Acusan a ministeriales de extorsionar

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29 de Diciembre del 2018

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Acusan a ministeriales de extorsionar

Foto: Cristian Torres

Edición Impresa Eduardo Villa Lugo
Lunes, 24 Diciembre, 2018 01:00 PM

Las detenciones diarias realizadas por la Policía Municipal de Mexicali han saturado al aparato de procuración de justicia, donde en 2018 se atendieron más de 2 mil expedientes, lo cual los sobrepasó para realizar cateos. Para el abogado Herman López Frank, esta sobrecarga es intencional, pues el área de Narcomenudeo de la PGJE sólo se dedica a extorsionar ciudadanos y no a hacer indagatorias en la materia, por lo que consideró necesaria una serie de reformas para retirar a la institución en algunos casos, sobre todo en los que no se sobrepasa la dosis permitida

Tan sólo en Mexicali, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha iniciado más de 2 mil expedientes relacionados con el delito de narcomenudeo en sus diversas modalidades, provocando una saturación de trabajo para el área encargada de la investigación de este delito, que dedica gran parte del tiempo en recibir detenidos y determinar su situación legal, que en la indagatoria en la materia.

De esa cifra, menos del 25 por ciento ha sido judicializado. Según datos de la PGJE, en la mayoría de los casos se trata de adictos que no sobrepasan las dosis de consumo, una medida permitida por la propia Ley General de Salud.

Esto quiere decir que la mayoría de las personas que detiene la Policía Municipal cargan droga exclusivamente para su consumo, lo que para el abogado Herman López Frank, su sola detención corresponde un actuar ilegal por parte de las autoridades.

El director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, afirmó que a través de estas detenciones se obtienen datos de inteligencia que ayudan a definir las estrategias para el combate al narcomenudeo; según su dicho, las zonas con mayores problemas de adicciones son también las que representan un foco en los delitos de carácter patrimonial.

Por su parte, López Frank reveló que ha detectado un modus operandi en la PGJE, donde les resulta conveniente que se ingrese gran cantidad de detenidos para así extorsionarlos, haciéndolos pasar por 48 horas bajo resguardo, amenazando con judicializarlos o dejarles un récord negativo, cuando la mayoría de los acusados llevan consigo dosis permitidas por la Ley.

Por ello, estimó necesario “quitarle de sus garras” este tipo de delitos a la PGJE. Una solución sería facultar a los jueces calificadores para determinar las sanciones administrativas a quienes sean aprehendidos con dosis minúsculas de droga.

En la opinión de Alejandro Vázquez Valadez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), se puede seguir deteniendo a personas en posesión de enervantes, pero es necesario tener proyectos y políticas públicas preventivas para atacar la causa de los problemas y no las consecuencias.

DEALERS CARGAN SÓLO CON GRAMOS PERMITIDOS

Una de las estrategias por las que narcomenudistas no pueden ser capturados con facilidad, es que conocen perfectamente las cantidades que pueden cargar sin ser considerados vendedores de enervantes. Lo anterior fue expresado por Alonso Ulises Méndez, director de la Policía Municipal, quien señaló que los dealers cargan consigo sólo dosis legalmente aceptadas y, cuando terminan la venta de éstas, regresan a la “tiendita”, se abastecen nuevamente de la cantidad máxima y regresan a ofrecerla en las calles, lo que complica las acciones para su captura.

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El director de la policía municipal, Alonso Ulises Méndez

De acuerdo con el funcionario, la Ley General de Salud es muy holgada para los narcomenudistas, ya que pueden llevar consigo cinco dosis de “ice”, 25 gramos de marihuana y hasta medio gramo de cocaína, sin que ello represente una sanción de carácter penal. A pesar de eso, la Policía Municipal los detiene y presenta ante el Ministerio Público.

Según información proporcionada por la PGJE -donde optaron por no conceder entrevista a ZETA-, de los 2 mil 398 expedientes abiertos por el delito de narcomenudeo, sólo 483 fueron judicializados; de éstos, 95 se han realizado a través de cateos de la Policía Ministerial en diversos puntos del municipio, sobre todo en la Zona Oriente, por lo que prácticamente todos son facilitados por policías municipales que los aprehenden durante labores de vigilancia.

Méndez Manuell-Gómez afirmó que las labores de investigación determinan que las comunidades donde más problemas de adicciones hay y donde más asegurados se dan por este delito, son las comunidades de mayor incidencia delictiva, por lo que a partir de 2018 redirigieron las estrategias de seguridad tomando en cuenta estos patrones, pues el 70 por ciento de los ilícitos patrimoniales son cometidos por adictos a algún tipo de droga, sobre todo “cristal”.

“A mi criterio, las cantidades de esa tabla son bastantes como para una persona que quiera consumir esa droga, entonces eso lo traen y siempre traen esas cantidades, una vez que las venden hacen este rehilete y, cuando son detenidos, es con el límite y no podrían ser imputados”, reiteró.

El titular de la Policía Municipal de Mexicali agregó que en el año ha habido 15% más detenciones en comparación con 2017 y los datos lo respaldan, pues han tenido descensos en la incidencia delictiva en prácticamente todos los rubros al compararse con el año anterior, gracias a que se han redirigido las estrategias.

MP DE NARCOMENUDEO SON EXTORSIONADORES: LÓPEZ FRANK

Una acusación abierta y severa realizó el abogado Herman López Frank contra el grupo de narcomenudeo de la Policía Ministerial del Estado, la cual -a su juicio- sólo ha servido para extorsionar a personas de buena familia y no para investigar a los vendedores de droga al menudeo.

Expuso que dicha área no cuenta con buena fama entre los abogados penalistas de la localidad, pues prácticamente cobran por permitir a las personas recobrar su libertad, cuando ni siquiera deberían ser detenidos o procesados.

El abogado y experto en la materia de delincuencia organizada subrayó que los cateos ni siquiera son legales, pues eso correspondería a la Procuraduría General de la República (PGR), al tratarse de un nivel superior.

“Utilizan supuestas denuncias anónimas y un juez tonto les otorga las órdenes de cateo”, declaró, a la par de reclamar que ellos mismos realizan las llamadas o personas allegadas, y ello es suficiente para irrumpir en una vivienda, lo que califica como una operación incorrecta donde ha habido casos en los que ni siquiera encuentran droga y terminan sembrándola.

López Frank aseveró que los detenidos pasan 48 horas encerrados por cargar consigo una o dos dosis de un enervante permitido. Buscan que los involucrados sean jóvenes consumidores y extorsionan a las familias a cambio de dejarlos en libertad, cuando por las cantidades no deberían pisar la cárcel y, de no conseguir el dinero, judicializan a personas para meter más presión a los familiares, a sabiendas que la acusación no procederá legalmente.

FAMILIA DEL VALLE FUE DETENIDA Y EXTORSIONADA

El 15 de agosto de 2018, la señora Ofelia Hernández Beltrán denunció ante la Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a varios funcionarios de la dependencia, entre ellos a Martín Valenzuela López, del área de Narcomenudeo, por los delitos de abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, robo a casa habitación, robo con violencia, cohecho, amenazas, extorsión y lo que resulte, luego de irrumpir en su vivienda, causar severos destrozos y retener a su familia.

Según el documento en poder de ZETA, el incidente ocurrió el 3 de agosto del este mismo año, cuando autoridades ministeriales irrumpieron alrededor de las 3:00 am en la vivienda propiedad de Ofelia Hernández Beltrán, donde pernoctaba junto con su esposo e hijos de nombres Santiago e Isaías Castro Hernández, y Ramón Solórzano Sánchez, ubicada en el Ejido Monterrey del Valle de Mexicali.

En su narrativa, denunció que todo marchaba en aparente calma cuando escucharon fuertes golpes provenientes de la entrada principal.

De inmediato uno de sus hijos sale corriendo y sube al segundo piso, gritando “Mamá, mamá, ábranme la puerta, alguien se quiere meter a robar”. De un sobresalto abre la puerta de su habitación y observa el monitor que proyecta las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en diversos puntos de la casa, donde se observa a un grupo de encapuchados queriendo ingresar.

Luego de quebrar una ventana comenzaron a meterse a la vivienda. La voz de los encapuchados sonaba con mayor intensidad conforme se acercaban a la habitación, hasta que irrumpieron adonde se encontraban los cuatro.

Usando palabras altisonantes, los obligaron a todos a acostarse mientras los encañonaban con armas largas y esposaban sin brindarles una sola explicación. Pese a lo abrupto del momento, la afectada pudo notar en las vestimentas que llevaban logos de la PGJE.

Mientras interrogaban y amedrentaban a la familia, otros agentes causaron destrozos y robaron varias pertenencias, entre éstas un DVD con las cámaras de vigilancia, acumuladores de sus autos, una tarjeta de nómina, un celular, entre otros objetos.

Hernández dijo ser profesora de primaria, y su marido, trabajador del campo en Estados Unidos, por lo que no tenían droga ni armas, pese a la insistencia de los encapuchados, quienes se llevaron a su esposo y a uno de sus hijos, argumentando que les habían encontrado un envoltorio, mismo que nunca les mostraron; tampoco se identificaron formalmente ni les enseñaron la supuesta orden de cateo.

Poco después de ser trasladados a las instalaciones de la PGJE, su marido le llamó porque el “lic” a cargo le estaba “pidiendo una feriecita para las sodas” y que una vez que pagara, los dejaría ir.

Al día siguiente, Ofelia llegó a la oficina de Narcomenudeo, donde habló con el agente del Ministerio Público Martín Valenzuela López, quien aceptó ser quien ingresó a su vivienda la noche anterior y le dijo que les llevaría a sus hijos en la tarde. Sin embargo, cuando regresaba a su vivienda, su abogado, de nombre Alberto, le dijo que el MP pidió 100 mil pesos para dejarlos ir.

Ofelia -quien se dijo aterrada de que algo le pasara a su familia- sólo pudo conseguir 30 mil pesos, mismos que pagó, aunque reconoció que desconocía los motivos del pago, pues no tenían nada ilícito.

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Foto: Cortesía.- Elementos de la policía ministerial del estado durante un cateo en Mexicali

Al pagarle al MP sus familiares recuperaron su libertad, pero días después, la mujer regresó a la agencia para reclamar porque habían puesto en riesgo la salud de uno de sus hijos, quien padece Rickettsia, además de exigir de vuelta el DVD con la información relacionada con el cateo. Según su declaración, el licenciado Manuel Valenzuela López le comentó que se lo devolvería cuando borrara toda la información del video.

A cuatro meses del incidente, la PGJE ha suspendido a varios involucrados -según lo declarado por el abogado Herman López Frank- y aún indaga a más involucrados.

JUECES CALIFICADORES DEBERÍAN ENCARGARSE DEL TEMA

Una solución para la saturación de trabajo en los ministerios públicos de narcomenudeo es que exista una serie de reformas al Código Penal, para que sean los jueces calificadores y no la autoridad ministerial, la que se encargue de decidir la sanción correspondiente.

En esto coincidieron López Frank y Ulises Méndez, quienes argumentan que en otros países hay juicios en la Corte civil donde se encargan de dar una sentencia rápida ante casos de carácter administrativo, lo que aligeraría el trabajo en la materia y permitiría a las policías municipales obtener información de los detenidos.

Según López Frank, además ayudaría a terminar con la extorsión de los fiscales en la PGJE, quienes –insistió- se benefician con las enormes cantidades de detenidos que reciben, pues perciben ganancias limpias de ello.

El jurista estableció un esquema similar al que se presenta con las personas detenidas en estado de ebriedad, a quienes se otorga un criterio de oportunidad cuando es su primera vez, aunque se les entrega una multa de gran valía.

En caso de reincidir en un periodo no menor a dos años, se les impone una sanción de carácter penal.

Mientras que Ulises Méndez Manuell-Gómez consideró que este tipo de juicios son parte de la tendencia de la legalización de las drogas, y aunque se muestra de acuerdo con este tipo de juicios, “deberían revisarse las dosis permitidas para consumo de drogas, ya que son demasiado altas”.

A la parte de ello, se deben reforzar programas preventivos como DARE, con la intención de alejar a los menores de los estupefacientes.

Esta perspectiva coincide con la brindada por el presidente del CCSP, Alejandro Vázquez Valadez, quien comentó que las adicciones son uno de los principales problemas que generan alza en la incidencia delictiva.

Ante ello, hacen falta definir políticas públicas que frenen el consumo de drogas y no a los vendedores, dicho de otra forma, atacar las causas y no las consecuencias, como ha venido haciéndose en todas las acciones de los últimos gobiernos.

Ambos coincidieron que otra solución sería la de instalar tribunales contra las adicciones, donde se invite a las familias a participar en los procesos de rehabilitación de los consumidores que además se ven involucrados en hechos ilícitos.

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