Alto mando puso para su ejecución a COMANDANTE POLICIACO que había detenido a dos Sicarios

Las autoridades mintieron. Las primeras versiones del asesinato del comandante de la policía municipal, Bernardino Aispuro Angulo, fueron que había acudido a atender una denuncia por escándalo en una casa de La Campiña y que al pedir orden fue atacado.

Pero hay algo más turbio en el crimen, que presume la complicidad de altos mandos policiacos con el crimen organizado y que presumiblemente le costaron la vida al agente.

De acuerdo a información obtenida de diversas fuentes, la mayoría de la mismacorporación, es que ese domingo 15 de mayo, Bernardino Aispuro Angulo salió de su casa alrededor de las seis de la mañana; antes bromeó con su esposa de lo bien que se veía con el uniforme de policía.

Una hora y media después, estaba atendiendo el primer reporte: dos sujetos a bordo de una Cherokee blanca de modelo reciente que se hicieron perseguir por Bernardino y su compañero —presuntamente por disparar— fueron alcanzados en el cruce de las calles Enrique Sánchez Alonso y novena.

Otra versión es que Bernardino y su compañero desayunaban en una birriería que ubicada en el cruce de las mencionadas calles, cuando llegaron los dos sujetos “amanecidos” bordo de la Cherokee de color blanco; y al percatarse el oficial Bernardino Aispuro que estaban armados, decidió pedir apoyo y los desarmó.

Eran apenas las 7:30 de la mañana, y el hecho activó la alarma de emergencia, que provocó que elementos de distintas corporaciones se movilizaran al lugar, llegaron policías estatales y más municipales.

Tras el desarme, los dos presuntos sicarios fueron esposados a bordo de la patrulla del comandante Berna —como le decían sus compañeros— y se encaminaron a las inmediaciones de la SSPyTM, pero no llegaron. Muy cerca del salón 53 fueron interceptados por otra patrulla al parecer de la misma corporación municipal y tras una pequeña discusión tuvieron que entregar a los detenidos para ser liberados.

Otra de las versiones extraoficiales señala que Bernardino Aispuro y su compañero sí lograron llegar hasta las inmediaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal ubicada en Bachigualato, pero por orden de un supuesto alto mando fueron puestos en libertad los dos detenidos, sin hacer el reporte oficial.

Luego de la liberación de los presuntos sicarios, los agentes recibieron la orden de retirarse a sus casas; “les había dicho un mando que se fueran a sus casas, en vez de resguardarlos en Bachigualato”, manifestó de manera extraoficial un trabajador al interior de la SSPyTM.

Bernardino Aispuro se percató del peligro en que se encontraba y decidió no irse a su casa sino se dirigió a la Delegación de la Policía Municipal ubicada por la calle Eucaliptos en el sector de la colonia la Campiña.

Estando ahí recibió una llamada de un supuesto alto mando de la corporación a la queBernardino pertenecía desde hacía ya nueve años; le dijeron que “los muchachos” querían hablar con él, al parecer se refería a los dos hombres que apenas dos horas atrás había desarmado.

“El arma la dejo pura madre”, dijo Bernardino al parecer cuando el alto mando con el que hablaba le indicó que saliera de la caseta desarmado y que afuera lo esperaban ya para hablar supuestamente con él.

Salió con su arma de cargo y se acercó a una camioneta; los tripulantes no querían hablar, lo quisieron “levantar”, señaló una fuente de manera extraoficial, pero el oficial no se dejó, forcejeó un poco con los presuntos delincuentes y corrió.

El comandante Berna no avanzó mucho, alrededor de una cuadra de donde se encontraba la camioneta que intentó llevárselo quedo abatido a balazos justo en medio de la calle Eucaliptos entre Aguacate y Toronja, a dos calles de la delegación.

En el lugar resultaron heridas dos personas más, presumiblemente de los atacantes, ya que los peritos se encontraron rastros de sangre distinta a la del comandante Bernardino, sin embargo hasta el momento no se ha sabido nada de los probables heridos.

Otro agente que se encontraba en la delegación fue trasladado de inmediato al hospital, víctima de un ataque al corazón producto el susto provocado por la balacera donde resultó asesinado Bernardino Aispuro.

Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad informó sobre el móvil de los hechos, sin embargo al día siguiente del asesinato al agente municipal, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Héctor Raúl Benítez Verdugo, fue destituido de su cargo, sustituyéndolo Cesar Abelardo Rubio Olivas.

Benítez Verdugo desde el lunes por la mañana antes de ser anunciado oficialmente su destitución, desapareció de los reflectores; no asistió a la misa de cuerpo presente del oficial caído que se realizó el martes a las ocho de la mañana en la parroquia de Cristo Rey.

Asistió el nuevo secretario de seguridad municipal, Rubio Olivas, que pidió a la familiares del agente, a través de los medios de comunicación, su confianza de que resolvería el caso.

Desde la misma mañana que lo mataron, corría la versión de que, desde el mismo seno de la Policía Municipal, lo habían entregado a la mafia.

Tras el asesinato de tres agentes, destituyen a Héctor Benítez de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito

A consecuencia del asesinato de dos tránsitos y un policía municipal en el transcurso de una semana, así como del alto índice de homicidios dolosos en Culiacán, el grupo de Coordinación de Seguridad encabezada por el gobernador Mario López Valdez, determinó destituir a Héctor Raúl Benítez Verdugo como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM).

El lunes de la semana pasada, el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, dio a conocer la decisión de tomar protesta a César Abelardo Rubio Olivas como el nuevo titular de la secretaria de seguridad local en sustitución de Benítez Verdugo.

“Es un acuerdo que tomó el gabinete de seguridad, el Grupo de Coordinación Sinaloa donde están los tres órdenes de gobierno. Ellos consideraron que se tenía que hacer un cambio como se ha hecho en todos los municipios, Culiacán era el único municipio donde no se habían realizado cambios; ustedes recordarán que hemos estado en una rotación normal y obviamente por los acontecimientos de los últimos siete días”, aseveró Vargas Landeros en rueda de prensa.

Desde el 14 de enero del 2014 —fecha en que ingresó Héctor Raúl Benítez como titular de la SSPyTM—, el gabinete de seguridad determinó al menos cuatro cambios en los mandos de seguridad de distintos municipios como parte de las estrategias, pero el ahora ex secretario había sido intocable, a pesar de los altos índices de violencia en la capital del estado y de las múltiples quejas de los agentes

Héctor Raúl Benítez Verdugo es abogado de la generación 1993-1998 de la Escuela Libre de Derecho, y dos años después de graduarse, en el año 2000, ingresó a trabajar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Puede resultar curioso que al poner el nombre de Héctor Raúl Benítez Verdugo en el buscador de google, arroje como búsquedas relacionadas “fotos de Pedro Avilés”; y esto se entiende por su relación política al estar casado con una hija del fallecido narcotraficante.

En una entrevista concedida para este semanario en el 2014, realizada por Andrés Villarreal, Héctor Raúl Benítez explicó que en ninguna evaluación del examen de control de confianza había tenido peso que el padre de su esposa fuera el famoso narcotraficante, conocido como el León de la Sierra.

“Esa persona falleció hace 35 años, yo tendría tres años de edad. Yo he conservado esa estadía en la Procuraduría desde hace 14 años. Mi esposa tiene 16 años trabajando en la misma institución. Saben la trayectoria limpia de ella. Y que siempre se ha demostrado así, en las áreas que ha estado, señaló entonces Benítez Verdugo, ante el cuestionamiento de la relación de su esposa con Avilés.

Dentro de la PGJE, Benítez Verdugo trabajó en la agencia del Ministerio Público especializada en homicidios dolosos, luego como fiscal adscrito a la Dirección de averiguaciones Previas, y estuvo asignado a la Agencia Segunda Ministerial con asiento en El Dorado.

En el 2014 solicitó un permiso sin goce de sueldo para desempeñarse como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Culiacán y hasta el cierre de esta edición seguía sin presentarse a la Procuraduría. Según informó el área de comunicación social de la Fiscalía, Benítez Verdugo continúa con permiso indefinido.

Tres días antes de su destitución, luego de una entrevista con un reportero de este semanario, Héctor Raúl Benítez le comentó que al terminar su periodo en diciembre del 2016, regresaría a trabajar a la PGJE, sin imaginar que el 16 de mayo recibiría la noticia de su baja dentro de la corporación municipal.

La destitución fue sorpresiva hasta para el propio alcalde Sergio Torres Félix. Solo unas horas antes de que fuera público, Malova le anunció la decisión que había tomado el gabinete de seguridad.

“En base a estrategias propias del propio grupo tenemos un nuevo Secretario de Seguridad Pública en nuestro municipio; quiero aprovechar para darle las gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por sus resultados, al licenciado Héctor Raúl Benítez Verdugo”, señaló el alcalde de Culiacán.

Pero tal parece que el esfuerzo de Benítez Verdugo no fue suficiente para la prevención del delito, aunque hay cifras favorecedoras que durante su ejercicio como secretario de seguridad municipal demuestran que algunos delitos si fueron a la baja, aunque fue un comportamiento a nivel nacional.

Según datos del Secretariado Ejecutivo, el homicidio doloso y los delitos sexuales han ido a la alza durante los dos últimos años en Culiacán, mientras que el robo común, a casa habitación, a negocios y de vehículos, ha bajado notablemente.

Durante el mando de Benítez Verdugo los delitos sexuales aumentaron en el municipio, pues se recibieron 155 denuncias por violación ocurridas entre enero del 2014 a marzo del 2016.

Culiacán es hoy una de las ciudades más violentas. Mientras que en 2013 se cometieron 479 homicidios dolosos, durante el 2014 bajaron y solo se perpetraron 399, sin embargo para el siguiente año otra vez los indicadores mostraron un alza, al terminar el 2015 con 441 homicidios dolosos.

Desde mediados del año pasado se incrementó la violencia en el estado y Culiacán no fue la excepción, continuando con la tendencia en lo que va de este año donde hasta mediados de mayo ya habían ocurrido 135 homicidios dolosos en la capital sinaloense, de los cuales tres pertenecían a las filas de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a cargo entonces de Benítez Verdugo.

Llega César Rubio, de oscuro historial, al mando de la seguridad pública en Culiacán

Negras palomas

Alejandro Monjardín

El recién nombrado Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, César Abelardo Rubio Olivas fue acusado de homicidio, extorsión y secuestro, pero la investigación no avanzó debido a que el ex compañero que lo denunció desistió y luego fue asesinado.

En el primer trimestre de 2011, Rubio Olivas tuvo días aciagos con el asesinato de su Secretario, la denuncia por presunta comisión de delitos y el asesinato del ex coordinador de la Unidad Modelo de Investigación Policial, quien lo denunció.

En ese entonces, Rubio Olivas era el Coordinador General de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El 17 de febrero de ese año, encontraron asesinado al agente de la UMIP, Carlos Ferrer López Ramírez, quien fungía como secretario de César Abelardo.

Dos días antes, Carlos había sido detenido por elementos de la Policía Municipal junto con otro individuo, cuando intentaban robar un cajero automático y fue puesto en libertad horas después de rendir su declaración ministerial.

En esos días, Rubio Olivas había sido denunciado en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por presunto secuestro y extorsión.

La denuncia fue presentada por el ex Coordinador General de la UMIP, Héctor Rosalío Partida Estrada, quien estaba asignado a la comandancia de la Policía Ministerial del Estado en Choix, después de haber dejado la coordinación de la Unidad Modelo.

“El Lobo, como se identificaba públicamente, supuestamente documentó los delitos cuando estuvo dentro de la UMIP.

La PGJE reaccionó a la denuncia el 18 de febrero, después de que la información fue filtrada a medios de comunicación y hecha pública.

Rubio Olivas fue removido como Coordinador General y quedó sujeto a una investigación administrativa en la Contraloría Interna de la PGJE para determinar si las conductas denunciadas se podían constituir como delitos.

De acuerdo con personal de la fiscalía, las investigaciones no prosperaron debido a que la denuncia no fue ratificada por Héctor Rosalío.

En la denuncia señalaban a Rubio Olivas de permitir la comisión de delitos de los agentes bajo su mando.

Entre los casos que señalaron se encuentra el de Karla Karina “N”, privada de su libertad en septiembre de 2009, presuntamente por elementos de la UMIP.

La mujer era investigada por el homicidio de su esposo y los agentes la detuvieron cuando circulaba en una camioneta acompañada de sus hijos en la colonia Juntas de Humaya.

La presunta sospechosa fue retenida de manera ilegal durante dos días en un hotel de la ciudad.

Los elementos elite de la fiscalía estatal supuestamente exigían 2 millones de pesos para no acusarla del asesinato de su pareja y bajo presión lograron que la mujer accediera a entregar el dinero.

Los policías la llevaron a una sucursal bancaria para que retirara el efectivo y una vez en el lugar gritó que la tenían secuestrada, por lo que personal de seguridad del banco intervino y en ese momento entraron los elementos de la UMIP para llevarse a la mujer, argumentando que la tenían bajo investigación.

Los agentes de seguridad del banco se negaron a entregarla y los agentes de la UMIP se retiraron dejando a la mujer en libertad.

En la denuncia también señalaban un caso de homicidio presuntamente cometido por agentes de la UMIP, en 2010.

En julio de ese año, los policías detuvieron a un hombre de 21 años acusado de homicidio y lo llevaron a declarar ante la Agencia del Ministerio Público donde rindió su declaración.

Después de declarar fue sacado de la agencia por elementos de la UMIP y un día después fue encontrado asesinado a balazos.

El ex coordinador de la UMIP, Héctor Rosalío Partida Estrada, documentó la presunta comisión de delitos y acusó a César Abelardo.

La Contraloría Interna de la PGJE inició un procedimiento administrativo que no avanzó debido a que Héctor Rosalío no ratificó su denuncia. Y no lo hizo porque el 5 de mayo fue asesinado con más 100 de disparos de fusiles AK 47 y AR15 frente a la comandancia de la Policía Ministerial del Estado, en el municipio de Choix.

César Abelardo Rubio Olivas, como nuevo secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, presumió sus credenciales: 18 años en la PGJE trabajando en investigación de homicidios.

Desde 1998, después de egresar de la Facultad de Derecho de la UAS, Rubio Olivas, ha laborado en el sistema de justicia como Agente del Ministerio Público durante diez años; y ocho como titular de la UMIP y coordinador de Investigación de Homicidios de la Policía Ministerial del Estado.

En las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación, el nuevo Secretario presume su carrera en el área de investigación de homicidios, delito que presenta altas tasas de impunidad.

Rubio Olivas, llegó a la coordinación de Investigación de Homicidios Dolosos en 2013, el área responsable de esclarecer los asesinatos en el estado. Durante su periodo en esa área, se cometieron 3 mil 183 homicidios en la entidad.

De acuerdo con datos del INEGI, el Poder Judicial del Estado y la PGJE, en ese lapso solo se consignaron ante los jueces 879 casos, que representan apenas el 27 por ciento de los asesinatos registrados.

Mientras estuvo a cargo de la investigación de los homicidios, la impunidad se mantuvo por arriba del 80 por ciento.

El día que fue presentado como titular de la SSPyTM, Rubio Olivas dijo que al mismo tiempo de ser el responsable de la seguridad en el municipio, será el encargado de investigar los homicidios pues no dejará el cargo que tiene en la Policía Ministerial del Estado.