupción silenciado y del que apenas existían noticias. Don Ángel sonrío cuando le expuse mis preguntas al respecto y se comprometió a contarme todo lo que sabía. Sin duda, su testimonio sería clarificador gracias a su conocimiento del Cartel de Medellín y de su amistad con alguno de sus líderes.

El hijo del ajedrecista

Antes de mi entrevista con Don Ángel había leído “El Hijo del Ajedrecista”, escrito por Fernando Rodríguez Mondragón, hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela. En el libro, el autor recoge lo que su padre le contó cuando regresó de su cautiverio en España: “salir de allá nos costó 20 millones de dólares y Felipe González se quedó con cinco. Los emisarios del presidente español insistieron en que las elecciones estaban cerca y necesitaban el dinero, razón por la cual autorizaron la entrega”. Esta bomba de relojería apenas tuvo eco en España y ni siquiera la prensa se interesó por esta acusación.

Soborno a miembros del gobierno y a jueces

También había escuchado las declaraciones de otro testigo de la época, John Jairo Velásquez Vázquez, alias Popeye, sicario de Pablo Escobar, el cual, cumple aún condena en la prisión de máxima seguridad de Combita, a 130 kilómetros de Bogotá: “los capturaron por orden del fiscal especial antidroga, Antonio Jiménez, cuando salían de una casa en la calle del General Oraá de Madrid. Se pensaba extraditarlos a EEUU, para que pudieran ser juzgados por narcotráfico. Por esa razón, movieron sus fichas en Colombia y, con el inmenso poder corruptor de su organización criminal, lograron que la Justicia colombiana solicitara en tiempo récord su extradición. No sólo compraron voluntades, sino que entregaron 30 millones de dólares a jueces de la Audiencia Nacional y a miembros del Gobierno español, entonces presidido por Felipe González. Transportaron el dinero en el avión privado del patrón (Pablo Escobar), un Lear-Jet 25. Quien se ocupó de todo fue Diego Londoño White, persona encargada de las relaciones sociales del cartel de Medellín, ya fallecido. Sé que eran para la Audiencia Nacional y para el Gobierno, porque se necesitaban de los dos para poderlos extraditar a Colombia, ellos tomaban la decisión. El lobby de EEUU fue brutal, porque ellos los querían allá, y lo ganó el Gobierno colombiano. Gratis no hay nada”.

Don Ángel tenía una opinión muy definida sobre Popeye, el sicario de Pablo Escobar que daba verosimilitud al comentario del libro Fernando Rodríguez Mondragón.

“Yo no conocía a Popeye. En esa época creo que no estaba en el círculo de Pablo, ni en el de su primo, ni siquiera en el de Pinina (jefe de los sicarios de Escobar). Me da la impresión que habla de oídas y busca por todos los medios rebajar su condena implicando a quien haga falta con el Cártel de Medellín por lo que su credibilidad en este asunto al menos es nula”

El Cártel de Medellín “gobierna” Colombia

A principios de los años 80, el Cártel de Medellín gobernaba Colombia a su antojo. Su poder era tal que sus cabecillas estaban en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Sus miembros principales eran Pablo Escobar Gaviria (Rionegro, Antioquia), Gonzalo Rodríguez Gacha (Pacho, Cundinamarca); los hermanos Fabio, Jorge Luís y Juan David Ochoa (Medellín, Antioquia) y Carlos Lehder (Armenia Quindío).

Sin embargo, su impunidad e influencia en las instituciones gubernamentales y militares fue mermando cuando los Estados Unidos declararon la guerra contra el narcotráfico y presionaron al gobierno colombiano para lograr la extradición a cárceles norteamericanas de los narcotraficantes (el 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos provenía de Colombia). Además, algunos de sus miembros como Carlos Lehder o su líder más carismático, Pablo Escobar – en 1982 fue elegido parlamentario -, tuvieron la osadía de entrar en política, algo que no gustó nada a la oligarquía tradicional colombiana que se había repartido el poder durante décadas.

El Cártel de Cali

Asimismo, en la ciudad de Cali surgía un grupo emergente y más discreto liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela (Gilberto “el ajedrecista” y Miguel “El señor”), Helmer Herrera Buitrago “Pacho Herrera” y José Santacruz Londoño “El Estudiante”, denominado el Cártel de Cali. A finales de los 80, alcanzaría tal cuota de poder que su influencia en estamentos judiciales y en el gobierno sería incluso superior al de Cártel de Medellín.

Los narcos vivían con toda impunidad. Hasta el momento, la sociedad colombiana no se preocupó de esos “mágicos” (denominadas así en Colombia, las personas que de un día para otro amasan una enorme fortuna) pero la llegada de algunos de ellos a la política para obtener respetabilidad e inmunidad total para sus negocios ilícitos provocó las primeras reacciones. El afán de poder de uno de los más sanguinarios, el recién nombrado parlamentario Pablo Escobar, desató las alarmas y fue el propio Ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que denunció públicamente sus actividades de narcotráfico. Esta denuncia le costó la muerte el 30 de abril de 1984.

El Asesinato de Lara Bonilla

Este suceso cambió por completo la percepción de muchos colombianos de lo que estaba pasando. A raíz del asesinato de Lara Bonilla, el gobierno de Belisario Betancur ordenó el embargo de bienes a los narcotraficantes, y sometió los procesos por narcotráfico a la justicia militar. No obstante, la medida más importante fue la entrada en vigor del tratado de extradición con Estados Unidos.

Huida a España

El acoso nunca antes visto a los principales narcotraficantes del país llevó a algunos de estos a huir del país. Entre estos se encontraban Jorge Luis Ochoa Vásquez y Gilberto Rodríguez Orejuela, grandes capos de los cárteles de Medellín y Cali respectivamente. Habían decidido ir a España hasta que el revuelo por el asesinato de Lara Bonilla amainase y así establecer redes para la distribución de cocaína y lavado de dólares. Su presencia en Madrid moviendo enormes cantidades de dinero no pasó inadvertida a pesar de que utilizaban nombres falsos. Jorge Luis Ochoa usaba el nombre de Moisés Moreno Miranda y se había operado el rostro para pasar inadvertido y Gilberto Rodríguez Orejuela poseía papeles de Venezuela con el nombre de Gilberto González Linarez.

Sin embargo, el 15 de noviembre de 1984, ambos son detenidos en Madrid junto con sus esposas María Luisa Posada Echeverry y Gladys Miriam Ramírez Libreros por la Interpol en virtud del requerimiento de las autoridades de Estados Unidos. Se les intervino diez coches de lujo, tres millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias (Ochoa tenía en una cuenta 370.000 dólares, y Rodríguez Orejuela otra de 900.000 dólares). Además, fueron hallados en su residencia importantes documentos que mencionaban millonarias transacciones de cocaína desde Colombia. Concretamente, a Rodríguez Orejuela le decomisaron una libreta de contabilidad con operaciones de contrabando de más de 4.073 kilos de cocaína a Estados Unidos en un período no superior a los dos años.

Pero Ochoa y Rodríguez Orejuela, no estaban solos, contaban con la asesoría jurídica de importantes abogados españoles, entre ellos, Enrique Gimbernat, Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, Cuenca, Juan Garcés o Miguel Bajo, cuyos honorarios no eran pequeños. Estos, además, escribían artículos jurídicos al respecto o eran entrevistados por los medios acerca del transcurrir del caso, el cual, en un principio causó numerosa expectación pero poco a poco se fue silenciando inexplicablemente.

Una sentencia sospechosa

Estados Unidos y Colombia solicitaron su extradición y comenzó una ardua batalla legal en la que se dictaron una treintena de resoluciones, algunas contradictorias: primero, juzgarlos en España; más tarde, enviarlos a Estados Unidos; finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió la extradición de los dos narcos a Colombia por el principio de nacionalidad de los detenidos. Durante ese laberinto judicial, algún magistrado modificó sin razón aparente el sentido de su voto. Finalmente, en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a los dos narcos a Colombia.

El único voto en contra de la resolución de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de entregar a los narcos a Colombia fue el del consejero de Estado Gregorio Peces Barba. Su hijo Gregorio, expresidente del Congreso, describe la reacción de su padre: “Esa decisión le pareció inexplicable. Nunca la entendió. Estaba clarísimo que en Colombia les iban a soltar porque allí los reclamaban solo por contrabando de ganado.”

Tras pasar dos años en cárceles españolas esperando su extradición, finalmente en julio de 1986 son extraditados, pero no a Estados Unidos sino a su país de origen, para sorpresa e indignación de la autoridades norteamericanas. En Colombia, poco después de su llegada, quedarían en libertad.

La decisión de la extradición a Colombia y no a Estados Unidos no estuvo exenta de polémica e implicó a las más altas instancias políticas y judiciales. Se habló en su momento de sobornos y se entabló una lucha entre la izquierda supuestamente antimperialista, que exigía que no se les entregara a la justicia estadounidense, y el gobierno de González, más realista, que deseaba mantener buenas relaciones con el gobierno del entonces presidente, Ronald Reagan.

La implicación de Felipe González

Mi entrevista con Don Ángel, tras hacerle mención de todos estos hechos aquí expuestos, me recordó el libro “¿Aún podemos entendernos?”(Editorial Planeta), escrito por Miquel Roca y Lluís Bassets, donde se menciona que Felipe González le dijo irritado a Antonio Hernández Gil, presidente del Supremo, “Acabáis de poner en libertad a unos hijos de perra, asesinos, criminales”. Este dato contradecía lo que Fernando Rodríguez Mondragón, hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela mencionaba en su libro donde acusaba a Felipe González de cobrar cinco millones de dólares.

Don Ángel era escéptico y apoyaba la tesis del libro de Roca y Bassets. No creía que Felipe González hubiera cobrado dinero alguno de Rodríguez Orejuela pero si me dio una exclusiva. Hay que recordar que Don Ángel había convivido con los principales cabecillas del Cártel de Medellín en aquellos años y que tenía información de primera mano sobre lo que sucedió realmente. De hecho, pasó largas temporadas en Colombia y conocía muy bien a los hermanos de Jorge Luis Ochoa, Fabio y Juan David, y al mismo Pablo Escobar Gaviria, aunque con quien más amistad tenía era con Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mexicano”.

El Cartel de Medellín se ofreció a terminar con ETA



“Fabio Ochoa me contó que su hermano marchó a España porque pensaba que el gobierno de González, al ser socialista, era antiamericano pero se equivocó pese a que sus colegas y yo mismo ya le advertimos que no era así. Cuando fue apresado y enviado a la cárcel de Carabanchel junto al ajedrecista, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha propusieron al gobierno de González terminar con los cabecillas de ETA a cambio de la liberación de ambos ¿Te imaginas cómo?”

Este fue, según Don Ángel, el único conato de soborno a Felipe González: el fin de ETA a sangre y plomo. El presidente español desestimó la “ayuda” del Cártel de Medellín considerándola “ridícula y delirante”, y presionó todo lo que pudo al estamento judicial para que los dos narcos fueran extraditados a los Estados Unidos.

“La conducta de Felipe González, pese a lo que muchos pudieran pensar, y que conste que no es santo de mi devoción, fue intachable, pero no así la de algunos altos funcionarios de justicia que recibieron cantidades importantes de dinero y periodistas que silenciaron el caso a la opinión pública. Ambos estamentos sí que contribuyeron al retorno a Colombia de los dos narcotraficantes y recibieron sobornos para ello”.

¿Por qué estaban en España Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela?

Don Ángel también sostenía que la estancia de ambos en España era por motivos distintos. Jorge Luis Ochoa quería poner en marcha una red de blanqueo de dinero mientras que Rodríguez Orejuela quería establecer nuevas rutas para la distribución de la cocaína en Europa y convertir a España en un almacén de cocaina. Para ello compró voluntades, se alío con grandes empresarios españoles, estableció contactos y pagó fianzas a narcos gallegos locales que pasarían a la nómina del Cártel de Cali.

Nunca se supo por qué aquellos magistrados españoles tomaron la decisión de devolver a Colombia a dos de los narcotraficantes más buscados del mundo. Nunca se abrió una investigación al respecto. El silencio y un punto y aparte fue lo que quedó de aquel contencioso. Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela continuaron enviando y distribuyendo cocaína desde Colombia a los Estados Unidos y Europa.

http://laboresylosdias.blogspot.com.es/2013/03/cuando-el-gobierno-y-la-justicia.html