EL "NARCOPODER se APODERA de DESTINOS TURÍSTICOS del PAÍS"...están acabando con la "industria sin

ananke 21.08.16 21:54

DOMINGO, 21 DE AGOSTO DE 2016

EL "NARCOPODER se APODERA de DESTINOS TURÍSTICOS del PAÍS"...están acabando con la "industria sin chimeneas".

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Los siguientes eventos pueden constituir un asunto de seguridad nacional de implicaciones sociopolíticas muy graves porque implica tejido social y las actividades productivas del tercer sector que genera mayores ingresos a México: el turismo, amenazado con ser controlado por intereses ligados el narcotráfico.

Allá por mediados de los 80 del siglo pasado, las negociaciones entre el mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo (el padre de todos los malosos de Jalisco y Sinaloa) con el cártel de Medellín representado por el colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, eran utilizar el territorio de nuestro país como trampolín para el paso de la cocaína hacia los Estados Unidos. Posteriormente, a la caída de los de Guadalajara, según reportes clasificados, Juan N. Guerra tomó el control del tráfico desde el Golfo de México, pero fue Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, quien más hábil negoció principalmente con los de Calí y comenzó a emplear Cancún y Cd Juárez para vía área trasladar la droga de Sudamérica al norte de América y otros países. Entre los 80 y los 90 del siglo pasado, México aún no tenía altos registros en el consumo de drogas.

Las consecuencias de estos desplazamientos fueron un ex gobernador de Quintana Roo procesado en los Estados Unidos, Mario Villanueva; dos ex mandatarios de Tamaulipas solicitados para ser juzgados en Gran Jurado de Texas; todos del PRI. Pero la lista de alcaldes y dirigentes políticos es más larga aún.

Pero vinieron varias situaciones de trascendencia. Los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, modificaron radicalmente la materia de seguridad aérea entre México y los Estados Unidos y, por ende, los cárteles de la droga sudamericanos y mexicanos no tuvieron nada fácil continuar con sus actividades. Por eso comenzaron a utilizar la frontera sur de nuestro país para que con centroamericanos como los Lorenzana y Otto Herrera, y operadores mexicanos de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, continuaran el traslado de drogas por diversas vías. Para entonces, el consumo de drogas en México estaba en aumento.

Si mal no recuerdo, Carlos Ramírez en su Indicador Político de 2007, escribió al respecto citando un informe de inteligencia llamado “El Corredor Amarillo” con un listado de autoridades municipales de la frontera sur daban protección a grupos delictivos.

Hoy en día, las historias cotidianas en los municipios turísticos de México son muy conocidas: quieres instalar un negocio, debes comprometer el pago no sólo a la autoridad sino al real “jefe de la plaza”; quieres abrir un centro de entretenimiento como table o bar, debes pagar cuota “jefe”. A las discotecas, bares, centros nocturnos, hoteles, casas de juego y restaurantes pueden llegar “enviados del jefe” para imponerles reglas: horarios de apertura y cierre, qué sí y qué no pueden vender o qué tipo de bebidas colocar a los clientes. Controlan la venta de drogas, las “tienditas”, las pandillas y, sobre todo, a las autoridades municipales.

Primero, hace unos siete años, Cancún fue la plaza más disputada por gente de Sinaloa, del CDG-Zetas y hasta de mafias internacionales como la Cubana –dedicada al tráfico de personas-. Por ello fue que abrieron líneas de investigación en Estados Unidos y México contra Greg Sánchez, el ex edil y ex aspirante frustrado del PRD al gobierno de Quintana Roo, quien a pesar de la exoneración siguen pesando sospechas sobre el origen de su riqueza.

Luego vinieron destinos de playa que se volvieron plazas calientes del narcotráfico, gobernadas tanto por PRD, PRI, MC y PAN en Veracruz, Sinaloa, BCS y ahora hasta los pueblos mágicos (véase quiénes han sido detenidos en San Miguel de Allende).

En Puerto Vallarta, donde últimos días ha sido blanco de atención mundial por el “levantón” masivo en un restaurante, entre quienes estaría un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Al respecto, se sabe que Arturo Dávalos Peña, alcalde de Puerto Vallarta llegó por el partido Movimiento Ciudadano (MC) pero hasta el año pasado siempre militó en el Partido Acción Nacional (PAN) y forma parte de un grupo político que desde 1996 tiene el control de este estratégico municipio turístico, siendo encabezado el ex diputado federal del PAN Juan José Cuevas García y el ex alcalde del PAN, Ramón Demetrio Guerrero, denunciado por diversas redes sociales de extorsión a negocios, empresas, proveedores y por favorecer la protección a grupos delincuenciales, especialmente los ligados a Los Cuinis, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 19 de julio de 2013 fue asesinado Juan Carlos Loyola Juárez, escolta del entonces alcalde de Puerto Vallarta, el “El Mochilas” Ramón Guerrero Martínez, según algunas fuentes, por una mala coordinación con los reales jefes de la plaza hay que recordar un dato relevante: el 4 de abril del año en curso, en medios internacionales, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, presentó un listado de 27 empresas lavadoras de dinero de Los Cuinis-CJNG, de las cuales 24 están en Puerto Vallarta y las otras en la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo.

Otro ejemplo crítico es Acapulco, que vive bajo el desgobierno de Jesús Evodio Velázquez Aguirre, militante y cuadro destacado, protegido e impulsado por el grupo predominante del PRD Nacional: Nueva Izquierda, los famosos “Chuchos”, quien según han comentado fuentes bien informadas, estaría analizando presentar su renuncia al cargo ante las amenazas de los grupos delincuenciales depositadas en cadáveres, narcomantas y algún video. Alrededor de 800 muertes relacionadas con el crimen es el saldo del alcalde que se negaba a certificar a sus cuerpos policíacos y a destituir a su primer jefe de seguridad pública por no aprobar la prueba de control de confianza.

El miedo del alcalde subió de intención luego de la muerte de su compadre, Ambrocio Soto Duarte, el edil de Pungarabato el 24 de julio pasado, al grado de que tendría contratados para su seguridad alrededor de 50 elementos y hasta los millonarios servicios de un despacho de seguridad privada.

Un total de 900 muertes ligadas al narcotráfico en Acapulco; 258 oficialmente contabilizadas en los tres primeros meses de su gestión y los demás en lo que va del 2016. Sin contar, con las detenciones en cadena de las cabezas delincuenciales que aparecen muy cercanos a su gestión y trayectoria política (y claro, de los Chuchos), como lo han difundido columnistas nacionales.

Más todavía, además del miedo, otro factor que le haría renunciar a Evodio sería dejar que su suplente opere a favor al senador David Jiménez Rumbo, quien siendo representante de Michoacán en la Cámara Alta, su corazón está en el Grupo Guerrero que busca el control político del puerto de Acapulco.

Acapulco hoy es la ciudad más violenta de todo México, en momento superando a la etapa más crítica de Ciudad Juárez, donde otra vez, el PRD, como ocurrió con alcaldes de Tabasco, Chiapas y Veracruz, está en el centro de la observación de las agencias de seguridad del país y los Estados Unidos.

La crisis de Acapulco y su alcalde, no es ajena a la ejecución del alcalde Soto Duarte y a las redes del poder que controlan el corredor de Coyuca de Catalán- Ciudad Altamirano- Cutzamala de Pinzón- San Lucas (Mich), donde los políticos de oscuros intereses tienen varias décadas protegiendo delincuentes y controlando la producción y el tráfico de estupefacientes.

Jesús Evodio Velázquez Aguirre lo sabe, porque no es ajeno a la Tierra Caliente; sus padres son de allá: el papa era oriundo de Las Cruces, Coyuca de Catalán, y su madre de la comunidad de Salguero, Michoacán, colindante de Cutzamala de Pinzón, los terruños de un político del que diversas fuentes de seguridad lo tienen en la mira: Catalino Duarte Ortuño.

Lo que pasa en Cancún, Los Cabos, Vallarta, Acapulco, Huatulco y otros municipios turísticos, es un asunto de seguridad nacional del que el Estado mexicano no puede hacerse de la vista gorda o ser omisos ante el desastre de sus gobernantes.

En este caso, la SEGOB, Relaciones Exteriores y SECTUR tienen la palabra.

Fuente.- alexiabarriossendero@gmail.com

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