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Baja california Sur, trampolín del narco, por lo menos 3 carteles utilizan la peninsula
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Baja california Sur, trampolín del narco, por lo menos 3 carteles utilizan la peninsula
seven 01.06.12 22:17
BCS: Trampolín del narco
Por lo menos tres cárteles utilizan la Península como centro de distribución de drogas
Los aeródromos de Baja California Sur han estado en manos de ex convictos, de empresarios bajo sospecha y bajo investigación, mientras la Aeronáutica Civil también la encabeza un funcionario ya investigado por protección de narcotraficantes. En el mar, el clima es igual de óptimo para el trasiego de droga de Sinaloa hacia Baja California Sur, con destino final en Baja California. Los escasos recursos de la Secretaría de la Marina en las costas sudcalifornianas, contrastan con la tecnología marítima de los narcotraficantes.
Desde Sinaloa llegan por vía marítima o en viaje aéreo.
Todos los días cargamentos de heroína, opio, cristal, cocaína, crack y marihuana llegan a puerto sudcaliforniano, donde son recolectados por miembros en la Península mexicana, de por lo menos tres organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa, el Arellano Félix y el de Juárez.
Criminales resguardan los cargamentos en almacenes, desde donde salen los envíos hacia la frontera mexicana en vehículos terrestres, lanchas, barcos y avionetas. Con este sistema, los narcotraficantes evitan la militarizada frontera entre Sonora y Baja California. Una vez con la droga en los municipios bajacalifornianos, ésta es cruzada a los Estados Unidos.
Por el estrecho mar entre Sinaloa y la Península de Baja California Sur, ésta se ha convertido en una lucrativa ruta criminal. Se suman como condicionantes favorables para el tráfico, el extenso territorio sudcaliforniano, rincones inhóspitos, amplias costas, marinas y aeródromos con escasa o nula vigilancia militar o policiaca.
La anchura del Golfo de California que separa a las bajas de los estados de Sonora y Sinaloa, tiene una anchura de los 99 a los 222 kilómetros, convirtiéndola en trampolín.
Los campos pesqueros, los mangles y hasta pistas de terracería en ranchos, son otros de los puntos a donde llegan decenas de cargamentos; en esos sitios rara vez hay presencia o vigilancia de las autoridades responsables del combate al narcotráfico.
El hecho que en diferentes operativos se hayan asegurado cargamentos de droga en terminales marítimas y aéreas, ha puesto en evidencia la cantidad de droga que se trafica por el estrecho del Golfo de California. Incluso es de llamar la atención que mayormente son elementos del Ejército Mexicano los que realizan aseguramientos en esos lugares. Aquí algunos:
* 17 kilos de heroína incautada el 7 de enero en un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la terminal marítima de Pichilingue en La Paz, Baja California Sur.
* Una tonelada 541 kilos y 087 gramos de mariguana confiscados el 19 de febrero de 2001 en un operativo de la Cuarta Zona Naval Militar (con sede en Guaymas, Sonora), en una playa de Punta Santa Ana, Baja California Sur.
* 2 kilos 140 gramos de goma de opio asegurada el 28 de mayo en un operativo de la SEDENA en el Aeropuerto Internacional de Loreto, Baja California Sur.
Fuera de esos números, la estrategia del combate al narcotráfico en la Península sudcaliforniana no ha sido fortalecida con tareas de observación, supervisión y erradicación de puntos de recibimiento y distribución de cargamentos de droga en los más de 73 mil kilómetros de costas a lo largo y ancho de los cinco municipios de Baja California Sur, situación que en los últimos años ha convertido a esta otrora tranquila y segura región, en un atractivo para el narcotráfico.
Las islas localizadas sobre el Golfo de California y algunos poblados ubicados sobre las costas sudcalifornianas, son aprovechados también por los criminales como puntos de desembarque y hasta estaciones de reabastecimiento de combustibles. Autoridades y pobladores conocen a los narcotraficantes, saben de sus rutas, los modelos de unidades marítimas y aéreas que utilizan, pero no hay denuncia sobre estos casos por temor.
La reciente ejecución de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, José Ramón Manríquez y Jorge Alberto Leyva Manríquez, es un claro ejemplo de que, cuando alguien ha pretendido detener a los narcotraficantes, puede perder la vida.
Asimismo, fue evidente que los agentes municipales no contaban ni con la capacitación, ni con las herramientas y equipamiento indispensables para enfrentar criminales.
El abandono oficial en este tema del combate al crimen organizado, se demuestra con el hecho que en Baja California Sur, no existe un punto de intercepción marítima y aérea como el que funciona en Guaymas, Sonora, donde se cuenta con helicópteros y equipo de visión nocturna, vehículos anfibios, lanchas rápidas y armamento de largo alcance para repeler la intención de los capos de trasladar la droga por aire o por mar.
En Baja California Sur únicamente existen cinco retenes carreteros que van desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, todos manejados por elementos del Ejército Mexicano. No registran grandes decomisos, como sí ha sucedido en los puntos de revisión de Sonora o Baja California Sur, ambos estados como el nuestro, parte de la II Región Militar.
Por mar
El Golfo de California tiene una extensión territorial en Baja Sur de más de 73 mil kilómetros de playas y costas, sin embargo las fuerzas armadas y autoridades policiacas, han centrado su trabajo en la zona urbana en el combate al narcomenudeo.
Datos entregados a ZETA en el área de inteligencia militar, revelan que los narcotraficantes operan con potentes lanchas, equipadas con brújulas y binoculares de visión nocturna, además de armamento y rifles de asalto como los AK-47.
Por su parte, la Armada de México, al menos la destacada en esta zona costera de México, carece de equipo y tecnología para combatir al narcotráfico en la zona. Las unidades marítimas con las que cuenta la institución son utilizadas para el combate a la pesca furtiva y rescate de personas.
Las islas, donde según reportes de pescadores existe un gran movimiento de desplace de lanchas rápidas, avionetas e hidroaviones, son puntos estratégicos de difícil acceso para la autoridad y la ciudadanía, además de ser áreas incomunicadas donde esporádicamente se llegan a presenciar barcos y lanchas militares. En esos lugares se han encontrado tibores de gasolina que utilizan los narcotraficantes para reabastecer las embarcaciones marítimas e incluso restos de droga en lanchas que han sido abandonadas. Las islas son las siguientes:
1.- Isla del Carmen
2.- Isla San José
3.- Isla Cerralvo o Jacques Cousteau
4.- Santa Cruz
5.- Isla Magdalena
6.- Isla Santa Margarita
7.- Isla Espíritu Santo
8.- Isla Partida.
Por el lado de las costas y en tierra firme, sobran las bahías y puntos de desembarque para el trasiego de droga. Sin embargo, los principales puntos -según reportes de inteligencia militar- son los que a continuación se enlistan:
1.- Bahía San Nicolás
2.- Bahía San Juanico
3.- Punta San Basilio
4.- Punta El Mague
5.- Juncalito
6.- Punta Puertecito
7.- Tembabichi
8.- Punta Botella
9.- La Ventana
10.- Punta Arenas
11.- Boca del Alamo
12.- Punta Pescadero
13.- Los Barriles
14.- Buena Vista
15.- La Rivera
16.- Punta Arenas
17.- Boca de Las Vinoramas
18.- Puerto San Carlos
19.- Puerto Adolfo López Mateos
20.- Puerto Chale
Datos recabados por investigadores militares indican que los horarios nocturnos son los aprovechados por los narcotraficantes. La oscuridad y la falta de equipo marítimo de la Armada para supervisar las costas sudcalifornianas en esas condiciones, representan las condiciones óptimas para el trasiego de droga por la vía marítima.
Está documentado que los criminales utilizan lanchas con doble motor y muy potentes, capaces de soportar en un solo viaje más de una tonelada de droga, como la embarcación menor que elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron el 19 de febrero de 2011 en costas sudcalifornianas, al transportar 335 paquetes de marihuana con un peso de tonelada y media, así como 28 bidones de plástico con capacidad para 50 litros de gasolina cada uno.
Las organizaciones criminales de los cárteles de Sinaloa, Arellano Félix y de Juárez, tienen células en Baja Sur, responsables de recibir este tipo de cargamentos y reenviarlos hacia la frontera, de acuerdo a información de investigadores militares.
Por aire
Los barcos son el principal escudo de protección de las aeronaves que transportan droga desde Sinaloa hasta Baja California Sur. Es decir, las avionetas o aviones viajan a velocidades similares a la de embarcaciones marítimas y, durante la noche, siguen a los barcos a cierta distancia por la parte trasera. La estrategia -según la explicación del informante de ZETA- es que los radares detectan el barco y nunca las aeronaves.
El experto dijo que esa estrategia es muy común y efectiva, sobrevuelan sin ser detectados, y en ciertos puntos aterrizan, descargan y se regresan. Lo que tiene sorprendido a algunos investigadores federales, es sin duda alguna la existencia de una red de trabajadores aéreos y pilotos que trafican con droga en aeronaves comerciales. De acuerdo a información que es parte de una investigación, empleados de algunos aeródromos de Baja California Sur trafican con droga en avionetas Cessna de cuatro plazas y hasta en aviones mayores de 12 plazas.
Los aeródromos donde frecuentemente se tienen detectados este tipo de movimientos es en Los Barriles, Punta Arenas y Cabo San Lucas.
De hecho, el aeródromo de Punta Arenas fue clausurado en 2009, justamente porque en operativos militares se incautaron armas y drogas en las instalaciones. Esta terminal aérea envuelta en la polémica cuando se reveló que el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, pretendía concesionarla a Joseph Angelo Bravo, quien se supo, era un ex convicto. Había purgado una condena de 87 meses en prisión en 1994, por venta y tráfico de cocaína en Nevada, Estados Unidos.
Esto a pesar de que el Artículo 22 de la Ley de Aeropuertos marca que “no podrán ser titulares de permisos las personas que hayan sido condenadas por delito doloso que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año”.
No es el único caso.
Después de la ejecución del controlador de vuelos del aeródromo de Cabo San Lucas, Cristian Ismael Verdugo López, ocurrida el 22 de enero de 2010, durante la investigación se siguió una línea de investigación que indicaba que el ex piloto había sido asesinado por denunciar que ese aeródromo era utilizado para el trasiego de droga por parte del Cártel de Sinaloa, representado en aquel entonces por Teodoro García Simental “El Teo”.
La droga -según explicaron los investigadores- la traían desde Sinaloa, y desde Cabo San Lucas se enviaba en yates extranjeros hasta la frontera con Estados Unidos.
ZETA fue informado que se realiza una investigación federal sobre los concesionarios del aeródromo de Cabo San Lucas: Sebastián Romo Carrillo y Héctor Verdugo. El primero aparece como accionista mayoritario de la compañía Aeropuerto San Lucas Internacional, S.A. de C.V. y el segundo como dueño de la aerolínea base del aeropuerto de nombre Aerocalafia.
El propietario de la aerolínea era justamente el padre de Héctor Manuel Verdugo Talamantes, alias “El Tobi”, ejecutado el 10 de febrero de 2009 por sicarios entonces a cargo de Teodoro García Simental, “El Teo” o “El Tres Letras”.
Los antecedentes
Lo que tiene intrigados a los grupos de inteligencia militar y federal, es el regreso de Felipe de Jesús Castillo Reyes, director de Aeronáutica Civil del Noroeste, quien el 8 de abril de 2004 fue detenido en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por presunta responsabilidad al proteger narcotraficantes.
Con mandos actualmente en los aeropuertos internacionales de La Paz, Loreto, Los Cabos y Hermosillo, y en aeródromos como el de Cabo San Lucas, Punta Arenas y Los Barriles, la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO -en su momento- logró documentar la participación de Castillo Reyes en la protección a supuestos jefes de la mafia del Cartel de Juárez.
En un operativo conjunto de inteligencia de la SIEDO y la Armada de México, ocurrido el 9 de abril de 2004, los agentes federales lograron identificar seis casas de seguridad y ranchos en el Estado de Morelos, donde hubo un encuentro entre jefes de la mafia del Cártel de Juárez y José Agustín Montiel López, ex jefe policiaco y cabeza de la red que operaba desde la Policía Ministerial para proteger en esa entidad las actividades criminales de la organización delictiva.
Los testigos protegidos identificados con las claves de Rodrigo y Beatriz, así como el ex comandante de la Policía Ministerial y actual convicto, Enrique Yépez Uribe (a) “El Jarocho”, figuran entre quienes revelaron los sitios y encuentros que presuntamente hubo entre José Agustín Montiel López y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul” y Vicente Carrillo Leyva.
La investigación que llevó a descubrir la red de protección al Cártel de Juárez, era operada desde la Policía Ministerial, encabezada por los jefes José Agustín Montiel López y Raúl Cortés Galindo (a) “El Mico”.
La averiguación previa PGR/UEDO/193/03 alcanzó a Felipe de Jesús Castillo Reyes, cuando se descubrió que en la terminal aterrizaban aviones para descargar droga proveniente de Colombia. Sin embargo, regresó a sus funciones y actualmente tiene bajo su responsabilidad la Zona Noroeste de los aeropuertos, entre éstos, los de Baja California Sur.
Por lo menos tres cárteles utilizan la Península como centro de distribución de drogas
Los aeródromos de Baja California Sur han estado en manos de ex convictos, de empresarios bajo sospecha y bajo investigación, mientras la Aeronáutica Civil también la encabeza un funcionario ya investigado por protección de narcotraficantes. En el mar, el clima es igual de óptimo para el trasiego de droga de Sinaloa hacia Baja California Sur, con destino final en Baja California. Los escasos recursos de la Secretaría de la Marina en las costas sudcalifornianas, contrastan con la tecnología marítima de los narcotraficantes.
Desde Sinaloa llegan por vía marítima o en viaje aéreo.
Todos los días cargamentos de heroína, opio, cristal, cocaína, crack y marihuana llegan a puerto sudcaliforniano, donde son recolectados por miembros en la Península mexicana, de por lo menos tres organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa, el Arellano Félix y el de Juárez.
Criminales resguardan los cargamentos en almacenes, desde donde salen los envíos hacia la frontera mexicana en vehículos terrestres, lanchas, barcos y avionetas. Con este sistema, los narcotraficantes evitan la militarizada frontera entre Sonora y Baja California. Una vez con la droga en los municipios bajacalifornianos, ésta es cruzada a los Estados Unidos.
Por el estrecho mar entre Sinaloa y la Península de Baja California Sur, ésta se ha convertido en una lucrativa ruta criminal. Se suman como condicionantes favorables para el tráfico, el extenso territorio sudcaliforniano, rincones inhóspitos, amplias costas, marinas y aeródromos con escasa o nula vigilancia militar o policiaca.
La anchura del Golfo de California que separa a las bajas de los estados de Sonora y Sinaloa, tiene una anchura de los 99 a los 222 kilómetros, convirtiéndola en trampolín.
Los campos pesqueros, los mangles y hasta pistas de terracería en ranchos, son otros de los puntos a donde llegan decenas de cargamentos; en esos sitios rara vez hay presencia o vigilancia de las autoridades responsables del combate al narcotráfico.
El hecho que en diferentes operativos se hayan asegurado cargamentos de droga en terminales marítimas y aéreas, ha puesto en evidencia la cantidad de droga que se trafica por el estrecho del Golfo de California. Incluso es de llamar la atención que mayormente son elementos del Ejército Mexicano los que realizan aseguramientos en esos lugares. Aquí algunos:
* 17 kilos de heroína incautada el 7 de enero en un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la terminal marítima de Pichilingue en La Paz, Baja California Sur.
* Una tonelada 541 kilos y 087 gramos de mariguana confiscados el 19 de febrero de 2001 en un operativo de la Cuarta Zona Naval Militar (con sede en Guaymas, Sonora), en una playa de Punta Santa Ana, Baja California Sur.
* 2 kilos 140 gramos de goma de opio asegurada el 28 de mayo en un operativo de la SEDENA en el Aeropuerto Internacional de Loreto, Baja California Sur.
Fuera de esos números, la estrategia del combate al narcotráfico en la Península sudcaliforniana no ha sido fortalecida con tareas de observación, supervisión y erradicación de puntos de recibimiento y distribución de cargamentos de droga en los más de 73 mil kilómetros de costas a lo largo y ancho de los cinco municipios de Baja California Sur, situación que en los últimos años ha convertido a esta otrora tranquila y segura región, en un atractivo para el narcotráfico.
Las islas localizadas sobre el Golfo de California y algunos poblados ubicados sobre las costas sudcalifornianas, son aprovechados también por los criminales como puntos de desembarque y hasta estaciones de reabastecimiento de combustibles. Autoridades y pobladores conocen a los narcotraficantes, saben de sus rutas, los modelos de unidades marítimas y aéreas que utilizan, pero no hay denuncia sobre estos casos por temor.
La reciente ejecución de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, José Ramón Manríquez y Jorge Alberto Leyva Manríquez, es un claro ejemplo de que, cuando alguien ha pretendido detener a los narcotraficantes, puede perder la vida.
Asimismo, fue evidente que los agentes municipales no contaban ni con la capacitación, ni con las herramientas y equipamiento indispensables para enfrentar criminales.
El abandono oficial en este tema del combate al crimen organizado, se demuestra con el hecho que en Baja California Sur, no existe un punto de intercepción marítima y aérea como el que funciona en Guaymas, Sonora, donde se cuenta con helicópteros y equipo de visión nocturna, vehículos anfibios, lanchas rápidas y armamento de largo alcance para repeler la intención de los capos de trasladar la droga por aire o por mar.
En Baja California Sur únicamente existen cinco retenes carreteros que van desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, todos manejados por elementos del Ejército Mexicano. No registran grandes decomisos, como sí ha sucedido en los puntos de revisión de Sonora o Baja California Sur, ambos estados como el nuestro, parte de la II Región Militar.
Por mar
El Golfo de California tiene una extensión territorial en Baja Sur de más de 73 mil kilómetros de playas y costas, sin embargo las fuerzas armadas y autoridades policiacas, han centrado su trabajo en la zona urbana en el combate al narcomenudeo.
Datos entregados a ZETA en el área de inteligencia militar, revelan que los narcotraficantes operan con potentes lanchas, equipadas con brújulas y binoculares de visión nocturna, además de armamento y rifles de asalto como los AK-47.
Por su parte, la Armada de México, al menos la destacada en esta zona costera de México, carece de equipo y tecnología para combatir al narcotráfico en la zona. Las unidades marítimas con las que cuenta la institución son utilizadas para el combate a la pesca furtiva y rescate de personas.
Las islas, donde según reportes de pescadores existe un gran movimiento de desplace de lanchas rápidas, avionetas e hidroaviones, son puntos estratégicos de difícil acceso para la autoridad y la ciudadanía, además de ser áreas incomunicadas donde esporádicamente se llegan a presenciar barcos y lanchas militares. En esos lugares se han encontrado tibores de gasolina que utilizan los narcotraficantes para reabastecer las embarcaciones marítimas e incluso restos de droga en lanchas que han sido abandonadas. Las islas son las siguientes:
1.- Isla del Carmen
2.- Isla San José
3.- Isla Cerralvo o Jacques Cousteau
4.- Santa Cruz
5.- Isla Magdalena
6.- Isla Santa Margarita
7.- Isla Espíritu Santo
8.- Isla Partida.
Por el lado de las costas y en tierra firme, sobran las bahías y puntos de desembarque para el trasiego de droga. Sin embargo, los principales puntos -según reportes de inteligencia militar- son los que a continuación se enlistan:
1.- Bahía San Nicolás
2.- Bahía San Juanico
3.- Punta San Basilio
4.- Punta El Mague
5.- Juncalito
6.- Punta Puertecito
7.- Tembabichi
8.- Punta Botella
9.- La Ventana
10.- Punta Arenas
11.- Boca del Alamo
12.- Punta Pescadero
13.- Los Barriles
14.- Buena Vista
15.- La Rivera
16.- Punta Arenas
17.- Boca de Las Vinoramas
18.- Puerto San Carlos
19.- Puerto Adolfo López Mateos
20.- Puerto Chale
Datos recabados por investigadores militares indican que los horarios nocturnos son los aprovechados por los narcotraficantes. La oscuridad y la falta de equipo marítimo de la Armada para supervisar las costas sudcalifornianas en esas condiciones, representan las condiciones óptimas para el trasiego de droga por la vía marítima.
Está documentado que los criminales utilizan lanchas con doble motor y muy potentes, capaces de soportar en un solo viaje más de una tonelada de droga, como la embarcación menor que elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron el 19 de febrero de 2011 en costas sudcalifornianas, al transportar 335 paquetes de marihuana con un peso de tonelada y media, así como 28 bidones de plástico con capacidad para 50 litros de gasolina cada uno.
Las organizaciones criminales de los cárteles de Sinaloa, Arellano Félix y de Juárez, tienen células en Baja Sur, responsables de recibir este tipo de cargamentos y reenviarlos hacia la frontera, de acuerdo a información de investigadores militares.
Por aire
Los barcos son el principal escudo de protección de las aeronaves que transportan droga desde Sinaloa hasta Baja California Sur. Es decir, las avionetas o aviones viajan a velocidades similares a la de embarcaciones marítimas y, durante la noche, siguen a los barcos a cierta distancia por la parte trasera. La estrategia -según la explicación del informante de ZETA- es que los radares detectan el barco y nunca las aeronaves.
El experto dijo que esa estrategia es muy común y efectiva, sobrevuelan sin ser detectados, y en ciertos puntos aterrizan, descargan y se regresan. Lo que tiene sorprendido a algunos investigadores federales, es sin duda alguna la existencia de una red de trabajadores aéreos y pilotos que trafican con droga en aeronaves comerciales. De acuerdo a información que es parte de una investigación, empleados de algunos aeródromos de Baja California Sur trafican con droga en avionetas Cessna de cuatro plazas y hasta en aviones mayores de 12 plazas.
Los aeródromos donde frecuentemente se tienen detectados este tipo de movimientos es en Los Barriles, Punta Arenas y Cabo San Lucas.
De hecho, el aeródromo de Punta Arenas fue clausurado en 2009, justamente porque en operativos militares se incautaron armas y drogas en las instalaciones. Esta terminal aérea envuelta en la polémica cuando se reveló que el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, pretendía concesionarla a Joseph Angelo Bravo, quien se supo, era un ex convicto. Había purgado una condena de 87 meses en prisión en 1994, por venta y tráfico de cocaína en Nevada, Estados Unidos.
Esto a pesar de que el Artículo 22 de la Ley de Aeropuertos marca que “no podrán ser titulares de permisos las personas que hayan sido condenadas por delito doloso que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año”.
No es el único caso.
Después de la ejecución del controlador de vuelos del aeródromo de Cabo San Lucas, Cristian Ismael Verdugo López, ocurrida el 22 de enero de 2010, durante la investigación se siguió una línea de investigación que indicaba que el ex piloto había sido asesinado por denunciar que ese aeródromo era utilizado para el trasiego de droga por parte del Cártel de Sinaloa, representado en aquel entonces por Teodoro García Simental “El Teo”.
La droga -según explicaron los investigadores- la traían desde Sinaloa, y desde Cabo San Lucas se enviaba en yates extranjeros hasta la frontera con Estados Unidos.
ZETA fue informado que se realiza una investigación federal sobre los concesionarios del aeródromo de Cabo San Lucas: Sebastián Romo Carrillo y Héctor Verdugo. El primero aparece como accionista mayoritario de la compañía Aeropuerto San Lucas Internacional, S.A. de C.V. y el segundo como dueño de la aerolínea base del aeropuerto de nombre Aerocalafia.
El propietario de la aerolínea era justamente el padre de Héctor Manuel Verdugo Talamantes, alias “El Tobi”, ejecutado el 10 de febrero de 2009 por sicarios entonces a cargo de Teodoro García Simental, “El Teo” o “El Tres Letras”.
Los antecedentes
Lo que tiene intrigados a los grupos de inteligencia militar y federal, es el regreso de Felipe de Jesús Castillo Reyes, director de Aeronáutica Civil del Noroeste, quien el 8 de abril de 2004 fue detenido en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por presunta responsabilidad al proteger narcotraficantes.
Con mandos actualmente en los aeropuertos internacionales de La Paz, Loreto, Los Cabos y Hermosillo, y en aeródromos como el de Cabo San Lucas, Punta Arenas y Los Barriles, la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO -en su momento- logró documentar la participación de Castillo Reyes en la protección a supuestos jefes de la mafia del Cartel de Juárez.
En un operativo conjunto de inteligencia de la SIEDO y la Armada de México, ocurrido el 9 de abril de 2004, los agentes federales lograron identificar seis casas de seguridad y ranchos en el Estado de Morelos, donde hubo un encuentro entre jefes de la mafia del Cártel de Juárez y José Agustín Montiel López, ex jefe policiaco y cabeza de la red que operaba desde la Policía Ministerial para proteger en esa entidad las actividades criminales de la organización delictiva.
Los testigos protegidos identificados con las claves de Rodrigo y Beatriz, así como el ex comandante de la Policía Ministerial y actual convicto, Enrique Yépez Uribe (a) “El Jarocho”, figuran entre quienes revelaron los sitios y encuentros que presuntamente hubo entre José Agustín Montiel López y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul” y Vicente Carrillo Leyva.
La investigación que llevó a descubrir la red de protección al Cártel de Juárez, era operada desde la Policía Ministerial, encabezada por los jefes José Agustín Montiel López y Raúl Cortés Galindo (a) “El Mico”.
La averiguación previa PGR/UEDO/193/03 alcanzó a Felipe de Jesús Castillo Reyes, cuando se descubrió que en la terminal aterrizaban aviones para descargar droga proveniente de Colombia. Sin embargo, regresó a sus funciones y actualmente tiene bajo su responsabilidad la Zona Noroeste de los aeropuertos, entre éstos, los de Baja California Sur.
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Fecha de inscripción : 05/09/2009 -
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