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Compra masiva de votos, una operación trasatlántica
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Compra masiva de votos, una operación trasatlántica
Skorpio 29.07.12 18:12
Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por incumplimiento de un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que documenta ahora Proceso.
Según él, la maraña de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.
Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República en favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación además hay indicios de lavado de dinero.
Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGO, Jiramos y GM Global, así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos del Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.
La investigación pendiente
La Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados y representantes de casilla.
Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto punto –establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se dispusieron los recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.
En la ruta de indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala que verían la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos.
Además se investigará la relación de las personas físicas “representaciones legales, socios accionistas, apoderados, empleados de las personas morales, entre otros”, con los partidos políticos.
Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló el empresario estadunidense de origen mexicano José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera Televisión Network LLP.
En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que en octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el tiempo en que durara la campaña en México.
El empresario afirmó que le constaba haber visto que esta cantidad de dinero fue depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña publicitaria del priista en Estados Unidos.
En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber dinero del crimen organizado en esas transacciones.
En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto: “Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de empresas relacionadas con el narco’, que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.
Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de procedencia desconocida” y que las autoridades financieras comenzaran a buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el empresario asegura fueron depositados en Monex y Mifel y que sirvieron para la campaña de Peña Nieto.
Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como la Unidad de Fiscalización del Instituto ya deben tener los datos duros y concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos, flujo financiero y dispersión de los recursos.
El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de Fiscalización para que se le informara de los avances de la investigación sobre este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.
“No hay manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para México, estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en el caso del banco HSBC que fueron instancias externas las que detectaron el lavado de dinero. Además hay antecedentes de averiguaciones previas de lavado de dinero en Monex producto del trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto obra en expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las autoridades deben de investigar”, sostiene el perredista.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1865, ya en circulación)
Según él, la maraña de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.
Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República en favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación además hay indicios de lavado de dinero.
Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGO, Jiramos y GM Global, así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos del Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.
La investigación pendiente
La Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados y representantes de casilla.
Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto punto –establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se dispusieron los recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.
En la ruta de indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala que verían la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos.
Además se investigará la relación de las personas físicas “representaciones legales, socios accionistas, apoderados, empleados de las personas morales, entre otros”, con los partidos políticos.
Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló el empresario estadunidense de origen mexicano José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera Televisión Network LLP.
En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que en octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el tiempo en que durara la campaña en México.
El empresario afirmó que le constaba haber visto que esta cantidad de dinero fue depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña publicitaria del priista en Estados Unidos.
En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber dinero del crimen organizado en esas transacciones.
En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto: “Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de empresas relacionadas con el narco’, que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.
Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de procedencia desconocida” y que las autoridades financieras comenzaran a buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el empresario asegura fueron depositados en Monex y Mifel y que sirvieron para la campaña de Peña Nieto.
Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como la Unidad de Fiscalización del Instituto ya deben tener los datos duros y concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos, flujo financiero y dispersión de los recursos.
El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de Fiscalización para que se le informara de los avances de la investigación sobre este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.
“No hay manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para México, estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en el caso del banco HSBC que fueron instancias externas las que detectaron el lavado de dinero. Además hay antecedentes de averiguaciones previas de lavado de dinero en Monex producto del trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto obra en expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las autoridades deben de investigar”, sostiene el perredista.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1865, ya en circulación)
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