Cuando la mafia asumió el poder en Guatemala

Skorpio 29.06.16 12:33

Cuando la mafia asumió el poder en Guatemala

junio 29, 2016 at 12:00

Las investigaciones contra el gobierno que encabezaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti avanzan y demuestran que fue un auténtico cártel el que gobernó el país.

Pero también queda claro que las condiciones para que eso sucediera siguen intactas

Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

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Guatemala. Guatemala parece predestinada a nunca más descansar desde las marchas masivas que dieron un vuelco a la historia, reconocidas por llevar a la cárcel a su élite estatal corrupta.

Cuando parecía que casi todo estaba dicho en torno al desparpajo de quienes llegaron al poder en nombre del Partido Patriota (PP) en 2012, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, afloraron nuevos elementos de prueba que evidencian lo incalculable del grado de desidia alcanzado por ambos y sus cómplices.

La labor mancomunada de quienes desde abril de 2015 comenzaron a poner sobre la mesa incontables evidencias de la corrupción organizada, practicada e impulsada por la expareja presidencial, continúa dando réditos y con ello gana vida la indignación ciudadana que colmó una veintena de sábados la Plaza de la Constitución.

De hecho, este 11 de junio el movimiento civil de protesta volvió a reactivarse y varios parques centrales de distintas ciudades de Guatemala fueron tomados de nuevo por miles de personas empeñadas en que gane celeridad la aplicación de justicia contra quienes defalcaron las finanzas públicas en su beneficio.

La rabia contenida contra todo lo que simbolizan Pérez Molina y Baldetti, en prisión preventiva hace más de 9 meses tras ser acusados de defraudar las aduanas en el caso identificado como La Línea, ascendió con creces desde el 2 de junio de 2016.

En esa jornada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) dieron a conocer otros resultados parciales de sus pesquisas y sugirieron que finalmente se armaba el rompecabezas de estafas, fraudes, sobornos, lavado de dinero y otros delitos cometidos por el cártel que dirigieron.

Durante el último jueves de Cicig, como llaman muchos a ese día por la tendencia a ser el elegido para este tipo de denuncias, el comisionado Iván Velásquez, y la titular del MP y fiscal general, Thelma Aldana, explicaron todo lo relacionado con el caso al que denominaron Cooptación del Estado de Guatemala.

Si para abril del año precedente el avance de las investigaciones apenas mostró al expresidente y a su exvicepresidenta como líderes de una red criminal que defalcó las aduanas, con apoyo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los detalles ofrecidos esta vez fueron más graves todavía.

Ambos revelaron que el PP nunca fue un proyecto político como tal, sino que surgió y operó como cártel de la mafia con un sólo propósito: acumular la máxima cantidad de dinero para financiar la campaña electoral de Pérez Molina y de Baldetti mediante lavado de dinero y expoliar las arcas estatales al llegar al poder.

La develación de este caso, primero de su tipo en Guatemala y quizás uno de los pocos en el mundo, demostró la podredumbre del sistema supuestamente democrático en este país y la fragilidad de una institucionalidad que tiene mucho por ganar para responder de manera eficaz a la población.

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Caso cooptación del Estado en Guatemala

Según las investigaciones, tanto el exmandatario como su vicepresidenta articularon desde 2008 la red criminal de recaudación de fondos, en la cual estuvieron implicados grandes banqueros, dueños de medios y otros pertenecientes a lo más encumbrado del empresariado en Guatemala.

Acorde con ello fueron giradas órdenes de captura contra el expresidente de la Cámara de la Construcción del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Álvaro Mayorga; y contra los presidentes de Banrural, Fernando Peña; y del Banco G&T Continental, Flavio Montenegro.

También contra el gerente general de Claro, Enrique Castellanos; Alba Lorenzana, esposa del dueño de los Canales 3, 7, 11 y 13 y de Radio Sonora, Ángel Martínez; el ejecutivo de la Mina Montana de San Marcos, Eduardo Villacorta; y los representantes legales de las constructoras Lanello, HW y Sigma.

En total sumaron 50 las órdenes de aprehensión contra empresarios y exfuncionarios ligados a la administración del PP, que camuflaron o garantizaron la entrega de dinero vía empresas de cartón a ese consorcio criminal con disfraz de partido y a sus capos, engalanados de políticos.

Datos aportados reflejan que los involucrados en esta estructura delincuencial lograron agenciarse con sus artimañas alrededor de 500 millones de quetzales (65.5 millones de dólares).

Para consultores, esto explica por qué en los últimos 4 meses de la campaña de 2011 el noveno binomio presidencial de la etapa democrática en Guatemala sobrepasó por partida triple el techo presupuestario fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones y logró acaparar todo el control del Estado.

Pérez Molina y Baldetti llegaron a legitimarse como gobernantes de este país después de erigirse como líderes o cabecillas de un cártel político empeñado en acumular financistas, que a la larga les permitieron darse todo tipo de lujos.

Pero a la vez vale recordar que el exmilitar y la comunicadora casi llegaron a terminar sus cuatro años de mandato y esto les dio tiempo suficiente para pagarle a muchos de sus contribuyentes con contratos ventajosos.

Las exautoridades del PP negociaron cerca de 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades estatales y gracias a la complicidad de empresarios, funcionarios, operarios e incluso bancos, precisó Velásquez.

Para muestra un botón: en los casi 3 años de esta administración la Radiotelevisión Guatemala, la Sociedad Anónima (Canal 3) y Televisiete, SA (canal 7), ganaron 216 millones de quetzales con el Estado, es decir, unos 28 millones 800 mil dólares.

Esa cifra equivale al 69 por ciento de lo que los anaranjados –por el color emblemático de su partido– supuestamente invirtieron en publicidad televisiva, pagada a González, quien aportó lo suficiente para que el cártel adquiriera para su campaña 10 camiones, cuatro camionetas Toyota, un microbús y un Chevrolet.

Paralelo a esto tuvieron lugar múltiples pagos sistemáticos por debajo del tapete de la mesa y uno que otro regalo de consideración en calidad de resarcimiento a quienes dieron todo tipo de posibilidades a las corporaciones de ampliar sus inversiones y por ende, sus riquezas.

Pérez Molina y Baldetti se apropiaron de las instituciones del Estado y convirtieron la administración pública en un negocio, subrayó Velásquez.

Mas hasta ese momento faltaba por decir que los mismos que articularon el fraude en torno a un contrato irregular otorgado a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y a la presunta descontaminación del lago de Amatitlán, llegaron más lejos.

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La cooperacha

Los exjerarcas de los patriotas, con la colaboración del exsecretario privado de la vicepresidencia de Guatemala, Juan Carlos Monzón, diseñaron una suerte de modelo de gestión perverso para agenciarse cada año el aporte en dinero de exministros y funcionarios cercanos agradecidos de su gestión.

De acuerdo con lo develado el sábado 11 de junio, poco antes de iniciar la reedición de la protesta anticorrupción en la Plaza de la Constitución, casi siempre en torno a los cumpleaños de ambos –1 de diciembre y 13 de mayo, de manera respectiva–, los dispuestos a cooperar entregaban a Monzón su tributo.

Al estilo de la vieja mafia estos funcionarios públicos participaron de forma repetida en esa componenda con la intención agradar a sus capos, permanecer dentro de la jerarquía y garantizar el permiso de operación en cada una de las carteras de gobierno o instituciones bajo su mando, coincidieron el MP y Cicig.

La cooperacha, como llamaron a su retribución, se realizaba en efectivo, en cajas o bolsas y en las instituciones donde laboraban los contribuyentes para ocultar las transacciones y no dejar rastro del dinero, lo cual prueba el interés de ocultar origen y destino de los fondos, opinaron las autoridades.

Monzón entregaba luego los resultados de la recaudación a Baldetti, quien definía qué se compraría.

La inversión fue creciendo a tal punto que Pérez Molina recibió como compensación una lancha por cerca de 300 mil dólares; una casa en la playa de Taxisco, departamento sureño de Santa Rosa, valorada en 1 millón de dólares; y un helicóptero Bell 470GX, modelo 213, de unos 3.5 millones de dólares.

Éstos y otros donativos al exgobernante llegaron a representar un valor de 33 millones de quetzales, es decir, más de 4 millones 400 mil dólares y las evidencias acumuladas prueban que ello se debió a entregas por encima de los patrimonios reportados por sus compinches en sus declaraciones de probidad.

Pero Pérez Molina también resarció tamaña prueba de lealtad de Baldetti y, utilizando el mismo esquema, organizó el aporte para ella, que le permitió entregarle vía Monzón un inmueble en Pristine Bay, en la caribeña isla de Roatán, en Honduras.

Aseguró Monzón haber recibió 500 mil dólares para su jefa como aporte de los mismos funcionarios organizados con el propósito de recaudar los fondos para los regalos del expresidente.

El MP y Cicig dejaron en claro, además, que los miembros de esta red abusaron de sus calidades como funcionarios públicos y desarrollaron acciones por medio de las cuales tomaron las instituciones de Estado como un botín, del cual dispusieron con toda discrecionalidad.

La conducta de éstos, así como la de la expareja presidencial, evidencia el total irrespeto de esta estructura por el buen destino y ejecución de los recursos del Estado, agregaron.

Entre los implicados en esta trama están los exministros de Defensa Ulises Anzueto (2012) y Héctor Manuel López Ambrosio (2013-2014), el de Gobernación (2012-2015) Héctor Mauricio López Bonilla; así como los extitulares de Energía y Minas Erick Archila, y el de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Junto a ellos presuntamente contribuyó de manera sistemática a la coperacha el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez, quien permanece en la cárcel ligado a otros casos de corrupción.

Asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo y fraude, son los delitos imputados de forma indistinta a cada uno de los señalados en este grupo.

Al margen de apelativos más o menos acertados para identificar cada expediente o caso relativo a las maniobras realizadas por Pérez Molina y Baldetti, ambos son apenas la cara visible de un fenómeno que por décadas ronda los intríngulis del poder político y económico en Guatemala.

En correspondencia con el Índice de Percepción de la Corrupción, calculado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), este país es el quinto más afectado por ese flagelo a nivel nuestroamericano luego de registrar una caída de ocho posiciones.

Esta clasificación responde a la caída estrepitosa del año pasado, que lo ubicó en la casilla 123 de los 168 países evaluados, mas esa posición no dista tanto de la 115 exhibida en 2014, ni del puesto 120 obtenido en 2005, como refieren informes anuales de la agrupación con sede en Berlín, Alemania, y ramificaciones en unos 70 países.

“La corrupción no es un desastre natural, es el robo frío y calculado de oportunidades a los hombres, mujeres y niños menos capaces de protegerse a sí mismos”, define TI, para cuyos directivos esta problemática afecta lo mismo a países ricos y pobres, frena el desarrollo económico, espanta a los inversores extranjeros y alimenta la pobreza.

Por esas razones el analista del Instituto de Investigaciones sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar, Mario Sosa, cuestiona la tesis de la cooptación del Estado de 2012 a 2015.

A su juicio la corrupción o la cooptación constituyen características consustanciales del Estado en Guatemala, que contiene la primera como un mecanismo y una norma tácita en la gestión de la política pública.

“La corrupción ha sido uno de los contenidos de las relaciones económicas y políticas que se articulan en las instituciones y las políticas de Estado. Un mecanismo exacerbado a tal punto que un grupo criminal tuvo la capacidad de organizarse como partido político, ganar las elecciones y llevar a cabo uno de los despojos del erario público más grandes registrados en la historia del país”, señala.

Pero el asunto va más allá de la banda criminal del PP, opción electoral de varios de los grupos corporativos en las elecciones de 2011, subraya el antropólogo, para quien el mediano y gran capital guatemalteco creó, controló y negoció hasta ahora los mecanismos de corrupción a fin de acumular riquezas.

En su opinión, los casos de corrupción revelados evidencian un mecanismo histórico utilizado por aquellos que desde sus empresas, grupos corporativos y gremios controlaron siempre el Estado, decidieron leyes, políticas y garantizaron altas tasas de ganancia, con lo cual profundizaron la miseria en el país.

Con base en esa visión, Sosa comulga con varios sectores que manifiestan su preocupación por lo difícil que será barrer con la corrupción en Guatemala, a menos que estos grupos sean desplazados del control estatal y se avance en la creación de un Estado capaz de garantizar el bien común.

Modificar la estructura de base

Mientras, el filósofo y sicólogo Marcelo Colussi llama a cuidarse de mirar sólo a través de los espejitos de colores, en medio de tanta fanfarria por estos estacazos contra la corrupción.

“Luchar contra la corrupción, tal como ahora parece haberse ¿puesto de moda?, es algo políticamente correcto. Encomiable incluso. Pero tiene el inconveniente de no servir realmente para modificar la estructura de base”, advierte.

Colussi destaca que si bien una lucha frontal contra la corrupción se estableció en la agenda política del país –no por la población protestando en la calle, sino por los medios de comunicación– cabría preguntarse qué porcentaje real queda en los bolsillos de la burocracia de Estado y si es la corrupción la verdadera causa de la pobreza histórica de Guatemala.

“Lo importante de estos dos casos es que se hayan destapado, develado, lo que medio mundo veía y se hacía toda clase de babosos”, comentó a Prensa Latina el excolumnista del Diario de Centroamérica y de Nuestro Diario Gustavo Adolfo Bracamonte.

Pero, añadió, “lo fundamental es romper, desquebrajar el sistema corrupto y las formas mafiosas de hacer política en el país. Por otro lado y siempre lo manifesté, cada cuatro años surgían otros ricos y se empobrece el país. Se debe cambiar el sistema, de lo contrario seguirán saqueando el país”.

Justo en esa posición coinciden de cierta manera varios actores sociales en Guatemala, los cuales reconocen la necesidad de dejar a un lado viejas prácticas e impulsar una transformación en distintos órdenes, que contemple como prioridad al ser humano y posibilite a todas las personas ejercer ciudadanía.

“En la medida en que cambiemos las condiciones del país estaremos más integrados y seremos más felices. Hay que humanizar la economía, hay que humanizar el mercado, hay que humanizar la empresa y si logramos hacerlo, vamos a tener más puntos en común que si focalizamos en sectores”, declaró el ministro de Economía, Rubén Morales.

Para la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Raquel Zelaya, resulta perentorio analizar los elevados índices de informalidad y la falta de acceso a la inclusión social vinculada a ello; así como contemplar en el debate político lo fijado en los Acuerdos de París 2015.

También sugirió considerar el movimiento cooperativo que siguen los 48 cantones de Totonicapán y Sololá, en el occidente del país, por su forma de operar más cercana a una modalidad asociativa.

En respuesta a Prensa Latina, la reconocida economista expresó que el monto recaudado a partir de los tributos o impuestos no resolverá la falta de recursos del Estado para enfrentar los problemas esenciales nacionales y es preciso reevaluar de una vez el tema de la carga impositiva.

Otra cuestión a priorizar es la inclusión educativa, para que pueda elevarse a niveles aceptables, subrayó Zelaya.

Los otros miembros del panel organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), a propósito de la presentación de un nuevo número de la revista American Quarterly, dedicado a la situación del empleo y de la juventud en Centroamérica, igual aportaron sus consideraciones al respecto.

“Guatemala viene transformándose económicamente, pero es necesario acelerar el ritmo de inclusión de personas””, reconoció el vicepresidente de Fundesa, Salvador Paiz, mas recomendó agregarle a eso tecnología, mercados y nuevos servicios, entre otros.

Con igual énfasis aludió a la carga emocional arrastrada por la sociedad guatemalteca, que salió de una cruenta guerra interna hace apenas dos décadas, y alentó a “buscar el modo de sanar heridas y recuperar la dignidad que nos han dañado”.

En tanto el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rootman Pérez, mencionó el esfuerzo que desde esa cartera y del Gobierno realizan con base en cuatro ejes esenciales: la prevención, la investigación, la sanción penal –no entendida como venganza–, y la reeducación y reinserción social de los exreclusos.

“Como democracia estamos diciendo: ya no se puede más, hasta aquí. Necesitamos un país distinto”, aseveró el presidente de Fundesa, Felipe Bosch, aunque en aparte con Prensa Latina admitió la disparidad de opiniones en cuanto a cómo organizar, viabilizar y concretar esa transformación en Guatemala.

Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

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