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Corrupción sindical El Supremo condena a UGT-A por usar ayudas de la Junta para indemnizar a sus despedidos
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Corrupción sindical El Supremo condena a UGT-A por usar ayudas de la Junta para indemnizar a sus despedidos
rip 15.01.21 21:01
JUSTICIA
SILVIA MORENO
@silviamorenon
Sevilla
Actualizado Viernes, 15 enero 2021 - 01:58
El sindicato desvió fondos a la indemnización de trabajadores que despidió en 2012 con un ERE
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, durante una protesta. EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo (TS) acaba de condenar a la federación andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, por desviar subvenciones de la Junta de Andalucía, concedidas durante la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE, a fines no previstos en las ayudas.
El sindicato usó, de forma irregular, fondos públicos para indemnizar a los trabajadores que despidió con un ERE en el año 2012. La sentencia del Supremo, fechada el pasado 21 de diciembre y en poder de EL MUNDO, se enmarca dentro del enfrentamiento judicial
que mantienen desde años la Junta y UGT-A, después de que este diario y otros medios documentaran a partir del año 2013 numerosos episodios de presunto fraude y desvío de subvenciones protagonizado por la federación andaluza ugetista.
Ante las revelaciones periodísticas, el Gobierno andaluz, durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta, abrió decenas de expedientes de reintegro -uno por cada ayuda concedida y no justificada de forma correcta o con sospecha de fraude- para que el sindicato devolviera el dinero. Según las fuentes consultadas por este diario, la Administración andaluza estaría reclamando a UGT-A más de 40 millones de euros. En la etapa de Díaz, la Junta exigió la devolución de más de 15 millones de euros y el actual Gobierno andaluz del PP y Cs solicitó en octubre de 2019
otros 18 millones más
por cursos de formación no justificados de forma correcta. Se trata, por tanto, de un conflicto al que debe hacer frente la actual secretaria general de UGT-A, a pesar de que el presunto fraude y los desvíos de subvenciones que ahora condena el Supremo ocurrieron en el sindicato antes de que ella fuera su máxima responsable. Carmen Castilla fue elegida secretaria general de la federación andaluza
ugetista el 9 de enero de 2014, después de que su antecesor,
Francisco Fernández Sevilla dimitiera precisamente por el escándalo de las subvenciones.
El Plan Orienta
Como el sindicato se niega a devolver las ayudas porque considera que las acreditó conforme a la normativa, acudió a los tribunales para recurrir cada uno de estos expedientes de reintegro abiertos por la Junta. Precisamente la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Supremo corresponde a uno de ellos. El fallo analiza una subvención concedida a UGT-A para que desarrollara el Plan Orienta, un programa destinado a
combatir el desempleo a través de unidades de orientadores para asesorar a los desempleados. El Supremo falla ahora contra el sindicato y le obliga a devolver 136.442 euros, a los que habrá que sumar los correspondientes intereses legales, por destinar esa cantidad del Plan Orienta al pago de una póliza de seguros ajena por completo a ese programa. Esa póliza de seguros sirvió para abonar la indemnización de buena parte de los trabajadores que el sindicato despidió en el año 2012 con un ERE, que dejó en la calle a 159 empleados. Entre los despedidos había 130 promotores de empleo del Orienta, cuyas indemnizaciones fueron abonadas con la póliza pagada con la subvención de la Junta, como informó este diario el 3 de septiembre de 2013.
El Supremo anula una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017 que dio la razón al sindicato y confirma íntegramente la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla de 2016, que condenó a UGT-A a devolver los 136.442 euros correspondientes a la póliza contratada con Generali, una de las aseguradoras salpicadas por el caso de los ERE fraudulentos. La póliza de seguro «ni era un gasto previsto, incluido entre los gastos elegibles detallados en el desglose presupuestario de la subvención, ni se acredita su carácter estrictamente necesario ni su conexión con la finalidad de la actividad subvencionada», dice la sentencia confirmada ahora por el TS.
El Supremo avala que la Junta reclamara a UGT-A la devolución de parte de la ayuda tras descubrir, gracias a las revelaciones periodísticas, que «no concurrían los requisitos legalmente exigibles para su otorgamiento», a pesar de que el dinero ya se le había abonado al sindicato.
Durante el pleito, la federación andaluza ugetista alegó que el reintegro abierto por la Junta para que devolviera el dinero se encuadra en el marco de una «campaña de fiscalización indiscriminada » de todos los expedientes de subvenciones en los que ha sido beneficiaria UGT-A, «formando parte de una causa general que lleva a la Junta de Andalucía a instruir el procedimiento sin indicio previo alguno de incumplimiento».
Sin embargo, la juez lo rechaza porque la Junta inició un expediente de información reservada para «
esclarecer las denuncias aparecidas en los medios de comunicación» sobre la póliza de seguros cargada al Plan Orienta que nada tenía que ver con él, como publicó este diario. Por lo tanto, el inicio del expediente de reintegro está «suficientemente justificado sin que pueda considerarse que se enmarca en una causa general contra UGT-A», dice la sentencia del juzgado de lo contencioso que ahora ratifica el Supremo.
En 2017, el TSJA le dio la razón a UGT-A en este pleito con el argumento de que la Junta había utilizadouna vía errónea para reclamar el dinero al sindicato. En vez de abrir expedientes de reintegro -dijo el TSJA- tenía que haber iniciado procedimientos de «revisión de oficio», idénticos a los que la Administración andaluza están tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los ERE irregulares.
Por contra, el Supremo ve correcto el cauce administrativo emprendido por la Administración andaluza, que inicialmente reclamaba la devolución de 739.659,02 euros que han quedado reducidos a los 136.442 mencionados anteriormente. La sentencia del TS se centra en las irregularidades de la póliza de seguros que UGT-A cargó al Plan Orienta, pero el sindicato utilizó este programa de ayudas para colar presuntas facturas falsas y cobrar supuestas mordidas a sus proveedores, como publicó este diario en enero de 2014.
El desvío de subvenciones de UGT-A cuenta con otra derivada judicial en el ámbito penal. El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla dictó en abril de 2020 la apertura de juicio oral contra la ex cúpula de la federación andaluza ugetista y envió al banquillo a 15 acusados -5 del sindicato y 10 proveedores- por un presunto fraude de 40,7 millones con subvenciones.
Corrupción sindical
El Supremo condena a UGT-A por usar ayudas de la Junta para indemnizar a sus despedidosSILVIA MORENO
@silviamorenon
Sevilla
Actualizado Viernes, 15 enero 2021 - 01:58
El sindicato desvió fondos a la indemnización de trabajadores que despidió en 2012 con un ERE
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, durante una protesta. EUROPA PRESS
- Facturas falsas. El juez sienta a UGT en el banquillo por saquear a los parados para sus gastos
- Fraude. UGT le cargó a la Junta 700 maletines falsificados en Asia
- Caso ERE. UGT, CCOO y cuatro ex dirigentes sindicales, a un paso del banquillo por las ayudas de 35 millones de los ERE a Altadis
El Tribunal Supremo (TS) acaba de condenar a la federación andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, por desviar subvenciones de la Junta de Andalucía, concedidas durante la etapa de los anteriores gobiernos del PSOE, a fines no previstos en las ayudas.
El sindicato usó, de forma irregular, fondos públicos para indemnizar a los trabajadores que despidió con un ERE en el año 2012. La sentencia del Supremo, fechada el pasado 21 de diciembre y en poder de EL MUNDO, se enmarca dentro del enfrentamiento judicial
que mantienen desde años la Junta y UGT-A, después de que este diario y otros medios documentaran a partir del año 2013 numerosos episodios de presunto fraude y desvío de subvenciones protagonizado por la federación andaluza ugetista.
Ante las revelaciones periodísticas, el Gobierno andaluz, durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta, abrió decenas de expedientes de reintegro -uno por cada ayuda concedida y no justificada de forma correcta o con sospecha de fraude- para que el sindicato devolviera el dinero. Según las fuentes consultadas por este diario, la Administración andaluza estaría reclamando a UGT-A más de 40 millones de euros. En la etapa de Díaz, la Junta exigió la devolución de más de 15 millones de euros y el actual Gobierno andaluz del PP y Cs solicitó en octubre de 2019
otros 18 millones más
por cursos de formación no justificados de forma correcta. Se trata, por tanto, de un conflicto al que debe hacer frente la actual secretaria general de UGT-A, a pesar de que el presunto fraude y los desvíos de subvenciones que ahora condena el Supremo ocurrieron en el sindicato antes de que ella fuera su máxima responsable. Carmen Castilla fue elegida secretaria general de la federación andaluza
ugetista el 9 de enero de 2014, después de que su antecesor,
Francisco Fernández Sevilla dimitiera precisamente por el escándalo de las subvenciones.
El Plan Orienta
Como el sindicato se niega a devolver las ayudas porque considera que las acreditó conforme a la normativa, acudió a los tribunales para recurrir cada uno de estos expedientes de reintegro abiertos por la Junta. Precisamente la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Supremo corresponde a uno de ellos. El fallo analiza una subvención concedida a UGT-A para que desarrollara el Plan Orienta, un programa destinado a
combatir el desempleo a través de unidades de orientadores para asesorar a los desempleados. El Supremo falla ahora contra el sindicato y le obliga a devolver 136.442 euros, a los que habrá que sumar los correspondientes intereses legales, por destinar esa cantidad del Plan Orienta al pago de una póliza de seguros ajena por completo a ese programa. Esa póliza de seguros sirvió para abonar la indemnización de buena parte de los trabajadores que el sindicato despidió en el año 2012 con un ERE, que dejó en la calle a 159 empleados. Entre los despedidos había 130 promotores de empleo del Orienta, cuyas indemnizaciones fueron abonadas con la póliza pagada con la subvención de la Junta, como informó este diario el 3 de septiembre de 2013.
El Supremo anula una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2017 que dio la razón al sindicato y confirma íntegramente la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla de 2016, que condenó a UGT-A a devolver los 136.442 euros correspondientes a la póliza contratada con Generali, una de las aseguradoras salpicadas por el caso de los ERE fraudulentos. La póliza de seguro «ni era un gasto previsto, incluido entre los gastos elegibles detallados en el desglose presupuestario de la subvención, ni se acredita su carácter estrictamente necesario ni su conexión con la finalidad de la actividad subvencionada», dice la sentencia confirmada ahora por el TS.
El Supremo avala que la Junta reclamara a UGT-A la devolución de parte de la ayuda tras descubrir, gracias a las revelaciones periodísticas, que «no concurrían los requisitos legalmente exigibles para su otorgamiento», a pesar de que el dinero ya se le había abonado al sindicato.
Causa general
Durante el pleito, la federación andaluza ugetista alegó que el reintegro abierto por la Junta para que devolviera el dinero se encuadra en el marco de una «campaña de fiscalización indiscriminada » de todos los expedientes de subvenciones en los que ha sido beneficiaria UGT-A, «formando parte de una causa general que lleva a la Junta de Andalucía a instruir el procedimiento sin indicio previo alguno de incumplimiento».
Sin embargo, la juez lo rechaza porque la Junta inició un expediente de información reservada para «
esclarecer las denuncias aparecidas en los medios de comunicación» sobre la póliza de seguros cargada al Plan Orienta que nada tenía que ver con él, como publicó este diario. Por lo tanto, el inicio del expediente de reintegro está «suficientemente justificado sin que pueda considerarse que se enmarca en una causa general contra UGT-A», dice la sentencia del juzgado de lo contencioso que ahora ratifica el Supremo.
La vía no era errónea
En 2017, el TSJA le dio la razón a UGT-A en este pleito con el argumento de que la Junta había utilizadouna vía errónea para reclamar el dinero al sindicato. En vez de abrir expedientes de reintegro -dijo el TSJA- tenía que haber iniciado procedimientos de «revisión de oficio», idénticos a los que la Administración andaluza están tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los ERE irregulares.
Por contra, el Supremo ve correcto el cauce administrativo emprendido por la Administración andaluza, que inicialmente reclamaba la devolución de 739.659,02 euros que han quedado reducidos a los 136.442 mencionados anteriormente. La sentencia del TS se centra en las irregularidades de la póliza de seguros que UGT-A cargó al Plan Orienta, pero el sindicato utilizó este programa de ayudas para colar presuntas facturas falsas y cobrar supuestas mordidas a sus proveedores, como publicó este diario en enero de 2014.
El desvío de subvenciones de UGT-A cuenta con otra derivada judicial en el ámbito penal. El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla dictó en abril de 2020 la apertura de juicio oral contra la ex cúpula de la federación andaluza ugetista y envió al banquillo a 15 acusados -5 del sindicato y 10 proveedores- por un presunto fraude de 40,7 millones con subvenciones.
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