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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS >>> Sánchez quiere ahora pactar con Bildu las leyes del CNI, Seguridad Ciudadana y Secretos Oficiales
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS >>> Sánchez quiere ahora pactar con Bildu las leyes del CNI, Seguridad Ciudadana y Secretos Oficiales
Skorpio 17.07.22 20:08
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Sánchez quiere ahora pactar con Bildu las leyes del CNI, Seguridad Ciudadana y Secretos Oficiales
Sánchez Bildu
LUZ SELA
17/07/2022 06:45
ACTUALIZADO: 17/07/2022 13:53
Pedro Sánchez ha convertido a Bildu en su aliado preferente para sostenerse en La Moncloa. Se ha confirmado esta semana con la aprobación de tres medidas decisivas para el socialista: la llamada Ley de «Memoria Democrática», el asalto al Tribunal Constitucional y el decreto económico. En todas estas iniciativas, Sánchez ha contado con el apoyo de los cinco diputados proetarras. Ahora, el presidente del Gobierno encara una nueva tanda legislativa, tras el verano, para la que Bildu será de nuevo determinante. El Ejecutivo quiere aprobar en los próximos meses otras normas que traerán polémica, como la Ley de Seguridad Ciudadana -que lleva meses encallada en el trámite parlamentario por los desencuentros entre los grupos-, la reforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Ley de Secretos Oficiales. El líder del PSOE intenta también acercarse a ERC, partido que en las últimas votaciones se ha inclinado por la abstención en protesta por el espionaje con Pegasus.
Como gesto simbólico, el Partido Socialista se mostró dispuesto a negociar con ERC y Bildu, tras el Debate del Estado de la Nación, una propuesta de resolución con un título especialmente simbólico: «Sobre la defensa de derechos y libertades». En el texto, los separatistas arremeten abiertamente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -a las que acusan de «inventar pruebas, espiar y difamar a organizaciones y movimientos políticos»- y refrendan «derogar la discrecionalidad policial, las sanciones por desobediencia y las faltas a la autoridad», entre otros.
Además, instan al Gobierno a aprobar medidas de calado, como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales («en el plazo máximo de seis meses»), una nueva Ley de Fondos Reservados» y del CNI, así como llevar a cabo una «modificación rápida» de la Ley de Medallas. También reclaman «derogar y/o modificar todos los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana que atenten contra los derechos y libertades básicas de la ciudadanía» y «modificar todos los aspectos de la Ley de Extranjería que supongan una violación de los derechos humanos, de asilo e integridad física de las personas inmigrantes».
El PSOE se mostró partidario de negociar esa propuesta y, prueba de ello, es que los socialistas presentaron una enmienda en la que aceptaban su contenido a excepción del relativo a las leyes de Fondos Reservados, Medallas y Extranjería. No hubo acuerdo pues, en la votación, la propuesta fue rechazada con el voto en contra del PSOE y a favor, de Podemos.
Aunque las propuestas de resolución no son vinculantes sí suponen una declaración de intenciones de los grupos que las apoyan. Instan al Gobierno a llevar a cabo una determinada política y permiten retratar a los partidos en determinados asuntos, algunos delicados. Al Debate del Estado de la Nación celebrado esta semana se presentaron 138 propuestas, de las que fueron aprobadas 41.
La nueva Ley de Secretos Oficiales es uno de los asuntos más urgentes para el Gobierno, que tiene intención de aprobar el anteproyecto antes incluso de que acabe este mes. El propio Pedro Sánchez avanzó desde la tribuna que el texto «se encuentra en la última fase de elaboración». Sustituirá a la norma de 1968, a la que el socialista se ha aferrado precisamente en infinidad de ocasiones para ocultar sus viajes en Falcon, entre otros asuntos.
La reforma de esta ley fue una de las promesas de Sánchez en plena tormenta con sus socios por el caso del espionaje. Como también la de los servicios secretos con la que, anunció el socialista, se impondrán «más garantías para defender los derechos individuales de las personas». Desde las filas de ERC se respondió entonces que «el mayor controlador» de los servicios secretos era el propio presidente del Gobierno.
Otra de las cuestiones pendientes, la Ley de Seguridad Ciudadana, se alarga aún en el Congreso por la falta de unidad entre los socios parlamentarios. Precisamente ese fue uno de los reproches que escuchó Sánchez estos días de sus aliados, a quienes reclamó que hagan «todo lo posible» para que la reforma sea efectiva en los próximos meses. La norma incluye cuestiones muy polémicas como la toma de imágenes de intervenciones policiales o la despenalización de las manifestaciones no comunicadas. La ley ha provocado el rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, meses atrás, protagonizaron una multitudinaria manifestación de rechazo en Madrid.
Decisivo
Sánchez trata ahora de apoyarse en Bildu para lograr su respaldo en la acción política en lo que resta de legislatura. La mayor muestra es la reciente y polémica Ley de «Memoria Democrática», que salió adelante en el Congreso tras ganarse el socialista el favor de los de Otegi accediendo a incluir una enmienda que cuestiona la Transición y los primeros años de la democracia al ampliar hasta el 31 de diciembre de 1983 el periodo para «estudiar» posibles vulneraciones de derechos humanos.
https://okdiario.com/espana/sanchez-quiere-ahora-pactar-bildu-leyes-del-cni-seguridad-ciudadana-secretos-oficiales-9400552
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Sánchez BilduLUZ SELA
17/07/2022 06:45
ACTUALIZADO: 17/07/2022 13:53
Pedro Sánchez ha convertido a Bildu en su aliado preferente para sostenerse en La Moncloa. Se ha confirmado esta semana con la aprobación de tres medidas decisivas para el socialista: la llamada Ley de «Memoria Democrática», el asalto al Tribunal Constitucional y el decreto económico. En todas estas iniciativas, Sánchez ha contado con el apoyo de los cinco diputados proetarras. Ahora, el presidente del Gobierno encara una nueva tanda legislativa, tras el verano, para la que Bildu será de nuevo determinante. El Ejecutivo quiere aprobar en los próximos meses otras normas que traerán polémica, como la Ley de Seguridad Ciudadana -que lleva meses encallada en el trámite parlamentario por los desencuentros entre los grupos-, la reforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Ley de Secretos Oficiales. El líder del PSOE intenta también acercarse a ERC, partido que en las últimas votaciones se ha inclinado por la abstención en protesta por el espionaje con Pegasus.
Como gesto simbólico, el Partido Socialista se mostró dispuesto a negociar con ERC y Bildu, tras el Debate del Estado de la Nación, una propuesta de resolución con un título especialmente simbólico: «Sobre la defensa de derechos y libertades». En el texto, los separatistas arremeten abiertamente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -a las que acusan de «inventar pruebas, espiar y difamar a organizaciones y movimientos políticos»- y refrendan «derogar la discrecionalidad policial, las sanciones por desobediencia y las faltas a la autoridad», entre otros.
Además, instan al Gobierno a aprobar medidas de calado, como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales («en el plazo máximo de seis meses»), una nueva Ley de Fondos Reservados» y del CNI, así como llevar a cabo una «modificación rápida» de la Ley de Medallas. También reclaman «derogar y/o modificar todos los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana que atenten contra los derechos y libertades básicas de la ciudadanía» y «modificar todos los aspectos de la Ley de Extranjería que supongan una violación de los derechos humanos, de asilo e integridad física de las personas inmigrantes».
El PSOE se mostró partidario de negociar esa propuesta y, prueba de ello, es que los socialistas presentaron una enmienda en la que aceptaban su contenido a excepción del relativo a las leyes de Fondos Reservados, Medallas y Extranjería. No hubo acuerdo pues, en la votación, la propuesta fue rechazada con el voto en contra del PSOE y a favor, de Podemos.
Aunque las propuestas de resolución no son vinculantes sí suponen una declaración de intenciones de los grupos que las apoyan. Instan al Gobierno a llevar a cabo una determinada política y permiten retratar a los partidos en determinados asuntos, algunos delicados. Al Debate del Estado de la Nación celebrado esta semana se presentaron 138 propuestas, de las que fueron aprobadas 41.
La nueva Ley de Secretos Oficiales es uno de los asuntos más urgentes para el Gobierno, que tiene intención de aprobar el anteproyecto antes incluso de que acabe este mes. El propio Pedro Sánchez avanzó desde la tribuna que el texto «se encuentra en la última fase de elaboración». Sustituirá a la norma de 1968, a la que el socialista se ha aferrado precisamente en infinidad de ocasiones para ocultar sus viajes en Falcon, entre otros asuntos.
La reforma de esta ley fue una de las promesas de Sánchez en plena tormenta con sus socios por el caso del espionaje. Como también la de los servicios secretos con la que, anunció el socialista, se impondrán «más garantías para defender los derechos individuales de las personas». Desde las filas de ERC se respondió entonces que «el mayor controlador» de los servicios secretos era el propio presidente del Gobierno.
Otra de las cuestiones pendientes, la Ley de Seguridad Ciudadana, se alarga aún en el Congreso por la falta de unidad entre los socios parlamentarios. Precisamente ese fue uno de los reproches que escuchó Sánchez estos días de sus aliados, a quienes reclamó que hagan «todo lo posible» para que la reforma sea efectiva en los próximos meses. La norma incluye cuestiones muy polémicas como la toma de imágenes de intervenciones policiales o la despenalización de las manifestaciones no comunicadas. La ley ha provocado el rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, meses atrás, protagonizaron una multitudinaria manifestación de rechazo en Madrid.
Decisivo
Sánchez trata ahora de apoyarse en Bildu para lograr su respaldo en la acción política en lo que resta de legislatura. La mayor muestra es la reciente y polémica Ley de «Memoria Democrática», que salió adelante en el Congreso tras ganarse el socialista el favor de los de Otegi accediendo a incluir una enmienda que cuestiona la Transición y los primeros años de la democracia al ampliar hasta el 31 de diciembre de 1983 el periodo para «estudiar» posibles vulneraciones de derechos humanos.
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