MÉXICO: 83% de muertos en sismo, por corrupción

Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos como la novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio social y económico: el uso político de los fondos públicos para rescatar a las víctimas, atender la emergencia y posteriormente reconstruir las zonas afectadas.

Estos tres elementos marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las catástrofes, revelan tanto la Agenda Nacional de Riesgos como diversos análisis del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Uno de esos estudios –Impacto socioeconómico de los desastres. De la vulnerabilidad a la resiliencia– destaca que “el 83 por ciento de todas las muertes ocurridas en edificios colapsados en terremotos han ocurrido en países con altos niveles de corrupción y pobreza”, según lo observado por el científico Roger Bilham, investigador de la Universidad de Colorado, Estados Unidos.

Otro estudio –Los fenómenos naturales y su efecto en los grupos más vulnerables de México– señala que las estadísticas del “Cenapred permiten estimar que el 65 por ciento de las víctimas generadas por los desastres ocurre entre los pobres”.

En tanto, la Agenda Nacional de Riesgos –un diagnóstico profundo de las amenazas a la seguridad nacional, elaborado por los órganos de inteligencia del país y al que Contralíneatuvo acceso– refiere entre las máximas vulnerabilidades el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.

Así, ocho de cada 10 muertes ocurridas durante los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados tuvieron su origen en actos de corrupción de inmobiliarias y autoridades de los tres niveles de gobierno o en las condiciones de pobreza y marginación que padecen más de 53 millones de mexicanos, según las estadísticas oficiales.

“El nivel de impacto de un fenómeno natural no está determinado por el nivel de intensidad, sino por el grado de vulnerabilidad del sistema expuesto y de su población”, admite el análisis Impacto socioeconómico de los desastres, elaborado por el maestro Norlang García Arróliga, adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del Cenapred.

Ambos terremotos –el primero oscilatorio de 8.2 grados Richter y el segundo trepidatorio de 7.1 grados– han marcado un retroceso de 16 años en materia de prevención y atención a desastres causados por fenómenos naturales, se desprende de los estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

En conjunto, éstos han cobrado la vida de, al menos, 398 personas en ocho entidades del país (Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero, Estado de México y Tabasco). Esta cifra mortal, aún preliminar, ya superó el promedio anual nacional, estimado por el Centro en 175 muertes por año.

Un solo sismo, el del 19 de septiembre, causó más víctimas que esa media nacional sostenida durante el periodo de 2000 a 2016. En ese lapso, refiere el documento Impacto socioeconómico de los desastres, 2 mil 982 personas perdieron la vida durante catástrofes de este tipo, principalmente por daños causados por tormentas y huracanes.

Además, en esos 16 años las pérdidas económicas se estimaron en 33 mil 948 millones de dólares (unos 577 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar).

“El desastre es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana, generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas que supera la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios”, refiere el análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, elaborado por Carlos Miguel Valdés González, director general del Cenapred.

Treinta y dos años después del terremoto de 1985, el sismo de este 19 de septiembre también fue devastador, aunque en menor magnitud. En el caso de la capital, el colapso de al menos 44 edificios y las 3 mil 848 estructuras que resultaron severamente dañadas dejan al descubierto el incumplimiento de las normas mínimas de edificación, establecidas en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México.

En este caso, la supervisión de las condiciones de seguridad en materia de protección civil también fallaron. Quizá, el caso más dramático –por involucrar a un sector altamente vulnerable– es el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde al menos 19 menores de edad y cinco adultos perdieron la vida.

En las ocho entidades afectadas, la corrupción de autoridades locales, estatales y federales intervino en este desastre. En el primer sismo, por ejemplo, en algunas zonas de Chiapas y Oaxaca la alarma sísmica –mecanismo que previene a la población segundos antes del fenómeno natural para que evacue y se resguarde en áreas seguras– no sonó por falta de pago de la energía eléctrica.

Además, de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos, una de las mayores vulnerabilidades de México es la “deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo”.

En la capital, por ejemplo, las construcciones inmobiliarias han proliferado en forma desordenada y violatoria a leyes y reglamentos, además de la oposición de vecinos. Según lo denunciado por afectados, esta situación se observa sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

En esos lugares constantemente se ha denunciado el uso de permisos irregularidades, que conceden tanto las delegaciones como la administración capitalina. Aunado a lo anterior, algunas vialidades capitalinas también resultaron afectadas, pese a que están obligadas a cumplir normas para resistir fenómenos de este tipo.

En su análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, el director general del Cenapred señala que México es un país de sismos: de 1910 a la fecha se han registrado terremotos importantes. En cada sexenio,  apunta, ha habido cuando menos un temblor considerable.

Por ello, advierte que “para evitar la construcción del riesgo sísmico es importante planear el crecimiento de las ciudades y hacerlo en forma ordenada y adecuada”.

El segundo factor que ha condenado a México a padecer desastres devastadores por fenómenos naturales, la pobreza, tiene implicaciones que difícilmente pueden superarse.

Y es que no sólo se trata del hecho de que el 65 por ciento de las víctimas generadas por estas catástrofes sean los pobres, sino que además “existe evidencia de que los desastres naturales han contribuido a elevar los niveles de pobreza y desigualdad en México”, refiere el Cenapred.

Lo anterior, indica la dependencia de la Secretaría de Gobernación, se debe a que estos fenómenos “tienden a impactar más que proporcionalmente a los miembros más pobres de la sociedad, y a que ellos son los menos capaces de responder adecuadamente a choques repentinos que destruyen sus pertenencias y reducen drásticamente sus ingresos”.

Para el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es fundamental que la protección a los pobres frente a tales fenómenos constituya un elemento importante en las estrategias gubernamentales para el combate a la pobreza.

Además, se deberían generar políticas públicas para mitigar los efectos de los desastres en el nivel de vida de los estratos y regiones más pobres del país, considera la institución.

El tercer factor que opera contra los mexicanos en caso de un fenómeno natural es el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”, refiere la Agenda Nacional de Riesgos.

Y es que pareciera que, en automático, los damnificados se convierten en el botín electoral de los políticos: el lucro de la desgracia se advierte desde el primer instante. Baste recordar al presidente de la República, Enrique Peña, a su esposa Angélica Rivera, tomándose la foto mientras empaquetaban víveres o distribuían la asistencia social en Chiapas y Oaxaca.

Otras vulnerabilidades que advierte la Agenda son: “acciones limitadas de los gobiernos federal, estatales y municipales para afrontar las contingencias”; “insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres naturales de muy alta magnitud”; “incremento en el número y magnitud de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático”; “déficit de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos”.

Asimismo, apunta los “limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias”. Algo que quedó demostrado en las horas posteriores al sismo del pasado 19 de septiembre, cuando fue la sociedad la que se volcó a asistir a las víctimas.

La tarde y noche de ese día, miles de personas salieron a las calles en busca de medicinas, alimentos, agua, herramientas. En Ciudad Universitaria, las manos de los voluntarios, predominantemente jóvenes, no descansaron: por horas, se entrelazaron para apilar la ayuda. Después, mucho después, llegaría la asistencia del gobierno.

Nancy Flores

Contralínea 558 / del 25 al 30 de Septiembre de 2017