CON "PEÑA NIETO" VAN 42 MILLONES GASTADOS en "TESTIGOS PROTEGIDOS"...ya muchos desprotegidos.

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

Testigos protegidos, legislación cuestionada

Como resultado del combate al crimen organizado, surgió la figura de los testigos protegidos, que fue plasmada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996. En el Título Segundo, Capítulo Sexto, de este ordenamiento quedó plasmado por primera vez el procedimiento de protección a las personas que intervienen en los procesos penales, entre los cuales se encuentran los llamados testigos protegidos.

“La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas, cuando en su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley, así se requiera”, establece el Artículo 34 de la referida Ley.

De conformidad a la jurisprudencia aplicable, se entiende por testigo toda aquella persona que, encontrándose presente al ocurrir un hecho, lo oiga, lo vea o de cualquier otro medio directo tome conocimiento de su existencia por medio de los sentidos, y que al deponer repite lo que pudo captar proporcionando información en relación al hecho que presenció o escuchó, y que debe tener las siguientes características, si es que, siendo único, pueda fundar una sentencia condenatoria:

1) Garantía de conocimiento y veracidad tal, que sea capaz de convencer con su dicho; 2) Determinadas circunstancias personales que lo conviertan en un testigo insospechable de parcialidad; y 3) Que su dicho se encuentre adminiculado con el resto de las pruebas indirectas que determinen, fehacientemente, la responsabilidad penal que se le atribuye al sentenciado, encontrándose obligada –en todo momento– a manifestar la verdad respecto de todo lo que conozca en relación a los hechos por los cuales le ha sido solicitada su comparecencia en el proceso.

Salvo que se trate del tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado o sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni los que estén ligados con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad, los que no están obligados a declarar.

Es decir, en sentido estricto, sólo son testigos las personas físicas que surgen como terceros ajenos al proceso penal, que son requeridos por la autoridad judicial para que proporcionen su testimonio respecto de los acontecimientos históricos que han presenciado –o tenido conocimiento– fuera del proceso, y que son de particular importancia para el fallo judicial.

La cualidad de testigo se adquiere con el llamamiento judicial, bien sea a propuesta de las partes, o bien de oficio durante la instrucción. De tal forma que aunque se dé el supuesto de que una persona cuente con importantes conocimientos de los hechos materia de la litis, si no comparece ante el juez o tribunal no conseguirá la condición de testigo. De la misma manera, aunque se diera el caso de que una persona desconozca totalmente los hechos por los que se  juzga, si es citada a prestar testimonio se le otorga la condición de testigo por ese sólo hecho.

Los especialistas Israel Alvarado Martínez y Germán Guillén López señalan que la reforma del artículo 20 constitucional establece los derechos de toda persona imputada, entre ellos “a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.

Asimismo, que “tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador; será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, y que la publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo”.

Joaquín Merino Herrera, doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que la protección de testigos frente a la criminalidad organizada no queda exenta de valoraciones críticas, siendo que no se concreta a una estrategia policial o de seguridad, pues también afecta a los derechos fundamentales de contenido procesal que deben ser reconocidos a toda persona sometida a la acción de la justicia penal.

El especialista asegura  que, en este caso, se hace una ponderación de intereses que termina decantándose por la restricción de derechos, sin que ello arroje soluciones de hondo calado frente a una delincuencia cada vez más organizada y que no ha podido contenerse con la extralimitación en la represión.

Añade que la construcción de estos esquemas de arbitrariedad se debe, en gran medida, a la tendencia bipolar que ha venido mostrando la comunidad internacional, pues, a la vez que fomenta el respeto de los derechos humanos, concede su vulneración en el contexto de la persecución penal de esta clase de delincuencia asociativa.

El 30 mayo del 2014, la entonces ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la figura de testigo protegido podría desaparecer en los procesos penales de México ante la serie de irregularidades en las declaraciones de integrantes del crimen organizado, además de que no aportan una credibilidad a la actuación de las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha esa situación jurídica no ha sido modificada.