¿Cómo llegamos a esto? Cronología de una década de guerra (Primera y Segunda partes)

Cazador de Duendes 11.12.16 1:52

¿Cómo llegamos a esto? Cronología de una década de políticas fallidas (Primera parte)

Por Miguel Villegas

noviembre 27, 2016

El primero de diciembre de 2006, Felipe Calderón asumiría la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Ese mismo día y en el marco de un Congreso en disputa por los partidos, desde el Auditorio Nacional, Calderón emitió su primer mensaje como mandatario nacional y anunció como uno de sus principales esfuerzos el combate frontal a la delincuencia organizada, a cualquier costo, incluso por encima de la vida.

Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas.
Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia.

Apenas tres días después, el 4 de diciembre, Calderón, probablemente sin darse cuenta de las implicaciones, enunció esta estrategia como una "guerra a la delincuencia" para promover la inversión y los derechos de propiedad en el "Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano" en presencia del Príncipe de Asturias Felipe de Borbón, de España.

Foto vía.

Ante esto, surge el mar de preguntas ¿Qué significa asumir una política pública que costará "vidas humanas"? ¿Cómo se enfrenta a grupos empresariales ilegales con capacidad de corrupción y operación en una gran cantidad de países, incluyendo los más poderosos? ¿Qué capacidad de armamento y pericia tiene el Ejército y ante que se va a enfrentar? ¿Queremos ese enfrentamiento? ¿Cómo evitar una escalada armamentista entre los bandos en conflicto? Y sobretodo ¿cómo se desarrolla una guerra interna sin llevarse a la población civil en el fuego cruzado entre personas de un mismo país? ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo se mide la eficacia de una política de guerra y militarización del territorio? ¿Cuándo y cómo va a terminar? ¿Cuánto dolor tendremos que llorar? ¿Cuántas son esas "vidas humanas" que tendremos que rendir para sentirnos seguros?

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Esas preguntas son tan complejas que diez años después todavía estamos muy lejos de encontrar una respuesta. Para tratar de entender que ha pasado en estos años de guerra contra el narco, desde el lanzamiento del Operativo Michoacán como bandera y primer frente de batalla, hacemos un recuento año por año (a partir de la toma de posesión el 1 de diciembre) de las acciones, resultados y consecuencias de declarar una guerra contra el narcotráfico, en un país tan diverso, extenso, desigual y tan cerca de los Estados Unidos. Ya lo había dicho Nemesio García Naranjo en la época de Porfirio Díaz, "¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!" Qué triste la vigencia de esta frase un siglo después.

1. Diciembre 2006- diciembre 2007

Empecemos por el principio, el 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón tomo posesión del cargo de Presidente de la República anunciando en sus primeros discursos que implementaría una estrategia de seguridad militarizada para combatir el poder de los grupos de narcotráfico, incluso apareciendo con sus hijos disfrazados de militares en un homenaje al ejército. El Operativo Michoacán, lanzado el 11 de diciembre del mismo año fue la primera bandera de batalla y se desplegaron casi 7,000 efectivos de distintas corporaciones en el estado y volviéndolo territorio emblemático que en diversos momentos cobrará mayor importancia como punto nodal de la guerra.

En Marzo de 2007, tres meses después de haber incursionado en el frente de batalla, se transmitió a los soldados la "Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007 – 2012". Este es un documento clasificado de 37 páginas "que comienza con lo que define como 'visión presidencial', pronto se giró a las comandancias de las regiones y zonas militares del territorio mexicano, a las que el general secretario instruyó a actuar con 'amplia libertad de acción', 'amplia iniciativa', 'mayor dinamismo' y 'don de mando' para realizar 'acciones contundentes' dirigidas a los blancos establecidos" . Este documento da a entender las intenciones y visión sin tener una estrategia clara en cuanto a metodología y tiempos de implementación y evaluación.

El 4 de noviembre un "accidente" aéreo en medio de la Ciudad de México acabó con la vida de Juan Camilo Mouriño quien fuera Secretario de Gobernación en el momento. A pocos meses de declararle la guerra al narcotráfico, la muerte del encargado de la política interior en México hacía parte del ambiente de zozobra que se viviría en los próximos años.

2. Diciembre 2007- diciembre 2008

Poco más de un año después de la implementación la guerra contra el narco, se presentarían los primeros documentos públicos sobre la estrategia que seguiría. En enero de 2008 se presentó el Programa Sectorial de Seguridad Pública y en marzo del mismo año el Programa Nacional de Seguridad Pública. El despliegue de personal y apoyo logístico había empezado sin una planeación estratégica clara y eso había llevado a que para el año 2008 las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos por parte del ejército se sextuplicaran en relación al 2006, año en que se declaró la Guerra.

En marzo de este año se implementó el Operativo Conjunto Chihuahua bajo las premisas de amplia iniciativa y libertad de acción, lo que derivó en investigaciones y procesos penales por abusos y violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura, desaparición forzada, homicidio y hasta violaciones a las leyes de inhumación.

3. Diciembre 2008- diciembre 2009

Dos años después del inicio de la guerra contra el narco, en diciembre de 2008 se firmó la Iniciativa Mérida, un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos que establece bases de cooperación con inversión para equipo y capacitación con el pretexto del combate al narcotráfico. La iniciativa tiene 4 pilares: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado; Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; Crear la estructura fronteriza del siglo 21; y Construir comunidades fuertes y resilientes. Con este acuerdo la intervención Estadounidense en las políticas de seguridad nacionales llegaron hasta la frontera sur.

En el mismo año se pondría en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua los operativos Rápido y Furioso y 'Receptor Abierto' de la Agencia de Tabaco y Armas de Estados Unidos con los cuales permitieron el ingreso a México de armas compradas ilegalmente en los Estados Unidos con el fin de seguir la ruta de tráfico hasta objetivos de rangos altos en organizaciones criminales.

En mayo se detuvieron a 35 funcionarios del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado. A este operativo se le conoció como el Michoacanazo, y eventualmente todos los detenidos fueron liberados por no contar con evidencias que probaran su responsabilidad.

4. Diciembre 2009- diciembre 2010

En diciembre de 2009, a tres años de declarada la Guerra, la marina "abatió" (como le dicen al homicidio a manos del Estado) a Arturo Beltrán Leyva tras un fuerte enfrentamiento en Cuernavaca. Este homicidio dio un salto cualitativo en el nivel de violencia mostrada por el Estado pues exhibieron fotos del cadáver bañado en billetes ensangrentados en una escena sádica montada por la Marina. Días después, Calderón rindió homenaje e hizo público el nombre del marino asesinado en el enfrentamiento. La represalia homicida hacia la familia no se hizo esperar tras un cruel e inocente error del Presidente.

El asesinato (abatimiento) de personas vinculadas al crimen organizado se convirtió en un indicador de éxito, conduciendo así a la justificación de la violencia por sí misma. Esto llegó a tal punto que, tras la masacre de Villas de Salvárcar, la primera reacción del Presidente, de gira en Japón, fue decir que los 16 asesinados pertenecían a pandillas y estaban vinculados a microtráfico, cómo si eso justificara el asesinato de cualquier persona, sea cierto o no. En este caso no era cierto y el Secretario de Gobernación tuvo que disculparse por el Presidente. De cualquier forma, la escalada de violencia llegó este año a un nivel en el que el gobierno empezó a mostrar que para ellos algunas vidas humanas valen menos que otras y el Estado de Derecho es una cuestión secundaria en su gestión.

El cambio cualitativo y cuantitativo en la violencia llevó a reacomodos en los grupos criminales con nuevas divisiones y alianzas, así como en las dinámicas de control territorial. En agosto de ese mismo año se perpetró una masacre a 72 migrantes de diferentes países en San Fernando, Tamaulipas, aparentemente bajo responsabilidad de Los Zetas. Las rutas de la migración y de tráfico de drogas se comparten por la ilegalidad y se controlan del mismo modo, aumentando la explotación para trabajo forzado de los migrantes.

En medio del contexto de violencia exacerbada y creciente de la Guerra, se comenzaron a implementar acciones que buscaban dar una imagen de atención integral a las drogas. A finales de 2009 se presentó la Ley de Narcomenudeo, que en el extranjero se ha manejado como una política de descriminalización aunque en la práctica el resultado ha sido el aumento en las extorsiones a las personas usuarias de sustancias psicoactivas que son detenidas arbitrariamente por la policía y en ningún momento se habla de formas de acceso seguro y legal. Se instauraron los Centros Nueva Vida, que debían ser 335 en todo el país, pero hasta 2012 había una gran cantidad sin operar por falta de personal, servicios básicos o condiciones de seguridad. La tercera propuesta en materia de drogas que se quiso presentar como de avanzada pero se mantiene en la línea del estigma y la persecución penal son los Tribunales de Tratamiento de Adicciones, conocidos en otros países como Cortes de Drogas. Este modelo, supuestamente alternativo, brinda a las personas usuarias de drogas la "opción" de ingresar a tratamiento bajo supervisión o cumplir con la sanción penal. El tratamiento obligatorio para personas usuarias de drogas es violatorio de los derechos humanos.

5. Diciembre 2010- diciembre 2011

La violencia derivada de la guerra contra el narco alcanzó momentos límite en la población para el año 2011 y el asesinato del hijo de un poeta conmovió a gran parte de la población del país que salió a las calles a acompañar y ser acompañada en su dolor. El 28 de marzo con una marcha multitudinaria que recorrería de Cuernavaca, Morelos, al Zócalo de la Ciudad de México y sería acompañada en casi todos los estados de la República, nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que abrazaría y se encontraría con las víctimas de la violencia generada y permitida por la guerra contra el narco. El alcance y empatía del MPJD permitiría procesos a gran escala en la exigencia de verdad, justicia y memoria para las víctimas de la guerra, recorriendo el país y encontrándose con la sociedad por donde pasaban las Caravanas que realizaron. Esto dio pie al surgimiento de instancias como la Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia, que después sería reemplazada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y procesos legislativos a nivel local y federal. También logró la interlocución directa de las personas afectadas por la estrategia de seguridad y el Presidente que la defendía a capa y espada, en los llamados Diálogos de Chapultepec y poner el dolor y la violencia de la guerra como un tema central en la agenda política nacional más allá del amarillismo mediático.

El 25 de agosto del mismo año, la violencia dio un salto cualitativo una vez más con el atentado perpetrado por Los Zetas en el Casino Royale en Monterrey por no aceptar pagar una cuota de extorsión periódica. Con un saldo de 52 personas asesinadas, gastos millonarios por hospitalizaciones, indemnizaciones, gastos funerarios y proceso abierto por la falta de cumplimiento de disposiciones de seguridad y protección civil. La guerra habría impulsado un cambio en las dinámicas económicas de las organizaciones criminales poniendo al negocio de la violencia (casi siempre mediante la extorsión) como uno de los más rentables bajo su poder y el amedrentamiento como la mejor estrategia de control territorial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

A finales del año el panorama no pintaba mejor. Por segunda ocasión en el sexenio, en noviembre de 2011, el Secretario de Gobernación, ahora Francisco Blake Mora, murió en un accidente aéreo. En el mismo mes se perfilan los primeros dos candidatos para la contienda presidencial del 2012 en un contexto cada vez más violento y complejo, y la próxima transición en el gobierno federal no parece simplificar el panorama.

Aquí termina la primera parte del recuento, y la segunda empieza con el cierre del gobierno de Calderón y la conformación de los nuevos actores políticos de cara al cambio de sexenio

Miguel Villegas forma parte de ReverdeSer Colectivo.

Cazador de Duendes 12.12.16 1:32

¿Cómo llegamos a esto?: Cronología de una década de guerra (Segunda parte)

Por Miguel Villegas

diciembre 8, 2016

Foto de la primera mañana del presidente Enrique Peña Nieto por Alejandro Mendoza.

1. Diciembre 2011- diciembre 2012

Para febrero de 2012, tras cinco años de guerra, el estado de Michoacán recibiría un reabastecimiento de las fuerzas de seguridad en personal, armamento, vehículos y apoyo logístico. Para entonces los Caballeros Templarios se habían consolidado y se disputaban el territorio con Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Durante la campaña presidencial, tanto el PAN como la alianza PRD, PT y Movimiento Ciudadano denunciaron el financiamiento ilegal por medio de tarjetas de débito emitidas por Grupo Financiero Monex. Pero al profundizarse la investigación —según muestran los documentos oficiales del entonces IFE— se encontró que Grupo Comercializador Cónclave, encabezada por un operador financiero del Cártel de Juarez, Rodolfo David Dávila Córdova, realizó aportaciones por casi $700,000.00 pesos al fondo de las tarjetas Monex. César González Rodriguez, socio del Grupo Cónclave, también figura como socio de Akrópolis, la cual realizó depósitos a estas cuentas por 1 millón 409 mil pesos.

Grupo Cónclave y Prodasa, representada por Roberto Javier Dávila Córdoba, cobraron mediante contratos con el gobierno federal 396 millones de pesos para la Cruzada contra el hambre por servicios que nunca realizaron a través de sus empresas "fantasma".

Ante su próxima salida del poder, en septiembre de 2012 Felipe Calderón reconoce ante la ONU que los países de producción y tránsito estamos pagando las muertes del sistema prohibicionista de drogas y propone que se pongan en balance los alcances del mismo para transformarlo si es necesario. México, Colombia y Guatemala fueron los países convocantes a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar el actual sistema internacional de control de drogas, celebrada el 20 de abril de 2016.

Cómo una de sus acciones finales, Felipe Calderón adelantó la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) con la intención de probar la necesidad de atender urgentemente el consumo de drogas y declarar una guerra al narcotráfico. Además de cambiar la periodicidad de 6 a 3 años sin un sentido claro, la ENA tiene carencias metodológicas. Por una parte, el indicador de prevalencia de consumo que se utiliza es el resultado de preguntar si ha consumido alguna sustancia alguna vez en la vida, lo cual no da información real sobre las tendencias y patrones de uso de la población. Por otra parte, la selección de la muestra y la forma de realización resulta excluyente de poblaciones especialmente relevantes para este tema.

2. Diciembre 2012 - diciembre 2013

El 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia entre protestas y cerco policíaco. El primer día de gobierno terminó con casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza pública que derivó en la muerte de Juan Francisco Kuykendall tras un año y un mes de permanecer internado por un impacto de bala de goma de la Policía Federal.

En una de sus primeras acciones de gobierno y quizá la más simbólica, aprobó la Ley General de Víctimas construida en el contexto del MPJD y los diálogos; sin embargo la Ley y los órganos derivados de ella se quedarían inoperantes por falta de presupuesto y trabas burocráticas. En la actualidad, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se ha convertido en un referente en esta batalla legislativa por la reparación, la verdad y la memoria.

En el mismo 2013 el capo del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue liberado de prisión por medio de un amparo. A pesar de que en una entrevista niega su involucramiento en el mundo del narcotráfico, la DEA ha difundido reportes sobre las alianzas que ha construido a raíz de la posterior reaprehensión del Chapo.

En febrero de 2013 en Michoacán varios municipios se levantaron en armaspara defenderse del cártel de Los Caballeros Templarios ante la colusión y vacío de las autoridades estatales y federales. Los grupos de autodefensa, compuestos en buena medida por productores locales de aguacate y limón, lograron recuperar poblados de manos de los grupos de narcotráfico. Michoacán se volvió un punto geopolítico estratégico por su conexión por el Puerto de Lázaro Cárdenas hacia China, y hacia Estados Unidos con el tren Kansas City Southern México, en Nuevo Laredo, así como su amplia producción de hierro y aguacate. El control territorial originalmente vinculado al narcotráfico en las zonas cercanas al puerto se expandió al control de las rutas de comercio internacional legal.

El 20 de mayo se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, con 5 ejes: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero, México con Responsabilidad Global. El cambio de discurso en cuanto a las atribuciones y deberes del gobierno federal fue absoluto; de la guerra abierta al discurso de la construcción de paz militarizada. Sin embargo, la ejecución de las políticas económicas y de seguridad se mantuvieron en el mismo sentido.

Poco después se presentó el Programa de Acción Específico "Prevención y Atención Integral de las Adicciones", que establece líneas generales de vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones con dependencias como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y Pemex, más allá de delinear acciones específicas. Además mantiene la evaluación de las políticas de drogas a partir del recuento de acciones realizadas y no del impacto de dichas acciones.

3. Diciembre 2013- diciembre 2014

En febrero de 2014, el gobierno federal logró la captura de Joaquín Guzmán —que había escapado de la prisión de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 2001—. Con la detención del narcotraficante más buscado se avecinaba un nuevo reacomodo en las alianzas, territorios y dinámicas de las organizaciones criminales.

El mismo año la Comisión Federal de Seguridad en Michoacán negoció con algunos grupos de autodefensas el registro de armas y la operación coordinada. Esto significó la disolución de grupos de autodefensa bajo la figura de Fuerza Rural coordinada por el comisionado Alfredo Castillo. En los próximos meses se detuvo a Manuel Mireles y cientos de miembros de las autodefensas que no quisieron alinearse en la Fuerza Rural, por el delito de portación de armas (incluso cuando ya habían pasado por el proceso de registro). La Fuerza Rural y los grupos de autodefensas permanecieron en el frente de batalla sin financiamiento o apoyo del gobierno, aun bajo la nueva alianza.

En junio, 22 personas fueron encontradas muertas en una bodega en Tlatlaya, Estado de México. El informe que elaboró la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que el ejército ejecutó por lo menos a 15 de las 22 personas una vez que se habían entregado, a pesar de que la versión de los gobiernos estatales y federales difundieran que murieron en un enfrentamiento entre los militares y grupos de narcotráfico. Este se convirtió en uno de los casos emblemáticos del sexenio en términos de ejecuciones extrajudiciales e impunidad por parte del ejército.

Foto vía.

En julio de 2014 se anuncia el Programa Frontera Sur en el que se plantean acciones con el objetivo de proteger a los migrantes que atraviesan el país. Una de las principales iniciativas fue evitar que las personas migrantes utilizaran el tren de carga que es, al mismo tiempo, un riesgo y la única opción de movilidad para muchas personas. Esto las obligó a buscar y construir nuevas rutas, exponiéndose a nuevos riesgos frente a las organizaciones criminales que controlan las rutas de tráfico de mercancías y personas.

La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó al país entero por la brutalidad de los sucesos. Esa noche estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías: 6 murieron esa noche (3 no eran normalistas), 43 fueron detenidos, entregados a un "grupo criminal" y desaparecidos a partir de ese momento.

El 4 de octubre se destaparon seis fosas clandestinas cerca de Iguala en las que se hallaron 28 cuerpos. La Procuraduría General de la República se hizo cargo de la investigación diez días después de la desaparición. El 6 de octubre fue la primera vez que Peña Nieto habló sobre el caso:

"Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala".

Además de llamar a la desaparición forzada de 43 personas una "afectación", no habló de buscar a los jóvenes desaparecidos, que es la principal demanda de los padres y madres. Esto marcaría la línea de la investigación cuya versión final dependerá de testimonios de los supuestos responsables y obtenidos mediante tortura. La tortura fue reconocida como una práctica generalizada en el país por el relator especial de la ONU.

El mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares en favor de los estudiantes normalistas al Estado mexicano. La ONU y la OEA, Amnistía Internacional y el Papa también se pronunciaron por una búsqueda efectiva.

Después de revelarse que los restos hallados en las fosas no correspondían con los normalistas, surgió la pregunta: ¿quiénes estaban en las fosas y qué tantas fosas hay por todo el país? El 12 de noviembre la CIDH formalizó un acuerdo para dar asistencia técnica en el caso.

El 27 de noviembre, tras dos meses sin otra respuesta, Peña Nieto anunció 14 medidas en seguridad, justicia y desarrollo económico que incluyen expedir leyes generales en materia de derechos humanos entre los que se incluye crear el reglamento de la Ley General de Víctimas creada dos años antes.

Foto por Hans-Maximo Musielik, vía.

4. Diciembre 2014 - diciembre 2015

En diciembre de 2014 se confirmó la identificación de restos humanos pertenecientes a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
El 27 de enero de manera muy fría, frente a medios y familiares de los desaparecidos, Murillo Karam —entonces Procurador de la República— narró su versión de los hechos a partir de los testimonios de los supuestos perpetradores diciendo que fueron calcinados en el basurero de Cocula y posteriormente arrojados al Río San Juan. En seguimiento al acuerdo firmado por el gobierno y la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se asignó al caso determinó que la llamada "verdad histórica" no tenía bases científicas y no era verosímil. También encontraron un quinto autobús involucrado en la noche del 26 de septiembre, vinculado a una cadena de tráfico internacional de heroína con aparente complicidad de autoridades civiles, policíacas y militares. La PGR lo había omitido de su expediente. La investigación del GIEI también mostró que el Ejército estuvo al tanto de todo lo que sucedió desde horas antes, durante y después de la desaparición y los homicidios mediante un sistema de comunicación coordinado con otras instancias de seguridad.

En el mismo mes de enero de 2015 la Policía Federal —entonces bajo mando del Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán Alfredo Castillo— perpetró la masacre de Apatzingán. En la madrugada del 6 de enero, policías federales irrumpieron a balazos en un plantón de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural afuera del Palacio Municipal de Apatzingán porque su grupo de autodefensa había sido disuelto por Castillo sin recibir los sueldos acordados y sin cumplir su objetivo de sacar a los Templarios. El saldo son 16 ejecuciones extrajudiciales, decenas de heridos y un comisionado que reportó 8 heridos en fuego cruzado y un atropellado.

En abril del 2015 el GIEI presentó sus conclusiones de la investigación, y publicaron un video en el que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, realiza una diligencia no acordada un día antes de que la PGR reportara el hallazgo de restos óseos identificados con Jhosivani Guerrero y Alexander Mora, en el mismo lugar. Sin embargo, ninguna de las partes coadyuvantes en la investigación pudieron acreditar el momento o lugar del hallazgo, por lo que se iniciaron investigaciones por posible alteración de la evidencia hacia Tomás Zerón.

El 11 de julio, Joaquín Guzmán se escapó nuevamente de una prisión de máxima seguridad, la del Altiplano en el Estado de México. Su fuga la logró mediante un túnel que iba del baño en su celda a un terreno en obra a 1,500 metros de distancia.

A partir del descubrimiento de las fosas clandestinas en las que no estaban los 43 de Ayotzinapa, diversos colectivos de familiares de personas que han sido desaparecidas decidieron emprender su propia búsqueda y salieron a los cerros a buscar y escarbar más fosas hasta encontrar la identidad de las personas ahí enterradas. Además del movimiento en solidaridad con Ayotzinapa y sus víctimas, la evolución natural del MPJD en este contexto condujo a que los colectivos de familiares de personas desaparecidas emprendieran sus propios procesos organizativos y se constituyeran en una fuerza política importante y necesaria.

En cuanto a la atención a las drogas desde la perspectiva de salud pública, en julio de 2015 el CONADIC junto con la Semar y Sedena firmaron un convenio de colaboración bajo el nombre Súmate ENFA, Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones, en el que se establece que diseñarían campañas de prevención de uso de drogas y que las implementarán las fuerzas armadas. Con la militarización de la salud pública en la atención a las adicciones, redujeron el tema a una falsa dicotomía de adicción o abstinencia que les permite mantener los incrementos presupuestales a las fuerzas armadas justificándolo en la expansión de sus funciones. Esta campaña, con su metodología, alcances, mensaje y estrategia no son aún de conocimiento público y la página y redes sociales de Súmate ENFA están congeladas desde su lanzamiento.

Con el caso Ayotzinapa se abrieron procesos de observación internacional en México, y los relatores especiales para tortura y desaparición forzada, así como diversos Comisionados de la CIDH emitieron recomendaciones especiales para el Estado mexicano en por lo sistemático de las violaciones. La respuesta fue de negación absoluta, acusando a los organismos internacionales de ser parte de un esfuerzo orquestado por dañar la imagen de México y su gobierno, marcando una distancia muy grande en términos de cooperación.

Ante el contexto de distanciamiento de los organismos internacionales y con UNGASS acercándose, el gobierno federal en su mas alto nivel se vio forzado a participar del debate sobre la necesidad de cambiar la política de drogas a un enfoque no prohibicionista ni de guerra. El Secretario de Gobernación fue el encargado de representar al Estado ante la ONU en las reuniones preparativas en las que hablaba del costo social de la prohibición.

Polaroids de fosas comunes en Guerrero por François Pesant.

5. Diciembre 2015 - noviembre 2016

Empezando el 2016, el Gobierno Federal logró localizar y detener nuevamente al Chapo, quien sigue preso hasta el momento en espera de un proceso de extradición a los Estados Unidos. El reacomodo criminal ya estaba operando y según la agencia de investigación InSight Crime, Caro Quintero había reconstruido alianzas y se preparaba para retomar el poder que tenía el Cártel de Sinaloa.

Previo a la UNGASS, EPN presentó una iniciativa de descriminalización de cannabis hasta 28 gramos para consumo individual, que le permitió dar una imagen progresista. Para esta iniciativa no logró convencer ni a su propio partido y no tuvo ningún avance. Peña Nieto se presentó y fue aplaudido por funcionarios de todo el mundo al pronunciar un discurso absolutamente distinto a las políticas que implementaba. La UNGASS al final fue una oportunidad desperdiciada por los países para empezar un cambio de paradigma necesario.

Mientras tanto, la implementación real de la política de drogas siguió y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México le hizo frente al miedo y al olvido creando la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos con su primera encomienda en el estado de Veracruz. Cientos de familiares de personas desaparecidas y activistas de todo el país estuvieron escarbando, buscando y encontrando restos óseos para informar a las autoridades sobre su ubicación para que realicen las diligencias necesarias y no estropear la escena. Después de Veracruz, la brigada fue a la fosa clandestina de Tetelcingo en Cuautla, Morelos, y ahora prepara una tercera Brigada de Búsqueda para 2017.

En agosto en Puerto Vallarta, el Cártel de Jalisco Nueva Generación levantó a dos hijos del Chapo. Además, Tijuana entre grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, lo que hace evidente una ruptura anunciada y un cambio en la repartición del territorio y las dinámicas de control del mismo.

Entre los resultados más evidentes de estos diez años de guerra podemos contar que el consumo de drogas aumentó menos de 1% y que al año 2016 la principal causa de muerte en personas jóvenes es el homicidio, que el grado de inversión en educación, salud o políticas de generación de empleo es mucho menor al que se dedica a las políticas de seguridad militarizada, y que la represión, oficial y para-oficial, hacia quienes ejercen el periodismo es cada día mayor. Casos como el multihomicidio en la Narvarte, las distintas agresiones a Carmen Aristegui y su equipo, las amenazas constantes al Semanario Zeta y otros en el norte, así como los homicidios a periodistas en Veracruz y todo el país, dan cuenta de la mezcla de fuerzas que ejercen en la práctica la represión.

Durante todo el sexenio la impunidad a nivel federal y estatal se ha mantenido como uno de los ejes transversales, y este recuento sólo nos permite recorrer algunos sucesos simbólicamente para reconocer la diversidad de consecuencias de la llamada Guerra contra el narco. Sin embargo, la violencia ha cobrado miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y han aumentado delitos como el homicidio, la trata de personas, el feminicidio y la violencia sexual que hacen parte del contexto generalizado de impunidad que se refleja en que el 99% de los delitos no tienen castigo.

Miguel Villegas forma parte de ReverdeSer Colectivo.

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