La Generalitat recurre ante el TS la sentencia que declaró nulas las medidas cautelares impuestas a la ‘exmosso’ Inmaculada Alcolea

Skorpio 16.12.20 17:29

La Generalitat recurre ante el TS la sentencia que declaró nulas las medidas cautelares impuestas a la ‘exmosso’ Inmaculada Alcolea

"HA RECURRIDO PARA EXPRIMIRME ECONÓMICA Y PSICOLÓGICAMENTE, MÁS TODAVÍA, Y PARA EVITAR PAGARME TODO LO QUE ME DEBE, MÁS LAS COSTAS", OPINA ALCOLEA

Inmaculada Alcolea lleva gastados más de 30.000 euros en abogados y procuradores. Foto: Carlos Berbell

Rosalina Moreno | 15/12/2020 14:25 | Actualizado: 15/12/2020 14:36

La excabo de los ‘Mossos d’Esquadra’ Inmaculada Alcolea, denunciante pública del «independentismo dentro de la policía autonómica catalana», ha informado que tras obtener unas resoluciones favorables en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) los primeros nueve meses de medidas cautelares a los que fue sometida.

Medidas cautelares que fueron declaradas nulas no solo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, sino también por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSCat).

«Ha recurrido ante el Tribunal Supremo para incrementar los perjuicios que me han ocasionado y evitar con ello, al menos temporalmente, el pago de las costas procesales y de las correspondientes mensualidades en las que no me abonaron el salario», señala Alcolea.

«Para exprimirme económica y psicológicamente, más todavía, y para evitar pagarme todo lo que me debe», opina esta ‘exmosso’ acerca de «tan inusual proceder».

Según detalla, la Dirección General de los ‘Mossos’ le abrió un expediente sancionador el 12 de enero de 2017, que acabó el 5 de septiembre de 2017; después lo volvieron a iniciar «por los mismos hechos», y estuvo desde el 5 de septiembre de 2017 hasta el 5 de mayo de 2018.

«En esos 16 meses me sometieron a varias medidas cautelares. Primero me suspendieron de empleo y sueldo, seguidamente me trasladaron coactivamente a trabajar a 140 kilómetros de mi domicilio, a la localidad de Arenys de Mar, en Barcelona (ambas cosas en los primeros 9 meses), y en tercer lugar, como dije a una patrulla de ‘Mossos d’Esquadra’ «viva España», dicen que no tengo neutralidad política en mis actuaciones policiales, y me trasladaron a la prisión de Puig de les Basses, en Figueres, atreviéndose a justificar en sede judicial dicho traslado cautelar aduciendo que, habida cuenta mi supuesta ideología, era preferible que no estuviera de cara al público», relata la ‘exmosso’.

Además, apunta que este último incidente no ocurrió en el trabajo, sino que estaba de vacaciones.

«El Tribunal Superior de Justicia me dio la razón, dice que las medidas cautelares ni están motivadas ni se ajustan al tiempo establecido en la ley. No hay ni una que no les haya ganado, desde las medidas cautelares hasta el primer juicio por supuesta falta de respeto a Puigdemont», explica esta excabo, que es licenciada en Derecho.

Alcolea destaca que «la ley de procedimiento administrativo y el reglamento 183/95 que desarrolla el régimen disciplinario de los Mossos establecen que tanto los expedientes disciplinarios como las medidas cautelares tienen que durar únicamente seis meses».

En este caso, el procedimiento caducó y la Dirección General de ‘Mossos d’Esquadra’ mantuvo las medidas cautelares acordadas contra Alcolea, algo que, según manifiesta la excabo de los ‘mossos’, resulta nulo de pleno derecho.
«Luego volvieron a reiniciar el procedimiento, evidentemente obviando todo el caudal probatorio que aporté a fin de acreditar mi ausencia de responsabilidad respecto de los hechos por los que se había incoado el procedimiento, y nuevamente, como expliqué, me impusieron medidas cautelares -traslado de centro de trabajo-, con la misma motivación: Ninguna», señala.

CINCO MESES DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR CALIFICAR A LA GENERALITAT COMO ‘GENESTAPO’

El 9 de octubre de 2018, la Dirección General de los ‘Mossos’ impuso a Inmaculada Alcolea una sanción de cinco meses de suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones, por la comisión de una infracción disciplinaria que fue calificada como grave, por decir que ella llamaba «Genestapo» a la Generalitat de Cataluña.

El pasado 20 de febrero, el TSJCat desestimó el recurso de apelación de la Consejería catalana de Interior contra la decisión de una magistrada de dejar en suspenso de forma cautelar la aplicación de esta sanción.

«Este expediente disciplinario concretamente se inicia porque en una reunión de ‘Societat Civil Catalana’, donde participó el entonces delegado del Gobierno Enric Millo, me quejé del ensañamiento, desproporción, arbitrariedad, agravios comparativos que había en los ‘Mossos d’Esquadra’ en función de la ideología política y finalmente dije que yo me refería a la Generalitat como «Genestapo» y que la cúpula de los Mossos eran unos golpistas -recuerdo que en ese momento ya estaban procesados por la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión y sedición, entre otros-«, explica Alcolea.

Por otra parte, en octubre de 2019, el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona, Andrés Maestre Salcedo, también anuló una sanción de 7 meses de empleo y sueldo –falta grave– que le impuso el director general de los ‘Mossos d’Esquadra’ el 27 de febrero de 2018 por unos comentarios menospreciativos sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont publicados en su página de Facebook por su madre.

La sanción, que ya había sido levantada en junio de ese año por el TSJCat, conllevaba la pérdida de su destino definitivo, en Gerona, y su traslado a otra localidad.

Alcolea había alegado desde el principio de la apertura del expediente que ella no había sido la autora, sino su madre, a quien se le había estropeado el portátil y mientras se lo arreglaban utilizó el suyo y publicó un comentario hacia Puigdemont sin su conocimiento, ignorando la madre de Alcolea que realmente estaba publicando desde la cuenta de su hija.

A lo largo de siete publicaciones –entre noviembre y diciembre de 2016–, la madre de la cabo escribió que “los de la CUP son unos guarros” y criticó al gobierno de la Generalitat y de modo específico a su entonces presidente, Puigdemont, de quien dijo no era licenciado universitario y que mentía al decir que lo era.

EL INCIDENTE DEL ‘VIVA ESPAÑA’

El ‘Viva España’ ocurrió mientras Alcolea estaba de vacaciones y acababa de enterarse de una propuesta de sanción de suspensión de empleo y sueldo de siete meses por la resolución del primer expediente sobre Puigdemont.
Ocurrió el 21 de junio de 2017.

«Venía del Festival de fin de curso de mis hijos, le dije a mi suegra que se quedara con los niños porque estaba tan mal que necesitaba llorar, llorar y llorar. Y me fuí a mi casa. En el trayecto, estando en un semáforo parada se me puso al lado un coche de ‘Mossos’ y lo miré y mascullé ‘Viva España’, y el conductor observó que yo decía algo, bajó la ventanilla y preguntó ¿Qué dice, señora? y contesté que «Viva España». Y me dijo que parara que iba a identificarme», relata Alcolea.
Afirma que «para la mayoría de los ‘mossos’ en Gerona decir Viva España es como un insulto».

MÁS DE 30.000 EUROS GASTADOS EN ABOGADOS Y PROCURADORES

Hasta el momento, Inmaculada Alcolea lleva gastados más de 30.000 euros en facturas de abogados y procuradores.

«Además de la resolución del expediente principal, he tenido que ir recurriendo todas y cada una de las medidas cautelares que me han impuesto ilegalmente, tanto en la vía inicial, la contencioso-administrativa, como en la superior, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, la Generalitat, con sus abogados, que son funcionarios públicos, deciden recurrir una sentencia favorable mía contra la ilegalidad de las primeras medidas cautelares, del expediente caducado«, expone Inmaculada Alcolea.

Informa que la Dirección General de la Policía en Cataluña interpuso el recurso la semana pasada.

«En su día tuve que pedir ayuda económica para poder defenderme de todos los ataques de la Generalitat y de los ‘Mossos por la Independencia’, entre ellos el mosso Albert Donaire por delitos de odio, calumnias e injurias. Abrí una campaña de crowdfunding, de financiación colectiva, para pagar inicialmente todo lo que me venía y la denuncia contra Donaire, y la ciudadanía colaboró con aproximadamente 20.000 euros», explica esta exfuncionaria.

En la actualidad su abogado es Jacinto Quintans Pérez, del despacho Albácar-Clusa.

Alcolea presentó varias denuncias contra Donaire, líder del grupo ‘Mossos per la Independencia’, reconvertidos en ‘Mossos per la República’.

Según informa, la Fiscalía Provincial tiene varias investigaciones abiertas a Donaire, entre ellas una por presuntas amenazas a su hijo de 11 años.
«La vida puede ser muy larga y complicada para un tal Diego. A veces los hijos pagarán los delitos de los padres», señala Alcolea que Donaire publicó en redes, presuntamente dedicado a su hijo.

Explica que Donaire se encuentra suspendido de empleo y sueldo 12 meses y dos días por tres expedientes resueltos por la Dirección General de la policía autonómica, y otros dos pendientes de resolver a instancia de las denuncias que ha presentado contra él.

Cuenta que ahora se plantea volver a solicitar ayuda «contra el ensañamiento de la Generalitat, al haber recurrido ante el Supremo». «Y contra las cinco denuncias falsas que el ‘mosso’ Donaire y su familia han interpuesto en la vía penal contra mí, después de publicar las medicinas que tomo y extractos de mis informes médicos», añade.

Alcolea apunta que para recuperar una parte de sueldo que le quitaron por esas medidas cautelares, tiene que gastar el triple en abogados y procuradores.
«Me deben el dinero del sueldo, las costas de 400 euros, que son miserables, y estoy exprimida económicamente», denuncia esta ‘exmosso’.

Destaca que sin embargo, «la asistencia jurídica de Trapero, juzgado por los delitos más graves contra el ordenamiento constitucional, ha sido sufragada con cargo a la Generalidad de Cataluña».

«A Trapero y a Laplana no solo les ha pagado la Generalitat la defensa, sino que, además, se lo ha pagado de tal manera que les dejaron elegir letrado fuera de los funcionarios propios de la Generalitat, y eligieron a una de las mejores penalistas de Barcelona, Olga Tubau Martínez», manifiesta.

Y apunta que «desconocemos a estas alturas cuánto ha costado a la población la defensa letrada privada de ambos ‘mossos’ en el juicio ante la Audiencia Nacional».

«Tras 21 años de trabajo sin ningún incidente, llevamos casi 4 años años en los que los ‘mossos’ que nos sentimos españoles estamos siendo perseguidos políticamente con expedientes desproporcionados, con ensañamiento, con multitud de agravios comparativos respecto a los mismos hechos cometidos por agentes independentistas, los cuales son protegidos y tolerados», denuncia.

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