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México y la pena de muerte “de facto”
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México y la pena de muerte “de facto”
Skorpio 19.06.16 5:09
México y la pena de muerte “de facto”
Aunque la pena de muerte se erradicó del marco jurídico hace más de 50 años, lo que en términos jurídicos se le conoce como “de jure”, es posible afirmar que la pena de muerte sigue operando en la práctica, “de facto”.
Por: Andrés Marcelo Díaz Fdz. (@AndresTeix)
La pena de muerte o pena capital, aquella que significa la privación legal de la vida de una persona, ha sido una sanción cuestionada desde hace ya décadas. Por fortuna México la erradicó en la práctica -para la ciudadanía- hace más de cincuenta años, aunque constitucionalmente se eliminó en el año de 2005, en donde también se retiró para la población militar.
No obstante que haya sido sacada del marco normativo vigente, lo que en términos jurídicos se le conoce como “de jure”, es posible afirmar que la pena de muerte sigue operando en la práctica, “de facto”.
Como parte de su política internacional, Vicente Fox se encargó de firmar los tratados que hacían falta en materia de derechos humanos e impulsar la ratificación de los mismos por el Senado. En 2005, Fox señalaba que “la pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países”.
Esta fue una forma simple de decir que no se toleraría, como pena judicial o medida legal, la provocación de la muerte (o diría yo: “el asesinato legal”) por parte del Estado a cualquier persona y que además se combatiría la misma pena en las instancias internacionales. Sin embargo, como bien sabemos por memoria histórica y colectiva, México es un país de muertes.
Recientemente, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Christof Heyns, dio a conocer su “Informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México” en el que da cuenta de los temas más preocupantes en nuestro país en cuanto al respecto a la vida.
Heyns afirma que “los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables” y no es para menos: en un país donde a inicios de este año se reportaban cerca de 65 mil ejecuciones en tres años, algo debe no estar saliendo muy bien en el respeto a la vida. Por su parte, la propia SEDENA ha sostenido que entre 2007 y 2012 han fallecido 209 militares en supuestos “eventos de agresiones en contra de personal militar” por 3,937 civiles fallecidos. Este dato fue también revelado en el[url=http://www.justiciayderechoshumanos.org.mx/actualidades/Audiencia ante la CIDH Ejecuciones extrajudiciales en Mexico.pdf]documento previo a la audiencia “Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México”[/url] que elaboraron diversas organizaciones no gubernamentales para una audiencia ante la CIDH en octubre de 2015.
La “pena de muerte de facto” la utilizamos para denotar aquellas muertes justificadas socialmente; aquellas en las que se cree que las personas deben ser privadas de su vida por algún bien mayor, común o por “razones de seguridad”.
Tantos perfiles han integrado el populo sacer[1], que la línea divisora entre la vida y la muerte de los habitantes de este país puede ser rota en cualquier momento. Basta con encontrar un estereotipo, una absurda razón o una agresión socialmente legitimada para que se pretenda convencer que la muerte era la mejor solución para un problema de seguridad.
En especial, y como dice el Relator especial, repercutiendo con mayor énfasis en las personas pertenecientes a los grupos más vulnerados por el estado: migrantes; mujeres; periodistas y defensores; niños y niñas; reclusos y detenidos, y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
Hoy en día son los narcos, los sicarios, los delincuentes, el crimen organizado, las ratas, los violadores, los secuestradores, y otros adjetivos delincuenciales, quienes “se merecen” la muerte. Así lo han pedido sectores de la población y partidos políticos; así lo vemos en los comentarios frecuentes y usualmente anónimos en los medios de comunicación; así lo han incitado jefes de Estado al llamarloslogros de Estado y golpes contundentes; así lo pide el Ejército mexicano a sus soldados al ordenarles “abatir” a los delincuentes.
¿Para qué entonces un partido político pide la pena de muerte si esta ya existe de facto? ¿Por qué nos llamamos un país respetuoso de los derechos humanos, de la vida, si las muertes violentas son políticamente justificadas?
* Andrés Marcelo Díaz Fdz. es Investigador de @FundarMexico.
animalpolitico
Aunque la pena de muerte se erradicó del marco jurídico hace más de 50 años, lo que en términos jurídicos se le conoce como “de jure”, es posible afirmar que la pena de muerte sigue operando en la práctica, “de facto”.
Por: Andrés Marcelo Díaz Fdz. (@AndresTeix)
La pena de muerte o pena capital, aquella que significa la privación legal de la vida de una persona, ha sido una sanción cuestionada desde hace ya décadas. Por fortuna México la erradicó en la práctica -para la ciudadanía- hace más de cincuenta años, aunque constitucionalmente se eliminó en el año de 2005, en donde también se retiró para la población militar.
No obstante que haya sido sacada del marco normativo vigente, lo que en términos jurídicos se le conoce como “de jure”, es posible afirmar que la pena de muerte sigue operando en la práctica, “de facto”.
Como parte de su política internacional, Vicente Fox se encargó de firmar los tratados que hacían falta en materia de derechos humanos e impulsar la ratificación de los mismos por el Senado. En 2005, Fox señalaba que “la pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países”.
Esta fue una forma simple de decir que no se toleraría, como pena judicial o medida legal, la provocación de la muerte (o diría yo: “el asesinato legal”) por parte del Estado a cualquier persona y que además se combatiría la misma pena en las instancias internacionales. Sin embargo, como bien sabemos por memoria histórica y colectiva, México es un país de muertes.
Recientemente, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Christof Heyns, dio a conocer su “Informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México” en el que da cuenta de los temas más preocupantes en nuestro país en cuanto al respecto a la vida.
Heyns afirma que “los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables” y no es para menos: en un país donde a inicios de este año se reportaban cerca de 65 mil ejecuciones en tres años, algo debe no estar saliendo muy bien en el respeto a la vida. Por su parte, la propia SEDENA ha sostenido que entre 2007 y 2012 han fallecido 209 militares en supuestos “eventos de agresiones en contra de personal militar” por 3,937 civiles fallecidos. Este dato fue también revelado en el[url=http://www.justiciayderechoshumanos.org.mx/actualidades/Audiencia ante la CIDH Ejecuciones extrajudiciales en Mexico.pdf]documento previo a la audiencia “Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México”[/url] que elaboraron diversas organizaciones no gubernamentales para una audiencia ante la CIDH en octubre de 2015.
La “pena de muerte de facto” la utilizamos para denotar aquellas muertes justificadas socialmente; aquellas en las que se cree que las personas deben ser privadas de su vida por algún bien mayor, común o por “razones de seguridad”.
Tantos perfiles han integrado el populo sacer[1], que la línea divisora entre la vida y la muerte de los habitantes de este país puede ser rota en cualquier momento. Basta con encontrar un estereotipo, una absurda razón o una agresión socialmente legitimada para que se pretenda convencer que la muerte era la mejor solución para un problema de seguridad.
En especial, y como dice el Relator especial, repercutiendo con mayor énfasis en las personas pertenecientes a los grupos más vulnerados por el estado: migrantes; mujeres; periodistas y defensores; niños y niñas; reclusos y detenidos, y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
Hoy en día son los narcos, los sicarios, los delincuentes, el crimen organizado, las ratas, los violadores, los secuestradores, y otros adjetivos delincuenciales, quienes “se merecen” la muerte. Así lo han pedido sectores de la población y partidos políticos; así lo vemos en los comentarios frecuentes y usualmente anónimos en los medios de comunicación; así lo han incitado jefes de Estado al llamarloslogros de Estado y golpes contundentes; así lo pide el Ejército mexicano a sus soldados al ordenarles “abatir” a los delincuentes.
¿Para qué entonces un partido político pide la pena de muerte si esta ya existe de facto? ¿Por qué nos llamamos un país respetuoso de los derechos humanos, de la vida, si las muertes violentas son políticamente justificadas?
* Andrés Marcelo Díaz Fdz. es Investigador de @FundarMexico.
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