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El Gobierno renueva los contratos privados para la seguridad en las cárceles
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El Gobierno renueva los contratos privados para la seguridad en las cárceles
Administrador 06.08.19 0:13
El Gobierno renueva los contratos privados para la seguridad en las cárceles
La medida fue aprobada a pesar de la crisis generada por el impago de nóminas de una adjudicataria a los vigilantes
CECILIA GUZMÁN
Lunes, 5 de agosto de 2019
El Gobierno ha optado por renovar los contratos de las empresas privadas para la vigilancia de las cárceles por un valor de 64 millones de euros, que entrarán en vigor en 2020. La decisión, tomada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, llega después de conocerse que efectivos de la Guardia Civil han tenido que sustituir puestos vacantes de vigilantes privados a los que la empresa Ombuds, una de las adjudicatarias, no paga sus nóminas.
En la actualidad, Ombuds, en concurso de acreedores, se ocupa de la seguridad de siete prisiones en Madrid, seis en Castilla-La Mancha y una en Cáceres, aunque la empresa consiguió en un principio tres de los cuatro lotes contratados, el 78% del presupuesto total adjudicado por el Gobierno de Mariano Rajoy desde 2013.
Seguridad privada en 68 cárceles
Los trabajadores de Ombuds no han podido cobrar sus nóminas y mantienen la incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo y algunos han presentado bajas médicas en las últimas semanas. A esto hay que añadir que muchos de ellos no realizan las horas extraordinarias pactadas -una fórmula para disminuir costes laborales por parte de la empresa. Las plazas sin cubrir han generado una crisis de seguridad en las cárceles en las que prestan sus servicios, según denunció la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc).
A pesar de esta situación, el Gobierno ha autorizado este viernes a la Secretaría de Estado de Seguridad para renovar el plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles que dependen del Ministerio del Interior en un contrato por valor de 64 millones de euros que entrará en vigor en 2020.
El contrato tiene un valor de 64.045.800 euros (cantidad calculada conforme al presupuesto de licitación sin impuestos e incluida la posible prórroga) e incluye a los 68 centros penitenciarios vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se excluye, por tanto, los centros radicados en País Vasco y Cataluña, cuya vigilancia exterior es asumida por sus policías autonómicas.
El 1 de junio de 2018 entró en vigor el último contrato, por un valor inicial de 35,9 millones de euros, y que luego fue prorrogado hasta diciembre de 2019. El apoyo de las empresas privadas se lleva a cabo "bajo supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se centra en la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias".
Según ha informado el Gobierno, este apoyo permite destinar un mayor número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a funciones exclusivas de dichos Cuerpos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de los mismos.
El PSOE criticó el plan privatizador cuando estaba en la oposición
El nuevo expediente de contratación se iniciará el 1 de enero de 2020 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y una posibilidad de prórroga por un máximo de otro.
El plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles se inició en 2013, en medio de las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida.
La medida impulsada por el Gobierno del PP fue justificada por la necesidad de ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA. También se explicó que muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior se iban a recuperar para labores de seguridad ciudadana. Sin embargo, los sindicatos de Prisiones han desmentido que se haya beneficiado realmente a los antiguos escoltas.
En una comparecencia en el Congreso el pasado enero, el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, abogó por que la seguridad exterior de las cárceles volviera a ser asumida por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Su intención, según explicó, era rescindir progresivamente de los contratos a medida que se reponían efectivos en la Policía y la Guardia Civil.
UGT Prisiones denuncia la privatización de otros servicios
El portavoz de UGT Prisiones, Antonio González, ha recordado que llevan mucho tiempo denunciando que se deje en manos privadas la seguridad exterior de las cárceles porque "el artículo 63 del Reglamento Penitenciario que fue aprobado por Real Decreto 190/96 dispone que la seguridad exterior de los centros penitenciarios corresponde a las Fuerzas de seguridad del Estado o bien, en su caso, a los cuerpos policiales de las comunidades autónomas".
González ha defendido que la falta de efectivos se solvente con "la convocatoria de oposiciones para ampliar la oferta de empleo público con más efectivos de la Policía Nacional o guardias civiles para garantizar la seguridad en las cárceles en España, y así dar cumplimiento con la normativa y no privatizar de un servicio que entendemos que debe ser público".
El portavoz de UGT Prisiones ha denunciado que "hay otros servicios que se están privatizando, además de la seguridad, como los de limpieza y de mantenimiento. ¿Qué va a ser lo siguiente, que los funcionarios de Prisiones sean sustituidos por empresas privadas y nos encontremos con cárceles privadas como ya ha ocurrido en algún país europeo o en Estados Unidos?", ha advertido González.
https://www.elplural.com/sociedad/gobierno-renueva-contratos-privados-seguridad-carceles-guardias-civiles_221681102?fbclid=IwAR1Q0Gw9rCjoeUZzwIJVntt-kFTgLvmT5amoFrZZTRc9FDCf4iCJWEcY7MM
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