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INCONTROLADOS: Elementos de la Semar y Policía Federal torturaron y abusaron de una mujer; CNDH emite recomendación
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INCONTROLADOS: Elementos de la Semar y Policía Federal torturaron y abusaron de una mujer; CNDH emite recomendación
rip 11.11.18 20:05
Elementos de la Semar y Policía Federal torturaron y abusaron de una mujer; CNDH emite recomendación
Elementos de ambas dependencias entraron a la fuerza a la casa de la víctima, en San Luis Potosí, y frente a sus hijos la amenazaron y golpearon.
Posteriormente la trasladaron a otro lugar y abusaron sexualmente de ella, la acusaban de portación de armas y narcomenudeo.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal son señalados como responsables de golpear y torturar a una mujer, frente a sus hijos, y posteriormente abusar sexualmente de ella, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Semar y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que reparen integramente el daño.
La recomendación 48/2018 detalla que los hechos ocurrieron en San Luis Potosí, a las 3 de la mañana del 3 de septiembre de 2013. Ese día la víctima se encontraba en su domicilio, acompañada de sus hijos. Un grupo de hombres vestidos de civil y con la cara cubierta entró a la fuerza, uno de ellos le apuntó con un arma larga en la cabeza, la amenazó y la golpeó frente a los menores.
En su acusación, la mujer señaló que estas personas la llevaron a la sala de la casa donde habían otros 6 sujetos. Allí la interrogaron y golpearon al tiempo que la amenazaban con matarla. Le taparon los ojos, la amarraron de pies y manos y comenzaron a disparar.
“Los agentes que se encontraban en el lugar le preguntaban sobre quién iba a rescatarla y dónde se encontraban las armas y la droga (…) los golpes y las amenazas continuaron, mientras la interrogaban sobre quién le había disparado a sus compañeros”, se lee en la narración de los hechos.
Después de varios minutos la sacaron del domicilio, dejando a sus hijos solos, y la subieron a un vehículo para hacer un recorrido de unos 45 minutos, tiempo en el que continuaron las amenazas, hasta que se pararon en un sitio en el que un hombre la amenazó con dañar a sus hijos y posteriormente abusó sexualmente de ella.
Luego del abuso fue trasladada en helicóptero a un sitio que desconocía. De ahí la llevaron a otro lugar donde nuevamente fue interrogada sobre secuestros, armas, dinero y diversas personas que no conocía.
Media hora después le quitaron la venda de los ojos y vio a tres sujetos, quienes le dijeron que también tenían detenidos a otras dos personas y la tortura continuó.
La víctima “expresó que unas mujeres que decían ser del Ministerio Público Federal la amenazaron y la obligaron a firmar unos documentos en los que pudo apreciar las iniciales PGJ”, que corresponderían a la Procuraduría de Justicia del estado de San Luis Potosí.
Tras firmar esos papeles los sujetos la sacaron salir del inmueble donde la mantuvieron y en cuya pared se leía la leyenda “Policía Federal”, y la llevaron a la PGR en donde fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal en donde se inició una averiguación previa en su contra por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y otra más por la probable comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Por tanto se inició la causa penal correspondiente en la que se dictó una sentencia y logró su libertad después de 2 años, 7 meses. La queja ante la CNDH fue interpuesta hasta el 4 de julio de 2016.
El análisis del caso permitió al Organismo Nacional “acreditar violaciones a los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad; a la libertad y seguridad personal por detención ilegal y arbitraria; a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual contra la víctima, así como violaciones al principio del interés superior de la niñez en agravio de su hija e hijo”, expresó la CNDH.
El organismo determinó que los elementos de la Secretaría de Marina y Policía Federal que participaron en los hechos, lo hicieron sin orden judicial de cateo o flagrancia que lo justificara, lesionando además a la víctimas durante su aseguramiento.
Entretanto el análisis de los estudios médico-psicológicos practicados a la víctima comprobaron que los golpes, abuso sexual y actos de tortura que sufrió le provocaron secuelas.
Igualmente se estableció que dichas conductas tuvieron la intención de obtener información sobre la comisión de diversos presuntos hechos delictivos, sin importar el daño ocasionado a los menores de edad que presenciaron los hechos.
Por lo anterior, la CNDH solicita a la Semar y a la CNS reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas; otorgarles la atención médica y psicológica necesarias e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
Además de colaborar en la causa penal instruida contra el personal involucrado y colaborar en el procedimiento administrativo interno iniciado en ambas dependencias para la investigación del caso.
Finalmente les piden diseñar e implementar protocolos de actuación para prevenir la comisión de actos de tortura cuando se lleven a cabo detenciones de personas e impartir al personal cursos de capacitación sobre derechos humanos, para que desempeñen sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
https://www.animalpolitico.com/2018/11/elementos-semar-policia-federal-tortura-abuso-mujer-cndh/
Elementos de ambas dependencias entraron a la fuerza a la casa de la víctima, en San Luis Potosí, y frente a sus hijos la amenazaron y golpearon.
Posteriormente la trasladaron a otro lugar y abusaron sexualmente de ella, la acusaban de portación de armas y narcomenudeo.
Archivo / Cuartoscuro
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal son señalados como responsables de golpear y torturar a una mujer, frente a sus hijos, y posteriormente abusar sexualmente de ella, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Semar y a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que reparen integramente el daño.
La recomendación 48/2018 detalla que los hechos ocurrieron en San Luis Potosí, a las 3 de la mañana del 3 de septiembre de 2013. Ese día la víctima se encontraba en su domicilio, acompañada de sus hijos. Un grupo de hombres vestidos de civil y con la cara cubierta entró a la fuerza, uno de ellos le apuntó con un arma larga en la cabeza, la amenazó y la golpeó frente a los menores.
En su acusación, la mujer señaló que estas personas la llevaron a la sala de la casa donde habían otros 6 sujetos. Allí la interrogaron y golpearon al tiempo que la amenazaban con matarla. Le taparon los ojos, la amarraron de pies y manos y comenzaron a disparar.
“Los agentes que se encontraban en el lugar le preguntaban sobre quién iba a rescatarla y dónde se encontraban las armas y la droga (…) los golpes y las amenazas continuaron, mientras la interrogaban sobre quién le había disparado a sus compañeros”, se lee en la narración de los hechos.
Después de varios minutos la sacaron del domicilio, dejando a sus hijos solos, y la subieron a un vehículo para hacer un recorrido de unos 45 minutos, tiempo en el que continuaron las amenazas, hasta que se pararon en un sitio en el que un hombre la amenazó con dañar a sus hijos y posteriormente abusó sexualmente de ella.
Luego del abuso fue trasladada en helicóptero a un sitio que desconocía. De ahí la llevaron a otro lugar donde nuevamente fue interrogada sobre secuestros, armas, dinero y diversas personas que no conocía.
Media hora después le quitaron la venda de los ojos y vio a tres sujetos, quienes le dijeron que también tenían detenidos a otras dos personas y la tortura continuó.
La víctima “expresó que unas mujeres que decían ser del Ministerio Público Federal la amenazaron y la obligaron a firmar unos documentos en los que pudo apreciar las iniciales PGJ”, que corresponderían a la Procuraduría de Justicia del estado de San Luis Potosí.
Tras firmar esos papeles los sujetos la sacaron salir del inmueble donde la mantuvieron y en cuya pared se leía la leyenda “Policía Federal”, y la llevaron a la PGR en donde fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal en donde se inició una averiguación previa en su contra por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y otra más por la probable comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Por tanto se inició la causa penal correspondiente en la que se dictó una sentencia y logró su libertad después de 2 años, 7 meses. La queja ante la CNDH fue interpuesta hasta el 4 de julio de 2016.
El análisis del caso permitió al Organismo Nacional “acreditar violaciones a los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad; a la libertad y seguridad personal por detención ilegal y arbitraria; a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual contra la víctima, así como violaciones al principio del interés superior de la niñez en agravio de su hija e hijo”, expresó la CNDH.
El organismo determinó que los elementos de la Secretaría de Marina y Policía Federal que participaron en los hechos, lo hicieron sin orden judicial de cateo o flagrancia que lo justificara, lesionando además a la víctimas durante su aseguramiento.
Entretanto el análisis de los estudios médico-psicológicos practicados a la víctima comprobaron que los golpes, abuso sexual y actos de tortura que sufrió le provocaron secuelas.
Igualmente se estableció que dichas conductas tuvieron la intención de obtener información sobre la comisión de diversos presuntos hechos delictivos, sin importar el daño ocasionado a los menores de edad que presenciaron los hechos.
Por lo anterior, la CNDH solicita a la Semar y a la CNS reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas; otorgarles la atención médica y psicológica necesarias e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
Además de colaborar en la causa penal instruida contra el personal involucrado y colaborar en el procedimiento administrativo interno iniciado en ambas dependencias para la investigación del caso.
Finalmente les piden diseñar e implementar protocolos de actuación para prevenir la comisión de actos de tortura cuando se lleven a cabo detenciones de personas e impartir al personal cursos de capacitación sobre derechos humanos, para que desempeñen sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
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