Lo asesinaron “por no pagar piso”; ministeriales de Tecate los detiene

 1 de Septiembre del 2017

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A eso de la una y media de la tarde del lunes 21 de agosto, los dos hermanos, cada uno con un arma en la mano, abrieron fuego a una camioneta estacionada cruzando una escuela en Tecate.

El saldo fue fatal para Leopoldo Osorio Gaxiola de 40 años y originario de Sinaloa a quien las áreas de inteligencia de Estados Unidos y Baja California lo ubicaban traficante de personas en el ejido Jacume en la parte Este de la ciudad.

Su cuerpo quedó tendido al interior de una Ford, Explorer color verde con placas de California. El cuerpo de Osorio tenía 4 lesiones, 2 impactos de bala en la cabeza, la cual provocó exposición de la materia gris y 2 más en el hombro izquierdo.
Los presuntos homicidas no habían acertado la mayoría de sus tiros; pues en la escena se contaron al menos 9, pero fue suficiente para arrebatar la vida a Osorio, de quien se dice, era la cabeza de una familia de polleros que operaba para el Cártel de Sinaloa en Tecate.

Los agentes de la comandancia ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado zona Tecate entrevistaron testigos. Reconocieron a los agresores y el lugar donde fueron posterior al homicidio.

Frente a la escena del crimen se ubica un rancho donde se crían gallos, algunos testigos lo señalaron como el lugar en donde los homicidas trabajaban.
 
 
El Ministerio Público se apresuró a solicitar dos órdenes de cateo al Juez de Control del Poder Judicial de Baja California Zona Tecate. Así ingresaron a dicho rancho donde se localizaron 2 casquillos de arma larga 30-06 y 7 casquillos de 9 milímetros.

La segunda orden de cateo fue al domicilio de los presuntos responsables donde también se localizaron 2 casquillos al parecer de la misma arma corta.

Dos días después del asesinato, la Policía Ministerial ya tenía ubicados a los hermanos Jaime Heriberto y Eliazar Soto Reynaga, ambos originarios de Choix, Sinaloa y residentes del poblado de Jacume en Tecate.

Junto con agentes federales, la noches del miércoles 23 se detuvo cerca del límite fronterizo, los presuntos asesinos fueron detenidos en posesión de un arma tipo escuadra 9 milímetros y fueron turnados a la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de portación.

El arma decomisada se trata de la misma con la que dispararon a Osorio. Cercanos a la víctima, confiaron a los investigadores que Osorio había recibido amenazas de los jóvenes hoy detenidos para que pagara “plaza” y así poder “trabajar” en la zona cruzando personas hacia Estados Unidos.

Para el jueves 24, las órdenes de aprensión ya estaban lista. Y los jóvenes quienes presumían de su relación con el Cártel de Jalisco en su zona fueron trasladados a las oficinas ministeriales del Estado.

El miércoles 30 de agosto, el juez encontró elementos suficientes para no dejar en libertad a los hermanos Soto y así inició el juicio penal por el delito de homicidio calificado.

Los presuntos homicidas (Se presumen inocentes, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, Art. 13, CNPP).