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El Gobierno español descarta Puigdemont y Junqueras como interlocutores después del referéndum
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El Gobierno español descarta Puigdemont y Junqueras como interlocutores después del referéndum
rip 29.09.17 18:33
El Gobierno español descarta Puigdemont y Junqueras como interlocutores después del referéndum
Madrid 29 SET 2017 - 16:21 CEST
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros. LUIS SEVILLANO ARRIBAS
El Gobierno español ha descartado hoy viernes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras puedan actuar como interlocutores de Mariano Rajoy en cualquier posible negociación después del 1 de octubre, fecha elegida por los independentistas para hacer un referéndum ilegal.
"El señor Puigdemont ha incurrido en una gran deslealtad con el Estado y la sociedad catalana: él sabrá si considera que puede ser interlocutor", dijo Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Fuentes gubernamentales han sido aún más explícitas a recalcar que ningún miembro del Gobierno catalán "ni sus socios [en referencia a la CUP]" están legitimados para empezar algún tipo de diálogo con la Moncloa tras la consulta. Además, Méndez de Vigo ha advertido a los promotores del referéndum que tendrán que afrontar los tribunales las consecuencias de haber impulsado una consulta "ilegal" que, en todo caso, dijo, no se hará.
"[Los promotores de la consulta] deberán responder en un Estado de derecho", recordó Méndez de Vigo. "Los responsables incurren en una deslealtad institucional muy grave, de la que sin duda responderán ante los tribunales de justicia", ha seguido. Y subrayó: "Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que los adjudiquen los tribunales".
48 horas antes de que los independentistas catalanes se movilicen para votar en la consulta del 1 de octubre, el portavoz del Gobierno ha repasado las carencias materiales y legales con las que se quiere hacer la consulta. No hay papeletas, ni locales autorizados, ni mesas electorales constituidas, ni censo oficial, ni administración electoral, enumeró Méndez de Vigo. Todo ello, ha dicho el portavoz del Gobierno -que ha reconocido que sí puede que se coloquen algunas urnas-, lleva "al caos y la improvisación". Y subrayó: "El presidente Puigdemont dijo que la votación sería como siempre y estamos viendo que quieren que haya votación como sea".
La consulta no tendrá ninguna validez ni reconocimiento, sostuvo el portavoz, que también ha recordado que las competencias de seguridad de los Mossos son una delegación del Gobierno central, en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Toda una insinuación de que este proceso se puede revertir si la Administración central considera que la policía autonómica catalana no está colaborando a impedir el referéndum.
La disposición transitoria quinta de la ley que rige los trabajos de este cuerpo policial establece que "mientras dure el proceso de despliegue del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, las funciones que se establecen en el artículo 12 también pueden ser ejercidas por unidades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan ". Además, el Gobierno español también podría asumir las competencias de seguridad aplicando el artículo 155 de la Constitución, aunque para tramitarlo se requieren unos cinco días, según cálculos del Ejecutivo.
No ha sido el único debate del Consejo de Ministros relacionado con Cataluña. El Gobierno ha acordado presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes de la Generalitat: la de protección social, que intentaba constituir una Seguridad Social catalana, en opinión del Gobierno; la de medidas de protección de derechos de vivienda de personas en riesgo de exclusión social; y la ley de voluntades digitales.
"El Gobierno hará cumplir las leyes", dijo Méndez de Vigo sobre la pugna legal entre la Moncloa y el Gobierno. "Todos somos responsables de nuestros actos", recalcó. "El Gobierno defenderá el principio constitucional de soberanía nacional, que reside en todo el pueblo español y no sólo en una parte".
https://cat.elpais.com/cat/2017/09/29/espana/1506687837_661985.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
El Ejecutivo advierte la Generalidad que las competencias de los Mossos son delegadas
Madrid 29 SET 2017 - 16:21 CEST
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros. LUIS SEVILLANO ARRIBASEl Gobierno español ha descartado hoy viernes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras puedan actuar como interlocutores de Mariano Rajoy en cualquier posible negociación después del 1 de octubre, fecha elegida por los independentistas para hacer un referéndum ilegal.
"El señor Puigdemont ha incurrido en una gran deslealtad con el Estado y la sociedad catalana: él sabrá si considera que puede ser interlocutor", dijo Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Fuentes gubernamentales han sido aún más explícitas a recalcar que ningún miembro del Gobierno catalán "ni sus socios [en referencia a la CUP]" están legitimados para empezar algún tipo de diálogo con la Moncloa tras la consulta. Además, Méndez de Vigo ha advertido a los promotores del referéndum que tendrán que afrontar los tribunales las consecuencias de haber impulsado una consulta "ilegal" que, en todo caso, dijo, no se hará.
"[Los promotores de la consulta] deberán responder en un Estado de derecho", recordó Méndez de Vigo. "Los responsables incurren en una deslealtad institucional muy grave, de la que sin duda responderán ante los tribunales de justicia", ha seguido. Y subrayó: "Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que los adjudiquen los tribunales".
48 horas antes de que los independentistas catalanes se movilicen para votar en la consulta del 1 de octubre, el portavoz del Gobierno ha repasado las carencias materiales y legales con las que se quiere hacer la consulta. No hay papeletas, ni locales autorizados, ni mesas electorales constituidas, ni censo oficial, ni administración electoral, enumeró Méndez de Vigo. Todo ello, ha dicho el portavoz del Gobierno -que ha reconocido que sí puede que se coloquen algunas urnas-, lleva "al caos y la improvisación". Y subrayó: "El presidente Puigdemont dijo que la votación sería como siempre y estamos viendo que quieren que haya votación como sea".
Competencias de seguridad cedidas
La consulta no tendrá ninguna validez ni reconocimiento, sostuvo el portavoz, que también ha recordado que las competencias de seguridad de los Mossos son una delegación del Gobierno central, en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. Toda una insinuación de que este proceso se puede revertir si la Administración central considera que la policía autonómica catalana no está colaborando a impedir el referéndum.
La disposición transitoria quinta de la ley que rige los trabajos de este cuerpo policial establece que "mientras dure el proceso de despliegue del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, las funciones que se establecen en el artículo 12 también pueden ser ejercidas por unidades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan ". Además, el Gobierno español también podría asumir las competencias de seguridad aplicando el artículo 155 de la Constitución, aunque para tramitarlo se requieren unos cinco días, según cálculos del Ejecutivo.
No ha sido el único debate del Consejo de Ministros relacionado con Cataluña. El Gobierno ha acordado presentar tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes de la Generalitat: la de protección social, que intentaba constituir una Seguridad Social catalana, en opinión del Gobierno; la de medidas de protección de derechos de vivienda de personas en riesgo de exclusión social; y la ley de voluntades digitales.
"El Gobierno hará cumplir las leyes", dijo Méndez de Vigo sobre la pugna legal entre la Moncloa y el Gobierno. "Todos somos responsables de nuestros actos", recalcó. "El Gobierno defenderá el principio constitucional de soberanía nacional, que reside en todo el pueblo español y no sólo en una parte".
https://cat.elpais.com/cat/2017/09/29/espana/1506687837_661985.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
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