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México: Persiste la tortura en el estado de Guerrero
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México: Persiste la tortura en el estado de Guerrero
seven 31.10.12 23:03
30 octubre 2012.-
Existen decenas de ejemplos documentados de tortura, sin contar la cantidad de delitos de esa índole que no se denuncian.
En Guerrero no existe la tipificación del delito de tortura en su código penal a pesar de que persiste esta práctica. Aunado a esto prevalecen las deficiencias en la investigación de ese delito incluyendo la nula aplicación del Protocolo de Estambul, el rezago en la reforma del sistema de justicia penal y la subsistencia del fuero militar.
Existen decenas de ejemplos documentados de tortura, sin contar la cantidad de delitos de esa índole que no se denuncian. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan junto con otras organizaciones expondrá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su preocupación ante el rezago de la abolición de la tortura en México.
Lo anterior será en el marco de la revisión del quinto y sexto informes periódicos del Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU con arreglo al artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 31 de octubre y 1 de noviembre en Ginebra, Suiza.
Tlachinollan recuerda en su informe que Guerrero tiene un largo historial de graves violaciones a derechos humanos marcadas por la impunidad. En el estado se cometieron la mayoría de las desapariciones forzadas realizadas durante la década de los años setenta.
En años recientes, han continuado los patrones de graves violaciones a derechos humanos, como lo comprueban los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas del pueblo Me’phaa violadas y torturadas por soldados del Ejército en el año 2002, cuya búsqueda de justicia llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que publicó su sentencia en 2010.
Hay activistas desaparecidas como los ecologistas de la sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista que llevan meses sin ser encontrados.
En La Montaña de Guerrero, el Monitor Civil de las Fuerzas Policiales ha documentado más de 60 casos de tortura y tratos crueles en los últimos tres años en la región, principalmente contra personas indígenas siendo la Policía Investigadora Ministerial responsable de la mayoría de las vejaciones.
Un caso emblemático de la persistencia de la tortura fue la “ejecución extrajudicial, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes en contra de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa cometidas el 12 diciembre de 2011 por corporaciones de seguridad a nivel federal y estatal”.
El informe respecto al caso “Ayotzinapa” será también presentado por Tlachinollan, ONG fundada hace 18 años en el que se da cuenta además del doble crimen de la detención arbitraria de 42 personas de las cuales 24 fueron sometidas a golpes de palos y toletes, entre estas se hallaban cuatro menores de 18 años y una mujer.
Adicionalmente se acreditó que Gerardo Torres un estudiante de 19 años fue víctima de tortura y acusado de disparar un rifle Ak47, sufriendo el uso de un método para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.
De acuerdo al informe de la CNDH se constató que los manifestantes estaban desarmados, hubo empleo excesivo de la fuerza pública y armas, sin embargo la labor del Ombudsman no ha cobrado la fuerza necesaria.
El informe de Tlachinollan, advierte que la investigación de la tortura en el estado de Guerrero es prácticamente inexistente, pues la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del ministerio público, incluyendo a peritos y policías.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado tres sentencias condenatorias contra el Estado mexicano por casos de tortura ocurridos en Guerrero. Para el centro de derechos humanos es impostergable para el gobierno estatal reformar el Código de Justicia Penal para tipificar el delito de tortura que coadyuve a garantizar un marco que abata la impunidad y de castigo ejemplar a los torturadores.
El CAT de la ONU, en sus revisiones sobre México ha marcado la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero. A pesar de la expresa solicitud del Comité, el informe presentado por el Estado mexicano no hace alusión alguna a ello, por lo que Tlachinollan adelanta que solicitará al Congreso local aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales.
Y es que la falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias como lo constataron en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, incluso hubo amenazas de muerte contra un abogado del centro, Vidulfo Rosales Sierra a quien le exigieron dejar ese caso a través de una amenaza escrita por lo que tuvo que salir del país varios meses.
Los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere haber recibido 415 quejas y de éstas sólo 5 han concluido en recomendaciones.
La Procuraduría General de la República (PGR) con supuesta base en el Protocolo de Estambul, publicitado como la herramienta pericial para investigación de la tortura, reconoció que si bien sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico/psicológico, especializado para casos de posible tortura y/o maltrato encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura, también ha informado que no existe una sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario por el delito de tortura.
En cuanto a la SEDENA, información obtenida a través del IFAI por Tlachinollan indica que los órganos militares, del 2002 a la fecha, iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando tortura” y 821 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando lesiones”.
Sin embargo, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, sólo 6 expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de estos casos hubo sanción penal para los responsables.
La tipificación de la tortura en Guerrero se encuentra prevista en la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y que establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Personas.
El hecho de que el delito de la tortura esté legislado en una norma secundaria que además está vinculada a la creación un organismo público autónomo y no en el Código Penal del Estado, contribuye a que los actos de tortura que se presentan en Guerrero no sean investigados y sancionados de forma adecuada, asegura Tlachinollan.
Ello repercute en la impunidad ratifican, pues como también constató Human Rights Watch, en Guerrero no se inició ninguna investigación por tortura en los últimos años, al tiempo que el Ombudsman estatal recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 275 de lesiones.
Es decir, no ha sido consignada ninguna averiguación previa por el delito de tortura en el estado de Guerrero ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura en la entidad.
A nivel federal, otro de los pendientes del Estado mexicano se encuentra en el acotamiento al fuero militar que ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde si bien no se han logrado los fallos necesarios para generar jurisprudencia de la SCJN, en las discusiones se han establecido principios relevantes en relación a la restricción de la jurisdicción militar.
En agosto de este año, el Pleno de la SCJN declaró por una votación mayoritaria de 8 en el amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, (migrante nahua de la Montaña de Guerrero que en junio de 2009 fue ejecutado extrajudicialmente por soldados del Ejército mexicano), la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, y 2o y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Si bien le falta a la SCJN casos por revisas, Tlachinollan asfirma que el Estado mexicano no se encuentra en condiciones de informar objetivamente que se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que ningún caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sean investigados o juzgados en instancias castrenses, evidenciando el incumplimiento a sus obligaciones internacionales asumidas en diversos tratados internacionales de derechos humanos y derivadas de cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
Enlaces. Www.tlachinollan.org
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