Pugna por Zona Este de Tijuana recrudece violencia

Hasta junio, el promedio diario de ejecuciones en Tijuana oscilaba en 7.5 muertes, pero desde hace tres semanas la violencia se recrudeció en la Zona Este de la ciudad, donde dos células, una del Cártel de Sinaloa y otra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se disputan el control por la venta de droga.

Los días 23 y 24 de junio se registraron 11 y 14 crímenes, respectivamente, disparando el promedio diario de muertes; estadística que -finalmente- comienza a preocupar en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Lo que detonó el crimen por aquella zona de Tijuana es la pugna entre Edgar Alejandro Herrera, alias “El Cabo 8”, “El Caimán” y /o “El Zame” (“Lagartijas”), alineado al CJNG, contra David López Jiménez “El Cabo 20”, disidente de Jalisco para unirse a Sinaloa, en las filas de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”.

A raíz de un asesinato registrado la segunda semana de junio en el estacionamiento del bar 7 de Copas en el Bulevar Díaz Ordaz, uno de los testigos declaró que los sujetos antes mencionados pertenecían al CJNG, pero López Jiménez “volteó bandera” para unirse a Sinaloa, originando la ola de crímenes desde Los Pinos, pasando por La Presa y Presa Rural.

“El Cabo 20”, también apodado “El Lobo”, tiene antecedentes penales por robo con violencia a casa habitación en octubre de 2010, ficha por delitos contra la salud en marzo de 2016, ficha por robo de vehículo en agosto de 2014 y por delitos contra la salud en marzo de 2017.

Sobre “El Caimán”, los registros con que cuenta la autoridad constan de una grabación telefónica donde presuntamente amenazaba a policías municipales; está por abrírsele un mandamiento judicial y la integración de una carpeta de investigación del orden federal por delitos contra la salud.

También tiene averiguaciones previas  por lesiones en 2010, daño en propiedad ajena intencional en 2005 y lesiones por riña en 2009. Aparte de turnaciones por grafiti y objeto fijo en 2005, daños materiales a comercio en 2007, golpes físicos en 2008 y delitos contra la salud en 2011; y fichas por barandilla por actos al vicio, causar molestias e ingerir bebidas en la vía pública, la última de ellas en 2010.

Los cuerpos de tres hombres y una mujer, al parecer privados de la vida por estrangulamiento, aparecieron en un tramo de terracería en el Ejido Ojo de Agua. Las víctimas, hasta ahora sin identificar, estaban en el interior de un costal. Tenían los rostros cubiertos con cinta adhesiva transparente y diversas huellas de violencia. Oscilaban entre los 30 y 40 años de edad.

“Los occisos tenían el mismo perfil, tatuajes en la piel, la mujer tenía uno de la Santa Muerte. Da la impresión de que estuvieron privados de la libertad en algún lugar; los interrogaron, amenazaron, golpearon, después los ejecutaron y por último abandonaron los cadáveres”, señaló un investigador.

El múltiple homicidio es parte de la pugna por el control de los lugares de venta de droga en la Zona Este.

“La ejecución es una forma de ganar territorio, es como miden sus fuerzas. Ellos revisan cuántos puntos de venta tengo en cual o tal colonia, y lo que están haciendo es quitarles los puntos de venta a la otra persona, ¿cómo lo hacen? Con terror, amenazas y asesinatos. Primero los abordan, les dejan droga y les dan un teléfono, cuando ya no les contestan la llamada se dice que ya no está alineados; es cuando vienen las ejecuciones. No se puede decir que hay territorios controlados y eso se mide cuando ya no pase nada, ya no se registren homicidios”, amplió el investigador quien, agregó, la violencia en Tijuana recrudeció entre un 20 y 25 por ciento durante junio y julio.

“El promedio de muertes mensuales oscilaba entre 180 y 190, el mes pasado rebasó los 221 y este julio van 201. Esto se traduce en que no hay territorios controlados por ninguno de los dos grupos. El control en Los Pinos, Presa y Presa Rural se podrá medir cuando ya no ocurran homicidios”.

Jorge Álvarez, subprocurador de Justicia, señaló que a raíz del cambio de estructura en la corporación, en abril de 2018, se han arrojado resultados positivos.

“A la Procuraduría le corresponde resolver homicidios, le estamos apostando a la investigación y resolver más homicidios. Con el cambio de estructura, al menos los primeros dos meses han sido positivos, porque primero la Policía Municipal aumentó sus detenciones en flagrancia y nosotros incrementamos las judicializaciones con y sin detenido, pero hay que reconocer que el 90 por ciento de los asuntos con detenidos se quedan consignados y en prisión. También incrementamos los asuntos de judicialización sin detenido, es decir, las órdenes de aprehensión. En junio tuvimos 28 expedientes judicializados con 47 personas, lo que en dos años no había pasado. En julio llevamos más de 14 judicializaciones”, argumentó.

De igual manera, se está incentivando la investigación con más agentes ministeriales.

“Homicidios estaba resolviendo nueve y doce asuntos de órdenes de aprehensión por Número Único de Caso (NUC) con 11 o 14 órdenes de aprehensión; ya en junio, con la reestructura sacamos 17 NUC con 26 órdenes de aprehensión, más los asuntos de la unidad con detenidos, 15 personas.  En julio vamos a cerrar muy bien”, estimó el funcionario.

En audiencia intermedia llevada a cabo el 25 de julio en tribunales del Poder Judicial, la fiscalía que lleva el caso del asesinato de la doctora Alma Angélica Ciani González, solicitó un castigo de 42 años y seis meses de cárcel y 800 mil 400 pesos como reposición del daño, para el imputado David Ortega Ramos, a quien se acusa de haber cometido el homicidio el 3 de julio de 2017.

Previo a la audiencia presidida por el juez Francisco Alberto Molina Hernández, tanto la defensa del imputado como la fiscalía, habían solicitado prórroga para tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes y que todo se resolviera mediante proceso abreviado.

Sin embargo, este no se dio, ya que Odín Ciani, hermano de la fallecida galena, la familia busca “en la medida del agravio que se presenta”, la “justicia”, porque “estamos hablando de una persona que asesinó a una ser humano bueno, que además intentó dispararle también a mis sobrinos, pero se le trabó la pistola”.

Durante la audiencia se desahogaron todos los medios de prueba que serán presentados durante el juicio oral, más de 25 prueba, desde testimonios de testigos, familiares, policías, ministeriales, paramédicos y forenses, hasta tentativas periciales, de autopsia, balística, entre otras.

De acuerdo con el testimonio de la fiscalía, Ortega Ramos se presentó el lunes 3 de julio de 2017 al consultorio en que trabajaba la doctora Ciani González, ubicado en Bulevar Cuauhtémoc de la colonia Libertad de Tijuana, al que ingresó por la parte del estacionamiento.

Al entrar le mencionó a uno de los hijos que pasaría a consulta y se sentó en uno de los sillones, mientras salía el paciente con quien se encontraba la doctora, cuando terminó con este, Ortega Ramos ingresó a la sala de consulta y le disparó en tres ocasiones a la altura del tórax con un arma de fuego calibre 9 milímetros, provocando la muerte inmediata de la doctora.

Al salir, el sujeto le apuntó con el arma y trató de disparar a los dos hijos y a la madre de la doctora, quienes se encontraban en la sala de espera; el arma se trabó y al salir huyendo se le cayó un teléfono celular, pieza clave para vincularlo en este caso, en el que se le acusa de homicidio calificado con ventaja. Manuel Ayala Chávez