MÉXICO: Asesinatos, abusos policiacos e injusticia; el pueblo decide armarse

Skorpio 13.01.13 22:16

[Especial]
Por Proceso
13/01/2013 - 04:05 AM

Guerrero.- Tecpan de Galeana, municipio de la Costa Grande de Guerrero, es otra de las regiones del país incendiadas por la violencia del narcotráfico. Sicarios al servicio de los hermanos Beltrán Leyva o de “La Familia Michoacana”, de “Los Caballeros Templarios” o del cártel del Golfo, tienen sometidos y aterrados a los habitantes de varias comunidades y pueblos, muchos de ellos abandonados ya y reducidos a cenizas. Pero el problema se agrava porque, según constató “Proceso” en un recorrido por la zona, a las agresiones del crimen organizado se suman las del Ejército…

La violencia desatada por grupos del crimen organizado que pretenden el control de la Costa Grande y de la Tierra Caliente de Guerrero –zonas estratégicas para la producción y trasiego de estupefacientes– cobró al menos 925 vidas en esta entidad durante 2012, según un recuento del diario “Reforma”.

De acuerdo con fuentes policiales, el cártel de los Beltrán Leyva tendría el control de cinco de las siete regiones en que se divide Guerrero, por conducto de grupos más pequeños como el Cártel Independiente de Acapulco, “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”. En Tierra Caliente y en la Costa Grande los Beltrán se aliaron con otro grupo de la delincuencia para disputarse el territorio con “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios” y el cártel del Golfo.

Sólo en el tramo carretero que va de Coyuca de Benítez a Zihuatanejo, el semanario “El Sur”, en su edición del pasado 31 de diciembre, contabilizó 56 ejecutados, muchos de ellos con narcomensajes.

En la región de la sierra, donde muchos crímenes no se reportan, se generalizó el desplazamiento de comunidades amenazadas por grupos de la delincuencia organizada.

En Tecpan de Galeana al menos 20 comunidades han sido abandonadas, según informa el activista Leopoldo Soberanis, quien guía a “Proceso” en un recorrido por seis pueblos abandonados: La Palapa, Huamilito, Cuaulotal, El Banco, Ojo de Agua y La Ciénega.

El camino de terracería por el que se llega a los caseríos abandonados está bordeado de pastizales de más de un metro de altura. “Es la prueba del abandono. Hasta hace dos años por aquí pastaba ganado fino; cada día se recolectaban hasta 10 mil litros de leche y a la semana unos 300 becerros de engorda se trasportaban hasta Tecpan para su venta”, recuerda Soberanis.

El éxodo estuvo precedido de una docena de asesinatos y éstos a su vez de apariciones esporádicas de cuando menos 60 hombres encapuchados, vestidos con trajes de corte militar o de color negro y provistos de armas de grueso calibre, que se paseaban amenazantes por los pueblos.

“Al principio invitaban a la gente a que se fueran con ellos, y cuando vieron que nadie quería, comenzaron a amenazar. Le pedían a la gente que se saliera de los pueblos, y empezaron a matar gente”, narra uno de los guías del recorrido.

Según la información recabada por Soberanis, los pistoleros “son gente de Crescenciano ‘Chano’ Arreola Salto, y son ‘Caballeros Templarios’” que operan con Alberto Bravo, ‘El Gavilán’, y son financiados “con dinero del narcotráfico, secuestros y extorsiones”.

Cuenta el activista que los sicarios suelen llegar de improviso a las comunidades, reúnen a los habitantes y les exigen un pago mensual de 200 pesos por casa y mil por comercio.

Les piden además que se unan a su grupo delictivo “o de lo contrario tienen que abandonar sus casas y propiedades, incluyendo ganado; a los pobladores no los dejan sacar nada, ni siquiera sus documentos personales”.

RECORRIDO POR LA DESTRUCCIÓN

El recorrido por los pueblos abandonados deprime. En La Palapa los primeros en huir fueron los encargados de la caseta telefónica. La gente de “Chano” Arreola llamaba para amenazar y exigir cuotas.

En El Banco, la que fuera casa de Alejandro Acosta llama la atención. En la puerta de entrada una silla de bebé quemada da cuenta de la tragedia.

Una breve inspección deja claro que el incendio se inició en el fondo de la vivienda, lúgubre en su interior, donde el piso de cerámica reventó. En otras habitaciones sólo quedaron los tambores de metal de las camas. En un cuarto yacen desperdigados juguetes de bebé tiznados. En el área de la estancia no hay rastros de muebles y en la cocina sólo quedan algunos utensilios achicharrados.

Uno de los guías precisa que Alejandro y su familia huyeron antes del incendio. “Cuando él regresó a recuperar sus cosas y vio su casa quemada se volvió loco. Ahora está en un sanatorio en la Ciudad de México”.

En La Ciénega, manchones cenicientos y pilares ennegrecidos señalan que ahí antes había casas. De otras casas sólo quedó la obra negra, como la de doña Rufina Rangel Orozco. Ella fue de las últimas en abandonar La Ciénega. Fue el 24 de marzo de 2012. Huyó en una camioneta de pasajeros que llegó por los pocos que quedaban en el pueblo. Pasó una noche con sus hijos en San Luis La Loma y después regresó para rescatar sus pertenencias, pero encontró todo quemado.

Entrevistada en San Luis La Loma, doña Rufina cuenta que había decidido permanecer en La Ciénega porque entre el 15 y el 16 de marzo los sicarios se llevaron al señor Crescencio Hernández y a un joven de nombre Román. “Como yo acompañaba a las familias en los rezos en los que pedíamos a Dios que aparecieran esos señores, no quería dejarlas solas, hasta que un día nos dijeron que ya teníamos que irnos y me quedé solamente con lo que traía puesto”.

Los cuerpos de Román y Crescencio aparecieron después en el campo; el del segundo, devorado por los zopilotes, recuerda Luis Rey Pineda.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Algunas viviendas abandonadas también fueron allanadas por soldados, apunta Soberanis, quien ha recibido quejas de pobladores que descubrieron a soldados en la rapiña.

“En Huamilito, Francisco García Soberanis fue a la casa abandonada de su hijo, José García Ayvar, asesinado mientras ordeñaba, el 14 de julio de 2011. Cuando llegó vio a soldados que cargaban un camión militar con la estufa, el refrigerador, colchones, ventiladores y demás propiedades de su familia. Don Francisco reclamó y de inmediato bajaron las cosas. Ésa es una de las quejas de la gente de la sierra, que no sólo los delincuentes, sino también los soldados, han allanado las casas abandonadas y las han vaciado; es común ver camiones militares cargados de muebles; si acaso los tapan con lonas verdes.”

La rapiña es uno de los abusos cometidos por el Ejército en esta región. Detenciones arbitrarias, golpes, allanamientos, cateos ilegales, robos, agresiones físicas, tortura y ejecuciones extrajudiciales son algunas de las quejas integradas en 60 expedientes abiertos contra miembros de las Fuerzas Armadas en la región por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (“Contralínea”, 14 de octubre de 2012).

Entre los casos más graves está la presunta ejecución extrajudicial de seis hombres que fueron sacados de una fiesta familiar en el poblado de El Tule, el 1 de septiembre de 2012. Una de las víctimas, Jorge Granados Ávila, tenía 16 años; tres más –Héber Granados García, Bulmaro Granados Sánchez y José Olea López– tenían 17; José Carlos Atlixco Isidra tenía 23 y Joaquín Granados Vargas 37; este último estaba paralítico.

Los seis fueron llevados a un paraje de una ranchería conocida como El Guayabo. Para llegar a ese punto se necesita abrir por lo menos dos portones para ganado, caminar entre la maleza y sortear un riachuelo.

Los cuerpos de los hombres aparecieron cerca de una ladera. De acuerdo con los primeros peritajes, los seis fueron torturados. Los agresores se ensañaron con el hombre paralítico. Cuatro murieron de disparos en el pecho y dos en la cabeza, hechos a no más de cinco metros de distancia.

En El Tule, Solfina Vargas, madre de Joaquín Granados, dice de él: “Hacía ocho años que estaba en una silla de ruedas por un accidente; no le hacía males a nadie, no podía defenderse ni con un garrote”.

Antonia Ayvar Ureña, abuela de Jorge Granados Ávila, quien el 16 de septiembre de 2012 cumpliría 17 años, agrega: “Los guachos (soldados) llegaron y preguntaron los nombres de los que estaban en la casa. Había más hombres pero nomás se llevaron a los seis. Cuando el gobierno (soldados) se llevaba a mi niño yo traté de arrebatárselos pero me empujaron con sus armas”.

Otro caso reciente es el de Jorge Luis García, a quien se llevaron preso después de pescar camarones. “Los camarones quedaron tirados en el camino, pero los guachos dijeron que traiba armas y explosivos y que manejaba una camioneta. Así hay mucha gente inocente en la cárcel, por eso nunca pensamos que a los muchachos los iban a matar”, dice Solfina.

Las mujeres cuentan que desde hace cuatro años la comunidad de El Tule se ha visto particularmente acosada por miembros del 19 Batallón de Infantería.

“Llegan a las casas y se roban lo que quieren, hasta los trapeadores”, denuncia doña Graciela. “Esperemos que con este nuevo gobierno (de Enrique Peña Nieto) se corrijan las cosas porque ya nos cansamos. Ahí tengo mi machete y si se vuelven a meter a robar a mi casa por lo menos uno (soldado) me llevo, aunque después me lleven a mí”.

Antonia Ayvar dice que el 11 de septiembre se encontró con un par de vehículos militares llenos de soldados en el río. “Les grité: ‘¡Asesinos!’ Me contestaron: ‘Señora, cálmese si no quiere que le pase lo mismo’. Pero yo les seguí gritando porque tenía que maltratarlos. Ya no me importa nada si me quitaron lo que yo más quería en la vida, mi criatura. No tengo miedo”.

ACUSACIONES PUNTUALES

En la región los señalamientos contra mandos militares por su presunta colusión con los jefes del narcotráfico no son nuevos. En diciembre de 2008 aparecieron narcomantas en Petatlán, La Unión y Acapulco, en las que se acusaba al entonces comandante del 19 Batallón de Infantería, Víctor Manuel González Trejo, y a un tal mayor Palma, de proteger a Rogaciano Alba y de proporcionar soldados para “catear casas, desaparecer personas y matar gente”.

El 10 de septiembre, convocados por Leopoldo Soberanis, los habitantes de San Luis La Loma –uno de los poblados más grandes del municipio de Tecpan, localidad popularmente conocida como “San Luis La Goma” porque es paso obligado de los productores de goma de opio– decidieron bloquear la carretera Acapulco-Zihuatanejo para protestar por los atropellos cometidos por el Ejército.

Una de las personas que protestó ese día es Karina Serna Rodríguez, mujer morena, alta y de voz fuerte, originaria de San Luis La Loma y que dice estar dispuesta a lo que sea con tal de saber qué pasó realmente con su esposo, Raúl Magaña Otero.

Temprano en la mañana del 22 de enero de 2012, tras escuchar que llamaban a la puerta, Raúl, de oficio mecánico, fue a abrirla: unos 20 soldados del 19 Batallón de Infantería entraron violentamente a su casa, “la revisaron toda, hasta las almohadas, y se robaron lo que pudieron, hasta ropa interior de hombre y de mujer”, asegura Karina.

Mientras un grupo de militares saqueaba la casa, otros golpeaban a Raúl delante de Karina y sus tres hijos, de 16, 10 y 8 años. “Toda la gente se dio cuenta porque nosotros gritábamos; lo golpeaban en todo el cuerpo, le pusieron la cabeza entre las ramas de un árbol de naranjo y lo jalaban de los pies, lo golpearon hasta las 10 de la mañana y vomitaba sangre; a la casa llegaron más soldados; en total conté 36”.

A las 10 de la mañana los militares se llevaron a Raúl rumbo a Zihuatanejo, pero antes pasaron al 19 Batallón, en Petatlán. El 24 de enero Karina pudo ver a su marido en la subdelegación de la PGR en Zihuatanejo. “Estaba todo golpeado y me dijo que orinaba y defecaba sangre; me regresé a San Luis y en la noche me entero por la televisión que mi marido se había suicidado en el Cereso de Zihuatanejo”.

La versión oficial reproducida por medios locales asegura que Magaña fue detenido el 22 de enero por efectivos militares en calles de Tecpan de Galeana con armas de uso exclusivo del Ejército, que ingresó a las 13:00 horas al Centro de Readaptación Social y a las 19:30 lo descubrieron ahorcado “con una cuerda de hamaca” en los baños del penal.

Karina cuenta que su exigencia de verdad y justicia le ha acarreado represalias. Su familia es constantemente vigilada, automóviles con personas desconocidas los siguen, reciben llamadas anónimas amenazantes y la peor parte la ha llevado su hijo mayor, de 16 años, también mecánico.

“Un día llegó a la casa con la camioneta chocada. Una Hummer le pasó por encima; donde lo veían, los guachos lo agarraban y le preguntaban por gente armada. Lo peor ocurrió cuando empezó a recibir llamadas a su celular, le decían que su papá no estaba muerto, que lo estaba esperando en Zihuatanejo, que fuera por él; en varias ocasiones tuve que pedir ayuda para sacar a mi hijo del panteón: Llegaba a la tumba de su papá y rascaba y rascaba con las uñas, decía que estaba vivo”, confía Karina, quien al hablar de su hijo por primera vez en la charla toma aire para no llorar.

Karina, quien era ama de casa y ahora tiene que trabajar para mantener a sus hijos, no oculta su coraje contra el ex presidente Felipe Calderón, al que responsabiliza de la muerte de su marido por poner a los militares al frente de la guerra contra el narcotráfico.

“¿Quién es Felipe Calderón para ordenar a los guachos entrar a mi casa y llevarse a mi marido? Claro, él está ahora muy tranquilo con sus hijos y su mujer cuidados por guaruras que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Si me lo pusieran enfrente, me daría por bien servida si le planto dos cachetadas.”

SEÑALAN CORRUPCIÓN POLICIACA EN GUERRERO

Ante el ofrecimiento del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de reforzar el Operativo Guerrero Seguro (OGS), representantes de organizaciones civiles señalaron que no ha funcionado, pues fue puesto en marcha desde el año pasado y aun así ocurrió el levantamiento.

Para los activistas Manuel Olivares de la Serna, secretario técnico de la Red Guerrerense, y Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, algunos agentes de corporaciones de Seguridad federal, estatal y municipal están coludidas con agrupaciones del crimen organizado, por lo cual no se tiene los resultados.

“Estuvo el Operativo Guerrero Seguro a mitad del año pasado en Ayutla y los resultados pues han sido totalmente nulos”, sentenció Rosales Sierra.

“El programa de Guerrero Seguro está únicamente enfocado a garantizar cierta seguridad en los lugares turísticos, no a la población en general”.

“No hay resultados y por eso precisamente la población considera incluso que hay complicidad de los diferentes cuerpos policiacos o militares con algún grupo de la delincuencia organizada porque realmente no da resultados claros este programa”, sostuvo Olivares de la Serna.

El abogado de Tlachinollan cuestionó al Gobierno estatal cómo es que un grupo de personas civiles pudieron contrarrestar a la delincuencia organizada en un par de días, mientras las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal no lo hicieron.

“Hay complicidades, hay un marco que permiten, las mismas autoridades, las mismas instituciones permiten que la delincuencia organizada ande ahí”, acusó Rosales Sierra.

Por su parte, la regidora de la Comisión de Salud en el municipio de Ayutla de los Libres, Ana Bertha Cortes Salgado, reconoció que la inseguridad ha afectado en la operatividad del hospital de esa localidad.

“No tenemos más que un ginecólogo, un cirujano, un pediatra y un anestesiólogo, pero apenas el día de ayer me enteré que el anestesiólogo ya no va a firmar contrato por la inseguridad que se está viviendo en Ayutla.

PUEBLOS SE ARMAN CONTRA CRIMEN

Debido a la incapacidad del Gobierno de Guerrero para dar seguridad a la ciudadanía, otros municipios de la Región Costa Chica podrían levantarse en armas, advirtieron ayer organismos no gubernamentales.

San Marcos, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Marquelia, Tlacoachistlahuaca y San Luis Acatlán son los municipios considerados como focos rojos en esa zona de la entidad por las ONG, aunque sin descartar que en otras regiones se tengan más brotes.

El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares de la Serna, recordó que desde hace 17 años la Policía Comunitaria se formó ante la necesidad de autoprotección.

“Esto es un ejemplo que puede ampliarse a otros municipios de Guerrero. De alguna manera pudiera ser tomado en otros municipios del estado como una alternativa ante la gran inseguridad que se vive”, señaló Olivares de la Serna.

El abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, criticó las políticas del gobernador Ángel Aguirre, ya que no es la primera vez que durante esta administración la ciudadanía toma las armas para defenderse del crimen organizado.

“Vemos que esto se puede replicar si el Estado no lleva a cabo una reforma estructural de las policías, no depura sus cuerpos policiacos que tienen vínculos con el crimen organizado”, sostuvo el dirigente de Tlachinollan.

Los activistas coincidieron en que los pobladores de las localidades afectadas por el crimen organizado pudieran tomar el modelo de la Policía Comunitaria y el sistema de justicia comunitario ante la indefensión.

Igualmente criticaron que las autoridades no tienen una estrategia clara para el combate a la delincuencia organizada.

Por lo anterior hicieron un llamado a aquellas localidades a organizarse y alzar la voz hacia las autoridades gubernamentales.

“Aquí en Guerrero las comunidades están demostrado que el narco, que la delincuencia organizada no es invencible, que no se les debe de tener miedo siempre y cuando la población se organice”, dijo Rosales Sierra.

“Reforma” publicó que en dos municipios de la Costa Chica de Guerrero un grupo de pobladores tomó las armas, montó retenes y ordenó toques de queda para contener al crimen organizado.

Este grupo civil armado, en el cual participan unos 800 pobladores con escopetas y rifles de bajo calibre, ha detenido, tan sólo esta semana, a 37 presuntos delincuentes dedicados a la extorsión y el secuestro en las comunidades de Ayutla de los Libres y Tecoanapa.

Según los pobladores de estos municipios, los detenidos serán juzgados en una asamblea popular de acuerdo con sus usos y costumbres.

Ayer, una comitiva del Gobierno estatal se reunió en Ayutla con las autoridades locales y la ciudadanía para acordar los nuevos mecanismos de seguridad para que las corporaciones de seguridad retomen el control.

“No es posible que los presidentes municipales digan que no les compete garantizar la integridad física de las personas y que traten de hacerse a un lado.

“Tampoco es correcto que el Gobernador mismo esté pues saludando, felicitando esta iniciativa de la ciudadanía”, criticó el secretario técnico de la Red Guerrerense.

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